El macabro espectáculo protagonizado por miles de peces agonizando
por falta de oxígeno fue el epílogo de otras escenas que ya nos habían
consternado, como aquellas imágenes escandalosas de guardias civiles
inspeccionando desalobradoras ocultas en zulos subterráneos y de un mar
convertido en una densa sopa verde...
El revés reputacional para la
Región de Murcia por la grave crisis del Mar Menor está provocando un
daño incalculable. Tres años después de los primeros signos de colapso,
ya existe un conocimiento público a nivel internacional de la fatal
degradación de este ecosistema único en Europa.
Lo conocen los 19
millones de seguidores que tiene en las redes sociales el músico
Alejandro Sanz, los millones de cualificados lectores del National
Geographic y quien sabe si en las próximas semanas, como ya ha ocurrido
en el pasado, cientos de miles de consumidores alemanes o británicos,
muy sensibles a la hora de comprar frutas y hortalizas con el respeto al
medio ambiente, a través de algún especial informativo en televisión.
Si este gigantesco eco internacional sirviera para conservar nuestra
gran joya natural y toda la biodiversidad que cobija, esa mala imagen
que soportamos sería más llevadera porque, por encima de la reputación
colectiva, está el valor de la vida. Y en el Mar Menor está
desapareciendo de forma dramática. De ahí que lo prioritario y urgente
hoy sea salvar la laguna a toda costa.
Tiempo tendrán quienes han
generado este problema, con distinto grado de responsabilidad desde
ámbitos público y privado, de combatir este destrozo reputacional y de
pagar por sus consecuencias. Nuestras más punteras empresas
agroalimentarias se han lamentado públicamente en la feria Fruit
Attraction de la estigmatización para todo el sector regional que está
suponiendo este desastre, aunque la realidad es que ese daño se propaga a
toda la agricultura nacional en los mercados internacionales y, lo
peor, al conjunto de los ciudadanos de esta Región, que inmerecidamente
tenemos que cargar con el sambenito de depredadores medioambientales a
causa de este ecocidio del que somos relatores, testigos y víctimas
colaterales.
Sí, es muy injusto que las inadecuadas prácticas agrícolas
de una pequeña parte perjudique al conjunto, cuando nuestra agricultura
es modélica en muchos aspectos y tiene innumerables ejemplos de buen
hacer en materia medioambiental, de innovación y de gestión del agua. En
todas las actividades aparecen malas hierbas. Nadie conoce mejor sus
perjuicios que los agricultores, sabedores de que lo mejor es
arrancarlas. Hasta ahora no lo han hecho.
Asumir, como hicieron varias
organizaciones esta semana, que la agricultura intensiva en el Campo de
Cartagena es una parte importante del problema llega más bien tarde,
aunque es un paso en la correcta dirección porque científicamente no
había ninguna duda de que la eutrofización del Mar Menor es debida a los
nitratos que en más de un 80% proceden de los cultivos.
El positivo
proyecto tecnológico impulsado por Fecoam en Sevilla para trabajar en la
desnitrificación del agua ya anticipaba implícitamente el
reconocimiento de cuál es el principal problema y la voluntad de
colaborar en resolverlo. Aceptar ahora que no podrá cultivarse en la
zona más próxima al Mar Menor, y que deberán transformarse los regadíos
ilegales en cultivos de secano, apunta por dónde irá el decreto ley que
prepara el Gobierno regional, a buen seguro que en conversaciones con el
sector.
La primera obligación de los gobernantes no es
elaborar nuevas leyes sino cumplir las existentes. En el caso del Mar
Menor no son pocas las directivas comunitarias que se han pisoteado
durante lustros. Incluso ahora se le olvida al Gobierno regional que
actuar en la Red Natura exige evaluación ambiental previa, aunque sea
para el urgente frenazo a los vertidos, pinchando y bombeando aguas
contaminadas con nitratos del freático, bajo la rambla del Albujón.
No
solo hay que cumplir las leyes. También hay que no derogar las
existentes, como se hizo con la de 1987, si se crea desprotección y
vacío legal. Por eso es necesaria una ley integral que blinde la laguna,
a través de la ordenación del territorio y de todas las actividades que
en él se desarrollan. Antes de dos meses sabremos hasta dónde está
dispuesto a llegar el Gobierno regional. Si hará su trabajo «caiga quien
caiga», como dicen en privado, o todo queda en un lavado de cara.
La
Confederación parece haberse tomado en serio, por fin, su labor
inspectora. Los técnicos investigan ya la legalidad de más del 20% del
regadío del Campo de Cartagena, donde hay 9.500 hectáreas que no figuran
en el Registro de Aguas públicas. De esa cifra, más de 1.500 hectáreas
pertenecen a fincas cuyos propietarios están identificados y sometidos a
un expediente sancionador.
La CHS no puede quedarse ahora a mitad de
camino después de que en su anterior etapa dejó sin ejecutar su hoja de
ruta, presupuestada en más de 400 millones, contra los vertidos de
nitratos al Mar Menor. Es hora de que todas las Administraciones asuman
sus obligaciones y colaboren lealmente con sentido de Estado para
intentar salvar la laguna.
Pronto habrá una nueva norma regional. La
incógnita hoy es si esta vez incorporará mecanimos para garantizar su
cumplimiento y si detrás hay un plan, un verdadero plan de futuro para
el Mar Menor y todo el Campo de Cartagena.
(*) Periodista y director de La Verdad
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