Todo apunta a que entramos en la que será la semana decisiva tras el juicio del Tribunal Supremo
a los presos políticos catalanes y que conoceremos el fallo de los
siete magistrados de la Sala Segunda que preside Manuel Marchena.
Dos
años después de que el procés alcanzara su punto álgido con la
celebración del referéndum del 1-O y la proclamación del Parlament del 27-O,
y tras una larga e injustificada prisión provisional de miembros del
Govern, la presidenta Forcadell y los Jordis –Sànchez y Cuixart–, el Estado español emitirá sentencia y conoceremos cuál es
el castigo para la docena de acusados, que se prevé contundente y de
muchos años de prisión para varios de los procesados.
El juicio se empezó con un gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy acabará con uno del PSOE bajo la presidencia de Pedro Sánchez.
Y después de dos años no es exagerado decir que uno y otro inquilino de
la Moncloa han tenido actitudes simétricas en la incapacidad política
para abordar el conflicto y en la ausencia de soluciones y de utilizar
el diálogo como vía de solución fiándolo todo a los jueces.
Esa era una
mala solución cuando la adoptó Rajoy y sigue siendo mala con Sánchez,
más allá de que Rajoy y Felipe González aparezcan satisfechos en foros
empresariales como estadistas con soluciones para todo.
Seguramente, no es exagerado decir que la sentencia del Supremo
tendrá un impacto de consecuencias imprevisibles en una sociedad como la
catalana, permanentemente movilizada y dispuesta a hacerse oír y a
defender la honorabilidad de los presos políticos y las instituciones
catalanas.
No está de más recordarlo, entre otras cosas, porque ya ha
sucedido antes y a la sociedad catalana no le gusta ser pisoteada. Hay
antecedentes suficientes para pensar que esto es así: sucedió cuando la
sentencia del Estatut por parte del Tribunal Constitucional en 2010, que
está en el origen de muchas de las cosas que han ocurrido estos años.
Más de nueve años después, otro tribunal, en este caso el Supremo,
tiene en sus manos algo que escapa a sus funciones como es un progresivo
retorno a la normalidad y la distensión en Catalunya. La incompetencia
de los gobiernos españoles ha colocado la pelota donde no hubiera tenido
que llegar nunca: en el tejado de la justicia.
El Supremo también se
juega su prestigio, aunque sea a más largo plazo, si Europa enmienda
parcial o totalmente la sentencia. Es cierto que pasarán años, pero que
nadie piense que será como en el caso de otras sentencias dictadas en
España.
Básicamente, porque aunque tardarán en pronunciarse los tribunales
europeos, el conflicto no habrá a lo mejor acabado ya que la situación
dista mucho de la que predicaba este sábado Pedro Sánchez en el Foro La
Toja, en Galicia, proclamando el fracaso del independentismo.
Y es que hasta que no se demuestre lo contrario, los fracasos solo se
miden por la falta de apoyo electoral, cosa que no ha sucedido en
ninguna de las elecciones al Parlament de esta década y no parece que
las encuestas que se vienen haciendo le den ninguna esperanza.
(*) Periodista y director de El Nacional
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