MADRID.- El secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, ha anunciado este jueves que no se aprobarán más
decretos de sequía, puesto que la previsión era sustituirlos por los
recién aprobados planes de sequía, y ha insistido en que el trasvase
Tajo-Segura "seguirá estando ahí", pero no podrá ser una solución para
la escasez.
Morán ha hecho
esas valoraciones durante su participación en la tercera edición del
foro El Futuro en Español, en cuya inauguración, minutos antes, el
presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, había
solicitado al Gobierno central que apruebe un nuevo decreto de sequía
"de manera urgente", porque es de vital importancia incluso a pesar del
episodio de gota fría sufrido a mediados de este mes de septiembre.
Las
fuertes lluvias caídas en la Región durante los tres días que se
prolongó la alerta, ha dicho, cayeron en zonas bajas de la cuenca del
Segura, donde no se han podido recoger, por lo que las reservas
regionales se encuentran solo al 27,6 por ciento de su capacidad y solo
registraron un incremento de 76 hectómetros cúbicos.
También
ha pedido "lealtad" entre administraciones a la hora de impulsar la
recuperación de las zonas afectadas, que se enfrentan a "pérdidas
millonarias"
"Los recuerdos
hídricos son la base sobre la que se cimienta nuestro desarrollo
social", ha subrayado López Miras, y ha reiterado su defensa del
trasvase como la infraestructura que ha demostrado "mayor eficacia" en
todo el país, al generar unos 100.000 empleos directos y aportar unos
3.000 millones de euros al PIB nacional.
Por
su parte, Morán ha recordado que cuando se tramitó el decreto de sequía
actualmente vigente, el Consejo de Estado advirtió que no aprobaría más
decretos de sequía puesto que se trata de una medida excepcional para
hacer frente a situaciones excepcionales, y remarcó que el de la Región
de Murcia es un problema "estructural".
Para
dar también una solución estructural a este asunto, ha apuntado, se
aprobaron los planes de sequía de las cuencas, que habilitan
herramientas genéricas y otras particulares para cada una de las
cuencas, y comienzan ahora su andadura, por lo que habrá que esperar
para ver cuál es su capacidad de respuesta real.
A
su juicio, con el actual plan de sequía están cubiertas el 90 por
ciento de las necesidades de intervención, y señaló que el ministerio
habilita marcos de identificación, por lo que no debería haber problemas
con estos nuevos planes, ha insistido, porque simplemente se está
sustituyendo una "herramienta que jurídicamente ha sido cuestionada",
como el decreto, por otra.
En
cuanto al trasvase, ha opinado que "este país no pude prescindir de
ninguna de las infraestructuras en las que ha invertido históricamente"
para la gestión del agua, y menos en este caso cuando se trata de una
"infraestructura que responde a la gestión de un recurso crítico y en
una zona crítica", por lo que "no tendría razón de ser hacerla
desaparecer".
Sin embargo, "la
infraestructura no da respuesta a la necesidad", de agua, que viene
marcada por unos condicionantes externos, como es el cambio climático, y
a consecuencia del cual se prevé que la reducción de recursos hídricos
en España en los próximos años sea de entre el 24 y el 40 por ciento.
Por
lo tanto, "fiar a las infraestructuras existentes" la respuesta a ese
nuevo escenario no sería responsable y ya se ha dado la coyuntura de no
tener capacidad de respuesta del trasvase por falta de recursos
hídricos, por lo que "la infraestructura seguirá estando ahí. Es
crítica, pero lo que no podemos es pensar que va a resolver los
problemas de escasez".
En el
foro han tenido también importante presencia representantes de países
latinoamericanos, como el viceministro de Desarrollo Rural de Colombia,
Javier Pérez Burgos; el viceministro de Agricultura de Perú, Jorge
Montenegro, o el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de ese
país, Miguel Estrada, ha abierto el foro poniendo el foco sobre el
problema de reparto de los recursos hídricos en el país andino.
En
Perú, en la actualidad un 10 por ciento de la población total no tiene
acceso al agua potable, un porcentaje que aumenta hasta el 25 por ciento
en el caso de las zonas rurales, donde el 75 por ciento de los
habitantes no tienen tampoco sistemas de saneamiento.
Por
ese motivo, el Gobierno peruano ha puesto en marcha planes contra la
brecha de acceso a los recursos hídricos que están reduciendo en un
punto porcentual al año las personas sin acceso al agua potable en las
ciudades, y en dos puntos anuales las que viven en zonas rurales.
Para
ello, se han invertido ya unos 3.700 millones de soles (unos 1.000
millones de euros) en las zonas urbanas, y otros 11.000 millones de
soles (unos 3.000 millones de euros) en las rurales, especialmente
complicadas para el acceso al saneamiento por la dispersión de las
comunidades.
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