¿Cuántos pleitos pierden los abogados del Estado? Demasiados, sobre
todo cuando defienden al Estado (o cuando acusan en nombre del Estado).
Puede que no tantos como ganan cuando ejercen la profesión en favor de
otros intereses mejor remunerados.
El cuerpo de abogados de Estado es de
los llamados “altos cuerpos”, resultado de oposiciones exigentes,
selectivas y beneficiados de una buena fama histórica, bien merecida,
aunque declinante desde hace años.
Una prueba fue el desempeño de la
abogacía del Estado en el reciente juicio ante la Sala Segunda del
Supremo contra los insurgentes independentistas. Veteranos abogados del
Estado con trayectoria sintieron bochorno por la actuación de sus
sucesores en un pleito tan importante.
Frente a los fiscales y los
abogados de los acusados el representante del Estado (Gobierno) parecía
principiante; le salvó el pésimo papel de la acusación particular (Vox)
que ejerció de algo previo a principiante con inane papel en el juicio.
En el Gobierno Rajoy (registrador de la propiedad) los abogados del
Estado coparon puestos políticos clave; en principio parecía que eso
sería garantía de legalidad, la realidad acredita que probablemente
nunca un gobierno presentó proyectos legislativos más imperfectos,
tediosos, ineficientes que durante esos años. Malos proyectos y peor
tratamiento en el trámite legislativo, basta verificar las
rectificaciones y correcciones que publicó el BOE.
Esta introducción me parece conveniente para valorar ese dictamen de
la abogacía del Estado a petición de Hacienda para justificar la
parálisis de los anticipos presupuestarios a las Comunidades Autónomas.
El dictamen apareció a posteriori, no se ha divulgado (El País ha tenido
acceso al informe) y los argumentos conocidos son tan consistentes como
los contrarios. El redactor justifica lo que sostiene; pero, cabe
sospechar, que si le hubieran pedido lo contrario también podía redactar
otro dictamen contradictorio para que la superioridad (a su buen
criterio) eligiera el que más le conviniera.
La irresponsabilidad de este (y el anterior) gobierno con la
financiación autonómica (sanidad, educación…) es asombrosa. Utilizar los
deberes administrativos como argumentos partidistas es desvergonzado,
sobre todo porque evidencia un pésimo respeto al interés público y al
sentido común.
Es previsible que algún gobierno autonómico recurra a los tribunales,
al Supremo y al Constitucional, por esa conducta. Incluso es posible
que gane el recurso, con consecuencias inútiles.
Ya ocurrió hace un par
de años con el gobierno interino de Rajoy cuando decidió no concurrir a
las sesiones de control. Los jueces dictaminaron que debería hacerse
sometido a ese trámite democrático y constitucional, pero demasiado
tarde. Ahora el socialista Sánchez emula a Rajoy, al que antes criticó
por lo que él hace ahora.
Gentes sin fundamento, incoherentes y
trapaceras.
(*) Periodista y politólogo
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