MURCIA.- La dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Europea (CE) recabará al gobierno español daños sobre los supuestos beneficios de los que dispondrían algo más de un centenar de clientes de la Desalinizadora de Escombreras, que se beneficiarían de un precio subvencionado con fondos públicos, según la denuncia presentada por el letrado Diego de Ramón.
En la denuncia enviada a la Comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, De Ramón expuso que de esa forma esos beneficiarios obtenían precios más competitivos, lo que perjudicaba a otros.
El letrado envió ese escrito en nombre de la Asociación de Mujeres Rurales del Raiguero (Totana) y de la Agrupación Rural de Regantes de esa misma población, que se consideran perjudicadas por lo que consideran una competencia desleal.
Ahora, el director de asuntos jurídicos de la citada dirección general, Michael Niejahr,
ha comunicado al abogado murciano que se van a dirigir al gobierno
español para que le envíe la información que estime oportuna sobre los
hechos recogidos en la denuncia.
Al mismo tiempo aprovecha la ocasión para pedir a De Ramón que le envíe información sobre desde qué año se destina agua de la citada desalinizadora para usos agrícolas y respecto a los motivos por los cuales sus representados no pueden acceder a esa agua.
También le pide que le diga qué diferencia de precio hay entre ese agua y la que usan sus representados.
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