CARTAGENA.- La Asamblea Regional aprobó este miércoles por unanimidad reformar la
Ley de Ayudas a Lorca para que los más de 1.300 afectados que todavía
no han justificado las ayudas a reparar las viviendas afectadas por los
terremotos de 2011 dispongan de seis meses más para presentar las
justificaciones.
La iniciativa conjunta, que se tramitó por
lectura única, partió de una propuesta del grupo parlamentario Popular, y
pretende ampliar el plazo que expiraba este jueves, una vez que faltan
por presentar la documentación justificativa alrededor de la mitad de
las casi 2.750 familias amparadas por la legislación aprobada hace un
año.
La propuesta normativa añade un párrafo al artículo 2 de la
Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca: «No obstante lo
anterior, el plazo para la presentación de la cuenta justificativa será
ampliable en seis meses, ampliación que habrá de ser solicitada por el
interesado y que tendrá carácter de máximos.»
La ampliación del
plazo será aprovechada por la Oficina del Terremoto de Lorca para
incluir otros supuestos que hasta ahora no se habían contemplado, como
los que afectan a las comunidades de propietarios que no se pueden
acoger a la ley al no tratarse de personas físicas, así como a los
perceptores de la subvención pública y del Consorcio de Compensación de
Seguros que invirtieron el dinero íntegramente en la reparación de sus
viviendas sin que la cantidad total superara el valor de la obra.
El
portavoz parlamentario del PSOE, Diego Conesa, reprochó al Gobierno
regional que no ha sido «todo lo eficaz que debería», poniendo como
ejemplo que la prórroga anterior, aprobada en julio de 2018, no se pudo
aplicar hasta diciembre, cuando se firmó el convenio de colaboración
entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Lorca, una demora a la
que achacó que todavía haya familias que no hayan culminado el proceso
de justificación de las ayudas.
Mientras, el diputado de
Ciudadanos Juan José Molina criticó la gestión que han hecho las
administraciones de este asunto, con «precipitación» en la toma de
decisiones y «actuaciones desesperadas», lo que obligó a modificaciones
que «bordean la ley» y una segunda «moratoria» que, en su opinión, es
una nueva «patada hacia delante». «Hay que poner todos los medios
adecuados y que dentro de seis meses no nos veamos aquí», apostilló.
Desde
la bancada de Vox, su portavoz parlamentario, Juan José Liarte,
defendió la necesidad de analizar las «improvisaciones» y las
«deficiencias» que se produjeron en este asunto, pero consideró un
«deber» ampliar el plazo para facilitar la conclusión de los expedientes
de justificación de ayudas a los lorquinos afectados.
Por su
parte, la diputada de Podemos María Giménez achacó la situación que
viven los damnificados al «marasmo burocrático», al tiempo que censuró
que unas cuestiones de tanta importancia como la recuperación del
municipio lorquino tras los terremotos se solucionen «in extremis».
Finalmente,
la diputada del PP María del Carmen Ruiz Jódar recordó la «complejidad
burocrática» de la gestión de las ayudas a los afectados por unos
terremotos que han evidenciado la carencia de un marco normativo
adecuado que dé respuesta a estos casos, ante la que el Gobierno
regional tuvo que crear nuevas herramientas.
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