MURCIA.- Unos 6.000 murcianos que dependen de la
silla de ruedas viven atrapados en sus casas. El 69% de los habitantes
de la Región con movilidad reducida precisan de ayuda para salir de sus
casas y cerca de 6.000 ( 7%) no lo hacen nunca.
Esta
es una de las principales conclusiones del estudio 'Movilidad reducida y
accesibilidad en el edificio' elaborado por la Fundación Mutua de
Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) con el objetivo de conocer
la situación en la que viven los 89.300 murcianos que tienen movilidad
reducida.
De acuerdo con el informe, un 37% de este grupo social en la Región pasa muchos días sin salir de casa, debido principalmente a la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. Eso supone que más de 33.000 personas pasan muchos días sin salir a la calle.
De hecho, el 29% considera que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que aumenta en el caso de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor.
«En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio», afirma la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre.
Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, hace hincapié en que «es imprescindible que las personas con discapacidad seamos autónomas para que podamos participar en igualdad de condiciones y ejercer nuestro derecho a la educación, al empleo o al ocio».
El estudio desvela que un 49% de los encuestados murcianos tiene problemas de movilidad sin ser usuarios de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo (muletas, bastón, andador...) o simplemente porque tienen una capacidad de movimiento muy inestable inestable; y que el 43% utiliza silla de ruedas manual o eléctrica.
"La importancia de este dato radica en que, si la persona propietaria es usuaria de silla de ruedas, la necesidad se detecta de una forma más clara. Sin embargo, nos encontramos con personas mayores o personas con discapacidad orgánica que no pueden bajar las escaleras, ante la negativa de las comunidades de vecinos que no detectan la necesidad inmediata», explica Queiruga.
La normativa vigente atribuye a las comunidades de propietarios la responsabilidad de garantizar la accesibilidad en el edificio. En este punto, el estudio detecta que las comunidades con mayor número de vecinos son los que, en menor medida, han realizado acciones en favor de la accesibilidad, "poniendo de manifiesto la complejidad que representa solicitar ayudas en edificios con un número elevado de vecinos, donde influye la negociación y la corresponsabilidad de un número importante de personas que no siempre están sensibilizadas con los problemas de movilidad reducida", afirma López Demarbre.
De acuerdo con el informe, un 37% de este grupo social en la Región pasa muchos días sin salir de casa, debido principalmente a la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. Eso supone que más de 33.000 personas pasan muchos días sin salir a la calle.
De hecho, el 29% considera que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que aumenta en el caso de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor.
«En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio», afirma la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre.
Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, hace hincapié en que «es imprescindible que las personas con discapacidad seamos autónomas para que podamos participar en igualdad de condiciones y ejercer nuestro derecho a la educación, al empleo o al ocio».
El estudio desvela que un 49% de los encuestados murcianos tiene problemas de movilidad sin ser usuarios de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo (muletas, bastón, andador...) o simplemente porque tienen una capacidad de movimiento muy inestable inestable; y que el 43% utiliza silla de ruedas manual o eléctrica.
"La importancia de este dato radica en que, si la persona propietaria es usuaria de silla de ruedas, la necesidad se detecta de una forma más clara. Sin embargo, nos encontramos con personas mayores o personas con discapacidad orgánica que no pueden bajar las escaleras, ante la negativa de las comunidades de vecinos que no detectan la necesidad inmediata», explica Queiruga.
La normativa vigente atribuye a las comunidades de propietarios la responsabilidad de garantizar la accesibilidad en el edificio. En este punto, el estudio detecta que las comunidades con mayor número de vecinos son los que, en menor medida, han realizado acciones en favor de la accesibilidad, "poniendo de manifiesto la complejidad que representa solicitar ayudas en edificios con un número elevado de vecinos, donde influye la negociación y la corresponsabilidad de un número importante de personas que no siempre están sensibilizadas con los problemas de movilidad reducida", afirma López Demarbre.
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