De poco sirve a estas alturas calificar de desmesurada, arbitraria, injusta, la suspensión de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull por
la Mesa del Congreso. Las cartas estaban echadas desde hacía semanas,
seguramente desde la misma noche electoral del 28-A en que Pedro Sánchez
supo que la aritmética le permitía gobernar con la política de mayorías
de geometría variable y necesitar lo menos posible los votos
independentistas.
La subordinación del poder legislativo al judicial,
renunciando a sus propias competencias y a cumplir los trámites
pertinentes para proteger a varios de sus miembros es tan clamorosa como
preocupante para el buen funcionamiento de la democracia.
Nadie se imagina el Parlamento inglés, el alemán o el francés realizando
un atropello de esta magnitud y vulnerando derechos fundamentales. Es
tan así que las tres cámaras legislativas tienen entre sus iniciativas
legislativas en curso algún tipo de debate sobre la situación catalana
(Bundestag), ha habido una carta pública de apoyo de 40 senadores
(Francia) o tienen desde hace mucho tiempo comisiones de seguimiento del
procés (Reino Unido).
Como era fácilmente adivinable, los socialistas han hecho números y era demasiado goloso, 48 horas antes de las elecciones municipales y europeas, dejar pasar la oportunidad de competir con la derecha en un nuevo acto de represión a la ciudadanía de Catalunya. El ¡A por ellos! policial del 1-O está teniendo su correspondiente corolario judicial en el juicio que se desarrolla desde hace meses en el Tribunal Supremo
y en el que vemos a diario que las acusaciones que se formulan no se
pueden demostrar y que, pese a ello, se les mantiene en prisión
provisional. Es el ¡A por ellos! 2
Faltaba (capítulo 3) que el legislativo español se subiera al carro, cosa que ya ha hecho y sin rubor alguno. El PSOE del 155
sigue estando donde estaba cuando suspendió la autonomía catalana y
descabezó sus instituciones en octubre de 2017. Antes en la oposición a
Rajoy y ahora en el gobierno. Cambian las personas pero no cambian las
políticas.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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