PAMPLONA.- La derecha española da por amortizado el Estado de las autonomías y
apuesta por un proceso de recentralización que permita al Gobierno
central recuperar competencias y ejercer su autoridad sobre las
comunidades autónomas, según publica hoy Noticias de Navarra.
Con mayor o menor intensidad, pero en un mismo
rumbo, Partido Popular, Ciudadanos (C's) y Vox contemplan en sus
respectivos programas electorales medidas encaminadas a paralizar el
traspaso de las competencias pendientes recogidas en los estatutos de
autonomía, e iniciar de forma progresiva un proceso de recentralización
que refuerce el peso de Madrid sobre los distintos territorios.
Propuestas que van desde el extremismo de Vox, que aboga directamente
por eliminar las comunidades autónomas, a la “moratoria” que plantea el
PP para “analizar” el actual sistema y para “garantizar un sistema
público más racional y viable”.
Y aunque muchas de las medidas requieren
reformas legislativas profundas, tanto en los estatutos de autonomía
como en la propia Constitución, que las hacen difícilmente viables, sí
suponen un punto de inflexión claro de lo que ha sido la organización
territorial del Estado los últimos 40 años.
Lo que dibuja un
escenario complicado para los próximos años en territorios como Navarra,
que goza de una autonomía superior a la media, y que todavía tiene
pendiente competencias por asumir.
Es el caso de la gestión directa de
competencias reconocidas en la ley de Amejoramiento como Tráfico, I+D o
la sanidad penitenciaria que, pese a las promesas de Pedro Sánchez, no
se han llegado a transferir todavía. Y no parece fácil que lo pueda
hacer en el futuro en un contexto tan beligerante como el actual.
La
irrupción de la extrema derecha en el panorama político, con una
presencia y repercusión muy superior a su peso real, ha supuesto la
ruptura de varios consensos de estos últimos años.
Es lo que ocurre con
las políticas de igualdad, cuestionadas ahora por su supuesta
discriminación hacia los hombres, la recuperación de la memoria
histórica o del propio modelo territorial.
Ámbitos discutidos desde una
perspectiva reaccionaria que ha acabado arrastrando a PP y C's hacia
posiciones difícilmente imaginables hace apenas un par de años.
Navarra,
en el foco Las reivindicaciones autonómicas han sido constantes desde
1978. Primero con los estatutos de las comunidades históricas (Euskadi,
Catalunya y Galicia), a las que siguió después un café para todos
liderado por Andalucía.
Desde entonces la gestión del Estado se ha ido
territorializando hasta el punto de que barones regionales como el
popular Francisco Camps en Valencia, o el socialista Juan Carlos
Rodríguez Ibarra en Extremadura, hicieron bandera del autonomismo en sus
respectivas regiones.
Sin embargo, la excitación patriótica
suscitada a raíz del proceso soberanista catalán ha supuesto un repunte
del centralismo, asumido por Ciudadanos primero y sin complejo alguno
por Vox después, para acabar arrastrando al PP en una competición
electoral adornada de banderas españolas que de momento se limita al
debate político, y que habrá que ver en qué queda si alguno de los tres
partidos acaba asumiendo responsabilidades institucionales tras el doble
proceso electoral de abril y mayo. Pero el melón queda abierto.
También
en lo que se refiere al régimen foral, que incluso en un contexto
favorable a la descentralización del Estado ha venido recibiendo
críticas de quienes lo consideran un privilegio insolidario.
Posturas
que se mantienen todavía hoy, y a las que UPN ha abierto la puerta en
Navarra con una alianza electoral con Ciudadanos. El acuerdo, según
subrayan los regionalistas, garantiza el apoyo de Ciudadanos a la
autonomía financiera, lo que implica una rectificación de su postura
inicial favorable a la derogación del sistema.
Sin embargo, las
bases de la alianza electoral cuestionan la “transparencia” y la
“lealtad” al Estado del Convenio Económico. Términos que los dirigentes
de Ciudadanos, incluido su presidente, Albert Rivera, están utilizando
para subrayar la insolidaridad del sistema, reclamando que tanto Navarra
como la CAV aumenten su aportación a las arcas del Estado. De hecho,
entre las propuestas recogidas en el programa electoral de C's se incluye
que sea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)
quien fije la cantidad que debe aportar la Comunidad Foral por las
competencias no transferidas, lo que en la práctica implica acabar con
la tradicionalidad bilateralidad entre Navarra y el Estado.
La
medida no es de fácil aplicación porque requiere de una reforma legal
para la que Ciudadanos no cuenta con mayoría. Pero puede servir como
arma presión cuando el próximo año le Gobierno foral deba negociar con
el Ministerio de Hacienda los términos de la aportación para el periodo
2020-2024.
Posiblemente, el resultado electoral determinará si las
propuestas recentralizadoras mantienen su vigor o decaen. Pero de
momento dibujan ya un escenario en el que las reivindicaciones
autonómicas pasan a una posición defensiva. También los derechos
históricos de Navarra.
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