Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Les paraules i les coses.
Un intento de explicar la manía del unionismo español de emprender
batallas por palabras con ignorancia de los hechos. La pelea sobre lo
que se puede y no se puede decir.
Y prohibir, siempre prohibir. Los más
viejos del lugar recordarán que, durante la última dictadura había una
ley no escrita que prohibía hablar de la "muerte de Franco"; si era
necesario había de decirse "el hecho biológico". Lo mismo con los presos
políticos.
Poco
imaginaba yo que ayer mismo, este insólito proceso nos depararía
momentos gloriosos de comprobación de lo que se decía. El jefe de
información de la policía española, ahora como testigo, colocó ayer una
verdadera novela en la sala.
Empezó ocultando haber sido condenado por gatillo fácil en 1988 y
luego ya siguió a tumba abierta inventándose hechos con precisión
matemática (cinco actos de violencia habría cometido el ciudadano que
perdió un ojo por una pelota policiaca) y depositándolos en informes
imaginarios que no llegaron a sus destinos o quizá lleguen ahora. Con
estos testigos nunca se sabe. Igual son testigos y hablan de lo que pasó
que son profetas y hablan de lo que pasará.
No
sería por falta de ayuda de Marchena que ya ha decidido poner toda la
hermenéutica jurídica al servicio de la acusación. Su doctrina en passant en
la sala sobre si esta tendría o no en cuenta y cómo unos vídeos
editados preanuncia el criterio general de la causa. Unos vídeos
editados, dice el presidente no son rechazables sin más. Todo depende de
quién los haya editado y para qué.
Todo cambio posterior en una imagen
instantánea que es prueba de un hecho solo puede querer cambiar el hecho
y, por tanto, anula su valor como prueba. Curioso que solo se plantee
el asunto de la edición (en román paladino, manipulación) de vídeos
cuando aparecen los de la policía.
Esto no se ha planteado con los demás
vídeos de particulares, periodistas, etc. Simplemente, la sala se ha
negado a visionarlos. Los verá más tarde, todos seguidos, en sesión
continua. Los editados, en cambio, se verán con mayor detalle para
averiguar si la edición es o no aceptable.
Así que, con estos criterios, nadie razonablemente puede esperar justicia de semejante adefesio.
Las palabras y las cosas
Si
las acusaciones en el juicio/farsa del 1-O han mostrado un nivel en
todo análogo al de los testigos de las fuerzas armadas, la Junta
Electoral Central todavía desciende un grado más. Al nivel de un patio
de escuela de primaria o una corrala de zarzuela.
Tras emprender una
cruzada contra el color amarillo, la toma ahora con el léxico de los
noticiarios y prohíbe el uso de ciertas expresiones invocando la
necesidad de garantizar la neutralidad de los espacios públicos. Con
ello, lo único que hace es perpetrar la ilegalidad que dice combatir.
La
expresión tajantemente prohibida es "presos políticos". Aunque nadie
esté muy seguro de qué sea un preso político, la JEC sí sabe que los
presos independentistas catalanes no lo son. Son presos que
supuestamente han cometido un delito de derecho común. Llamarlos "presos
políticos" equivale a justificarlos y muestra cierta complicidad con
presuntos delincuentes y de ahí que se prohíba.
Pero
no es así. De aceptarse la prohibición de emplear "presos políticos",
hay que examinar las dos opciones de la alternativa. La primera,
referirse a ellos como "los presos" es absurda porque, al referirse a
todos los presos (miles), la única manera de señalar el sujeto es
atendiendo a su condición de políticos.
Por tanto, siempre que se dijera
"presos" se estaría diciendo "presos políticos" y recordando que son
aquellos presos precisamente por luchar contra prohibiciones tan
injustas como esta. Es algo tan absurdo que solo podía ocurírsele a los
de la JEC.
La
segunda, "políticos presos" es moralmente inmunda, pues viene a poner a
un mismo nivel a Zaplana o Rodrigo Rato y a Oriol Junqueras o Jordi
Cuixart y eso clama al cielo, ese en el que dicen creer los canallas
qque igualan a los justos con los injustos.
Las
dos opciones son inadecuadas (una por absurda y otra por inmoral) para
designar una circunstancia política en unas elecciones políticas. En
definitiva, prohibir el empleo de la expresión "presos políticos" no
solamente no garantiza la neutralidad de los espacios públicos, en este
caso audiovisuales, sino que la destruye a favor de una opción unionista
tan de partido como la independentista pero mucho más injusta pues se
basa en el abuso de poder.
Una
superstición típica de los círculos santeros, muy extendidos por todas
partes, es que los males desaparecen si no se los nombra. Si se prohíbe
hablar de presos políticos desaparecerán los presos políticos, al menos
del discurso. Y nada más falso. Aquello que es preciso nombrar pero está
prohibido hacerlo recibe muchos otros nombres. Es como Dios que, por no
tener nombre, los tiene todos Y todos señalan la misma cosa: unos
hombres y mujeres privados arbitrariamente de libertad por sus
convicciones políticas. Más que presos y presas políticas son presas y
presos de conciencia.
El
episodio de la denuncia del PP del hashtag #FAQsPrisisPolíticsTV3'
lleva ya esta persecución más allá de los límites del absurdo. Denunciar
la expresión prisis pilítics bajo el argumento de que es una variante
incluida en la primera prohibición, abre la puerta a que la próxima
noticia sobre el indecible"presos politicos" hable de cómo los
"caballeros templarios" acudieron a declarar o como "plutonio 239" se
quejó de que le habían intervenido el correo. La performatividad del
lenguaje depende de contextos a veces muy complicados e incomprensibles
para los censores al servicio del fascismo español.
Nada
de esto será admisible para el ojo y oído la JEC. Quedarán prohibidas
todas las metáforas. Lo que equivale a prohibir el lenguaje, a no ser
que se llame a las cosas como la JEC quiere que se las llame. Es decir, a
no ser que se acepte la obligación de decir políticos presos a los
presos políticos. Con lo que queda claro que la prohibición lleva
también una imposición dictatorial partidista y nada neutral a fuerza de
unionista.
En
el fondo, lo que los miembros de la JEC querrían hacer de buen grado,
por razón de ideología y talante, no es garantizar la neutralidad del
espacio público en periodo electoral, sino suprimir las elecciones.
Sobre todo, en la colonia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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