En el suelo de la Cámara de los Comunes, las bancadas del Gobierno
británico y de la oposición están delimitadas por dos franjas rojas que
los diputados no pueden traspasar durante los debates. Ambas líneas
están separadas por 3,96 metros. Más o menos, la distancia de dos
espadas, según cuenta la tradición.
Así, los parlamentarios pueden
emplearse con ardor en sus intervenciones, pero sin llegar nunca al
derramamiento de sangre. Pero aquí, como allí, no hay reglas y líneas
rojas cuando las más encarnizadas disputas se entablan entre afines. Es
en esas distancias cortas, rodeado de conmilitones, cuando el político
está especialmente expuesto al navajeo.
Le ha ocurrido esta semana
a la candidata de Ciudadanos en la Región de Murcia, Isabel Franco,
cuyo crédito sale malherido de su primer aprieto de consideración. Según
un informe de una empresa informática, encargado por quien quedó
segundo en las primarias de C's, casi el 40% de los votos telemáticos
recibidos por Franco pudieron haberse registrado fuera de la Región.
La
acusación ponía bajo sospecha la limpieza de unas primarias que ya se
habían visto adulteradas de inicio por la falta de neutralidad de la
dirección de C's, que sin ningún disimulo señaló públicamente su
preferencia por esta candidata. El informe, conocido tras el escándalo
de las primarias naranjas de Castilla-León, donde hubo más votos que
militantes, sugería directamente la existencia de fraude.
Franco tardó
horas en reaccionar con una explicación plausible. No lo tuvo fácil, es
verdad. Era un asunto muy técnico y dijo no conocer el informe. Trató de
desmontarlo con un vídeo casero en redes sociales, pero aquello fue una
defensa demasiado chapucera. De alguna manera pudo salvar la cara con
una nota del Colegio de Técnicos Informáticos, que daba parcialmente
soporte a la tesis oficial. Las IP (el 'dni' de los dispositivos con
acceso a la Red) pueden ser dinámicas y corresponder a los servidores de
los proveedores de internet, que están repartidos por todo el país.
Pero ante la utilización de la nota del Colegio de Técnicos Informáticos
como prueba completa de descargo, el vicepresidente de este colectivo
tuvo que salir al paso para precisar que, de lo conocido, no se puede
presuponer que existió fraude, pero tampoco que no lo hubo. Solo si
mediara denuncia ante un juez se podría aclarar cuándo y desde dónde se
votó.
Así, lo peor para Isabel Franco sería que su rival no presentara
denuncia, por más que el secretario general de C's, José Manuel Villegas,
quiera dar por zanjado el asunto. El Colegio de Técnicos Informáticos
lo tiene muy claro: ningún partido político ha aplicado los mecanismos
técnicos que garantizan la confianza en un proceso de votación
electrónica, lo que ha provocado que tengan bastantes resquicios de
fiabilidad. Desde el punto de vista político, la reacción de Isabel
Franco no fue acertada.
En lugar de comprometerse a impulsar una
auditoria externa, por ejemplo de la mano del Colegio de Técnicos
Informáticos, cayó en la contradicción de desautorizar un informe que
reconocía no haber leído. (Días antes hizo algo similar: avaló con su
presencia en la Asamblea un Estatuto de Autonomía que, según vino a
confesar inadvertidamente, aún no había leído).
La guinda fue calificar
el asunto de 'fake news' cuando la noticia, adelantada por Onda Cero, de
la existencia del informe era cierta y la única duda, entonces y ahora,
es dilucidar quién se aparta de la verdad: si el análisis encargado por
el candidato perdedor o la dirección de Ciudadanos. Desviar la atención
hacia quien destapa el tema no es una novedad, desgraciadamente.
En el
pasado ya vimos algo parecido cuando Ahora Murcia denunció ante la
Fiscalía un presunto 'pelotazo' de una empresa de transportes y Franco,
jefa de prensa entonces de esa firma, elaboró una nota en el que no
aclaraba la cuestión y se atacaba a este medio de comunicación por
publicar la información. Curioso comportamiento de quien formó parte de
la junta directiva del Colegio de Periodistas, que reclama la titulación
obligatoria para el ejercicio de la profesión, y no acredita el título
que se exige a los demás.
Ciudadanos ha desempeñado en la Región
un papel clave durante los cuatro últimos años, especialmente positivo
en la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática. Ese es
su gran activo. Recogió el sentir de la sociedad civil, reflejado en las
páginas de este diario durante años, y de ello hizo bandera. Sin
embargo, su comportamiento no ha sido siempre ejemplar.
Primero con el
desvío de gastos al grupo parlamentario. Luego con la 'compra' de
militantes, como reveló un audio. Pagaron políticamente, primero Mario
Gómez y luego Miguel Sánchez, con pérdida de poder orgánico y político,
ahora en manos de Francisco Álvarez y Valle Miguélez.
El partido ha
virado hacia posiciones más cercanas al PP, como reflejan recientes
fichajes, y el protagonismo lo asumen ahora políticos que han estado,
vía empresarial, muy vinculados a los poderes económicos de la Región.
C's está ante su gran oportunidad porque, salvo sorpresas, tiene al
alcance de la mano su entrada en el Gobierno regional.
Aupada por el
voto a la marca Ciudadanos, que aún disfruta del tirón electoral de
Albert Rivera e Inés Arrimadas, Isabel Franco puede encaramarse a la
vicepresidencia, con Fernando López Miras o con Diego Conesa de
presidente. Incluso si no demuestra más pericia política que la vista
hasta ahora. Pero a más de un mes del 26-M, nada es seguro.
Vox también
le araña votos al partido naranja, que tiene otros frentes internos. En
Lorca y Caravaca otros destacados militantes desplazados por la
dirección afilan sus navajas. Suele pasar en las marcas electorales de
ideología gaseosa, mucho marketing y candidatos de usar y tirar, al
dictado de las últimas modas, llámense feminismo liberal o voto
telemático.
(*) Periodista y director de La Verdad
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