Dice Pablo Iglesias que las informaciones que están apareciendo sobre la fabricación de pruebas falsas contra Podemos es lo más grave que ha pasado en España desde la época de los GAL. Darse cuenta a estas alturas de que la denominada policía patriótica ha
hecho y deshecho a su antojo aproximadamente desde principios del año
2012 es de una enorme candidez.
¡Pues claro que afecta a los pilares de
la democracia todo lo que ha estado haciendo la trama del comisario Villarejo!
Y alguna otra que, más inteligentemente, se retiró antes de que
estallaran los grandes escándalos que ya involucran a periodistas,
empresarios, financieros, partidos y a la propia judicatura. ¿Quién era
el ingenuo que pensaba que dando carta blanca a una policía política al
margen de las estructuras orgánicas acabaría yendo solo contra los
partidos independentistas y sus dirigentes?
Cuando estas últimas horas se han podido escuchar unas grabaciones
en las que un responsable policial dice que le es igual si la prueba es
buena o mala, que lo importante es poder acusar a Podemos de
financiación ilegal con Venezuela, tenemos constancia de cómo se ha
hecho todo: de la misma manera que con tantas otras grabaciones con las
que se buscaba desprestigiar, denigrar y calumniar al independentismo.
El armazón que controla los resortes del poder del Estado se blindó para
rebajar la importancia de cómo se estaba actuando con la impunidad más
absoluta policialmente contra Catalunya. Se publicaban cuentas falsas de
dirigentes independentistas como Xavier Trias y Artur Mas, se implicó a Oriol Junqueras
a través de un hermano suyo en un asunto de facturas falsas... y así
podríamos citar muchos nombres más.
Muchos casos que fueron notablemente
publicitados y que quedaron en nada una vez ya se había conseguido el
efecto informativo. En el caso de Trias, que ahora anuncia su jubilación
de la política, aquella campaña le costó la alcaldía de Barcelona,
mientras la que sería su sustituta propagaba a las cuatro esquinas que
"quería echar fuera la mafia de nuestra ciudad".
Ahora, el perseguido es Podemos y su líder Pablo Iglesias y, más allá
de lo que piense cada uno, todas las fuerzas democráticas tendrían que
sentirse interpeladas y denunciar lo que le está sucediendo a la
formación morada. El silencio cómplice que padeció el independentismo no
tendría que ser la moneda que ellos aplicaran ahora.
El descrédito de
las instituciones en España, empezando por la propia monarquía, está en
altas cotas. Una encuesta del CEO dada a conocer este viernes en
Barcelona, dice que solo el 12% de los catalanes la apoyan frente al 76%
que prefieren la república; y es la institución peor valorada.
Pero de nada de todo eso parece querer ocuparse el establishment
mediático, al que sigue gustándole muy poco hablar de policía
patriótica o de cloacas del Estado. Lo que pasa es que ya es demasiado
tarde.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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