LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes,
Gloria Martín, ha lamentado que los asesores jurídicos de la Consejería
de Fomento se nieguen a interpretar las normas según el criterio más
favorable para los administrados, lo que constituye un principio del
Derecho.
Así se lo han hecho saber en una reunión con "jurídicos" de la
CARM a la que ha asistido esta tarde en representación de la Plataforma
de afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de 2011.
Martín defendía la causa de los damnificados que en 2015 recibieron un
trámite de audiencia que la CARM considera que ha interrumpido el plazo
de cuatro años que tenía para exigir la devolución de unas subvenciones
otorgadas entre 2011 y 2012, empezando a contar desde cero.
A
los afectados se les dio sólo diez días para presentar alegaciones a
ese trámite de audiencia que luego fueron metidas en un cajón durante
más de dos años.
Para Martín se trató de una "artimaña" para propiciar
la interrupción de la prescripción a sabiendas de que los procedimientos
de reintegro de las ayudas no se iniciarían hasta 2017, porque 2015 y
2016 fueron años electorales y haber pedido la devolución de las ayudas a
los afectados en aquella época habría tenido un gran coste electoral
para el PP en Lorca.
Martín ha explicado que, por
analogía, pueden aplicarse normas que establecen que las
Administraciones tienen un plazo de un mes para iniciar un procedimiento
de reintegro de una subvención desde que el órgano competente recibe el
informe pertinente, que en este caso emitió la Comisión Mixta y que se
puso en conocimiento de los interesados a través del mencionado trámite
de audiencia. Para IU, esa notificación "está invalidada" por la
extraordinaria demora de la burocracia para iniciar un procedimiento que
debería haber sido inmediato.
Mientras tanto,
los intereses de demora siguieron corriendo y generando un beneficio
para la CARM y el Estado, cofinanciadores de las ayudas, que ahora se
reembolsarán las cantidades inicialmente concedidas más un 40% en
concepto de recargos e intereses de demora.
La
concejala de IU aseguró que las presiones y el trabajo constante de la
plataforma ciudadana que coordina, han conseguido que se solucionen más
de 3.000 casos para los que se encontró una salida a través de la Ley
8/2018, aprobada ex profeso para simplificar los trámites de
justificación de las ayudas.
Sin embargo, ha asegurado que "no nos
damos por satisfechos y vamos a pelear por el resto, porque creemos que
les asisten la razón y la ley".
Por ello, ha
anunciado que mañana mismo piensa tomar la palabra del alcalde de Lorca,
Fulgencio Gil, quien esta tarde se ha comprometido a que el
Ayuntamiento, mediante un convenio con el Colegio de Abogados de Lorca,
se haga cargo de la representación legal de los afectados que deseen
defender sus derechos en los tribunales.
"Si un
juez nos da la razón exigiremos que la sentencia se aplique al resto de
casos. Si no lo hace, la Administración regional estará prevaricando
porque no puede dictar una resolución arbitraria en un asunto a
sabiendas de que es injusta y contraria la ley".
En ese caso, lo
pondríamos en conocimiento de la Fiscalía y que investigue todo lo que
haya que investigar, concluyó.
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