Aún no ha empezado el juicio a los líderes independentistas
catalanes en el Tribunal Supremo (TS) y los primeros síntomas de
ausencia de imparcialidad se empiezan a hacer evidentes. Citaré dos
casos de este mismo viernes: en primer lugar la interlocutoria de 145
páginas en la que el Alto Tribunal se pronuncia sobre las pruebas y los testigos propuestos por las acusaciones y defensas.
La selección realizada por el TS con las más variopintas excusas tiene
como consecuencia numerosas bajas y, en la práctica, acaba limitando el
derecho de defensa de los acusados. Si los citan como testigos es obvio
que las defensas entienden que sus declaraciones pueden servirles.
El tribunal aplica un criterio reduccionista
y además de dejar fuera al rey Felipe VI, tampoco acepta la declaración
por videoconferencia del president Puigdemont, de relatores de derechos
humanos de Naciones Unidas, o de premios Nobel o intelectuales como
Noam Chomsky o Paul Preston.
De la lista se cae el portavoz del PP en el
Senado, Ignacio Cosidó, que era director general de la policía española
y que, casualmente, distribuyó entre lo senadores de su partido un
whatsapp en el que hacía referencia al presidente del Tribunal, Manuel
Marchena, en la fallida renovación del CGPJ. Aquel ya famoso texto en el
que decía: "controlaremos la sala segunda desde detrás".
En segundo lugar está el tema de la presencia de observadores internacionales
como había solicitado la plataforma de derechos humanos International
Trial Watch-Catalan Referendum Case y que agrupa a una decena de ONG's
vinculadas a los derechos humanos. La plataforma había solicitado cinco
asientos en la sala para seguir en directo en juicio. La negativa se
pretende justificar, entre otros motivos, porque será retransmitido por
televisión y ya podrán seguirlo en directo.
Aunque es obvio que no es lo
mismo un seguimiento presencial de un juicio tan excepcional como este
que a través de la televisión, lo que se pretende es impedir la
presencia de observadores internacionales y el eco de sus declaraciones
cada día al finalizar la sesión.
Además está el traslado de los nueve presos políticos
desde las prisiones catalanas de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les
Basses a las madrileñas de Soto del Real y Alcalá Meco. ¿Era necesario
hacerlo doce días antes del inicio del juicio? ¿No había suficiente con
un par de días para proceder a ello?
Es obvio que el traslado disminuye
su derecho a preparar una buena defensa con su abogado y altera el
régimen de visitas normales de una prisión. Pero se ha mantenido la
fecha del traslado prevista hace varias semanas aunque el inicio del
juicio se ha retrasado siete días.
Este viernes, sendos editoriales de The Times y de The Economist hacían referencia al juicio del 1-O. El diario británico titulaba El juicio de los doce catalanes, la inquisición española y
el semanario más influyente del mundo decía que el juicio puede ser
visto a nivel internacional como una mancha a la democracia española.
Dos juicios duros. No es extraño que en el Gobierno español todos sean
nervios y hayan mandado a la responsable de España Global
a dar vueltas por el mundo y a explicar la buena salud de la democracia
española. Por cierto: ¿cómo es posible que ningún gobierno europeo, ni
el alemán, el inglés o el francés, por poner tres ejemplos, necesite
hacer campañas internacionales como esta del ministro Borrell y de la exdiputada de UPyD Irene Lozano?
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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