LORCA.- La concejal de Urbanismo y Reconstrucción en el Ayuntamiento de
Lorca, Saturnina Martínez, ha informado que el Pleno del Ayuntamiento
ha aprobado una nueva sustitución social solicitada por los vecinos del
edificio Don Álvaro, ubicado en Avenida de Adolfo Suárez, que
posibilita la finalización del inmueble, reedificado tras los daños
ocasionados por los terremotos del año 2011 en la anterior construcción.
Satur Martínez ha explicado que por causas de los terremotos de 2011
ha sido necesario acometer por este Ayuntamiento numerosas
intervenciones al constatarse incumplimiento de la función social de la
propiedad, entre otras cuestiones ante la dificultad de aunar voluntades
por parte de los propietarios de edificaciones demolidas a causas de
los sismos, justificados en la obligatoriedad de la reconstrucción.
A
tal efecto se han llevado a cabo por el Servicio de Planeamiento y
Gestión del Área de Urbanismo intervenciones de este tipo en un total de
108 casos, repartidos en 10 inmuebles.
La concejal de Reconstrucción ha destacado que la Ley de Sustitución
Forzosa ha logrado disolver las minorías de bloqueo que se habían
generado en diferentes procesos de reconstrucción, permitiendo la
reconstrucción de numerosos edificios derribados tras los terremotos.
Frente a ello, el efecto disuasorio de la Ley 7/2012 ha desbloqueado la
situación de estos inmuebles. A medida que los ciudadanos han ido
conociendo que la aplicación de la Ley era un proceso dinámico y que su
ejecución era una realidad, las minorías de bloqueo han ido
desapareciendo.
Satur Martínez ha señalado que la redacción y puesta en marcha de la
Ley de Sustitución para la reconstrucción de edificios derribados por
los daños originados por los terremotos en nuestra ciudad, ha tenido un
efecto disuasorio, de tal forma que ha permitido desbloquear la
reedificación de, al menos 70 inmuebles.
"Se trata de diferentes casos en los que los propietarios de las
viviendas de determinados edificios no alcanzaban un acuerdo, y la
posibilidad de llegar a un pacto que solucionara el tema no era posible
debido, principalmente, al enquistamiento por la aparición de minorías
de bloqueo".
En la mayoría de los casos, estas personas han transmitido
su cuota de participación en el suelo, bien a terceros, o bien a la
propia comunidad de propietarios.
La concejal de Gestión para la Recuperación tras los Terremotos, que
ha subrayado que "desde esta área municipal siempre se incentiva por la
consecución de acuerdos para la resolución de esta problemática, ha
destacado que este hecho nos da la razón; desde el Ayuntamiento
expusimos ante las diferentes administraciones que la redacción y
aprobación de esta Ley se iba a convertir en una herramienta muy útil,
podíamos decir que incluso clave, para la reconstrucción de un buen
número de edificios.
Hemos de decir que desde la CARM nos mostraron su
respaldo, procediendo a su tramitación en la Asamblea Regional en un
periodo de tiempo muy breve".
Satur Martínez ha señalado que este procedimiento, "tanto en este caso
concreto como en el resto, se pone siempre en marcha a petición de los
vecinos. Una vez oficializada la solicitud se establece un periodo de
alegaciones a la parte que podría ser expropiada, cuya duración ronda
los 15 días hábiles. Una vez concluido este, se procede a elevar al
pleno del Ayuntamiento la propuesta".
Tras ello se abre un nuevo plazo de
alegaciones que cuenta con la misma duración que el anterior, y, a su
término, se lleva a cabo la expropiación. "Hemos de aclarar, en todo
caso, que no es el Ayuntamiento el que paga la expropiación, sino la
Comunidad de Propietarios. Desde el Ayuntamiento lo que se hace es poner
a disposición de los vecinos su capacidad para expropiar".
La edil de Recuperación tras los Terremotos ha manifestado que este
mecanismo "fomenta la reconstrucción de las viviendas y protege a quienes
quieren reedificar frente a situaciones de bloqueo. Quienes planteen
estas últimas deben ser conscientes de que no van a frenar la
reconstrucción de las viviendas y no van a impedir que el resto de sus
vecinos vuelvan a levantar sus hogares por enrocarse. Estamos hablando,
en todo caso, de casos muy puntuales, ya que el denominador común de
este proceso es la mayoritaria concienciación de los ciudadanos y el
apoyo mutuo".
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