MADRID.- El Gobierno calcula que las
autopistas rescatadas requieren inversiones de, al menos, 317,6 millones
de euros hasta 2022, tanto para su puesta a punto como para hacer
frente a nuevas actuaciones, según la memoria que acompaña al nuevo
esquema tarifario que hoy publica el Boletín Oficial del Estado.
La resolución establece las mismas tarifas para las nueve vías, con
rebajas medidas del 30 % respecto a los actuales peajes, así como
extender a todas su gratuidad entre las 0:00 y las 6.00 horas.
Además, fija bonificaciones para los usuarios que paguen
con dispositivos electrónicos (Tag), con descuentos en las tarifas del
18 % en el caso de vehículos ligeros y del 10 % en el de los pesados.
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 15 de enero en las radiales
madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), la
Circunvalación de Alicante, la AP-7 (Cartagena-Vera) y la AP-36
(Ocaña-La Roda), que han revertido al Estado a lo largo de 2018.
En el caso de la AP-41, que discurre entre Madrid y Toledo, será de
aplicación cuando pase a ser gestionada por la Administración a través
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre
(Seitt).
Tras asumir la gestión de estas carreteras,
Fomentó encargó auditar su estado a Ineco que, a falta de incluir los
datos correspondientes a la AP-41, estima que habrá que invertir 317,6
millones de euros, principalmente para su "puesta a cero", es decir,
para que recuperen los estándares adecuados.
Estas
inversiones, cifradas en unos 300 millones sin IVA, tenían que haber
sido acometidas por cada sociedad concesionaria "con carácter previo a
la reversión al Estado", añade el documento, que señala que una vez
llevadas a cabo, se deberá diseñar un nuevo esquema de tarifas de cara a
la relicitación de estas vías.
Ese nuevo esquema
deberá tener en cuenta el valor pendiente de amortizar de las
infraestructuras, que será determinado en los procesos administrativos
correspondientes a la liquidación de los contratos de concesión.
Según fuentes de Fomento, todavía no se ha calculado a cuánto se
elevará la conocida como Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) o
lo que es lo mismo, la cantidad que el Estado deberá pagar a los dueños
de las concesionarias, en su mayoría fondos que compraron su deuda, por
la inversión que se hizo en su día para construir las carreteras y que
quedó pendiente de amortizar.
En la memoria se
detalla que la inversión de "puesta a acero" en los tramos de peaje
asciende a 171,4 millones, mientras que en los tramos libres que se
asociaron a estas autopistas, como por ejemplo parte de la M-50
(Madrid), se sitúan en 123,8 millones.
Por su parte,
las inversiones para hacer frente a nuevas actuaciones motivadas por
cambios urbanísticos o desarrollos de nuevas infraestructuras se sitúan
en 22,3 millones de euros.
Además, se calcula que
gracias al incremento de tráfico que se prevé con la rebaja de los
peajes, las autopistas rescatadas, que cerrarán 2018 con unos ingresos
de 77,5 millones, facturarán 122,8 millones en 2019, 126,4 millones en
2020, 129 millones en 2021 y 131,6 millones en 2022.
Por contra, debido a las inversiones que se deberán acometer, el
resultado bruto de explotación (ebitda) pasará de 45,3 millones en 2018 a
arrojar saldos negativos de 19 millones en 2019, de 12,9 millones en
2020, de 7,4 millones en 2021 y de 3,2 millones en 2022.
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