PAMPLONA.- El exdiputado navarro del Partido Popular Jaime Ignacio del Burgo ha
remitido un escrito al Juzgado de Instrucción nº 6 de Valencia para
pedir la libertad provisional de Eduardo Zaplana, "quien está en la
plenitud de su derecho a la presunción de inocencia y además padece una
enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la muerte
según el último parte médico del Jefe del Servicio de Hematología del
Hospital La Fe".
Del Burgo afirma en su escrito
dirigido a la juez que se siente "en la obligación moral de intentar
ayudar a quien considero es víctima de una gran injusticia con grave
riesgo su vida, y por ello le insto a dictar una nueva resolución por la
que se decrete la libertad provisional de don Eduardo Zaplana".
"Si por
no hacerlo se produjera un acontecimiento irreparable no hace falta que
le recuerde el contenido de los artículos 446 a 449 de nuestro Código
Penal", añade Del Burgo, refiriéndose a los artículos que recogen la
prevaricación.
En su escrito, Del Burgo explica que
"hasta hace unos meses pertenecí al Colegio de Abogados de Pamplona
después de casi cuarenta años de ejercicio de la profesión".
"Fui
senador constituyente, presidente de la Diputación Foral-Gobierno de
Navarra (1979-1984), senador en las legislaturas I y III así como
diputado ininterrumpidamente entre 1989 y 2008".
"Durante la legislatura
2004 a 2008 desempeñé el cargo de portavoz adjunto del Grupo Popular en
el Congreso y por ese motivo trabajé estrechamente con Eduardo Zaplana,
que era su portavoz", expone.
Del Burgo asegura además que a lo largo de su vida
política ha "luchado contra la corrupción".
"Libros, artículos, acciones
parlamentarias y judiciales lo confirman. Por eso si el que fuera mi
compañero de escaño parlamentario es declarado culpable por un tribunal
en un juicio justo me llevaré una enorme decepción. Pero mientras no lo
sea, le ampara la presunción de inocencia y quiero creerle cuando niega
haber cobrado comisión alguna", expone.
Así, señala
que el objetivo de su escrito es solicitar " la inmediata adopción de
nuevas medidas cautelares que otorguen la libertad provisional a quien
está en la plenitud de su derecho a la presunción de inocencia y además
padece una enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la
muerte según el último parte médico del Jefe del Servicio de Hematología
del Hospital La Fe, cuyo diagnóstico estremece a toda persona bien
nacida cuando afirma que el señor Zaplana es 'una bomba de relojería con
posibilidad de muerte súbita e inesperada' si regresa a prisión".
Del Burgo añade que "el propio encausado ha proclamado su inocencia y
ha manifestado que no sólo quiere combatir su enfermedad sino sobre todo
pretende tener la oportunidad de defender su honor, que es un derecho
irrenunciable".
Por otra parte, el exdiputado
considera que "es inadmisible que se mantenga el secreto de sumario en
una investigación que dura ya tres años, durante los cuales se ha
vulnerado constantemente tal secreto con informaciones policiales o
fruto de filtraciones que sólo han podido salir del propio Juzgado, como
también lo es ampararse para no acordar su libertad provisional en a
posible destrucción de pruebas, como si en estos momentos no existieran
medios técnicos que pueden impedir dicha posibilidad".
En opinión de Del Burgo, "resulta inhumano asimismo mantener a la
familia en una situación tan angustiosa hasta el punto de impedirle
visitar a un enfermo de tanta gravedad".
En el
escrito, el exdiputado añade que hasta ahora la actuación del Juzgado ha
estado "amparada" por la Fiscalía y por las resoluciones de la
Audiencia Provincial, pero "ya no puede escudarse en informes forenses
que, aunque volvieran a emitirse, no pueden tener la misma credibilidad
que el diagnóstico del equipo médico especializado de un hospital
clínico-universitario prestigioso como es el de La Fe, donde se le
atiende de una leucemia que hasta el más lego en la materia sabe que se
trata de una enfermedad muy grave que requiere un cuidado adecuado no
sólo desde el punto de vista médico sino también sicológico".
"Desde
luego la celda de una prisión no es el mejor lugar para hacerlo", añade.
Asimismo, Del Burgo señala que "hay otras consideraciones, aunque por
desgracia se derivan de una legislación procesal decimonónica y
desfasada, parcheada, con un sistema prospectivo en el que la
investigación de un delito concreto se convierte en una causa general
para ver si a lo largo de la vida del investigado se encuentra algo en
el que fundar una acusación incriminatoria".
"La Constitución proclama
que todos tienen derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con
todas las garantías. Las medidas cautelares de privación de libertad
mientras se procede a la instrucción tienen su sentido en el caso de
delitos muy graves (terrorismo y delitos de sangre, violencia de género,
narcotráfico, etc.), y han de modularse conforme a las circunstancias
concurrentes que pueden ser cambiantes", expone.
En
el presente caso, Del Burgo considera que "mantener al señor Zaplana en
prisión es una medida excesiva, vejatoria y gravemente nociva para su
salud".
"Es evidente que la Justicia debe evitar la destrucción de
pruebas, pero también la posibilidad de que éstas se fabriquen mediante
acusaciones falsas y sin dar al acusado la posibilidad de defenderse
contra ellas. Los delitos de naturaleza económica al amparo del secreto
del sumario y de una instrucción inacabable se prestan a toda clase de
manejos en la oscuridad", sostiene.
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