LORCA.- El delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa, recordó que el
Gobierno regional adoptó la decisión de condonar su parte
correspondiente de intereses en las ayudas a los damnificados por el
terremoto de Lorca --que se eleva al 50 por ciento--, en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad de 2018, que se aprobó en diciembre de
2017.
«La misma tarea se podía haber hecho a nivel nacional en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que se aprobó en el
mes de mayo, por lo que tuvieron cinco meses para trasladar al anterior
Gobierno Mariano Rajoy esa iniciativa», reprochó el delegado del
Gobierno.
El delegado contestó de esta forma en un contacto con
los medios de comunicación al ser preguntado por las declaraciones de la
portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, que manifestó que la
Comunidad había condonado el 50 por ciento que le corresponde de estas
ayudas, pero que «pueden seguir llegando cartas porque el Gobierno de
España no ha condonado el otro 50 por ciento».
Conesa recordó que
este jueves intentó hacer «pedagogía» con los vecinos de Lorca, con los
que se reunió, y procuró «no entrar nunca en politiqueos».
El
delegado trasladó a los vecinos de Lorca el compromiso del Gobierno de
España de «intentar buscar soluciones». No obstante, pidió «por favor»
al Gobierno de la Región y a su presidente, Fernando López Miras, «que
se centre en lo importante: en buscar soluciones y no en echar balones
fuera».
Informes de la Abogacía del Estado
Recordó que los
vecinos de Lorca le solicitaron el pasado verano personalmente que les
aportara, si era posible, informes de la Abogacía del Estado que les
permitieran tener un instrumento para poder hacer sus reclamaciones en
relación a la posible prescripción de algunas reclamaciones en cuanto a
la devolución de esas ayudas.
Pues bien, Conesa entregó este
jueves a los vecinos de Lorca este informe de la Abogacía del Estado que
avala la prescripción de las reclamaciones de devolución de ayudas
realizadas por el gobierno regional a los afectados por los terremotos
de mayo de 2011.
Conesa, que responde así al «compromiso»
adquirido con estos vecinos el pasado verano, considera que este
documento facilita que puedan solicitar la prescripción de los
expedientes de reclamación de devolución de esas ayudas.
«Es un
documento que servirá a los vecinos para solicitar la prescripción y
representa un soporte jurídico adicional tanto para el ayuntamiento como
para la Comunidad Autónoma para tramitar con sus propias fórmulas»,
explicó Conesa, que, además, negó que el Estado tuviera o tenga
intención de recurrir la ley regional que condona los intereses.
Así,
asegura que este horizonte también está «despejado», pues el Gobierno
de España «nunca solicitó a la Administración regional, única competente
en este asunto, que envíe cartas a los afectados reclamando los
intereses. Si prescriben los expedientes de reclamación de la deuda
principal, también prescriben los de los intereses», matizó el delegado.
De
la misma forma, recordó que, hace unos días, también se conoció la
realidad del convenio de alquileres, que el propio alcalde de Lorca,
Fulgencio Gil, manifestó hace unas semanas que «estaba atrancado desde
mediados del 2017».
Ahora, aseguró que el convenio «ya está también en
la mesa» del presidente de la Comunidad «para que hagan su parte».
Conesa
manifestó su «sorpresa» ante la «falta de medios personales de la
Comunidad para poder atender las necesidades de los vecinos de Lorca».
A
este respecto, recordó «la rapidez que se tomaron este verano en el
Gobierno regional para enviar cartas a los ciudadanos, comunicando la
parte de intereses que ya no tenían que pagar de la Comunidad y lo que
les correspondía del Estado».
«El Estado, en ningún momento, hizo
ningún tipo de reclamación a la Comunidad para que reclame ese tipo de
intereses; y ojalá ese tiempo y esas cartas las hubieran destinado a
atender más y mejor a los ciudadanos de Lorca», concluyó.
Diego
Conesa indicó que las administraciones están para buscar y aportar
soluciones a situaciones dramáticas como esta. «Hemos dado solución a
este problema, como también se la dimos al del convenio de alquileres,
paralizado por el anterior gobierno desde diciembre de 2017, y estamos
tratando de cerrar etapas de un momento trágico de la historia de Lorca,
de la Región de Murcia y de España», concluyó.
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