MADRID.- “Sorpresa, preocupación e indignación”. Así respondió el secretario
general adjunto de la patronal Escuelas Católicas, Luis Centeno, a los
planes del Gobierno de reformar la Lomce
para eliminar el principio de “demanda social”, por el que la
Administración debe garantizar a los padres plazas en centros
concertados.
La ministra de Educación, Isabel Celaá,
considera ese concepto “un eufemismo que ha servido para propiciar en
algunos casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de
la concertada”. Y pretende cambiarlo, según publica hoy El País.
En su comparecencia ante la comisión de Educación del Congreso para
presentar las líneas maestras de su mandato, la ministra confirmó el
miércoles que planea modificar el artículo 109.2 de la ley educativa que
establece el principio de demanda social.
En la práctica, en nuevos
desarrollos urbanísticos de algunas comunidades autónomas se ha cedido
suelo público para construir centros a los que se concedía el concierto
de antemano. “Eso supone priorizar la enseñanza concertada sobre la
pública y el Gobierno quiere impedirlo”, afirma Alejandro Tiana,
secretario de Estado de Educación y Formación Profesional.
“Eso es una excusa, es hacer de un caso una categoría; solo ha habido
uno o dos casos en la Comunidad de Madrid”, responde Centeno. El
portavoz de Escuelas Católicas, que representa al 60% del sector de la
concertada, rechaza que la ley educativa del Partido Popular haya dejado
en un segundo plano a la pública.
“Lo único que hizo la Lomce fue decir
que entre todos los criterios para programar puestos escolares en una
determinada zona, se considere lo que las familias han escogido”,
defiende. “Es necesario porque es la manera que tienen los padres de
elegir un tipo de educación para sus hijos y que no sea la
Administración la que establezca cuántos puestos van a ofertar la
pública y la concertada”.
Carácter complementario
“La escuela pública es la respuesta de la Administración para
garantizar el derecho a la educación y garantizar la cohesión social y
el desarrollo cultural de la ciudadanía”, afirmó la ministra en sede
parlamentaria en su primera comparecencia ante la oposición. Celaá
añadió que los centros concertados “desempeñan una función social, que
tiene un carácter complementario”.
Las Escuelas Católicas consideran que
“la imagen del Gobierno de la enseñanza concertada no está en absoluto
en consonancia con el artículo 27 de la Constitución sobre el derecho a
la educación y a la libertad de enseñanza, ni con las últimas sentencias
del Tribunal Supremo, incluso del Constitucional, sobre la
complementariedad de las dos redes, pública y privada”. “Frente a una
situación equilibrada, de complementariedad de redes, la Lomce cambió
las reglas del juego”, según Tiana.
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