MADRID.- Expertos en Derecho Penal expresaron este martes su desconcierto por la "barbaridad" que propuso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. La también ministra de Igualdad planteó una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
para que, "si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no".
Su pretensión es que los tipos penales de las agresiones sexuales no
dependan de la interpretación de los jueces y para ello va a impulsar
una reforma legal inspirada en el modelo sueco, donde se considera
violación cualquier acto sexual sin consentimiento expreso, recuerda El Mundo.
Fuentes
de la Vicepresidencia del Gobierno admiten que la propuesta no está aún
madurada por escrito y que no se ha concretado cómo se puede reflejar
en el Código Penal un sí explícito de la mujer. De hecho, la tesis de
Calvo deberá ser trabajada con otro equipo del Ministerio de Justicia, que va a contar, a su vez, con juristas feministas.
Lo más concreto por parte del Gobierno es su apelación a la ley de Suecia, que entró en vigor hace 11 días. Si el Ejecutivo de Sánchez
se basa en el país nórdico, la clave será el consentimiento. Y en la
legislación sueca eso ocurre "si se expresó con palabras, gestos o de
otra manera".
Para Suecia, hay tres escenarios de no consentimiento: si
hubo violencia o amenazas; si la víctima era vulnerable (estaba
inconsciente, drogada o dormida), o si el agresor tuvo una posición de
poder sobre ella. Lo central de la reforma sueca es que antes se
consideraba violación sólo si el acto estaba acompañado de violencia o
de amenazas y ahora lo nuclear es el consentimiento.
A falta de
conocer en profundidad los detalles de la propuesta de Calvo, los
juristas consultados argumentan que esta medida puede "criminalizar una
parte importante de las relaciones sexuales", aquellas en las que las
mujeres no dicen sí expresamente pero acceden de una forma implícita.
También creen que el anuncio se lanza "de forma oportunista", al calor
del clamor popular que ha generado la sentencia de La Manada, pero sin reflexionar en profundidad sobre si es necesario cambiar la ley en este sentido.
"Cuando
uno lee los titulares parece que, si no hay un sí expreso, es
violación. Esto es escandaloso, porque gran parte de las relaciones
sexuales que mantenemos no se realizan con un sí expreso. Podemos correr
el riesgo que, por salvar los problemas de La Manada, terminemos criminalizando estas relaciones", avisa Myriam Cabrera, profesora de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas.
Advierte de que, "al tratar de resolver el problema de prueba de La Manada,
se genera otro problema de prueba: ¿qué vamos a tener que hacer?
¿Grabar las relaciones? ¿Preguntarle a la otra persona todo el rato si
consiente? No se puede criminalizar toda conducta en la que no haya un
asentimiento expreso".
Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid,
opina que "esta ocurrencia desconoce la sociología de las relaciones
sexuales" y, lo que es más grave, "pone al mismo nivel a La Manada con
el señor que liga en una discoteca, donde parece que el portero va a
tener que repartir ahora unos documentos en los que las parejas firmen
hasta dónde pueden llegar".
Es lo mismo que opina Palma Álvarez, profesora de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
que además dice que "es imposible" la pretensión de Calvo de que los
tipos penales no sean interpretables.
"El tipo tiene que ser lo más
claro posible, pero luego el juez tiene que entrar a valorar", explica, y
recuerda que el Código Penal dedica un capítulo entero a los delitos
contra la libertad sexual, donde se contempla desde un beso hasta una
agresión sexual con todas las agravantes, con unas penas mucho más
elevadas que las que hay en Suecia.
Donde sí que parece que
podría haber margen para el cambio -y esto enlazaría con la propuesta de
Calvo- es en "objetivar conductas para que el delito no dependa de lo
que dijo o no la víctima y se recojan conductas tan taxativas que no den
lugar a interpretaciones", apuntan otras fuentes jurídicas. No se
trataría tanto de poner en la ley que la mujer tiene que dar su
consentimiento expreso, sino contemplar mejor, por ejemplo, hechos
objetivables, como que la víctima ha sido drogada.
En este
sentido, una de las líneas de trabajo de la comisión de expertos que
estudia la reforma de los delitos sexuales es eliminar los abusos y
establecer un tipo básico de agresión sexual, un tipo cualificado de
violación, más las agravantes. La agresión contemplaría, además de la
violencia o la intimidación actuales, la posición de poder del hombre
sobre la mujer, como en Suecia.
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