El gobierno español, de la mano de Ciudadanos y del PSOE, está dispuesto a dar lo más parecido a un golpe de estado jurídico
para impedir la publicación del Govern del president Quim Torra en el
Diari Oficial de la Generalitat.
En una decisión sin base jurídica alguna, que puede conllevar responsabilidades penales a quien la ejecute, el gobierno español ha decidido asumir por la vía de los hechos atribuciones que no le son propias y que son de exclusiva competencia del president de la Generalitat.
En una decisión sin base jurídica alguna, que puede conllevar responsabilidades penales a quien la ejecute, el gobierno español ha decidido asumir por la vía de los hechos atribuciones que no le son propias y que son de exclusiva competencia del president de la Generalitat.
Con 155 o sin él, el presidente del gobierno español no puede tomar decisiones que o bien son del president de la Generalitat —los nombramientos— o de un juez —la
suspensión si hay una ilegalidad—. Solo en la España actual, donde los
gobernantes, una gran mayoría de su clase política y sus medios de
comunicación —de allá y muchos de los de aquí— han optado sin recato por
violentar la legalidad, es posible que estemos
discutiendo sobre esto.
Como solo en la Catalunya meliflua que muchos
imaginan y desean, sus cabeceras históricas representativas pueden
responsabilizar a Quim Torra del mantenimiento del 155 con el Govern que
designó y que, por cierto, no tenía hueco en algunas de sus portadas.
Un total de ocho asociaciones del mundo jurídico catalán, que
representan todas ellas a millares de afiliados, han denunciado la arbitrariedad del gobierno español y
de sus socios parlamentarios del 155 con el último desatino. Las
entidades soberanistas han anunciado movilizaciones, los comunes han
dicho estar en contra y el PSC se ha distanciado algo.
El president
Torra, incrédulo, ha expresado su confianza en que todo sea tan solo una
amenaza y el decreto de nombramiento se acabe publicando este lunes, el
día que tocaría ya que la toma de posesión está prevista para el
miércoles. Y el president Puigdemont, contundente, ha manifestado que
“los golpistas del 155 piensan que el estado de derecho es un
interruptor”.
El bloqueo institucional que busca nuevamente el
gobierno español no tiene razón de ser. Ni política, ni jurídica. Tres
candidatos a la presidencia de la Generalitat —Puigdemont, Sànchez y
Turull— fueron bloqueados por la justicia española en unas decisiones
muy, muy discutibles, que ya dilucidarán en su día los tribunales
internacionales.
Se puso un cuarto nombre encima de la mesa y desde
aquel momento no hay instante en que no se haya intentado usurpar las
funciones de Torra. El gesto del independentismo para no ir a nuevas
elecciones parece insuficiente si no va acompañado de un president
humillado políticamente y agraviado como nunca antes, entre ataques e
insultos no solo a él sino también a su familia. Un precio que no hay
que pagar.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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