La Vanguardia no se corta y habla de "carrera electoral", justo lo que todos los demás, unos más sinceramente que otros, rechazan. No es el momento; no es el momento.
El bloque del 155 se niega a autorizar la publicación del decreto de nombramiento del govern en el DOG en
su integridad porque incluye los nombres de dos presos y otros tantos
exiliados políticos. De inmediato se ha armado un guirigay jurídico por
entenderse que el gobierno se extralimita groseramente en sus funciones e
incurre en ilegalidad e inconstitucionalidad.
De un lado invade el
territorio de los jueces que son quienes deben decir si sus presos salen
o no y, de otro, incumple una obligación taxativa, pues la publicación
del decreto en el DOG no es discrecionalidad sino un acto debido.
Todo
esto son las quisicosas del funcionamiento institucional ordinario. Un
revoltijo confuso en el que prevalece el hosco ceño del PSOE, dispuesto a
prolongar un 155 endurecido hasta las calendas griegas y a reformar el
Código Penal para convertir en delito el independentismo. Es decir,
dispuesto a liquidar el remedo de Estado de derecho que es España para
convertirla en dictadura.
Tan autoritaria y represiva es la respuesta española que, sin temor al ridículo, El País afirma que la extensión del 155 obliga a Torra a gobernar con Rajoy y sus ministros.
Alguien con sentido del humor podría decir que la Gran Coalición que se
vislumbra no es PP-PSOE, sino PP-Independentistas.
Con menos sentido
del humor y más realismo, se puede interpretar que el Estado español
intensifica su tratamiento colonial de Catalunya. Si el Govern no puede
gobernar ni el Parlament legislar ni la Hacienda catalana administrar,
si la intervención del Estado en forma de gobierno directo alcanza, como
parece que hará, a los medios de comunicación públicos, ¿qué otra
opción queda a la Generalitat sino convocar elecciones y a la población
ofrecer resistencia pasiva a la autoridad española?
La
hipótesis de elecciones generales cobra fuerza. Sostenemos que los dos
partidos dinásticos, PP y PSOE juegan a ellas, perfilando una posible
alianza de Gran Coalición. Y, con todo descaro, C’s. El mitín de ayer,
una especie de aggiornamento de la estética fascista de los años
treinta ha encontrado un eco alarmado en las redes y preocupa mucho a
los partidos “de orden”.
La retórica patriótica del joven cara al viento
“solo veo españoles”, es como la del Kaiser Guillermo II que solo veía
alemanes antes de enviarlos a matarse contra los franceses. El culto a
la nación española más resabiado y cañí con los efluvios seudoliberales
del “patriotismo constitucional”. El eclecticismo de Rivera, que otros
consideran erróneamente falta de principios, lo absorbe todo. Lugar al
que va, conflicto al que se enfrenta, consigna que se apropia si cuenta
con mayoría electoral.
Los dos partidos dinásticos tradicionales miran con horror el ascenso del fascismo sonriente de espabilados brokers
que, además plagian tácticas vencedoras en Catalunya, esto es, la
movilización social, un éxito del independentismo. Lo han intentado en
la propia Catalunya con organizaciones como SCC y similares, pero no les
ha salido. Están muy identificados con la extrema derecha española.
Ahora prueban suerte en España. Es la segunda vez que Rivera lo intenta.
Lo hizo en 2012, con un Movimiento Ciudadano de escaso éxito y reincide ahora con una España ciudadana,
en un alarde de sincretismo comunicativo en donde se juntan los
patriotas del garrote y los de las tarjetas black. El terror de los dos
partidos de la vieja escuela conmueve el ánimo. No saben cómo hacer
frente a un discurso con el que, en el fondo, se identifican. Debieran
tranquilizarse porque el nuevo experimento tampoco cuajará.
La
situación de la izquierda es de velorio. Podemos ha quedado reducido a
una cuestión de catastro y el PSOE, en su frenesí nacional español, está
aceptando las motivaciones de la “cruzada” de 1936.
El
horizonte electoral se complica por otras vías. Hay también municipales
y autonómicas; queda por ver si las catalanas son antes o después o
durante las generales; y, sobre todo, queda por ver si los
independentistas se presentan a las elecciones generales. Es un asunto
que afecta a la República Catalana.
¿Tiene sentido enviar representantes
al órgano legislativo de un país extranjero? Teóricamente, no;
prácticamente, es posible que sí. Poco o mucho, el poder en España
reside en el Parlamento. Si los independentistas no envían diputados,
toda la representación catalana será unionista, salvo que aquellos
sostengan que las generales no se celebran en Catalunya y lo impongan,
pero ello abriría un escenario lleno de imponderables. Quizá la
imposición no pudiera mantenerse pero dejaría sin valor legitimatorio a
las elecciones.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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