"Este Montoro es un irresponsable. Solo nos faltaba eso. Parece que
hayamos entrado en fase demolición". El Madrid político respiraba así
después de que se conociera este miércoles que el juez Pablo Llarena había requerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que le informara sobre cuál era la base para afirmar que no se había destinado ni un euro a la organización del referéndum del 1 de octubre.
Ahí es nada: una pelea de pesos gallo con el ring abierto al público y
vociferando ora contra Llarena ora contra Montoro. Es evidente que algo
se ha desencajado en este tamizado complot para inventarse un golpe de
estado que no existió y unas acusaciones tan graves de rebelión y
malversación.
El delito de rebelión lo ha tumbado la justicia de Alemania y acabará teniendo un camino idéntico, seguramente, en Reino Unido, Bélgica y Suiza. El de malversación, que
también está siendo seriamente cuestionado en Europa, lo está tumbando
en España un político no menor como es el ministro de Hacienda que está
desnudando una parte muy importante de la instrucción realizada por
Llarena y el relato construido.
Montoro, que no se amilana normalmente,
mandó por la tarde al Congreso de los Diputados a la secretaria general
de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, a mantener en sede
parlamentaria el mismo relato que el pronunciado por el ministro. Quizás
un día, ministro y juez nos expliquen por qué ha estallado en este
momento -el más delicado para el juez del Tribunal Supremo- este litigio
público.
Pero, mientras tanto, hay que preguntarse algunas cosas aunque no
obtengan respuesta. ¿Por qué el juez Llarena le hace ahora al ministro
este requerimiento cuando su posición era pública desde hace meses y no
se lo había pedido? ¿Ha dado todos los pasos de la instrucción con los
únicos informes de la Guardia Civil y sin haber contrastado, aunque solo
fuera para su mayor seguridad, con los servicios del Ministerio de Hacienda?
Si fuera así sería de una enorme gravedad teniendo en cuenta las penas
que se han pedido y el calado de las acusaciones.
Porque lo más
sorprendente es que la posición del ministro, que acaba siendo por
extensión la del gobierno de España, es cuando menos llamativa ya que
desmiente abiertamente lo que sostiene el juez. Y, en este caso, tiene,
además, un factor añadido: aunque el control de las finanzas de la Generalitat fue
total y absoluto a partir de septiembre de año pasado, desde 2015 ha
habido una cierta tutela de las mismas que se traducía en una
vigilancia cuando menos parcial. Que, además, fue in crescendo con el
paso de los meses y la incomunicación política entre los dos gobiernos.
Montoro ha enseñado parte de las vergüenzas del sumario del 1-O y ha
dado munición suficiente para que todos los letrados de la quincena de
procesados por el Tribunal Supremo, nueve en las cárceles de la Comunidad de Madrid y seis en el exilio dispongan de una carta muy
valiosa. El juez Llarena tiene un problema con la verdad. Y ya no solo
se lo dicen los procesados sino que se lo dice Europa y Cristóbal
Montoro.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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