CARTAGENA.- Esta mañana, el Grupo municipal MC Cartagena ha vuelto a quedarse
solo, con el único respaldo de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP), en su defensa del
interés general y el bienestar de los cartageneros. PSOE, PP y
Ciudadanos han vuelto a alinearse para evitar que el proceso de revisión
de la tarifa del agua sea reconducido por los cauces de la legalidad y
el criterio técnico.
Para intentar conseguirlo, MC ha defendido la necesidad de que Ana
Belén Castejón impulse la aplicación del estudio de costes municipal del
servicio emitido por funcionarios para establecer una nueva tarifa,
dando continuidad al trámite de oficio iniciado el 1 de junio de 2017 en
Junta de Gobierno. Un proceso ajustado a la más estricta legalidad que
ha sido obviado por la alcaldesa socialista tras la negociación de ésta
con la concesionaria, cuyo acuerdo impuso el 29 de diciembre.
La formación cartagenerista ha expuesto la necesidad de instar a la
Junta de Gobierno, previa tramitación legal por medio de los servicios
municipales que procedan, a que apruebe en virtud de la potestad
tarifaria de la administración, y al amparo de los razonamientos que
obran en el expediente aprobado en Junta de Gobierno, una tarifa del
agua con carácter transitorio.
Esta tarifa estaría vigente mientras no se resolviera la relación
contractual por el recurso colectivo presentado en 2004 contra la
ampliación del servicio del contrato del servicio municipal de aguas; la
liquidación de los superávits; la aplicación de tarifas, posibles
sobrecostes, etc.
Además, se hubiera ajustado a los estudios municipales de costes,
permitiendo a los cartageneros pagar menos por el agua, con la certeza
de no abonar sobrecostes como ha venido sucediendo al aplicar propuestas
de la concesionaria.
MC ha pretendido validar el gran trabajo realizado por técnicos
municipales durante dos años, ciñendo la actuación a los trámites
legales más garantistas y traduciéndolo en una sensible rebaja de la
tarifa, alejada de las hábiles capacidades negociadoras de la Alcaldía
que ponen en entredicho la legalidad y el beneficio de los ciudadanos.
La alianza estratégica de PP, PSOE y el silencio de Ciudadanos para
salvaguardar el bienestar de la concesionaria en perjuicio de los
vecinos ha vivido un nuevo capítulo con la negativa a la propuesta de MC
de instar al Gobierno local a estudiar las fórmulas de gestión directa e
indirecta, con prioridad a la primera, del servicio municipal de
abastecimiento de agua. Ello, a pesar de lo que podría ser una inminente
estimación de la nulidad de la prórroga acordada en el Pleno de 2003,
que supuso una prórroga de 25 años de la concesión.
La más que probable estimación reflejaría un escenario ideal para
estudiar y decidir qué forma de prestación del servicio es más favorable
a los intereses de los vecinos. Podría traducirse en una gestión
directa del servicio a través de los más cualificados funcionarios
municipales, conocedores algunos de ellos de los pormenores del contrato
y el servicio público desde hace más de treinta años.
Con su negativa, PSOE, PP y Ciudadanos ha evitado también solicitar
un impulso y agilización de las liquidaciones por superávit de años
anteriores (al menos entre 2011 y 2017), la incorrecta aplicación de
tarifas y sobrecostes en general, al objeto de precisar la cantidad
económica que la concesionaria adeuda a los cartageneros.
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