CARTAGENA.- El Grupo municipal MC Cartagena, representado por su portavoz y ex alcalde, José
López, expuso, durante la reunión extraordinaria de la Comisión del Agua
celebrada ayer en el edificio administrativo de San Miguel, el
posicionamiento de la formación cartagenerista y sus exigencias en
relación a la defensa de los intereses de los ciudadanos y en contra de
la trama del agua, circunstancia que ha venido mermando el bolsillo de
los vecinos, además del menoscabo sometido en las arcas municipales.
Tras
la reunión, López ha reseñado "la actitud dictatorial y oscura, a juego
con la turbidez del contrato del agua, exhibida por la alcaldesa al
expulsar de la Comisión a vecinos y asesores de los Grupos municipales,
quienes habían asistido con normalidad durante mi mandato"
"Antes
de empezar la reunión también expulsó a una concejal electa como Isabel
García; supongo que por el complejo y desafío intelectual que para ella
se produce ante personas capaces", ha precisado el secretario general de
MC Cartagena.
"Tras esto, el técnico municipal, que no
funcionario, al que Castejón ha promocionado de manera sospechosa del
nivel 22 al 25, ofreció pobres explicaciones sobre la tarifa, sin ser
capaz de concretar el beneficio de Hidrogea o la cantidad que ha dejado
de amortizarse el 26 de diciembre de 2017. No obstante, sí presumió de
haber influido en la propuesta de Hidrogea. Ya explicará en otros foros
más apropiados la forma. La empresa no necesitó dar explicaciones,
porque ya las ofreció Castejón por ella", ha relatado el edil.
El
portavoz de MC Cartagena ha añadido que "esta alcaldesa se maneja como
Pilar Barreiro y el PP en las revisiones de tarifa que investiga la
trama Pokemon. Y actúa como firme valedora de Hidrogea. Como dije, no sé
si por incapaz o por corrupta, o simplemente como salida laboral".
"Además
de nuestras preguntas también planteamos una serie de ruegos que deben
ser impulsados por la alcaldía socialista. Empezando por la restitución
en sus puestos de trabajo de los funcionarios municipales que mejor
conocen el contrato, y cuya labor se ha denostado u olvidado para
aprobar una tarifa distinta a la que resultaría de los costes por ellos
calculados", ha comenzado José López.
Seguidamente, el edil ha
recordado que "solicitamos la resolución del contrato por haberse
alterado los términos de éste sin efectuar modificaciones contractuales.
En la actualidad, solo existe la de la mal llamada prórroga de 2003,
que debería anularse también. Sin obviar que se ha podido alterar el
contrato original en beneficio de los intereses de la concesionaria",
argumentó el secretario general de MC Cartagena.
Del mismo modo,
MC llamó la atención sobre la necesidad de "reclamar inmediatamente a la
concesionaria el superávit recabado entre 2011 y 2017, así como los
costes que excedan de los cálculos efectuados por los técnicos en el
procedimiento de revisión de oficio de la tarifa. Esto podría suponer
una diferencia de unos cinco millones de euros".
López instó,
además, a "la resolución del contrato por incumplimiento de la
concesionaria en labores de mantenimiento, posibles sobrecostes
incluidos, y la obtención de un beneficio indebido que habrá de
liquidarse".
Igualmente, MC Cartagena enumeró diversas solicitudes
como "la apertura de los procedimientos que resulten necesarios para
estos fines, siguiendo su curso hasta su efectiva resolución
administrativa". También, "que no se vuelva a permitir la adjudicación
directa de obras a la concesionaria y la subcontratación de ésta de
prestaciones esenciales".
Por último, "reclamamos que, tanto el
acta de la reunión, como la totalidad del expediente administrativo de
la revisión de tarifas de 29 de diciembre, se remita a los tribunales de
Lugo, junto con las realizadas bajo el gobierno del PP. Acabamos
nuestra intervención requiriendo que en lo sucesivo no se produzca
ninguna modificación, revisión o alteración del contrato de modo oscuro y
poco transparente y, en particular, que se reúna la Comisión o la Mesa
del Agua tantas veces sea necesario", concluyó López.
"Confiamos
poco en que se vuelva a la legalidad, porque PP y PSOE, con la
connivencia de C's ya trabajan para la concesionaria. Pero eso no
impedirá que sigamos fiscalizando y señalando para su sonrojo, y su
futura condena a quienes corrompen los procedimientos para que pierdan
los de siempre, los cartageneros", ha concluido el portavoz de MC
Cartagena.
Durante
la sesión, la formación cartagenerista se interesó por cuestiones
básicas que no han sido aclaradas por la Alcaldía socialista. Así, se
cuestionó en qué fecha presentó la concesionaria su propuesta de tarifa y
a qué servicio se remitió, así como el motivo por el que no se solicitó
informe al jefe del departamento de Infraestructuras.
Igualmente, se
preguntó por el motivo que provocó que el expediente para la revisión de
la tarifa no estuviera en la Oficina de Gobierno Municipal tras
efectuarse la convocatoria de la Junta de Gobierno el día 28 del pasado
mes.
Otras de las cuestiones planteadas se refieren a las dudas
sobre la existencia de un expediente completo con la propuesta de
Hidrogea, los informes, los hitos de la tramitación, la propuesta a
Junta de Gobierno y los informes de Asesoría Jurídica e Intervención, y
también sobre si esta revisión compromete la posibilidad de anular la
prórroga administrativamente, reclamar los costes de 2012 a 2017 o
resolver el contrato por incumplimientos de la concesionaria, resultando
especialmente llamativa otra de las preguntas planteadas por MC al
requerir las motivaciones para tramitar un expediente de 40 millones de
euros en dos días, sin conocerse el resultado de la asistencia técnica
sobre el servicio.
El gran número de incógnitas sin resolver
también incluye conocer si ha existido modificación de la estructura
tarifaria y si ello implica un cambio en el contrato o si se ha incluido
la liquidación del superávit de 2011 a 2017 en la propuesta, o si ha
sido incluida la liquidación por exceso de obras de 2009-2012 y, en caso
afirmativo, si esa liquidación fue aprobada por el órgano competente.
Otros
asuntos de gran calado que fueron planteados tienen que ver con la duda
de si la propuesta aprobada por el PSOE ha contado con el estudio de
costes realizado por los ingenieros municipales en cumplimiento del
acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de junio de 2017 que iniciaba la
revisión de oficio de la tarifa; si la revisión de la tarifa operada el
29 de diciembre de 2017 es una modificación de contrato encubierta; la
retribución exacta que percibirá la concesionaria con esta tarifa, así
como si se va a anular y retirar esta propuesta de Alcaldía o se
esperará a que lo haga el Juzgado.
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