MADRID.- Las autonomías peor financiadas, como Valencia y Murcia, acercan posturas ante la reforma del sistema de financiación, y coinciden en querer recaudar el 70% del IVA (frente al 50% actual) mientras Andalucía pide que se reformule el cálculo del cupo vasco y Castilla y León considera que las cantidades que las forales pagan al Estado son inferiores a las que corresponderían.
Estas
son algunas de las aportaciones al nuevo modelo de financiación
autonómica que las comunidades de régimen común, salvo Cataluña, han
hecho llegar al Ministerio de Hacienda y donde se insiste en que las
forales (País Vasco y Navarra) deberían hacer una aportación a un fondo
básico para asegurar la prestación equitativa de los servicios básicos.
Así lo plantea también la Comunidad de Madrid, cuya
presidenta, Cristina Cifuentes, ha reclamado más inversión para una
región "claramente infrafinanciada" y, por ello, ha pedido que las
forales aporten medios a la solidaridad nacional.
Andalucía,
otra de las autonomías que se considera peor financiada, ha solicitado
al Estado su propio "diagnóstico" ya que sin esa valoración "cualquier
intento de formular un sistema estable está condenado al fracaso y puede
poner en peligro el Estado del bienestar". Desde la Junta subrayan que
"no se trata de pedir, sino de participar en mayor medida de lo que se
recauda a los ciudadanos con sus impuestos", que prefieren que se
financie la sanidad, la educación, la dependencia, las prestaciones por
desempleo o las pensiones.
En la misma línea, Castilla-La Mancha
avala una financiación que garantice los servicios básicos y que, por
ejemplo, la atención sanitaria sea igual para todos, independientemente
de donde vivan. Según el último informe de la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (Fedea), a partir de datos de Hacienda, las
diferencias entre la región mejor y peor financiada llega a 728 euros
por habitante.
Cantabria es la comunidad
con más recursos y una financiación equivalente a 2.906 euros por
habitante, mientras que en el lado opuesto se sitúa la Comunidad
Valenciana, con 2.178 euros.
Y por ser la peor financiada, la Comunidad Valenciana
plantea a Hacienda asumir el 70 % de la recaudación del IVA y de los
impuestos especiales (actualmente es el 50 y el 58 %), "en coherencia"
con su participación en el gasto del Estado del bienestar.
En el
documento entregado a Hacienda, la Generalitat plantea este aumento de
ingresos para garantizar la sanidad, la educación y la protección
social, pero también insisten en que las forales aporten a un fondo
básico para asegurar la prestación equitativa en servicios
fundamentales.
Otras reclamaciones
En el caso de Murcia,
su presidente, Fernando López Miras, afirma que la región recibe 250
millones menos que la media de comunidades, 451 menos que la media de
las uniprovinciales y 1.056 millones menos que la mejor financiada,
Cantabria. En el documento, Murcia aclara que no quieren incrementar los
impuestos sino recibir un porcentaje de los mismos mayor del que
obtiene actualmente, además de la condonación de la deuda que está ya en
más de 8.000 millones.
Sobre el tema foral y la "discriminación" que supone frente a las de régimen común también se pronuncia Castilla y León.
Para la Junta, "la discriminación por habitante" no es consustancial al
régimen foral sino que se produce por una "defectuosa aplicación
práctica" y porque las cantidades que las forales pagan al Estado son
inferiores a las que les corresponderían.
Cantabria
introduce en el documento el asunto del 'status quo', es decir, que la
reforma no suponga pérdida de recursos para ninguna comunidad y subraya
que eliminar esta cuestión perjudicaría gravemente a las regiones. Y
sobre el mantenimiento del 'statu quo' también se pronuncia Aragón
por entender que con el nuevo modelo ninguna comunidad deberá sufrir un
descenso del volumen de recursos respecto a los que dispone ahora.
Asturias
alerta que fijar diferencias según recaudación quebraría la igualdad
mientras que Baleares propone un sistema de "dos velocidades" en el que
todas se sientan cómodas. La "doble velocidad", dicen, dependería de los
territorios que pretenden una mayor descentralización financiera y las
que precisan más tiempo para sumarse al nuevo sistema.
Extremadura emplaza al Gobierno a dar "el siguiente paso"; La Rioja pide "igualdad, transparencia y armonización", mientras que la Xunta de Galicia
cuestiona la falta de "claridad e información" sobre el cupo vasco e
insiste en que haya más explicaciones. A esto, algunos partidos de la
oposición reprochan a la Xunta que esté más a la expectativa de lo que
plantee su partido y el Gobierno central, que presentando propuestas en
defensa de los gallegos.
Por su lado, Canarias
exige una financiación eficiente y sostenible, adicional al Régimen
Económico y Fiscal. Y Cataluña, intervenida por el Gobierno en virtud
del 155, no ha participado hasta ahora en el proceso si bien tras el 21 D
está por ver si el nuevo Govern se aviene o no a tomar parte en estas
negociaciones.
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