MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Lorca, según informa la 'Cadena Ser', ha citado a declarar al ex presidente autonómico y ex alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado caso Pasarelas,
acusado de prevariación y tráfico de influencias.
El juez quiere saber si Sánchez
y otras personas, entre ellas el arquitecto Martín Lejárraga, pudieron
incurrir en algún hecho delictivo en la adjudicación de las obras de
rehabilitación de un puente sobre la rambla de Nogalte y una pasarela,
en el municipio de Puerto Lumbreras, donde el expresidente fue alcalde entre 2003 y 2013.
PAS tendrá que declarar
en calidad de investigado el 2 de febrero junto a Lejárraga, según la
información de la emisora radiofónica. De esta forma, el anterior jefe
del Ejecutivo regional, que dejó la política en septiembre, tiene
abiertas en los juzgados tres causas: el caso Auditorio, el caso Púnica y
el caso Pasarelas.
Esta última investigación fue reabierta recientemente por la Audiencia Provincial de Murcia,
que en un auto dejó sin efecto una resolución anterior del Juzgado de
Lorca que acordó archivar las actuaciones y no investigar porque el
fiscal se pasó en dos días el plazo de que disponía para solicitar que
la instrucción de la causa fuese declarada compleja.
La Audiencia
señaló en dicho auto que ese plazo de seis meses no debe ser aplicado de
forma automática, por lo que considera que en este caso no procedía el
sobreseimiento solo porque se hubiera superado en dos días.
El
testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción de Lorca que tramitó
el caso Auditorio trata de que se investigue si en la adjudicación de
las citadas obras sobre la rambla de Nogalte, en los tiempos en que
Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, se pudo incumplir la ley con el
desdoblamiento del presupuesto global en varias partidas para escapar
al control exigido para el caso de que las mismas superaran el tope de
doce mil euros.
Pedro Antonio Sánchez fue presidente de la Comunidad Autónoma entre julio de 2015 y abril de 2017, cuando presentó su dimisión
tras verse investigado en el caso Auditorio y el caso Púnica, y
acechado por una moción de censura que presentó contra él el PSOE en la
Asamblea Regional. Dejó su puesto a Fernando López Miras, también del
Partido Popular. En el verano se le abrió procedimiento abreviado, el
paso previo al juicio oral, por los casos Auditorio y Púnica. Por dicho
motivo, en septiembre decidió abandonar la presidencia del Partido
Popular de la Región de Murcia y su escaño de diputado en la Asamblea
Regional. Ahora se dedica a la actividad privada ya que fundó
recientemente una asesoría.
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