El acuerdo de abono de los ascensos pone fin a la conflictividad en 'Navantia'

FERROL.-La paz social regresa a Navantia. En el encuentro mantenido anteayer en Madrid entre los miembros de la Coordinadora Unitaria de los Comités de Empresa y los responsables de la dirección de Recursos Humanos, la compañía anunció que antes de que finalice el año empezará a abonar las asimilaciones -ascensos profesionales- que tenía pendientes por el fallo del Tribunal Supremo que tumbó el cuarto convenio colectivo. 

En estos diez días que restan para culminar el 2017, pagará a los afectados distintas cuantías, hasta un máximo de 600 euros, y será en enero del próximo ejercicio cuando se regularice la situación, entrando en vigor la categoría profesional correspondiente a los trabajadores afectados.
Con este acuerdo, largamente esperado -y que solo afecta a las plantillas de la antigua Bazán- se pone fin también a un año en el que los trabajadores han secundado lo que en los astilleros se denominan medidas de no colaboración, como el rechazo a realizar horas extraordinarias, a la movilidad geográfica entre centros próximos o, como en Ferrol, el bloqueo del ensamblaje del módulo del Buque de Acción Marítimo (BAM). Con estas medidas de presión, las plantillas han reclamado el cumplimiento íntegro de la sentencia del Supremo y la reposición de los derechos eliminados.
No obstante, serán los representantes de los trabajadores los que en los próximos días les trasladen a estos, a través de distintas fórmulas, el contenido del encuentro de ayer.
Por su parte, la dirección de Navantia también le ha trasladado a la parte social que los convocará el año próximo -aún no hay un día cerrado para la constitución de la mesa- para iniciar las negociaciones del plan estratégico «con el compromiso de la representación de los trabajadores de realizarla en una situación de normalidad laboral, sin medidas de presión».
Además, insiste en la necesidad de dotarse de ese programa, que se fundamentará en actuaciones comerciales para incrementar la cartera de pedidos, un plan de eficiencia operativa y medidas de rejuvenecimiento de la plantilla y un nuevo marco de relaciones laborales.
«La situación requiere que la empresa y sus trabajadores cambien y se adapten a las nuevas necesidades del mercado y un plan consensuado es la mejor solución para Navantia, sus trabajadores y sus zonas de influencia». Además, incide en que, para ello, se precisa de normalidad y de superar las posiciones del pasado.
El plan de futuro tendrá una vigencia de cinco años y se implementará desde el 2018 hasta el 2022.
El dueño de los astilleros públicos, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) había anunciado a finales de febrero del pasado año que iniciaría las negociaciones de ese programa de futuro, aunque el conflicto por el cuarto convenio demoró hasta ahora ese arranque.
El Movimiento Alternativa Sindical (MAS) ha trasladado a la dirección de recursos humanos de la empresa en la ría su protesta al conocer que el economato de la antigua Astano -que está gestionado por Froiz- abrirá sus puertas el próximo domingo, día de Nochebuena.
José Salceda, de la central, recuerda que se trata de un economato laboral, y que ese tipo de aperturas extraordinarias al menos tendría que haberlas comunicado a los representantes de los trabajadores.