LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha mostrado su satisfacción porque el Defensor del Pueblo haya dado la razón a su formación política respecto a la negativa del Consorcio de Compensación de Seguros a facilitar a los damnificados por los terremotos de 2011, la información de las indemnizaciones que percibieron de este organismo.
Martín ha explicado que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite
la denuncia que formuló el pasado 10 de noviembre y que éste ha remitido
una comunicación al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en la
que le recuerda, como sostenía la edil, que es "una entidad de Derecho
público, integrada en el sector público y, en consecuencia, comprendida
en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas".
Esta afirmación
deja en evidencia la excusa utilizada por el CCS para rechazar las
peticiones de los afectados para acceder a la información de las
indemnizaciones que les fueron concedidas. Y es que el Consorcio basaba
su desestimación en que no está sometido al régimen de publicidad
dispuesto en dicha norma.
Para el Defensor del Pueblo resulta "difícil de entender" que el CCS
niegue a los preceptores de las indemnizaciones el acceso a sus
expedientes y la obtención de copia de los documentos contenidos en los
procedimientos que les afectan. En ese sentido, recuerda al CSS que
está sujeto al "mandato constitucional" de servir con objetividad los
intereses generales y que está obligado, cuando menos, a facilitar a los
afectados el ejercicio de sus derechos.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación
de la que dará cuenta a Martín, como representante de los damnificados.
La edil ha mostrado su satisfacción porque el Alto Comisionado de las
Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y las
libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la
actividad de las administraciones públicas, otorgue la razón a los
vecinos afectados y se ha mostrado convencida de que es "un paso más"
hacia la resolución definitiva del conflicto por la devolución de las
ayudas de los seísmos de 2011, que afecta a unas 800 familias en Lorca.
La edil de IU-Verdes denunció nuevamente la falta de sensibilidad y
compromiso del equipo de Gobierno municipal del PP del que dijo que "en
vez de defender los derechos de sus vecinos y votantes, está aliado con
los intereses del Gobierno regional de su partido, movido únicamente por
un afán recaudatorio".
Al respecto, Martín recordó que el pasado mes de
abril, el Consejo de Ministros tuvo que prorrogar hasta el 31 de
diciembre de 2019 el préstamo de 115 millones de euros suscrito por la
CARM con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en mayo de 2012, para
agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por los terremotos. El
pazo de dicho préstamo vencía el 3 de mayo de 2017. Curiosamente, pocos
días después los beneficiarios de las ayudas empezaron a recibir las
cartas para que las devolvieran.
"Durante seis años, el PP no se ha preocupado por llevar a cabo el
procedimiento de justificación de subvenciones y ahora, con el derecho
al reintegro ya prescrito, se dedican a volver locos a los vecinos",
denunció Martín.
La concejala de IU-Verdes expuso varios ejemplos de
cartas enviadas a los damnificados en las que se rechazan facturas y
justificantes de pago válidos, obligándoles a devolver las ayudas
íntegras.
"Las cartas reconocen que hay informes técnicos que demuestran
la realización de las obras, que los afectados presentan justificantes
válidos de gasto por valor superior a las subvenciones concedidas, y,
sin embargo, que tienen que devolverlo todo".
Martín exigió, por enésima vez, al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil,
que exija la materialización de los acuerdos adoptados por el Pleno
municipal para dar una "solución política" a esta cuestión y que los
afectados "puedan recuperar la tranquilidad y la normalidad en sus
vidas".
"Llevamos más de seis meses pidiéndoselo y no ha movido un
esparto", se lamentó la edil de IU-Verdes.
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