CÁDIZ.- La
fórmula empleada por el Ministerio de Defensa para anunciar la
construcción del tercer Buque de Acción Marítima (BAM) para la Armada
española sigue levantando suspicacias y críticas. El Ministerio confirmó el pasado martes el inicio del trámite administrativo para licitar la construcción de un barco logístico de apoyo a los submarinos S80,
cuya primera unidad entrará en servcio en 2022, según La Voz de Cádiz.
La Armada comunicaba a
través de una nota sus necesaidades y anunciaba también que comenzaba a
prtir de ahora la fase diseño y la elección de astilleros para su
ejecución. Por primera vez Navantia no es la adjudicataria directa de una obra naval de Defensa,
es decir, el proceso se abre a un concurso público d elibre
concurreneia, lo que significa que Navantia tendrá que competir con
otros astilleros para hacerse con el contrato.
La reforma de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en el Congreso el pasado
octubre, ha cambiado en cierto modo las reglas del juego al adaptarse
también su texto al ordenamiento europeo.
La obra del nuevo BAM está
afectada y, por tanto, Navantia ya no tiene el patrimonio absoluto de
las obras de nuestra Armada, lo que ha provocado el malestar en la
planta de San Fernando, donde se han construido los BAM de la primera
fase. Su plantilla asegura que la carga de trabajo ya no está asegurada como prometió en su momento el Gobierno del PP.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, señaló como «preocupante y contradictorio» el anuncio de que la construcción de un nuevo Buque de Acción Marítima (BAM) para la Armada Española salga a concurso público.
En declaraciones a los periodistas, Jiménez Barrios ha destacado que esta noticia, que indica que el próximo buque está pendiente de que se decida cuál será su proyecto de diseño, que saldrá de las candidaturas propuestas, y de cuál será el astillero que lo construya, «no se debería conocer como se ha conocido».
«Desde el Ministerio de Defensa son
conscientes de la dificultad que tiene de carga de trabajo los
astilleros de la Bahía de Cádiz, por tanto no pueden defraudar las
expectativas que ellos mismos habían generado con la firma de un
convenio que especificaba que el proveedor preferente de los BAM a la
Armada son los astilleros ubicados en la localidad de San Fernando»,
declaró el vicepresidente.
En este sentido, Jiménez Barrios ha pedido una «explicación» al Ministerio ante «las noticias contradictorias sobre la carga de trabajo y este cambio de criterio que generan una situación que ya empieza a ser preocupante».
«Urge ya que un responsable que tenga la representatividad necesaria e interlocución y capacidad para hacerlo explique a los comités de empresa y a los ciudadanos de la Bahía, que es lo que ocurre», ha recalcado el vicepresidente, quien ha censurado que «entre el retraso de la firma de las corbetas y ahora este anuncio, empieza a surgir un cierto desánimo de los trabajadores».
Preguntado por si la Junta trasladará esta preocupación al Ministerio de Defensa, Jiménez Barrios indicó que «se dirigirá» a la titular de la cartera, María Dolores de Cospedal, pese a haberlo hecho también «hace poco con respecto a lo que ocurre en la base naval de Rota y no hallar respuesta».
«Hay una falta de sensibilidad del Gobierno con respecto a la situación de Rota ya que no es posible que un aumento de la presencia norteamericana en la base coincida con despidos de trabajadores españoles, cuando el acuerdo era que si se aumentaba el personal estadounidense lo haría también el español», ha abundado.
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