El sistema
de financiación autonómico español, aunque consagrado por la
Constitución, es muy arbitrario en palabras de los expertos y lo
confirman los hechos. Es más, la reciente decisión del Congreso de
los Diputados de actualizar el Concierto Económico y el cupo vasco,
con la sola oposición de los votos de Ciudadanos y Compromís, va a
servir para consagrar la actual desigualdad territorial.
Las
cifras que presentan los expertos son rotundas. Un español medio
recibió en 2014, según los datos del último informe público del
Instituto de Economía de Barcelona, 2.049 euros, frente a los 3.677
euros que percibió ese año un navarro o los 4.292 de un vasco.
Pese a que las negociaciones para conseguir el reciente pacto con el
PNV, acuerdo que rebaja la contribución del País Vasco al erario
público, las condujo el Gobierno del Partido Popular, un miembro
destacado del partido, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo pidió que les explicaran los detalles del mismo.
Los cálculos de la Xunta gallega desvela que con las nuevas cifras
previstas en el cupo vasco, la diferencia entre lo que recibiría Galicia
y los recursos con que va a contar el Gobierno vasco se amplían en más
de 300 millones de euros al año.
El gobierno de Mariano Rajoy no puede dejar pasar más tiempo antes de
afrontar esta reforma. La Ley de 2009 aprobada durante el último
gobierno de Rodríguez Zapatero obligaba a hacerlo en 2014. La gravísima
crisis económica que hemos atravesado desde 2007 puede haber servido de
justificación para no afrontar antes la reforma. Pero no hacerlo ahora
suena sobre todo a justificación.
La complejísima reforma diseñada bajo la supervisión de la
vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha sido un desastre. No solo no
ha servido para solucionar las desigualdades, sino que las ha
agudizado.
La comunidad más perjudicada ha sido la de Madrid. Ha pasado de
disponer de 2.935 euros por habitante procedentes de ingresos
tributarios a contar al final del proceso con 2.223. Es decir un 24,26 %
menos. Esto explica, al menos en parte, la pérdida de calidad del
sistema sanitario madrileño.
En el caso de Baleares, la segunda comunidad más perjudicada con el
nuevo sistema, sus ingresos se han reducido en un 9,42 % muy similar a
la caída que ha experimentado Cataluña, cuyos ingresos procedentes de
los cuatro fondos contemplados en la Ley del 2009 han caído el 9,31 %.
Es cierto que el sistema ha servido para que algunas comunidades
autónomas mejoren sus recursos, pero son las menos y las de menor
población son Extremadura, Cantabria y La Rioja. La primera ha mejorado
la recepción de recursos un 73,73 %, pero es que partía de solo 1.454
euros. La Rioja ha mejorado un 29,43 % y Cantabria el 23,4%.
Estas excepciones solo sirven para confirmarnos en la necesidad de la
reforma del sistema. El Partido Popular necesita el apoyo de cara a los
próximos presupuestos del PNV lo que ha facilitado el acuerdo para
actualizar los términos del acuerdo del Concierto y el Cupo Vasco.
Todos los partidos están de acuerdo en que ha llegado el momento de
afrontar la reforma del sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas para afrontar las ineficiencias del modelo vigente. El paso
dado con el Cupo vasco que consagra las desigualdades del sistema hace
más urgente afrontar la situación.
(*) Periodista
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