Mariano Rajoy declaró el lunes por la noche al periodista Pedro Piqueras en
Telecinco que no negoció con Carles Puigdemont la retirada del artículo
155 a cambio de la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya.
El presidente del Gobierno, un político profesional con muchísimas
horas de vuelo, no ofendió a la verdad, sin decir toda la verdad. Rajoy
no pactó nada con Puigdemont, es cierto.
Negoció con Iñigo Urkullu,
presidente del Gobierno vasco, que desde principios de septiembre
había asumido funciones de mediación con el acuerdo tácito de ambas
partes. Rajoy no pactó con Urkullu la retirada del artículo 155 del
Senado si se convocaban elecciones, pero aceptaba dejarlo en suspenso,
una vez aprobado en la Cámara Alta. Si el presidente catalán disolvía el
Parlament y convocaba a las urnas, el 155 quedaría congelado. Ese era
el trato. Y en ese trato también estaba el PSOE.
Un paso y después otro. El 5 de octubre, veinticuatro horas
después de haber escuchado el discurso del Rey –y después de haber
mantenido una conversación telefónica con el jefe del Estado–, Urkullu
puso en negro sobre blanco un plan para evitar la intervención de la
autonomía catalana, paso que consideraba enormemente peligroso para la
posterior evolución política de toda España, incluida Euskadi.
Convocar elecciones. Consciente de que apenas quedaba
margen para un acuerdo público entre ambas partes, el lehendakari pensó
en la única salida posible: facilitar una dinámica que evitase, a última
hora, el choque frontal. Primero un paso y después, otro. El presidente
elaboró un documento al respecto, al que dio un título muy específico: Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas.
Así consta en el memorándum que Urkullu ha hecho llegar a la dirección
del Partido Nacionalista Vasco sobre las gestiones realizadas acerca de
Catalunya entre el 19 de junio y el 27 de octubre. (Véase La Vanguardia del pasado lunes).
Sobre la base de ese documento, el presidente vasco
aconsejó a Puigdemont que dejase en suspenso la declaración unilateral
de independencia (DUI) en el pleno del Parlament del 10 de octubre.
Mientras aún esperaba el milagro de una mediación internacional,
Puigdemont frenó con una pirueta retórica y ello le costó un serio
encontronazo con Esquerra Republicana y la CUP. Rajoy puso entonces en
marcha el temporizador del 155.
La convocatoria de elecciones se planteó en la reunión del
Consell Executiu de la Generalitat del miércoles 25 de octubre.
Intervinieron varios consellers y la voz más contraria al adelanto
electoral fue la de Clara Ponsatí, titular de Educación, independiente afín a Puigdemont. El vicepresidente Oriol Junqueras guardó un prudente silencio.
Por la noche volvió a reunirse el Consell Executiu con el
grupo de asesores externos. Reunión muy tensa, en la que destacó la
actitud beligerante de Marta Rovira. Oposición tenue de personajes como el editor Oriol Soler,
que podían haber puesto el grito en el cielo. La reunión concluyó a las
tres de la madrugada, con Puigdemont incólume.
En aquel momento, al
conseller Santi Vila se le apareció Don Miguel de Unamuno –“¡levantinos,
os pierde la estética!”– y dijo que no era propio de un gobierno serio
convocar elecciones de madrugada. La firma quedó pospuesta a la mañana
del jueves 26. Los consellers Jordi Turull y Josep Rull –opuestos a la convocatoria– pidieron entonces que se convocase al grupo parlamentario. Ganaban tiempo para la presión.
Otra reunión tensa. Puigdemont, afectado, mantenía su
propósito. Así se lo comunicó a Urkullu, aceptando incluir en el
decreto, a petición de Madrid, una mención expresa a la legislación
electoral vigente. Aquella mañana, el borrador del decreto estuvo en la
mesa del presidente Rajoy. La noticia a trascendió y las redes
soberanistas entraron en incandescencia. “¡Traidor!”, gritaban los
estudiantes concentrados en la plaza Sant Jaume.
ERC comenzó a moverse
para capitalizar el descontento y Junqueras pidió “garantías”.
Puigdemont comunicó esa petición a Urkullu poco después del mediodía y
ese le respondió que la otra parte sólo aceptaba un trato: primero un
paso, después otro. Si convocaba, Soraya Sáenz de Santamaría “modularía”
su intervención en el Senado y el PSOE apuntalaría el compromiso con
una enmienda en el Senado. El Gobierno no haría ninguna declaración
pública antes de la convocatoria electoral. Xavier García Albiol, partidario de un 155 intenso, no estaba en el circuito negociador.
La senda era estrecha. Puigdemont comenzó a ceder cuando vio deserciones en su propio partido. Los diputados Batalla y Cuminal anunciaron
su dimisión y varios alcaldes convergentes comenzaron a comunicarle su
angustia ante una reacción adversa de las bases soberanistas, que ERC se
aprestaba a capitalizar. Los alcaldes del PDECat podían quedar
desarbolados. Los alcaldes son pieza clave en este relato. Han sido los
más fieles aliados de Puigdemont, exalcalde de Girona, desde que fue
elegido presidente. Así fue como acabó dando marcha atrás.
Si el presidente catalán hubiese convocado a las urnas y
Rajoy hubiese incumplido el pacto no escrito con Urkullu y flanqueado
por el PSOE, la aplicación del artículo 155 en Catalunya se habría
convertido en un delicioso regalo electoral para el soberanismo. ¡Qué
campaña! El presidente del Gobierno habría perdido de manera definitiva
el apoyo del PNV para los presupuestos del 2018 y el PSOE se habría
visto obligado a romper con el PP. Un papelón ante la Unión Europea.
Puigdemont dio marcha atrás como consecuencia de la
presión y porque no estaba seguro de poder afrontar esas elecciones con
un relato vencedor. Para el exredactor jefe del Punt Diari, el relato
es fundamental. Importantes alcaldías de la antigua CDC estarán en juego
en 2019. Desde Bruselas, Puigdemont acaba de darles ahora un escudo
protector: se llama Junts per Catalunya. La nueva plataforma irá a las
municipales.
(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia
No hay comentarios:
Publicar un comentario