MURCIA.- La oposición en el Ayuntamiento de Murcia pidió este martes
explicaciones sobre la adjudicación del contrato para la gestión de los
impuestos locales a la empresa Tribugest tras las informaciones del diario 'La Verdad' sobre el 'caso Pokémon' y posibles viajes pagados por Agbar al exconcejal del PP, Joaquín Moya-Angeler.
Según
la investigación del caso, el grupo empresarial Aguas de Barcelona
(Agbar), al que pertenece Tribugest y también Hidrogea, con el 49% de
Aguas de Murcia -el 51% es de la municipal Emuasa-, habría pagado al
menos una docena de viajes al exedil de Economía y Hacienda entre 2005 y 2010, cuando era alcalde Miguel Ángel Cámara.
Los
viajes eran principalmente a Barcelona, donde está la sede de Agbar,
pero también figuran otros que podrían ser de placer a Albacete, Ciudad
Real, Valladolid y Oviedo.
Tras conocer esta información, la portavoz del grupo municipal socialista, Susana Hernández, pidió una comisión de investigación para aclarar todo el proceso de adjudicación de la recaudación a Tribugest, de la que "desde hace años, casi un década, hay un cerco de sospecha que no cesa".
Insistió
en las "muchas dudas" acerca de la relación entre el exconcejal y la
empresa desde que se externalizó ese servicio hace dos décadas y pidió
su remunicipalización, dado que "la mayoría de los murcianos paga sus
impuestos en tiempo y forma".
En ese sentido, el portavoz
municipal de Ciudadanos, Mario Gómez, se preguntó para qué se mantienen
los servicios de Tribugest para una gestión integral de los tributos
cuando el 80% de ellos son abonados de manera voluntaria por los
contribuyentes.
"Eso es regalar el dinero de los
murcianos a un tercero y descapitalizar nuestro ayuntamiento reduciendo
su capacidad de inversión", insistió.
Pidió que el servicio vuelva a ser de gestión pública y que se convoque la Comisión de Vigilancia de la Contratación para analizar los pormenores de este contrato.
El
portavoz de Cambiemos, Ignacio Tornel, dijo que "lo verdaderamente
significativo", más allá de los posibles viajes pagados a Moya-Angeler,
son las "posibles implicaciones que estos hayan podido tener en la
contratación pública del Ayuntamiento".
Así, lamentó que
las cuentas de una empresa en su mayoría pública como es Emuasa "no
estén fiscalizadas" por el Ayuntamiento y opinó que todo el proceso de
externalización de la gestión de los tributos "está viciado" porque "no
había una necesidad objetiva de que la llevaran a cabo empresas
privadas".
Por último, la portavoz municipal de Ahora Murcia,
Alicia Morales, consideró "muy grave" la situación en la que se
encuentra el consistorio por las posibles "irregularidades, prebendas y
malas prácticas en la gestión de contratos".
Recordó que el contrato con Tribugest supone una inversión anual de 6 millones de euros,
"cuando los sindicatos señalaron que se trata de una externalización
innecesaria", y que de confirmarse las investigaciones del caso Pokemon,
podría ser un contrato "viciado desde su mismo inicio".
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