MADRID.- La sequía en la que se adentra España es solo el último reto al que se enfrenta el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina. Su gestión, el Pacto Nacional del Agua, el Plan Aire o los cambios en la PAC, son los temas que ha abordado en entrevista con ABC y que hoy publica este periódico.
—¿En España falta agua, infraestructuras o solidaridad?
—En España la infraestructura viene desde los romanos y los árabes, y da idea de su importancia. La sequía es recurrente y si sumamos que lo previsible del cambio climático es que cambien los registros pluviométricos, hay que seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica sin duda. La solidaridad en buena parte existe, el agua se mueve más de lo que creen los ciudadanos.
—Nos adentramos en un nuevo ciclo de sequía, ¿estamos preparados?
—España tiene la ley de aguas más potente a nivel europeo. La gestión de la sequía no se improvisa, hay una orden de 2007 que define cuándo una cuenca entra en sequía y las medidas que deben adoptarse, lo cual no significa que no haya que perfeccionarla.
—¿Piensan en nuevas medidas?
—Desde el 2015 que aprobamos los primeros reales decretos para el Júcar y el Segura no hemos dejado de implementar medidas. Las más importantes son las inversiones: solo en estas dos cuencas han sido 83 millones de euros. Las conferencias hidrográficas hacen un seguimiento de la disponibilidad del agua para adoptar las medidas con un fin: que no le falte agua a la población.
—¿Cómo tiene que ser el nuevo Plan Hidrológico Nacional?
—Nosotros trabajamos por un Pacto Nacional del Agua. El agua tiene que satisfacer las demandas y favorecer el desarrollo socioeconómico en todo el territorio. Planteamos el pacto sobre cuatro ejes: la atención de demandas donde hay déficit, aspectos medioambientales, la gestión de riesgos de inundaciones y la gobernanza del agua. En la pasada legislatura aprobamos todos los planes de cuenca, identificamos 10.000 medidas que requerirán una inversión 15 mil millones de euros. Esto nos permite tener conocimiento y poder hablar del Pacto Nacional del Agua.
—¿Cuándo estará cerrado el pacto?
—Trabajamos con el horizonte de 2018.
—¿Cómo va?
—Requiere de muchísimas reuniones. Nos hemos reunido con las comunidades autónomas, hemos empezado a reunirnos con regantes, hidroeléctricas, usuarios... Cuando terminemos nos sentaremos con los partidos. Este pacto será el resumen de los acuerdos en materia de agua. Tiene que ser política de Estado, las decisiones que tomemos tienen que perdurar en el tiempo. Por eso queremos el mayor apoyo posible.
—¿Qué punto es el más conflictivo?
—No vamos a hacer nada en contra de nadie. Para poner a todos de la mejor disposición, tengo un chiste de Jose María Nieto, por si lo tengo que sacar en una reunión [en la imagen, ariiba]. «La sequía era tan intensa que en los embalses se veía lo más profundo de España», dice. Es lo que queremos evitar.
—Es lo que estamos viendo ahora
—Vamos a trabajar para que la gente se sienta lejos de esta imagen. Queremos ser tan ambiciosos como posiciones seamos capaces de consensuar y si no somos capaces de arreglarlo todo, por lo menos que en todas las zonas de España el resultado del plan sea que estén mejor de lo que estaban sin él.
—¿Se mantendrán igual los trasvases?
—A lo mejor, parte de la gobernanza del agua es hacer una regulación más horizontal de los trasvases y poner normas comunes. La regulación del Tajo-Segura es un buen ejemplo. En la legislatura pasada se aprobó una ley que quitó todo tipo de irregularidades. Dio más agua a la cuenca cedente, pasamos de 240 hectómetros cúbicos a 400 como límite a partir del cual no se puede trasvasar. ¿Qué ganaba la cuenca receptora? Que se establecieron unos criterios objetivos y regulados de cómo y cuándo se trasvasa. Por tanto, no es a la decisión arbitraria de nadie, ni siquiera del ministro de turno, sino que hay unas reglas conocidas, transparentes, objetivas, que te habilitan o no para que se produzca el trasvase.
—La última polémica es la cesión de agua entre regantes, permitida por ley. ¿Tiene peticiones para que se cambie?
—No es bueno para nadie jugar a la confusión ni aprovecharse de momentos difíciles para pretendidos réditos. Hace una semana, el Gobierno de Castilla-La Mancha denunciaba que unos pozos en Hellín daban agua para regantes: los pozos ni siquiera estaban operativos. No era cierto, ni que fuera para regantes porque son pozos de abastecimiento. Nos pasamos el día desmintiendo informaciones acerca del agua.
—Entonces no se va a modificar.
—Cuando una confederación hidrográfica otorga agua a una comunidad de regantes no se puede retirar, y si tiene excedente se puede ceder. No se les puede quitar salvo para abastecer a la población, sería una enorme arbitrariedad. Hace meses que no hay trasvases y no habrá hasta que se recuperen los embalses. Hablábamos de solidaridad, pero ni siquiera dejamos a los regantes que lo sean entre ellos.
—En el Plan Aire, ¿cómo va a ser el protocolo para los casos de alto nivel de contaminación? ¿Será obligatorio?
—La competencia en calidad de aire la tienen los ayuntamientos. España no tiene un problema generalizado de calidad de aire, sino localizados. Las circunstancias son tan distintas que tiene que haber respuestas distintas. Desde el Gobierno impulsamos acciones para ayudar a los ayuntamientos, pero no tiene que ver una ciudad con otra.
—¿Entonces no habrá un protocolo común mínimo?
—Las ciudades deben garantizar que no superan un mínimo de emisiones. Otra cosa es que deban adoptar las mismas medidas.
—¿Los problemas de contaminaciones se arreglan prohibiendo el trafico sin dar alternativas, como en Madrid?
—Hay que estudiar las medidas con mucho detalle. Soy más partidaria de incentivar que de prohibir y hay que ver la eficacia de las medidas.
—Continuando en Madrid, ¿se demoniza el uso del vehículo en exceso?
—Todos tenemos que trabajar para la descarbonización de la economía, y a eso tienen que contribuir todos los sectores: agricultura, vivienda y transporte. El transporte es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero y por tanto, tiene que evolucionar. Los coches eléctricos y de energías alternativas ayudan.
—Una de las propuestas del comisario Hogan es simplificar la Política Agraria Común. ¿Cuáles serían las propuestas de España?
—La simplificación de la PAC es necesaria, pero también que haya una PAC que garantice la rentabilidad de las explotaciones. Necesitamos una política, no solo europea, también española, que nos permita seguir avanzando.
—En pesca, pedirá un aumento de cuota de captura de atún rojo en el Atlántico Norte, ¿ve posibilidades?
—El atún rojo es una especie que se ha recuperado tras pasar un mal momento, también gracias al esfuerzo de los pescadores. Creo que hay posibilidades de autorizar más capturas.
—Para implantar la economía circular es necesaria la digitalización. ¿Qué está haciendo el Gobierno para que llegue al mundo rural?
—Hoy [por el viernes] se han aprobado en el Consejo de Ministros ayudas para extender la banda ancha a las zonas de baja densidad de población. El objetivo es que la digitalización llegue a todo el territorio, es fundamental para la economía. Nos acerca más que las infraestructuras. Es una de las mejores cosas que le podemos dejar al medio rural.
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