No es un 155 blando porque no hay 155 blando. Es un artículo
excepcional, justificado o no, pero excepcional y, por eso no puede ser
blando. Es muy duro para la democracia y para el proceso que se inició en 1978.
Con
su aplicación se pone fin casi definitivo a una parte del régimen
constitucional de 1978, en el que hubo acuerdos cruzados y uno de ellos
fue el cerrado entre los nacionalistas y los partidos del Estado.
Al
menos eso, que empezó a romperse con el trámite del Estatut, queda ahora
liquidado y se establecen dos realidades casi paralelas en Cataluña:
la del poder que asumirá Mariano Rajoy en Cataluña y la de los
nacionalistas, independentistas, soberanistas y otros catalanes que
puedan entender que el 155 es algo parecido a una invasión.
Alguien
debería ponerse cuanto antes a pensar en el diseño futuro, dando por
superada esta fase y sin negarse de nuevo a abrir ese debate, que podía
haber sido más fácil de completar hace unos años.
El 155 es una especie de medicina muy dura que provoca efectos
secundarios que podrían ser más graves incluso que los que pretende
evitar. Lo más terrible es que desde Cataluña puede verse como una
agresión lo que en el resto de España se ve como una necesidad para
poner fin a la irresponsabilidad de Puigdemont.
Ese desencuentro es
precisamente el problema, porque nadie sabe si la brecha entre las
razones de cada uno es recuperable. En Cataluña se ve como un golpe de
Estado y una especie de Gobierno de Vichy y en el resto de España parece
claro que el golpe de Estado es lo que hacía la Generalitat.
¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo se imponen estas medidas? ¿Cuánta gente será sancionada o condenada?
Hay dudas, además, de si es posible con el 155 convocar elecciones
desde La Moncloa, pero eso solo lo revisará el Tribunal Constitucional
dentro de mucho tiempo y, previsiblemente, lo validará. No es probable
que ocurra como en 1936 el Tribunal de Garantías anuló la disolución de la Generalitat, tras la proclamación en 1934 del Estat Catalá.
Muchas
más dudas genera qué ocurre si dentro de seis meses esos partidos
nacionalistas e independentistas deciden no presentarse a unas
elecciones que no admiten como legítimas. Y, si se presentaran se avanza
hacia otro terreno desconocido porque podrían aumentar su mayoría esos
partidos y, por tanto, podrían volver a intentar un proceso
independentista.
También puede ser imprevisible para el PSC, visto en
una parte importante como colaboracionista. Y duro para el PSOE, al que
se le quiebra la estategia previa de Pedro Sánchez y la posterior basada
en una comisión de reforma constitucional que ahora no parece viable.
Se lleva por delante el 155 también la legislatura,
porque no es posible acuerdos para Presupuestos, hace difícil que el
PSOE acuerde con otros grupos y, quizás, las elecciones generales
podrían ser el otoño de 2018. Y desde entonces abrir un proceso de
reforma constitucional amplia, aunque seis meses son un mundo. Mientras,
las consecuencias económicas serán muy negativas para todos.
Sólo hay una vía para evitarlo que es que Puigdemont convoque elecciones autonómicas antes del pleno del Senado del viernes.
Que no caiga en la tentación de impulsar antes una declaración de
independencia que, además, le puede llevar a prisión por rebelión. Hasta
aquí nos ha llevado y aún nos puede llevar mucho más lejos.
(*) Periodista
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