El juez instructor del 'caso Limusa' implica a políticos de izquierdas en la presunta corrupción

LORCA.- La empresa municipal de limpieza de Lorca, Limusa, era un «auténtico desajuste en sus cuentas, sistema de dietas, contrataciones, viajes y pagos». Como consecuencia de ello, se produjo un «enriquecimiento ilícito» de algunas personas y la realización de toda una serie de gastos «absolutamente injustificados», de los que disfrutaron cargos públicos a cambio de su silencio.

Lo dice el juez que ha investigado la trama de corrupción en torno a la empresa pública. Ayer se inhibió del caso a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por encontrar «indicios racionales de criminalidad en relación con Bartolomé Soler (PSOE) y José Antonio Pujante (IU-LV)», diputados en la Asamblea Regional, según recoge hoy 'La Verdad'.

El magistrado asegura en el auto que incluso se ha podido producir desde Limusa el «pago de dinero en efectivo a ciertos cargos públicos». Entre ellos, estarían «ciertos miembros del Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Lorca», a fin de garantizarse en todo caso un «no descubrimiento o salida a la luz pública» de todas las irregularidades que desde la empresa se cometían.

EL PRINCIPAL CEREBRO

Creó y organizó el entramado

El máximo responsable de todo, «el principal cerebro y organizador de la trama de corrupción», era Francisco Ignacio Gil Eguino, «pieza clave en la trama». El ex director de Limusa «creó, organizó, sostuvo y se benefició de un auténtico entramado económico y contable», a fin de «vivir económicamente a costa de la citada entidad». Para ello utilizaba al «propio personal de la entidad y las instalaciones de la misma».

Gil Eguino administraba, controlaba, dirigía, gestionaba y organizaba además, junto con otros socios, la entidad privada Cabo Cope Naturaleza, «utilizando para ello no sólo las instalaciones de la entidad Limusa, sino incluso al propio personal, al que trató con absoluto despotismo».

Desde Limusa se llevaba la contabilidad de esas empresas e incluso llegaba el dinero negro procedente de los negocios privados de Gil Eguino y sus socios. En la empresa pública, por parte del personal, el dinero «era contado y distribuido en lotes para poder llevarlo al resto de socios».

SOCIO EN LA TRAMA

Se repartían el dinero de Hacienda

Miguel Miras, ex concejal del Ayuntamiento de Lorca, ex consejero delegado de Limusa (lo fue durante el año 1998) es uno de los socios de Cabo Cope Naturaleza, y de otras sociedades que se crearon a partir de ésta. Todas ellas han «ido defraudando grandes cantidades de dinero a la Hacienda Pública».

Cantidades no declaradas «superiores a los tres millones de euros», con cuotas defraudadas que «superarían el millón de euros». El juez señala que los socios «eran perfectamente conocedores del dinero que, dejado de ingresar a la Hacienda Pública, se estaban repartiendo».

ENTRAMADO DE EMPRESAS

Recibían dinero negro

Había más socios, como Ángel Trinidad Martínez Tudela, trabajador en el ámbito de los seguros; Urbano Alejo Vicente, médico dentista, y Sebastián Fernández Rabal, notario. Compartían participaciones en otras sociedades de las que también eran socios el empresario José Baños Albacete; el empresario y director de una sucursal bancaria de la CAM en Lorca, Manuel Latorre Millán; y el empresario Antonio Baños Albacete. Las ramificaciones incorporan a otros nombres. Desde Limusa «eran frecuentes las entregas de sobres con dinero negro a muchos de ellos».

IBA A VER PARTIDOS DE FÚTBOL

De cenas y comidas

Las facturas intervenidas colocan al ex concejal de Limusa, Jesús Molina, en «comidas, viajes y gastos impropios del cargo que ostentaba en Limusa». Él mismo reconoció su participación en gastos y dispendios no justificados. Es más, manifestó en su declaración haber ido a «Madrid y Barcelona para ver partidos de fútbol».

RECIBÍA SOBRES

Los repartía en Intervención

Una declaración de un trabajador de Limusa sitúa al ex edil de Hacienda Manuel Sevilla como «perceptor de sobres» desde Limusa. Algo que negó en su declaración, asegurando que contenían «exclusivamente documentación». El juzgado estima que «no puede quedar descartada en modo alguno la posibilidad de que percibiese sobres de dinero para su reparto al personal del Servicio de Intervención, puesto que el propio interventor afirmó que lo había visto recibirlos y repartirlos».

RECIBÍA GRATIFICACIONES

Dice que eran un donativo

Francisco Poyato fue interventor del Ayuntamiento desde 1996 hasta 2007. Existe declaración testifical que lo sitúa como una de las personas que «recibían sobres desde Limusa». Era partícipe en viajes, desplazamientos y comidas «no justificadas». Dijo que desde Limusa se entregaban sobres «para pagar gratificaciones» que eran «un regalo o donativo».

El exalcalde Navarro 'se benefició y lucró' con la empresa pública

Existen datos en los autos que avalan que el ex alcalde Miguel Navarro «no sólo conocía el funcionamiento en cuanto al sistema de caja de Limusa, absolutamente ilícito, sino que incluso se benefició y lucró personalmente haciendo uso del mismo». Así se señala en el auto del juez que ha investigado en los últimos meses todo el entramado en torno a la empresa municipal de limpieza Limusa de Lorca.

En el texto también se asegura que dos concejales de su partido, nombrados por él, Bartolomé Soler y Jesús Molina, «pudieron haber dado autorización al director de Limusa, colocado igualmente por él, para utilizar la sede de la entidad para fines particulares: la gestión de empresas privadas».

Además se detalla que Navarro, como Alcalde y Presidente de Limusa, «autorizó diversas modificaciones presupuestarias para poder atender el aumento de gastos que sufría la entidad». Y que el ex alcalde «participó directamente del sistema de caja y pago directo que se hacía desde Limusa».

Así, obran en autos facturas y documentos que lo señalan como la persona que recibió en efectivo dinero que correspondía a diversos gastos, en concreto comidas que «en modo alguno» presentan justificación en el ejercicio del cargo, puesto que muchas de ellas son precisamente emitidas en «sábado y domingo por restaurantes y marisquerías de Águilas, próximos a la vivienda que tiene en Calabardina».

La propia declaración de un testigo, el señor Asensio Díaz, encargado de los aspectos contables de Limusa y «perfecto conocedor de cómo funcionaban los sistemas de pago en efectivo desde la entidad», afirmó -según el juzgado- «que él mismo había entregado sobres de dinero en efectivo al señor Navarro a cambio de facturas».

El propio Francisco Gil Eguino también lo nombró como una de las personas que habían recibido dinero en efectivo de Limusa vía facturas, al igual que otros miembros del Ayuntamiento.

En su declaración ante el juez Miguel Navarro (en la imagen, al llegar a los juzgados) reconoció que le pareció extraño recibir así el dinero y que podía ser que «por error hubiese metido alguna comida familiar como gasto de representación».

Igualmente afirmó que, a su juicio, el señor Jesús Molina «no estaba capacitado» para el cargo de consejero delegado, pese a que él fue quien lo nombró, que no conocía los constantes viajes de concejales y del interventor, ni tampoco que el director de Limusa hacía uso de una tarjeta de crédito con cargo a la empresa municipal.

El nombre de Navarro aparece en otra declaración, la de los señores Baños. En uno de los párrafos se asevera que «alguno de ellos llegó a manifestar que desde hacía muchos años había estado realizando trabajos para el Ayuntamiento de Lorca bien por adjudicárseles los mismos mediante concurso, bien porque se los daban directamente».

Soler recibía 'atenciones' como consejero

El juzgado afirma que existen «indicios racionales de criminalidad» en relación con Bartolomé Soler Sánchez, diputado en la Asamblea Regional y consejero delegado de Limusa desde el 28 de julio de 2003 hasta el 11 de julio de 2007. Este es el principal motivo por el que el juzgado ha solicitado elevar la causa a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

En el texto también se asegura que existen datos que avalan que él mismo ha podido tener participación en «gastos, comidas y viajes» que han sido «cargados a Limusa», cuando en relación a muchos de ellos «no existe justificación de actuación o actividad propia del cargo que los justifique, no sólo por la naturaleza de los mismos, sino también por las propias fechas de realización y la manera de cargarse en las cuentas de Limusa».

Obran documentos, facturas de los lugares y restaurantes, e incluso anotaciones personales del propio Francisco Gil haciéndose constar la expresión «atenciones Consejero», que dan veracidad «no sólo a la realidad del gasto en sí, sino a la concurrencia en el mismo del citado imputado».

Bartolomé Soler afirmó a La Verdad que «ahora mismo, tranquilidad: la que cabe tras salir anteayer del hospital», y añadió que «estoy a disposición de la Justicia. Tengo la conciencia tranquila. No voy a hacer más declaraciones».