Un juez imputa a un terrateniente de Cartagena por la 'distracción' de caudales públicos

MURCIA.- Ni el mismísimo fiscal madrileño de Medio Ambiente lo consiguió: que un juez imputara a algún propietario desaprensivo por robar agua. Tras los intentos infructuosos de Valerio, ahora un juez de Murcia imputa un gran terrateniente agrícola y promotor inmobiliario del Campo de Cartagena, Mariano Roca Meroño, por participar en la “distracción” de caudales públicos para convertir secano en regadío, según un auto al que El Confidencial ha tenido acceso.

El juez de Instrucción del número seis de Murcia ha imputado a uno de los mayores terratenientes del Campo de Cartagena, Mariano Roca Meroño, por “un delito de distracción del curso de las aguas”, tipificado en el artículo 247 del Código Penal. Para Ecologistas en Acción (EeA) se trata de un delito de robo de agua y delito ambiental tipificados en los artículos 325 y 326 de la misma Ley Orgánica.

El juez Andrés Carrillo ha ampliado la imputación inicial a Ángel Conesa Saura, administrador de Agropecuaria Coro S.A., y a Mariano Roca Meroño (en la imagen), como coadministrador mancomunado de esa sociedad, según la escritura de compraventa de la finca Salafranca por la que pasó a ser propiedad de Conesa y Roca, en marzo de 2004.

Este caso es el primero en el que un juez llega a imputar a alguien por, según EeA, un delito de robo de agua. Anteriormente, fracasaron otros casos similares auspiciados desde Madrid por el fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio contra dueños de otras explotaciones agrarias en el Campo de Cartagena.

La fiscal C. Martínez Sánchez pidió en octubre de 2007 que la imputación se ampliara a Roca Meroño, cosa a la que ha accedido el juez el 30 de marzo pasado. Roca Meroño es uno de los principales terratenientes del Campo de Cartagena, con negocios que van desde las explotaciones agrícolas hasta solares y construcciones de muy diverso tipo.

La “distracción”, según el juez, o el “robo”, según EeA, de agua se produjo en esa finca porque Agropecuaria Coro S.A. regaba 160 hectáreas con 90.000 metros cúbicos anuales, caudal suficiente sólo, según el auto de noviembre de 2007, para las 18 hectáreas de secano que tenía autorizada la finca Salafranca.

Explotación irregular de pozos de agua

La finca está situada en la pedanía murciana de La Murta, fuera de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura. La “distracción” o “robo” de caudales se produce mediante la explotación irregular de dos pozos de agua -denunciada y sancionada por la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)- que extraían su caudal de aguas subterráneas pertenecientes al Dominio Público Hidráulico, según la Ley de Aguas de 1985.

Si el juez mantiene su imputación por el artículo 247 las penas previstas son de tres a seis meses de cárcel. Si, por el contrario, acepta la vía de los artículos 325 y 326, las penas previstas son mucho más elevadas: de seis meses a cuatro años de cárcel.