Se reactiva la 'Operación Biblioteca' sobre corrupción en Librilla

MURCIA.- Un nuevo auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, que coordina la investigación sobre el caso Biblioteca, de supuesta corrupción en Librilla, ha vuelto a reactivar el procedimiento, según 'La Verdad'.

Sostiene el magistrado que si la supuesta trama montada por el alcalde José Martínez García, el teniente de alcalde Pedro Martínez, el alto funcionario José Andrés Cortés Otálora, el funcionario en excedencia de la Comunidad Autónoma José Luis Cano Valverde, el empresario Domingo Peñalver Rojo y el abogado Cesáreo Gil de Pareja Otón, acabó saliendo a la luz y siendo desmantelada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fue debido «a la propia codicia» de los sospechosos.

Según las consideraciones a las que llega el juez como consecuencia de su investigación, fue esa «codicia de los distintos implicados en esta presunta asociación de personas para delinquir la que ha destapado en parte lo sucedido y la que ha llevado a enfrentamientos entre ellos, con el fin de conseguir mayor participación en los beneficios económicos».

Carrillo hace en su escrito un exhaustivo repaso por los documentos que fueron intervenidos durante los registros de los domicilios particulares de los imputados, así como de dependencias municipales, y a raíz de ello llega a la conclusión de que los indicios de cobro de comisiones ilegales por parte del alcalde y del teniente de alcalde se han reforzado.

En concreto, el juez habla de un escrito en el que el empresario de ACADI Domingo Peñalver reclamaba al Ayuntamiento el pago de dinero que le adeudaba por sus servicios, así como de otros escritos de respuesta desde el Consistorio, en el que se contestaba que cobraría cuando los vecinos de la localidad interesados en la recalificación de sus terrenos hubieran ingresado lo que les correspondía en las arcas municipales.

La interpretación que el magistrado hace de esos escritos es que vienen a consolidar la denuncia de Peñalver, en el sentido de que el alcalde y otros supuestos implicados en la trama le retenían el dinero que debían pagarle, con el presunto fin de forzarle a pagarles más comisiones ilegales.

Carrillo también se refiere en su auto, de forma expresa, al papel que habría jugado el abogado especializado en urbanismo Cesáreo Gil de Pareja, a quien considera un supuesto miembro más de la trama. Y le reprocha que tuviera «la llamativa iniciativa de poner la parte que más le convino de toda esta presunta trama en conocimiento del partido de la oposición municipal, en lugar de hacerlo saber a los tribunales de justicia penal».

Por último, el juez cita a nuevos imputados para tomarles declaración, entre ellos el arquitecto municipal José Luis M.L., por su intervención en la adjudicación de contratos públicos que casi siempre acababan en manos de la firma ACADI S.L.

Igualmente se cita como imputados a los representantes de las sociedades Topomur S.L., Francisco Julián M.M., y de Asotec Ingenieros S.L., Francisco Javier C.M., por estar supuestamente en connivencia con la trama y presentar ofertas ficticias a los concursos públicos, con el presunto fin de permitir que los contratos se los llevase ACADI y dar apariencia de legalidad al proceso.

Una parte de las diligencias sigue bajo secreto de sumario.

Contrataciones con sobres abiertos

Uno de los locales que fue registrado por los agentes de la UCO de la Guardia Civil fue el de la empresa pública Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), al frente de la cual se encontraba José Andrés Cortés Otálora. Con ese motivo fue intervenida abundante documentación sobre los contratos asignados a la firma ACADI, encabezada por el también imputado Domingo Cortés.

El juez considera «muy llamativo el muy corto espacio de tiempo en que se resuelven esas contrataciones públicas». Así, señala que el mismo día en que se abrían las ofertas se pasaba la documentación al técnico municipal para su informe, algo que hacía el mismo día -incluso con errores-y al día siguiente volvía a reunirse el consejo de administración de IDL y se asignaban todos los contratos a ACADI.

Se da la circunstancia además de que siempre concurrían también las firmas Asotec Ingenieros, dirigida por el ahora imputado Francisco Javier C.M., y la empresa Visur, en la que aparece el empresario también investigado Santiago Martínez Esparza. Casi siempre, la oferta de Asotec Ingenieros coincidía exactamente con el precio de salida de los pliegos de condiciones. El presunto objetivo era darle apariencia de legalidad a unos concursos en los que, incluso, se llegaban a presentar ofertas en sobres sin cerrar.