El futuro del urbanismo histórico en Cartagena / Juan Miguel Margalef

La revisión del Plan General que acabó su exposición pública en enero pasado es, en materia de urbanismo histórico, un compendio de todos los errores que se han cometido en Cartagena desde 1995. Refleja además la escasa capacidad autocrítica y la nula voluntad de enmienda que tienen los responsables municipales del parón urbanístico inequívoco que aqueja al conjunto histórico de la ciudad.

La degradación del casco histórico de Cartagena es reconocida por los propios redactores del plan que, a pesar de ello, no proponen medidas correctoras e insisten en la misma 'estrategia' urbanística que se ha venido siguiendo hasta ahora.

Los datos están en el propio plan, en la página 182 de la memoria informativa: la población del conjunto histórico ha descendido de 14.598 a 11.590 habitantes entre 1996 y 2001. La ocupación residencial oscila entre el 25% de la calle Carmen y el 13% del Monte Sacro.

El 42% de las parcelas edificables son solares; reconociendo los redactores del plan que "la densidad de viviendas es baja en comparación con otras ciudades españolas".

El número de viviendas abandonadas oscila entre el 30% y el 35% del parque existente. La actividad comercial está en franca regresión. Los servicios hoteleros son escasos.

Para hacer frente a datos tan abrumadores los redactores del plan se proponen seguir con las expropiaciones y demoliciones que apuntan ahora al Barrio de Santa Lucía, que forma parte del entorno del Conjunto Histórico, y al Arsenal, cuyo muro se desprotege para facilitar la invasión.

En la revisión del Plan General no hay una sola medida económica especial para el fomento del Conjunto Histórico, cuya situación se ha agravado terriblemente con las actuaciones en el Monte Sacro. La única medida protectora del patrimonio histórico se reduce al Plan Especial de Reforma del Conjunto Histórico vigente, cuyos efectos y escaso grado de cumplimiento podemos apreciar en el edificio Cónsul, que se eleva sobre un edificio protegido con grado 3.

La revisión del Plan General obvia toda referencia legislativa y operativa a los dos conjuntos históricos más importantes que existen en nuestro término municipal. Conjuntos que, en pura lógica, deberían ser la piedra angular del planeamiento de una ciudad que dice apostar por rentabilizar su inmensa riqueza patrimonial.

Nos referimos concretamente al real decreto 3046/80 que declaró el conjunto histórico de Cartagena, que se hace desaparecer del Plan; y a la declaración del conjunto histórico de la Sierra Minera, que no se incluye en la revisión, a pesar de haber sido recientemente promulgada por la Administración regional.

Ambas referencias son insoslayables en pura lógica, pero sobre todo la primera, porque es un real decreto que no puede ser alterado sino por la misma autoridad que lo elaboró.

La omisión de referencias al real decreto 3046/80 es claramente interesada; porque abre el camino de forma presuntamente ilegal a la modificación de los limites del entorno del Conjunto Histórico en la fachada Este de Cartagena y favorece descaradamente una operación especulativa en Santa Lucia, tan desaforada e irresponsable como ha sido la del barrio universitario y la del Monte Sacro.

Si es que trasciende a las expropiaciones, al asolamiento del barrio y a la concentración de la propiedad del suelo, como ha sucedido ya en el Monte Sacro, la característica más significativa de la operación de Santa Lucía será levantar un frente edificatorio de ocho plantas en primera fila, junto a la carretera, desde los Techos Bajos a la Grúa Sansón; de espaldas al resto del barrio, que quedará convertido así en un guetto entre el Castillo de los Moros y esta prolongación de la Muralla del Mar.

Un barrio como el de Santa Lucía que con imaginación podría ser una especie de 'Albaicín-marinero cartagenero' sacrificará su visión del mar en provecho de unos pocos propietarios, que aprovecharán gracias al Plan General el beneficio fácil de la primera línea del barrio frente al mar. ¿Qué alturas edificatorias se autorizarán detrás de esa muralla: rascacielos de treinta pisos o quizás un segundo edificio Cónsul sobre el Castillo de los Moros?

Lo peor de todo no es sólo el desprecio que manifiesta la revisión del plan hacia el entorno histórico próximo, que en el caso de Santa Lucía incluye elementos tan importantes como el Hospital de Marina, la Muralla de Carlos III o el Castillo de los Moros, en los que se ha invertido enormes sumas de dinero; sino también la repetición de un modelo de gestión urbanística des-reguladora y privatizadora de corte thatcherista, que ataca las leyes protectoras del patrimonio -con las que al parecer no saben administrar nuestros munícipes-; que fomenta una gestión del suelo que necesita expulsar a los habitantes de la ciudad, expropiándolos a precios ridículos; que concentra la propiedad del suelo y que favorece la conversión del patrimonio urbano en solares de alto valor especulativo a la espera de futuras operaciones 'ad calendas grecas'.

¿Son las leyes las culpables de la falta de imaginación de los gestores? ¿Son los reguladores del mercado los que impiden crear riqueza? ¿Recuerdan ustedes las consecuencias que han tenido políticas semejantes en la economía mundial?

Idéntica operación a la de Santa Lucía está prevista en la fachada Oeste donde se alza el único Arsenal ilustrado del Mediterráneo y en el frente marítimo donde una de las mejores dársenas naturales e históricas del mare nostrum parece condenada a desaparecer colmatada de pantalanes, talleres de Navantia, puertos deportivos y auditorios que -en teoría- no tapan la visión del mar.

Paradójico planeamiento urbanístico es este que se nos propone para una ciudad que podría fundamentar su porvenir en su riqueza patrimonial.

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