La Fiscalía rebaja su petición de cinco años de prisión para Trinitario Casanova

MURCIA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia y la Abogacía del Estado han rebajado a cinco años su petición de pena de prisión para el empresario Trinitario Casanova por los dos delitos cometidos contra la Hacienda Pública al apreciar la atenuante de reparación del daño causado, ya que el promotor inmobiliario ha consignado en el Juzgado el importe de 1,2 millones de euros supuestamente defraudados correspondientes al IVA y el impuesto de sociedades.

En un principio, pedían tres años de prisión por cada uno de los delitos.

No obstante, mantiene la multa de 7,2 millones de euros por dos delitos contra la Hacienda Pública y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 12 años.

Según el escrito del fiscal, el imputado logró hacerse con un total de 91 facturas por trabajos que no se había realizado y por las que logró evitar el pago de 596.372 euros en concepto de IVA y 605.970 euros por el Impuesto de Sociedades; los dos delitos contra la Hacienda Pública que se les imputa al empresario, y que la Abogacía del Estado sostiene que son "graves" debido a su cuantía.

El juicio, que se celebró hoy en el Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, ha quedado visto para sentencia. Poco antes de comenzar, el empresario declaró, a preguntas de los medios, que estaba "bien y tranquilo", al tiempo que insistió en su inocencia "sin duda alguna".

Las conclusiones provisionales del fiscal señalan que este promotor inmobiliario, que en 2003 era administrador único de la empresa 'Grupo Inversor Hispania' y a quien el fiscal acusó de no declarar esos 1,2 millones, "trató de crear la apariencia de que, durante ese año, su empresa había soportado importantes gastos" para eludir el pago de impuestos.

Estos pagos se habrían producido, según el consta en el escrito, por las obras de movimiento de tierras y desmonte de terrenos en una urbanización conocida como Sierra de Altea II, situada en el municipio de Altea.

No obstante, el fiscal sostiene que "estas obras no se habían realizado ni, por tanto, habían supuesto gasto alguno para Trinitario Casanova" por lo que, "con el fin de aparentar esos gastos inexistentes, se puso en contacto con otras personas para que emitieran facturas a Grupo Inversor Hispania" en la que se reflejara esas obras y su correspondiente IVA.

Durante el juicio, Casanova aseguró que las facturas fueron contabilizadas y que "todas" se declararon. A pesar de que la acusación sostiene que las facturas --que ascienden a un montante total de 3,7 millones de euros-- son falsas, el empresario dejó claro que el importe de las mismas responden a "trabajos necesarios para el desmonte de la parcelas y reposición" en la urbanización Sierra de Altea II.

De esta urbanización, explicó que no se podía construir en las mismas, ya que los desniveles eran "importantes", por lo que durante 2003, se realizó "el acondicionamiento de una parte de las parcelas con mayor desnivel".

Entre las obras que se acometieron, hizo referencia al desmonte de los terrenos, los accesos de calles (prolongación de viales e introducción de tuberías), y la reposición de alguna farola que se había caído.

Casanova también justificó el hecho de que no se hicieran proyectos, visados ni planes de salud y seguridad laboral, porque eran "trabajos de desmonte y reposición y no se estaba haciendo el levantamiento de una obra mayor; no era levantar nada de cero" ni preciso, aunque reconoció que "poco a poco" el importe fue subiendo, que no se había solicitado licencia de obras al Ayuntamiento de Altea, ya que no se creyó "necesario", además de que el Grupo Inversor Hispania se había quedado con algunas parcelas con menor desnivel.

"Mi misión es que las cosas se hagan bien y pagar a la gente que me trabaja", aseveró Casanova, quien comentó que se encarga de firmar los pagarés, pero no comprueba si se cobran de una u otra forma.

Y es que, según la testigo Paloma Sánchez-Vicaíno, inspectora de Hacienda, y la Fiscalía, los talones de pago se cobraron en ventanilla, por lo que surge la duda, según la Fiscalía, de que "pudieran haber vuelto a las arcas de la persona que realiza el pago" perdiéndose el rastro de los mismos.

El por qué se contrató a diversas mercantiles para que hicieran este trabajo, Casanova resaltó la necesidad de que en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2004 en el sector de la construcción "se necesitaba mucha gente y estaba muy demandado, y no había uno o dos empresarios que pudieran hacer el trabajo".

Otra de las dudas que plantea la Fiscalía y el abogado estatal deriva en el hecho de que cuando los inspectores de Hacienda se personaron en dicha urbanización, en marzo de 2005, observaron que en las parcelas no se había hecho ningún trabajo de desmonte; algo a lo que Casanova respondió que tiene sus dudas de que realmente fuera así, "ya que estaban todos los trabajos hechos con total seguridad" en esa fecha.

En la vista oral también prestó declaración como testigo Johannes Adrianus, representante de la empresa que vendió los terrenos a Casanova, quien manifestó que se hicieron los trabajos de urbanización.

El segundo en entrar a declarar como testigo fue Vicente Francisco Miró, propietario de otra de las mercantiles, que señaló que antes de comprar la parcela, se habían realizado en la misma los trabajos de desmonte y adecuación; algo que calificó de "evidente".

Mientras que el testigo José Alvado reconoció que se habían realizado en el terreno movimientos de tierra, aunque dijo desconocer quién era el propietario en esos momentos de las parcelas en donde se había estado trabajando.

Igualmente, intervino en esta vista como perito la inspectora Sánchez-Vizcaíno, que investigó este presunto fraude. Su sospecha, según relató, se levantó cuando se comprobó que muchos de los proveedores "no tenían empleados y no podían hacer esos trabajos de desmonte, mientras que otros decían que aportaban material como mármol y allí no había y otros, servicio de jardinería donde sólo estaba el monte", además de que una de las empresas que había participado supuestamente en las obras reconoció que las facturas que extendió eran falsas.

Por ello, decidió ir a visitar en 2005, personalmente, esos terrenos, ya que "tenía duda de la emisión de las facturas", que a su juicio son "falsas", y se comprobó, físicamente y teniendo en su poder el plano de la urbanización, que "en cada trozo de parcela no se había hecho absolutamente nada".

A tenor de los hechos, la Fiscalía argumentó que en dichos terrenos no se efectuaron obras de desmonte, siguiendo las parcelas con los mismos problemas de desnivel, y resaltó el hecho de que no se contara con estudios ni proyectos, y que en las facturas no se detallaran los servicios realizados.

El abogado del Estado expresó que determinados emisores de las facturas no podían realmente realizar las obras, porque no tenían estructura empresarial suficiente ni trabajadores declarados. Coincidió con la Fiscalía en la "peligrosidad" de los trabajos debido al pronunciamiento de las pendientes, y en la falsas de las facturas que han tratado de justificar esos gastos.

El responsable civil de Grupo Inversor Hispania, Gaspar de la Peña, admitió que la empresa infringió la ley, que exige licencia para realizar las obras, aunque sostuvo que ello no representa la existencia de un delito penal, como sostiene la acusación. La defensa del promotor inmobiliario indicó que ha quedado acreditado que sí se hicieron los trabajos de desmonte en 2003.

Para finalizar, Casanova añadió que en los últimos cinco años, su empresa ha pagado más de 32 millones de euros en impuestos de sociedades a la Hacienda Pública.