Poder judicial y poder político / Joaquín Ángel de Domingo*

Una encuesta publicada en un medio de comunicación nacional refería el vocal del Consejo General del Poder Judicial, en un artículo del pasado año, señor Martínez Lázaro, que el 77% de los ciudadanos no cree en la independencia de los jueces con respecto a los poderes públicos.Y en concreto, según la información, responsabilizaban por igual a los dos grandes partidos de la ausencia de esta independencia.

Por eso, y porque estamos viviendo en nuestra Región en los últimos meses cuestiones de presuntos delitos cometidos por políticos en activo, es por lo que no me resisto a romper una lanza a favor de esa independencia. Y no me mueve, bien lo sabe Dios, ningún corporativismo, pues también opinaría lo contrario, o al menos me callaría, si pensara que los jueces no somos independientes.

La cuestión es muy sencilla. A juez se llega no con pocos esfuerzos y por vocación. Toda la sociedad sabe que comparados con lo que ganan otros profesionales del Derecho, con bastante menos responsabilidad, pues no deciden sobre la libertad de las personas ni sobre su vida o su patrimonio, si no es por vocación estaríamos amargados. Y todo lo contrario, al juez le gusta serlo y además ser independiente. Si además estamos obligados a estar sometidos exclusivamente, por aplicación del artículo 117 de la Constitución española, al imperio de la ley, sería bastante razón para creer en la independencia de los jueces y especialmente en relación con el poder político.

Soy consciente de que la forma de elegir ciertos órganos judiciales, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Tribunal de Cuentas e incluso el Tribunal Supremo o el mismísimo Tribunal Constitucional no es la más adecuada para preconizar tal independencia.Y qué decir tiene si se trata del órgano de gobierno de los jueces, algunos de cuyos vocales son elegidos a propuesta de determinados partidos políticos.

Sin embargo, sigo defendiendo que en materia jurisdiccional, es decir a la hora de juzgar, por entendernos mejor, los jueces no siguen el dictado de un colectivo, sea el que fuere, y menos político.La equivocación en la decisión de un juez es corregida esencialmente a través de la vía de los recursos. Generalmente tres instancias, por órganos superiores, hace mucho más difícil, por no decir imposible, que esa equivocación se perpetúe o se haga definitiva.

Pero la resolución injusta intencionadamente no se da, pues se estaría cometiendo un delito, el de prevaricación. Y mucho menos el aceptar dádivas, promesas o recompensas a cambio de emitir una determinada resolución judicial, pues el delito ya sería de cohecho.Y lo que reza para los jueces, aunque les sea más difícil de aceptar, lo es también para el ministerio fiscal, que si bien se rige por el principio de dependencia jerárquica, no dejan por ello de perseguir el delito, independientemente de quien lo cometa. Su defensa de la legalidad les impide igualmente actuar en contra de la ley.

Las opiniones o frases emitidas por algún ex político acerca de un fiscal, aunque sean de mal gusto, solo evidencian su forma de ser, pues no se puede olvidar que son manifestaciones vertidas en una conversación privada.

Dejemos, pues, a la Justicia actuar, confiemos en la independencia de sus representantes y el Estado de Derecho seguro se verá fortalecido.

* Magistrado