MADRID.- Un total de 354 cargos públicos, entre ellos varios alcaldes, están implicados en 89 casos de corrupción urbanística, según el informe Destrucción a toda costa, que presentó ayer Greenpeace. El estudio señala además que en la costa española ya está previsto construir más de tres millones de nuevas viviendas y 316 campos de golf. Los ecologistas denuncian que el urbanismo ocupa cada día en el litoral español una superficie equivalente a tres campos de fútbol.
Marbella como paradigma de los escándalos judiciales, el hotel de 21 plantas que se construye en la playa del Agarrobico (Almería) como el de los "atropellos" urbanísticos, y Marina de Cope, el mayor complejo urbanístico de España, en Murcia, como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para construir... Son algunos de los ejemplos que se destacan en el informe anual de la asociación ecologista.
La superficie equivalente a tres campos de fútbol es absorbida cada día, de media, por proyectos urbanísticos. En concreto, los ayuntamientos costeros tienen previstas 2.999.743 viviendas nuevas. Además, se han detectado 99.519 viviendas ilegales y 89 casos de corrupción urbanística investigados, en los que están implicados 354 cargos públicos, entre alcaldes, concejales, constructores, testaferros, etc.
La comunidad que peor parada sale de entre el maremágnum de cifras del estudio es Andalucía. A pesar de constituir tan sólo el 10% del territorio, el litoral andaluz concentra una tercera parte de la población de la comunidad autónoma. El informe indica que en ese espacio están proyectadas 683.350 viviendas. Además, los ecologistas han detectado 41.800 inmuebles ilegales y 200 proyectos de campos de golf. El dato más alarmante es que Andalucía ocupa el primer puesto también en casos de corrupción urbanística. 28 ayuntamientos, con Marbella a la cabeza, se enfrentan a investigaciones y procesos judiciales en los que están implicadas 180 personas por diversos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.
Las Islas Canarias tienen el dudoso honor de situarse en segundo lugar de comunidades destructivas con la costa. El archipiélago tiene la previsión de construcción de plazas turísticas y puertos deportivos más elevada de toda España. El informe hace hincapié en los casos investigados por la justicia, como la Operación Góndola, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán (15.000 habitantes), gobernado por el PP o los supuestos pagos de Fórum Filatélico al alcalde y al presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz.
El urbanismo valenciano está siendo vigilado de cerca por el Parlamento Europeo desde hace años. Eso no ha impedido que los planes urbanísticos prevean la construcción de casi 500.000 viviendas, lo que demuestra, en opinión de los ecologistas, el "inmovilismo" de las Administraciones de cara a frenar la destrucción de la costa. Greenpeace denuncia que de 542 municipios de la comunidad, entre un 15% y un 20%, concentrados principalmente en la zona costera, han experimentado graves problemas derivados de la urbanización masiva. Entre los años 2000 y 2006, apunta el informe, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.
Murcia destruye su costa
El cuarto puesto de región más destructiva con su costa es para Murcia, que proyecta la construcción de 330.000 viviendas en una franja litoral que no llega a los 300 kilómetros longitud. O lo que es lo mismo: 1.137 viviendas por kilómetro de costa. A Murcia le sigue Galicia, donde la superficie urbanizada de sus costas alcanza el 16%, dos puntos por encima de la media nacional. Entre los ayuntamientos gallegos, que prevén la construcción de 800.000 viviendas en los próximos años, se han detectado 16 casos de corrupción.
La destrucción de la costa catalana y balear avanza y su situación es peor que hace un año. La causa principal es el incremento de viviendas, campos de golf y puertos deportivos proyectados. En concreto están previstas 100.000 viviendas nuevas. Este crecimiento trunca la "visión optimista" que tenía la organización en los años anteriores, debido a las promesas del Gobierno tripartito.
Tampoco salen bien parados Cantabria y el País Vasco. En el primer caso, se siguen acumulando sentencias de derribo de viviendas ilegales. En el litoral de Euskadi se han detectado 17 puntos negros, donde se prevén construir 1.720.000 viviendas que, según los ecologistas, "se alejan mucho de las realidades de la población".
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Marbella como paradigma de los escándalos judiciales, el hotel de 21 plantas que se construye en la playa del Agarrobico (Almería) como el de los "atropellos" urbanísticos, y Marina de Cope, el mayor complejo urbanístico de España, en Murcia, como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para construir... Son algunos de los ejemplos que se destacan en el informe anual de la asociación ecologista.
La superficie equivalente a tres campos de fútbol es absorbida cada día, de media, por proyectos urbanísticos. En concreto, los ayuntamientos costeros tienen previstas 2.999.743 viviendas nuevas. Además, se han detectado 99.519 viviendas ilegales y 89 casos de corrupción urbanística investigados, en los que están implicados 354 cargos públicos, entre alcaldes, concejales, constructores, testaferros, etc.
La comunidad que peor parada sale de entre el maremágnum de cifras del estudio es Andalucía. A pesar de constituir tan sólo el 10% del territorio, el litoral andaluz concentra una tercera parte de la población de la comunidad autónoma. El informe indica que en ese espacio están proyectadas 683.350 viviendas. Además, los ecologistas han detectado 41.800 inmuebles ilegales y 200 proyectos de campos de golf. El dato más alarmante es que Andalucía ocupa el primer puesto también en casos de corrupción urbanística. 28 ayuntamientos, con Marbella a la cabeza, se enfrentan a investigaciones y procesos judiciales en los que están implicadas 180 personas por diversos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.
Las Islas Canarias tienen el dudoso honor de situarse en segundo lugar de comunidades destructivas con la costa. El archipiélago tiene la previsión de construcción de plazas turísticas y puertos deportivos más elevada de toda España. El informe hace hincapié en los casos investigados por la justicia, como la Operación Góndola, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán (15.000 habitantes), gobernado por el PP o los supuestos pagos de Fórum Filatélico al alcalde y al presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz.
El urbanismo valenciano está siendo vigilado de cerca por el Parlamento Europeo desde hace años. Eso no ha impedido que los planes urbanísticos prevean la construcción de casi 500.000 viviendas, lo que demuestra, en opinión de los ecologistas, el "inmovilismo" de las Administraciones de cara a frenar la destrucción de la costa. Greenpeace denuncia que de 542 municipios de la comunidad, entre un 15% y un 20%, concentrados principalmente en la zona costera, han experimentado graves problemas derivados de la urbanización masiva. Entre los años 2000 y 2006, apunta el informe, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.
Murcia destruye su costa
El cuarto puesto de región más destructiva con su costa es para Murcia, que proyecta la construcción de 330.000 viviendas en una franja litoral que no llega a los 300 kilómetros longitud. O lo que es lo mismo: 1.137 viviendas por kilómetro de costa. A Murcia le sigue Galicia, donde la superficie urbanizada de sus costas alcanza el 16%, dos puntos por encima de la media nacional. Entre los ayuntamientos gallegos, que prevén la construcción de 800.000 viviendas en los próximos años, se han detectado 16 casos de corrupción.
La destrucción de la costa catalana y balear avanza y su situación es peor que hace un año. La causa principal es el incremento de viviendas, campos de golf y puertos deportivos proyectados. En concreto están previstas 100.000 viviendas nuevas. Este crecimiento trunca la "visión optimista" que tenía la organización en los años anteriores, debido a las promesas del Gobierno tripartito.
Tampoco salen bien parados Cantabria y el País Vasco. En el primer caso, se siguen acumulando sentencias de derribo de viviendas ilegales. En el litoral de Euskadi se han detectado 17 puntos negros, donde se prevén construir 1.720.000 viviendas que, según los ecologistas, "se alejan mucho de las realidades de la población".
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