MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha respaldado la querella presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región contra siete personas, cuatro de ellas altos cargos de la administración autonómica, por la supuesta actuación ilegal en la recalificación de terrenos de la finca "La Zerrichera", en Águilas.
Este pronunciamiento de la Sección Primera se contiene en el Auto por el que se desestiman los recursos de apelación presentados por los siete afectados contra la admisión a trámite de la querella por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia.
La Audiencia da así vía libre a las diligencias previas abiertas en este Juzgado hace ahora dos meses y que se dirigen contra la ex directora general del Medio Natural Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general y el subdirector general de la Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas, respectivamente, y contra el alcalde de Águilas, Juan Ramírez.
En las diligencias también aparecen como querellados el ex concejal de Águilas José López y el jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma, Juan Ignacio Sánchez.
Al referirse a los defectos formales de la querella alegados por varios de los recurrentes y en especial a que la misma habría sido presentada por el fiscal fuera de plazo, la Audiencia señala que entró dentro del plazo de un año fijado por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Pero, añade, "en todo caso, como en la querella se relatan hechos relativos a delitos perseguibles de oficio, si la misma tuviera defectos de forma el Juzgado debería abrir la correspondiente causa penal para investigarlos".
En cuanto a lo alegado por los firmantes de los recursos de apelación de falta de motivación del escrito de querella, comenta la Sala que sólo si los hechos no están previstos en el Código Penal "procedería su inadmisión, sin que en esta fase inicial sea posible examinar si hay o no prueba de su existencia o atribución".
La Audiencia también rebate lo alegado por varios de los querellados, que discuten la ilegalidad de determinadas actuaciones que se le atribuyen por la Fiscalía.
Así, comenta que "no es este el momento de entrar a examinar tales cuestiones, pues lo único que debe tenerse en cuenta es que la querella, en su conjunto, lo que viene a relatar es una actuación concertada de diversas personas, todas ellas con cargos de relevancia en las administraciones local y autonómica, para conseguir el cambio de calificación urbanística de determinados terrenos".
Para la Audiencia, es concluyente que "la mera lectura de la querella evidencia que el Ministerio Fiscal atribuye a los distintos partícipes hechos que son susceptibles de encajar en tipos penales, no pudiendo, en principio, descartarse que el cambio de calificación urbanística responda a una actuación concertada".
"No debe olvidarse -añaden los magistrados- que la acreditación de esos hechos ha de realizarse posteriormente, tras la oportuna investigación y, en su caso, tras la celebración del juicio".
La recalificación proyectada de terrenos de La Zerrichera, finca ubicada en Águilas, habría permitido la construcción de una urbanización, con campo de golf y otros servicios.- (EFE)
Este pronunciamiento de la Sección Primera se contiene en el Auto por el que se desestiman los recursos de apelación presentados por los siete afectados contra la admisión a trámite de la querella por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia.
La Audiencia da así vía libre a las diligencias previas abiertas en este Juzgado hace ahora dos meses y que se dirigen contra la ex directora general del Medio Natural Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general y el subdirector general de la Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas, respectivamente, y contra el alcalde de Águilas, Juan Ramírez.
En las diligencias también aparecen como querellados el ex concejal de Águilas José López y el jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma, Juan Ignacio Sánchez.
Al referirse a los defectos formales de la querella alegados por varios de los recurrentes y en especial a que la misma habría sido presentada por el fiscal fuera de plazo, la Audiencia señala que entró dentro del plazo de un año fijado por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Pero, añade, "en todo caso, como en la querella se relatan hechos relativos a delitos perseguibles de oficio, si la misma tuviera defectos de forma el Juzgado debería abrir la correspondiente causa penal para investigarlos".
En cuanto a lo alegado por los firmantes de los recursos de apelación de falta de motivación del escrito de querella, comenta la Sala que sólo si los hechos no están previstos en el Código Penal "procedería su inadmisión, sin que en esta fase inicial sea posible examinar si hay o no prueba de su existencia o atribución".
La Audiencia también rebate lo alegado por varios de los querellados, que discuten la ilegalidad de determinadas actuaciones que se le atribuyen por la Fiscalía.
Así, comenta que "no es este el momento de entrar a examinar tales cuestiones, pues lo único que debe tenerse en cuenta es que la querella, en su conjunto, lo que viene a relatar es una actuación concertada de diversas personas, todas ellas con cargos de relevancia en las administraciones local y autonómica, para conseguir el cambio de calificación urbanística de determinados terrenos".
Para la Audiencia, es concluyente que "la mera lectura de la querella evidencia que el Ministerio Fiscal atribuye a los distintos partícipes hechos que son susceptibles de encajar en tipos penales, no pudiendo, en principio, descartarse que el cambio de calificación urbanística responda a una actuación concertada".
"No debe olvidarse -añaden los magistrados- que la acreditación de esos hechos ha de realizarse posteriormente, tras la oportuna investigación y, en su caso, tras la celebración del juicio".
La recalificación proyectada de terrenos de La Zerrichera, finca ubicada en Águilas, habría permitido la construcción de una urbanización, con campo de golf y otros servicios.- (EFE)
4 comentarios:
La investigación judicial sobre el caso Zerrichera seguirá adelante. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado el recurso planteado por cinco altos cargos de la Administración Regional, el alcalde en funciones de Águilas y un ex concejal, que habían reclamado el archivo de la querella presentada por la Fiscalía del TSJ contra todos ellos. La citada querella, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, imputa la comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho a Encarnación Muñoz, que fue directora general de Medio Natural; Antonio Alvarado Pérez, director general de Calidad Ambiental; Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo; José María Ródenas Cañada, subdirector general de Vivienda; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, jefe de servicio de Calidad Ambiental; Juan Ramírez Soto, alcalde de Águilas; y José López Díaz, ex concejal del PP.
En el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia, integrada por los magistrados Andrés Pacheco, Francisco Carrillo y Álvaro Castaño, se rechazan todos los argumentos de los querellados, que habían alegado que la querella del fiscal jefe se había presentado fuera de plazo, que no se individualizaban los cargos para cada uno de los imputados y que los hechos relatados no están tipificados como delito, entre otras cuestiones.
Argumentos rechazados
Por lo que se refiere a la denuncia de que la querella estaba fuera de plazo, la Audiencia niega que sea así, ya que se presentó al día siguiente del día tope y ello, sostiene, es legalmente válido. Además señala que, aún en el caso de que realmente se hubiese presentado fuera de plazo, los hechos serían investigables de oficio por el juzgado.
Pero el párrafo más interesante de la resolución es el que se refiere a si los hechos relatados por el fiscal López Bernal pueden ser incluidos en la categoría de delitos. «No es éste el momento de entrar a examinar tales cuestiones, pues lo único que debe tenerse en cuenta es que la querella, en su conjunto, lo que viene a relatar es una actuación concertada de diversas personas, todas ellas con cargos de relevancia en las administraciones local y autonómica, para conseguir el cambio de calificación urbanística de determinados terrenos (los de la finca La Zerrichera), pasando de tener la consideración de no urbanizables a permitir la construcción de una gran urbanización con campo de golf, generando unas importantísimas plusvalías, de las que, al menos, se beneficia uno de los querellados».
Y todo ello, añade, «pese a tener la finca determinadas condiciones medioambientales que le reconocen especial protección, habiendo informes de técnicos y autoridades de la Administración que han mostrado la imposibilidad de tal cambio, pese a lo cual, en un expediente salpicado de irregularidades, se ha llegado finalmente a permitir dicho cambio».
Y concluye: «La mera lectura de la querella evidencia que el Ministerio fiscal atribuye a los distintos partícipes hechos que son susceptibles de encajar en tipos penales como los referidos, no pudiendo, en principio, descartarse que el cambio de calificación urbanística responda a una actuación concertada para conseguir alterar la protección de esos terrenos y conseguir determinados beneficios económicos».
Y confirma así el auto de admisión a trámite de la querella.
De "La Verdad"
Ahora que dirán El Charqueles y Cia. Espero verlos en la carcel y al gitano de la televisión expulsado del pueblo por indeseable.
Aguilas merecia mejor suerte, ¡que pena!. Los aguileños de verdad creo que nunca hubieran votado semejante cosa ¡que vergüenza!. ¿Que ha pasado en ese pueblo,como es posible que se haya equivocado de ese modo?. Me imagino que los aguileños responsables se sentiran muy mal. Se hará famosa por la corrupción de sus gobernantes y no por sus bellezas que parece ser están destruyendo. Los visitantes que la hemos querido como nuestra lo sentimos. Sería conveniente que esta gente no volviera a gobernar si eso fuese posible. Esta situación me recuerda la america latina corrupta y caciquil tercer mundista tantas veces retratada. Los aguileños deben pedirle cuentas al partido que ha llevado al pueblo a esa situación, y los que ibamos de descanso buscando el placer y sus bellezas naturales que ese pueblo tradicionalmente acogedor siempre mostro, tendremos que buscar otros lugares en donde sentirnos a gusto.
Los eventos en Marbella daban mucho de sí. Especialmente para el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, si el evento era una feria inmobiliaria, como el Marbella Meeting Point, a la que acudía lo más granado del sector patrio. Por lo más granado del sector patrio se entiende a directivos -y/o representantes- de compañías como Colonial, Osuna o Fadesa, mezclados con imputados en el caso Malaya como José Ávila Rojas, Fidel San Román o el empresario italiano vinculado a la mafia calabresa Giovanni Piero Montaldo.
En su archivo particular, incautado en el despacho contiguo al de Planeamiento, Roca distinguía entre los asistentes al Marbella Meeting Point y las personas invitadas “por nosotros”, según un informe elaborado por el Grupo III de la sección de delincuencia económica y blanqueo de capitales de la UDYCO Costa del Sol que fue aportado al juez Torres para el sumario del caso. Dicho informe cita los documentos de su secretaria María José ‘Marbella Meeting Point.doc’ y ‘Marbella Meeting Point2.doc’ y aclara que dichas personas invitadas “por nosotros” coinciden con “gran parte de los empresarios del sector inmobiliario imputados o investigados en este procedimiento”.
Y entre esos invitados se encontraban, nada menos, que Ramón Rodríguez por parte de Fadesa, José Ramón Lacasa por parte de Inmobiliaria Osuna, o Luis Portillo, hoy presidente de Colonial. Aparecían en la misma lista que imputados en el caso Malaya como el ex presidente del Sevilla José María González de Caldas, o los constructores José Avilas Rojas, Carlos Sánchez y Tomás Olivo. Así, hasta veintiséis empresarios, entre los que se encontraba también Javier Arteche, considerado miembro de la llamada ‘trama vasca’ de Roca sobre el que aún no pesan cargos en el caso.
“Que tenemos promociones en Marbella, sí. Que conocíamos a Roca, sí. Que aparezcamos en sus llamadas telefónicas, pues también. Pero no tengo conocimiento de haber recibido invitación alguna de Roca para el Meeting Point. Todas las construcciones que hemos hecho en Marbella están sujetas a la legalidad y no hemos pisado un juzgado”, ha declarado a El Confidencial el propio José Ramón Lacasa en representación de Osuna. “Luis es un empresario que ha construido en Málaga y aparecerá en veinte mil listas en el Ayuntamiento de Marbella y en el de Tarragona. Pero eso no quiere decir nada”, aseguran a este diario fuentes de Colonial, la inmobiliaria que preside actualmente Luis Portillo.
La ‘Caja B’ de Roca
“Sobre estos hombres de negocios hay sobradas evidencias de sus fluidas relaciones con Roca obtenidas por múltiples vías, tanto relaciones personales con el propio Roca como relaciones en las que aparece involucrado el Ayuntamiento de Marbella con ocasión de las operaciones empresariales por ellos emprendidas en dicho municipio”, reza literalmente el informe.
En las consideraciones previas de la investigación, la unidad policial habla de “indagaciones que apuntan a la identificación de los que podrían ser varios de los ‘aportantes’, en la terminología del propio Roca de fondos a lo que constituiría la ‘caja B’ (a juicio policial constituiría una auténtica caja de los cohechos/sobornos gestionada por Roca y que aparecían en los diversos archivos informáticos de carácter contable cuya llevanza tenía asignada Salvador Gardoqui). Todo ello en perjuicio de los intereses municipales, dado que los estudios realizados revelan que la corrupción suele ser mayor en la construcción que en cualquier otro sector de la economía, resultando sorprendente cómo en Marbella estaban los sobornos y las prácticas ilícitas, según lo hasta ahora visto, tan enraizadas que se vislumbraban como norma”.
De "El Confidencial"
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