El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, ha dicho en rueda de prensa que la Confederación Hidrográfica del Segura debe dar a conocer el nombre de los funcionarios que reciben complementos de productividad, y la razón por la cual estas personas reciben un plus también conocido como 'bufandas'.
Pujante criticó lo que considera "falta de transparencia' en el seno de la CHS, si bien reconoció que existe un cambio de actitud entre ésta y la anterior presidencia del organismo de cuenca, por la agilización de expedientes que con anterioridad prescribían o no se ejecutaban.
El dirigente de IU recordó la reciente resolución del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que, según dijo, no descubre una trama organizada de robo de agua "por falta de indicios penales", sí muestra una "nefasta" gestión en la Confederación.
Al respecto, IU desea saber el número de expedientes prescritos durante el anterior mandato de la CHS, así como aquellos que no se han ejecutado, y la pérdida económica que ha supuesto el que no se hayan cobrado las sanciones.
Señaló que entre octubre de 2005 y septiembre de 2006 se abrieron 125 expedientes, de los que 80 eran relativos a pozos, la mitad de los cuales se resolvieron y el resto están pendientes, mientras que hay 55 casos de riego ilegal, de los que 28 están pendientes, y que los resueltos han supuesto una cuantía de 22.000 euros.
Además se mostró sorprendido por las declaraciones de dirigentes del PP "vanagloriándose de la resolución, cuando se hace referencia a una negligencia sistemática. Que no se aprecien consecuencias penales no quiere decir que la gestión sea eficaz y que no haya podido haber irregularidades perseguibles", añadió.
Pujante manifestó que el PP regional "debiera pedir perdón por la ineptitud en la gestión de la CHS", y aseguró que "sí que ha habido una trama política de connivencia y permisividad".
Para Pujante, la CHS necesita de "una democratización y acabar con la opacidad", y citó la necesidad de garantizar el Convenio de Arus que garantiza al ciudadano el acceso a información ambiental.
Preguntado por al archivo del caso de supuesto robo de agua en la finca El Chopillo, en el Noroeste, respondió que lamentaba este archivo y que "no se actuó con la necesaria diligencia" en un caso en el que, según indicó, "hubo un conflicto de competencias".(EFE)
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La organización Ecologistas en Acción recordó ayer que "siguen abiertos varios procedimientos sancionadores y penales por robos de agua", en relación al sobreseimiento de las diligencias pedido por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Según Ecologistas en Acción, el escrito del fiscal "ratifica la situación de irregularidades en las aguas subterráneas, el descontrol y mala gestión de la Confederación", como ha denunciado "reiteradamente" esta organización. El escrito del fiscal-jefe, enviado al Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, que abrió diligencias contra ex altos cargos de este órgano de cuenca sobre la supuesta trama para la detracción ilegal de agua, pide que se investigue por separado, en los juzgados a los que corresponda, cada caso en particular. Para Ecologistas en Acción, "no hay motivos para la alegría o el escarnio de personas que ejercieron cargos de responsabilidad y están siendo investigados o han sido acusados por la justicia". Además, recuerdan que "el fiscal jefe apunta que la adecuada persecución penal de los hechos debe hacerse a través del fraude al uso del agua y la demostración en casos concretos de omisiones y autorizaciones constitutivas de prevaricación". En ese sentido, señalaron que el escrito "recoge 1.686 expedientes sancionadores por irregularidades en las aguas subterráneas que habían sido archivados en la CHS". Por otro lado, la organización exigirá la celebración del juicio oral por la contaminación "consentida" al río Segura a su paso por Murcia.
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