Quienes, como el que les escribe, hemos optado por pasar largas
temporadas alejados del bullicio urbano y de la masificación del turismo
de costa, dirigimos en su día nuestra mirada hacia la olvidada y
castigada comarca del Noroeste de nuestra Región, que alberga cerca de
un 70% de toda su masa forestal.
En Calar de la Santa, una aldea de Moratalla, tengo mi segunda casa, que
cada más la siento como la primera. Para mí, es un tremendo gozo
dejarme llevar por veredas y caminos, valles y quebradas en medio de la
quietud y el silencio de este precioso entorno.
Cuando me es dado otear,
a lo lejos, sobre unas peñas, la estampa de la cabra hispánica
desafiando a la gravedad o el vuelo silencioso y también ingrávido del
águila, esas bellas imágenes me recuerdan que no somos dueños exclusivos
de la Naturaleza.
Porque, soberbios, las más de las veces creemos que este bello
planeta azul que empezamos a habitar no hace más de tres millones de
años nos pertenece. Hemos usado y abusado de sus recursos, como el agua.
Vaguadas y barrancos y el vientre del monte, preñado de rocas calizas,
la acogen en su seno, delatada su presencia por juncos, zarzas y rosales
silvestres. Y, siempre, una hilera de chopos, que en verano exhiben,
inhiestos, su verde follaje, nos alerta de su existencia en la
superficie o en el subsuelo.
Pero últimamente este recurso básico para la vida no sólo está
siendo cada vez más escaso, sino, lo que es peor, en algunas zonas es
cada vez de peor calidad.
“El avance imparable de las transformaciones a
nuevos regadíos intensivos hortofrutícolas y de la ganadería intensiva e
industrial son dos sectores que de modo implacable están acabando con
nuestro medio rural, contaminando y sobreexplotando los acuíferos, el
suelo y el aire”.
Esta contundente y nítida denuncia ya era difundida
por el Consejo de Defensa del Noroeste (CDN) en junio de 2020, cuyo
portavoz, Alfonso Sánchez, afirma que esta comarca lleva el mismo camino
que otras zonas de la Región.
Más de 3.000 hectáreas (ha) se han ido transformando a regadío
intensivo en el Noroeste murciano, de modo irregular o ilegal, con la
total pasividad o permisividad de la Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS) y de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma
de Murcia, afectando seriamente a las fuentes y manantiales
tradicionales. En 2018 ya cursaron una denuncia ante la Fiscalía, pero
sin ningún resultado: aquélla se limitó a recabar informes de la CHS y
del guarda mayor de la Vega Alta.
Para constatar la veracidad de esta denuncia, sólo hay que darse
una vuelta por parajes próximos a zonas protegidas como las fincas Las
Oicas, Derramadores, Roblecillo (Archivel), la Venta Cavila, la Cañada
de Tarragoya, entre el nacimiento del Quípar y la Almudema, y muchos
otros lugares, otrora de secano, para constatar la existencia de
extensas zonas roturadas y/o cultivadas con hortalizas, con varias
cosechas al año.
Con fecha de junio de 219, el fiscal Díaz Manzanera comunica a
CDN el archivo de las investigaciones sobre la contaminación de
acuíferos por las actividades agrícolas, concluyendo que “…en relación
al presente delito contra el medio ambiente que estaría relacionado con
presuntas actividades extractivas ilegales y /o ampliaciones de
superficie regable, hay que partir de la base, además de las
dificultades que se pudieran presentar en la determinación de la
autoría, de que el tipo delictivo del artículo 325.1 y 2 del Código
Penal requiere un daño sustancial de la calidad de las aguas o bien un
riesgo grave al equilibrio de los sistemas naturales, elementos que no
se dan en el presente caso (…)”.
El informe de la Fiscalía, afirma, además que puede desprenderse
que “…existe un impacto poco significativo de las hipotéticas
actividades extractivas ilegales en los acuíferos del Nororeste”. Aun
así, más adelante, reconoce que “la evolución de los manantiales
controlados muestra un descenso significativo en 2018, con un último
aforo, en octubre, próximo a sus valores mínimos históricos”.
Por otro lado, en relación con el estado de contaminación por nitratos
de las masas de agua subterránea, califica como buena la correspondiente
al río Quípar, hecho que quedará desmentido con los datos que aportamos
más abajo.
En el propio texto del archivo de la Fiscalía se citan
expedientes de sanción a la Comunidad de Regantes de Cañada de
Tarragoya, y a fincas como el Roblecillo y el Topillo, pero con cuantías
muy leves. Según el portavoz de CDN, sólo en la zona de Caravaca de la
Cruz, y en el periodo 2014-2018, la CHS abrió 71 expedientes
sancionadores con relación a 332 ha transformadas ilegalmente en
regadío.
Pero, con fecha 31 de agosto de 2020, ningún expediente estaba
resuelto ni, por supuesto, se había procedido a la suspensión de esos
regadíos ilegales. Según Alfonso Sánchez, la Fiscalía, sólo detecta
‘irregularidades administrativas’.
Se constata la contaminación de los acuíferos
Ya en junio de 2020, CDN denunciaba que la mayoría de los
acuíferos de la Cuenca no van a llegar a 2027 sanos, es decir, no
sobreexplotados y no contaminados, tal y como obliga la Directiva Marco
del Agua. Entre ellos se encuentra el acuífero del Bajo Quípar.
La contaminación de las aguas de este acuífero que se utilizan
para riego supone un peligro para la salud. De hecho, un muestreo de
hace unos días del Departamento de Biología de la Universidad de Murcia
da una calificación de 2,8, sobre 10, al estado ecológico de esta masa
de agua subterránea (MAS), en la que se detectan altos índices de
contaminación por nitratos y otros agentes químicos, lo que constituye
una seria amenaza para la biodiversidad de la zona, provocándose un
proceso similar al que tristemente se viene padeciendo, y sin solución
aparente, en todo el entorno de la albufera del Mar Menor.
Preocupado por la situación, CDN procedió, en agosto de este
año, a efectuar una ampliación de anteriores mediciones de nitratos en
el Noroeste, tomando como referencia los datos de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS) de octubre de 2015, porque es a partir de
esa fecha cuando se agudizan las transformaciones de secano y de regadío
tradicional a cultivos intensivos.
Esta asociación amplió el informe
con mediciones de campo efectuadas por sus propios medios, con la
colaboración de Greenpeace, incorporando analíticas en el Río Argos y en
dos acequias que dependen del mismo, así como en una fuente cercana, en
la zona conocida como la Represa (Benablón). Se ha observado una
concentración de nitratos que superan el valor límite de calidad (50
mg/l) en esa zona.
La intención era ver la evolución al alza de la contaminación de
los acuíferos por nitratos, si bien habría que considerar también la
incidencia de la ganadería y especialmente la intensiva. Con esos
análisis, se detecta que hay siete fuentes claramente afectadas además
del agua circulante del propio Río Quípar y Argos, sobre todo desde el
Estrecho de la Encarnación, en el primer caso, y a partir de la zona de
la Represa de Benablón, como se ha dicho arriba, en el segundo,
constatándose que ha ido en aumento la contaminación en los últimos
cinco años.
Algunos datos significativos: La Fuente Guarinos (Barranda),
pasa de 45 mg/l, en octubre de 2015, a 84 en agosto de este año; la
Fuente del Cortijo de Moya (La Encarnación), dio unos valores en octubre
de 2015 de 50 mg/l, para pasar a 77 en agosto; el río Quípar, en Fuente
Correas, daba un índice de 100 mg/l en este pasado agosto; y la Fuente
del Piojo, en Benablón, registraba en ese mes 67 mg/l. Es de destacar,
así mismo, la afección del río Argos, en la acequia Minas Santa Inés,
con unos preocupantes 70 mg/l.
Resulta preocupante el estado de la MAS de Caravaca, sobre todo
el grave estado del acuífero de Sima, tanto en calidad (nitratos por
encima de 50mg/l), como en cantidad (agónicos caudales de sus fuentes),
según se pudo constatar sobre el terreno. El acuífero de Sima comprende
aproximadamente el área de Cavila, Benablón, la Encarnación, Pinilla,
hasta por encima de la Almudema, incluyendo una parte de Cañada
Tarragoya. Prácticamente todas sus fuentes superan los 50 mg/l, con
escasos caudales.
CDN reitera que las grandes transformaciones a cultivos
intensivos que viene sufriendo toda la Cañada de Tarragoya (desde la
Encarnación hasta los Royos), en contra de la protección que establece
el Plan General de Caravaca como No Urbanizable Agrícola Ambiental
(NU-AA), así como toda el área de Cavila hasta Benablón, totalmente
transformada a intensivos, está afectando a todas las fuentes que
dependen del Acuífero de Sima y al propio Río Quípar. Otro tanto se
podría decir del Río Argos, como consecuencia de las grandes extensiones
de parras en cultivo intensivo y otros frutales, aguas arriba.
Preocupante, sin duda, la MAS del Bajo Quípar: con datos de la
CHS, en 2018, la Fuente del Cabezo del Madroñal registraba 295 mg/l en
2018, pasando a 190 mg/l en agosto de 2021, con mediciones de
Greenpeace; y la Fuente del Pozo Aristero, en esa misma zona del río,
superaba los 159 mg/l en 2019.
La contaminación de acuíferos ha determinado que el propio
Ministerio para la Transición Ecológica haya venido incrementando el
número de análisis de la MAS en la Cuenca del Segura: 3.021 (2017),
21.960 (2018) y 48.432 (2.019).
A la vista de estos datos, incontestables, desde CDN piensan que
deberían verificarse las medidas aportadas y analizar el resto de
posibles contaminantes, la procedencia y los impactos que están
generando.
Granjas de porcino, otra agresión al medio ambiente
Por si la situación de la proliferación de regadíos ilegales no
fuera suficiente, el CDN y vecinos y vecinas de Caravaca ven con gran
preocupación la instalación en el municipio de macrogranjas de ganadería
intensiva, por los evidentes daños medioambientales (malos olores, gran
consumo de agua, contaminación de acuíferos por nitratos, etc.) que
estas instalaciones producen.
Según la información disponible, el debate se inició cuando se
conoció entre los vecinos de Archivel un proyecto consistente en la
ampliación, en La Oicas de Arriba, de una granja de 9.000 a 15.000
plazas de lechones, y en El Hornico, otra de casi 2.000 cabezas de
ganado. El primero está en fase de estudio y el segundo en el de
alegaciones, sin que, hasta ahora, el Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz se haya pronunciado al respecto.
Así mismo, CDN tiene conocimiento de la tramitación ante el
Ayuntamiento de Caravaca de solicitud de licencia para la explotación de
2.000 cabezas de ganado porcino de cebo en el paraje Loma de Banderas,
cerca de La Mata (Caravaca de la Cruz).
Pedro Costa Morata, presidente de CDN, afirma que «puesto que la
cepa H1N1 de la gripe porcina anda suelta por el mundo desde 2009, el
Ayuntamiento deberá exigir a los productores de cerdos una póliza de
seguro que cubra los daños epidémicos que puedan tener lugar».
Por su
parte, José L. Álvarez-Castellanos, coordinador regional de IU-Verdes,
afirma que la clave de esta proliferación de granjas está en el
incremento exponencial de la exportación de carne porcina sobre todo a
China. La Región de Murcia, con dos millones de cabezas y 1.500
explotaciones ganaderas, destina un 40% de su producción a la
exportación.
También en la provincia de Granada
Este modelo de macrogranjas de ganado porcino se está
trasladando a otras zonas del Sureste. En este sentido, Francisco
Martínez, caravaqueño vecino de Bugéjar (Altiplano granadino), viene
denunciando el daño al ecosistema de ese núcleo de población tras la
instalación de una macrogranja de cerdos de una conocida firma cárnica
murciana, lo que se ha traducido en que la fuente de ese lugar se haya
secado.
A primeros de este año dirigió un escrito al Ayuntamiento de
Puebla de Don Fadrique. En él, este vecino, destacado activista y
ecologista, denunciaba el impacto en el acuífero de la Sierra de la
Zarza y Bugéjar por las grandes cantidades de agua que precisan estas
explotaciones para el abastecimiento de los animales y limpieza de las
instalaciones y las consideraba “inasumibles”, con el riesgo, evidente,
de que el ecosistema de la zona se vea “gravemente dañado”, pudiendo
incluso afectar a la capacidad de abastecimiento de agua de
explotaciones agrícolas próximas ya en funcionamiento, ya que el agua se
extrae de sondeos muy próximos unos de otros.
En su denuncia, además, pone en evidencia que la Fuente de
Bugéjar lleva ya cuatro años sin agua, mientras que desde el
Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique y la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir “miran para otro lado” y dan licencias a estas
explotaciones de porcino que consumen hasta 23.000 metros cúbicos de
agua al año.
Recuerda que, aunque el Estatuto de Autonomía de Andalucía
reconoce de manera explícita el derecho como ciudadanos a disfrutar del
paisaje en condiciones de igualdad, estableciendo la necesidad de
preservarlo para las generaciones futuras, hay peligro de que la estepa
de Bugéjar termine por desaparecer y, con ello, las aves que en ella
habitan.
Pues, aunque en enero de 2011 el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía aprobó el Plan de Recuperación y Conservación de Aves
Esteparias, el campo de Bugéjar quedó fuera de todos los planes de
recuperación y protección.
El reclamante sigue alegando que “…cuando leemos que una granja
de porcino intensiva y altamente tecnificada como la de Cortijo Nuevo
genera puestos de trabajo, simplemente pensamos que o nos toman por
tontos, o se quieren pasar de listos”.
Piensa que se está cerrando la
puerta a cualquier otro tipo de emprendimiento que tenga que ver con el
turismo sostenible, artesanía y deporte en la naturaleza.
Y por si ello fuera poco, considera que esa macrogranja no va a
contribuir a la creación significativa de puestos de trabajo en la
comarca, pues “en Puebla de Don Fadrique el paro no ha dejado de crecer y
crecer desde el año 2006”, en que habían registradas 60 personas, hasta
septiembre de 2020, en que afectaba a 151 personas.
(*) Miembro de IURM y profesor jubilado
https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/insostenible-modelo-agricola-ganadero-noroeste-region-murcia-altiplano-granadino_132_8362990.amp.html
