domingo, 17 de septiembre de 2017

Rajoy, camino de los corrales / Federico Jiménez Losantos *

"Nos van a obligar a lo que no queremos llegar", ha dicho Rajoy ante sus empleados del PP de Cataluña. Y en vez de ver la confesión de su cobardía, los medios 'asorayados' y también los melancólicamente leales a esta pobre Nación que nadie defiende y a esta Constitución que todos vulneran, lo imaginamos como el indicio de fortaleza de un Gobierno que es sólo la emanación perpleja de la resbalosa condición de su presidente.

En realidad, lo que estaba confesando Mariano es que hasta ahora no ha querido llegar a lo que sólo la tozudez de 'Cocomocho' puede obligarle a hacer, que es defender la legalidad en Cataluña. Porque nadie duda de que la reacción del gobierno este viernes tras la humillación pública del jueves en el arranque de campaña de los separatistas, que fue una burla a todas las instituciones, se ajustará a la más estricta legalidad. Pero tampoco ignora nadie que este "golpe de Estado a cámara lenta" lleva cinco años en cartel, y que hace casi dos tuvo lugar otro referéndum tan ilegal e ilegítimo como el de ahora y ante el que el Gobierno de Rajoy, este mismo Gobierno y este mismo Rajoy, no hicieron absolutamente nada: ni prevenirlo, ni castigarlo.

La cosecha de Rajoy: ni miedo ni vergüenza

Si en el parlamento de Cataluña se ciscan en todas las leyes, sean de ámbito europeo, nacional, regional o de la propia cámara, es precisamente por el precedente de estos cinco años de impunidad con Rajoy. Es verdad que la tienen desde Suárez, pero ni siquiera en tiempos del infame Zapatero se habían producido actos tan zafiamente despóticos, tan obscenamente antiespañoles, tan acostumbradamente impunes como los que hemos visto.

Sin la doctrina de que "lo único importante es la economía" sin el dogma de que "lo que hace falta en Cataluña es diálogo", sin el principio de financiar a los medios podemitas, aliados con los separatistas en el mayor desafío a España en varios siglos, ni los bandarras de la CUP ni los zuavos de Godó, ni la Gabriel ni el Juliana se hubieran atrevido a tanto. Y, de atreverse, habrían sido reprimidos por los mismos motivos que Rajoy, a quince días del referéndum, confiesa que no quiere emplear y que son los que la Ley pone a disposición de cualquier Gobierno y le impone aplicar.

La paradoja aparente es que los golpistas catalanes están siendo tan zafios que pueden empujar a la acción a su cómplice habitual por inacción. Sin embargo, no nos alegremos: lo que Rajoy confiesa es que no quiere de ninguna manera aplicar la Ley, que se niega a defender los derechos de todos los españoles, catalanes incluidos, salvo que le obliguen mucho, y aun así, poquito. En realidad, les está pidiendo, por favor, una coartada para no hacer nada, les implora que no le obliguen a moverse, les suplica que no le empujen a ejercer de presidente del Gobierno. Él ha venido a este mundo para presidirlo absolutamente todo, pero para gobernar absolutamente nada.

El pañuelo verde de la moción de censura

En los toros, cuando un toro es manso de solemnidad, burriciego, reparado de la vista, descordado, derrengado o inválido para la lidia, el presidente saca un pañuelo verde para que lo devuelvan al corral, tarea que los bueyes de la plaza realizan con lento esfuerzo, salvo los de Florito en las Ventas, que han alcanzado tal virtuosismo que apenas han salido al ruedo y ya se están yendo de él como abrazando al toraco, obediente como un ciudadano ante un inspector de Hacienda o un político ante La Sexta

Si los antitaurinos supieran algo de lo que odian, irían a las Ventas en otoño para contemplar el soñado espectáculo de un toro cinqueño, típico de la limpieza de corrales al fin de temporada, que al poco de salir al ruedo, sin recibir una vara, es devuelto a la penumbra del corral para acabar como cualquier ternera en el matadero, de un tiro en la testuz, degollamiento u otra forma de pasaportar el ganado vacuno para la alimentación humana.

Me parece que Mariano no llega a la Feria de Otoño de este año, pero Simón Casas, muy atento a estos detalles, puede remitirle un DVD con cualquier devolución de un toro a los corrales para que sueñe despierto. ¡Qué mayor ventura para un manso que imaginarse en manos de Florito y su punta de bueyes, de vuelta a la rumia del corral y al pienso garbancero! El papel del presidente le toca al Rey, tan desairado y agredido por Rajoy en estos dos años de regobierno, pero siempre atendiendo a la opinión del veterinario y a la del público venteño, que recita el Reglamento en arameo.

Y en este caso, el reglamento de las Cortes, belén en que ven la luz los presidentes de gobierno españoles, es cristalino: si se presenta una moción de censura con cincuenta escaños detrás y un candidato alternativo a la Presidencia, se paraliza la acción de Gobierno hasta que las Cortes voten si echan o dejan seguir al presidente censurado. Vimos hace poco una versión demediada del trámite, la charlotada de Irene y Pablo cuando eran -creo que siguen siendo- Pablo e Irene, sin otro éxito posible que el de salir mucho en las televisiones amigas, que, Soraya mediante, son todas. Esta vez, la cosa es distinta. 

A partir del 2 de octubre, el PSOE se verá empujado por Podemos y ERC a aceptar la presidencia del Gobierno para pactar los términos de la liquidación de España mediante una reforma de la Constitución limitada a un punto: apuntillar la soberanía nacional y acabar con la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Eso sí, mediante el diálogo. Mucho diálogo, venga diálogo, será por diálogo, diálogo por la izquierda con guiños al centro, diálogo a lo círculo ecuestre y a lo cumbayá, diálogo para reescribir en el papel de la Ley con el agua que acabará con el papel.

Ya es muy difícil, por no decir imposible, que Rajoy pueda vadear en estas dos semanas el Río Rojo, o sea, el Llobregat según la CUP, que se ha llevado aguas abajo, en su tempestuosa crecida, a todo el rebaño nacional. El ganadero Mariano nos aseguró que tenía todo preparado para cuando los golpistas atacaran. Y la opinión pública, más pastueña que los cornilargos, lo creyó. ¿Cómo no creer a un Gobierno que dispone de todos los resortes para impedir un delito cuando dice que está preparado para hacerlo? Pero, a la hora de la verdad, cuando ha empezado la campaña electoral golpista, no tenía preparado absolutamente nada.

El alarde de la Fiscalía llamando a declarar a cientos de alcaldes enardecidos o atemorizados ante el referéndum golpista del 1 de octubre, mientras deja libres a los que los enardecen o atemorizan, de 'Cocomocho' a Godó y Roures, de la trama institucional a la mediática, más importante la segunda que la primera y ambas más importantes que la municipal, nos ha demostrado en su precipitación lo que deberíamos haber supuesto. Los que no han hecho nada durante seis años, los que han dejado que se pudra la situación hasta extremos de humillación inimaginables, los que financian desde hace cinco años el proceso golpista que decían combatir, ¿cómo iban a frenarlo en veinte días? No tenían nada previsto porque, sencillamente, se negaban a pensar en un asunto tan desagradable, tan violento, tan contrario a la mansedumbre proverbial de la ganadería de 'Don Prudencio Galbana'.

El Pacto de Can Roures

Y la moción de censura que 'Pablotov' y 'Junquertropp' urdieron en la dacha de Roures para hacer presidente a Pedro Sánchez a cambio de que Podemos apoye el referéndum separatista -y ahí está Colau apoyándolo- y ERC le permita permitírselo a un Gobierno del PSOE que acabe con la soberanía del pueblo español y la trocee a gusto de los nuevos señores feudales nacionalistas es el pañuelo verde que le permite al ejemplar de la dehesa 'El Charrán', antes 'La Gaviota', volver al corral por imperativo legal.
 
Tengo la impresión, casi certeza, de que aunque los tres mil agentes del CNI le dijeran que faltan dos días para que se presente una moción de censura PSOE-Podemos-ERC-Etc y debe disolver las Cortes y convocar elecciones antes de que lo manden a su casa, Rajoy se hará el sordo y se irá a su casa, tras protagonizar, eso sí, lo que imagina un gran final de su larga carrera política: culpar a los que lo echan del Gobierno que lo hacen para destruir la nación y la Constitución, ¡como si él las hubiera defendido!
 
Cuando un político ayuno de moral, cobarde como sólo puede serlo un político, es incapaz de hacer frente al conflicto que él mismo ha creado, lo que hace normalmente es huir. Si en vez de irse por su propio pie a Cartagena, como Alonso XIII, o de dimitir como Casares Quiroga y Portela Valladares en 1936, la Oposición le brinda la oportunidad de irse sin tener que hacer otra cosa que someterse a una sesión de despedida, Rajoy se irá.
 
Creo que incluso aunque protagonizara esta semana el arreón del manso, que embiste y cornea cuando nadie lo espera, la situación está tan deteriorada que dentro de quince días los medios de Soraya pedirán que se una al PSOE o que lo deje gestionar la crisis catalana. Y Mariano dirá que, antes de unirse al PSOE, se va a su casa, porque él no tiene apego al cargo, puede presumir de limpia trayectoria y prometió defender la unidad de España y la Constitución y así lo ha hecho, pero no quiere ser un obstáculo para la paz civil. Que él cree que la Izquierda se equivoca, pero que ni él ni el PP van a impedir que otros intenten lo que a él no le han dejado intentar.
 
Entonces llegará, casi por consenso, la moción censora, y Rajoy será censurado, o sea despedido. Se sacudirá la arena de las zapatillas al dejar el ruedo parlamentario... Y se irá. El que venga detrás, que arree.
 

(*) Columnista y editor


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Pensar políticamente la independencia catalana / Javier Franzé *

La cuestión catalana plantea el problema de cómo debe gestionar cualquier orden hegemónico una demanda que le resulta incompatible consigo mismo. Por eso pone a prueba su capacidad de pensar políticamente.

Hay al menos tres vías que conducen a no pensar políticamente. Una es el moralismo, que tacha de irracionales o no verdaderos los fines del adversario. Por ejemplo, examinar si la demanda de independencia la hace una verdadera nación o un conjunto de personas que dicen serlo pero que en realidad no lo son. 

La segunda es el juridicismo, que examina si la demanda tiene lugar en el orden jurídico, como si se tratara de colocar un objeto en un espacio determinado. La tercera es el “conspiracionismo”, que busca mostrar la inautenticidad de la demanda y el carácter inducido y artificial de la voluntad que la sostiene. Esta vía tiene varias expresiones: la manipulación de la televisión, de la educación y/o de la elite política catalanas sobre los catalanes.

Estas tres vías no pueden responder políticamente a la pregunta por la legitimidad de la demanda, en este caso, de independencia. Por qué ha cuajado, por qué es popular. No pueden hacerlo porque entienden que la legitimidad debería vincularse a lo moral, lo legal y/o lo auténtico. Pero la legitimidad, como mostró Max Weber, tiene que ver con la creencia. Algo resulta legítimo porque se cree en ello, porque produce identificación. No necesariamente porque sea verdadero, legal o auténtico. Más bien es precisamente al revés: porque algo es legítimo se vuelve a los ojos de sus creyentes verdadero, auténtico y —si tienen éxito político—, legal.

Un orden muestra su capacidad hegemónica cuando no somete las demandas opuestas a él a una prueba de verdad, legalidad o autenticidad, sino cuando piensa cómo hacer para que éstas crean que su realización es posible en el marco de ese pensamiento hegemónico. Es haciendo ver el mundo a los demás como lo ve uno como se refuerzan la legalidad, la verdad y la autenticidad existentes. Pensar políticamente exige aceptar que mi orden no es hegemónico porque sea una verdad universal, sino porque siendo particular se ha logrado políticamente que sea valiosa para todos.

Por lo tanto, incorporar una demanda en principio extraña en un orden hegemónico no supone darle la razón al adversario. En este caso, creer que Cataluña es una nación, que el referéndum es legal o que la demanda independentista es democrática. No es un juicio de valor, sino uno de hecho: ser capaz de diagnosticar la solidez y extensión de la creencia que permite la legitimidad de mi hegemonía.

La legitimidad es el desafío de cualquier orden, no sólo del democrático. En su raíz, los problemas de legitimidad son más políticos que democráticos. La democracia, como orden político que es, no se preocupa de su legitimidad sólo cuando una mayoría muestra desafección. También lo hace —como cualquier orden político— cuando una porción significativa de la ciudadanía, sin ser necesariamente mayoría, no reconoce la legitimidad dominante.

En un orden democrático no entra cualquier demanda. Para existir debe poner fuera de la ley lo que vaya contra sus principios. Pero sólo podrá hacerlo exitosamente cuando la definición de lo antidemocrático y su expulsión resulten legítimos a los ojos de sus miembros, que por ello y sólo en última instancia aceptarán el uso de la violencia legítima contra lo antidemocrático. Resulta sintomático que incluso quienes están en desacuerdo con la demanda independentista no acepten ese último recurso. Esto lo sabe el gobierno catalán y le permite abonar el choque de trenes. No se trata de negar los atropellos legales, sino de preguntarse por qué pueden interpretarse de otro modo o ser pasados por alto.

El orden de la Transición supo construir hegemonía incorporando a los sectores populares en su seno, mucho más de lo que sus críticos de izquierda a menudo suponen. Que sea la cuestión catalana y no la cuestión social la que muestre los límites actuales del discurso de la Transición no es casual. En efecto, el parapetarse en la ley, como si ésta no se modificara cotidianamente al calor de la legitimidad para incluir nuevas demandas, muestra un cierto agotamiento del paradójico proyecto de la Transición, basado en combinar cierta aceptación de la pluralidad social y política con una homogeneidad de la idea de España, de base monárquico-castellana. Cuando dos legitimidades chocan, la hegemonía ha fracasado: su principal tarea es definir un demos legítimo, no dos.

Para el discurso de la Transición no es sencillo incluir esta demanda, pues previsiblemente obligaría a un trato igual con el País Vasco y quizá con Galicia. A nadie en política se le puede pedir que divida su poder. Pero justamente por eso debe ocuparse de que éste sea legítimo, no sólo legal. Tal vez el drama de la situación actual es que quizá ya sea tarde para construir esa legitimidad compartida. Lo cual aboca a un proceso de ruptura que, por definición, siempre es ilegal (y legítimo para sus partidarios).

La Europa de la segunda posguerra construyó una democracia social porque entendió lo que habían significado políticamente el fascismo y el comunismo de entreguerras. Si los hubiera sometido a la prueba de la legalidad, de la verdad y de la autenticidad los habría ignorado. No lo hizo. Tampoco les dio la razón. Sólo los tuvo en cuenta como síntomas de problemas legítimos a los ojos de contingentes importantes de la ciudadanía. Ni más, ni menos.


(*) Profesor de Teoría Política, Universidad Complutense de Madrid


El lapsus catalán de Felipe VI / Fernando López Agudín *

Felipe VI como Rey constitucional, reina pero no gobierna, no puede hacer como Juan Carlos I, que despidió como presidente de Gobierno a quien como Carlos Arias Navarro no quería salir de la dictadura, pero si podría mantener alguna distancia con quien como Mariano Rajoy busca volver, volens nolens, a los tiempos preconstitucionales.

Lamentablemente, Pablo iglesias tiene razón al advertir que el último discurso pepero del Jefe del Estado, todo un lapsus político del Borbón, “no augura un futuro fácil para la monarquía”. Parece no percibir el Rey que su trono está asentado sobre un polvorín político con capacidad sobrada de reventar el sistema y hacerlo saltar en pedazos. Defender la ley y el Estado de Derecho, como hizo el monarca, es necesario siempre y cuando dicha defensa vaya bien acompañada de una sugerencia urgente sobre la necesidad de abordar políticamente un problema político como es el conflicto con la sociedad catalana. Mucho más que prestar oído a la presidencia del Gobierno, Felipe VI debiera haber escuchado las sensatas reflexiones de una CEOE a la que no se puede acusar de populista.

Rajoy no hace más que rematar su enorme torpeza política, bien patente cuando hace una década empezó a dinamitar el amplio consenso de la transición basado en el reconocimiento constitucional de las tres nacionalidades que componen el Estado español. Su campaña contra el Estatut, la recogida de millones de firmas contra los productos catalanes, y el recurso contra el texto estatutario de 2006 que reconocía a Cataluña como una autonomía estatal más, está a punto de desembocar hoy, prácticamente, en un estado de sitio contra la Generalitat que podría extenderse a toda España si continúa atacando la libertad de expresión, como ocurre estos días, en Madrid y Gijón. La crisis del gobierno del PP es ya una muy grave crisis de Estado que el aún presidente de Gobierno se niega a encauzar políticamente. Escudado tras un TC, reformado ad hoc en el 2012, espera que los jueces, policías y chiens de garde mediáticos terminen con el soberanismo catalán. El Estado español es hoy, como lo fuera antaño el Imperio Otomano, el enfermo de Europa.

Buena prueba de ello es la suficiencia y el énfasis con el que los pescadores de aguas revueltas de la caverna empujan a Rajoy al estado de la excepción. Su nostalgia del orden franquista, combinado con la necesidad de encontrar una dialéctica identitaria que separe drásticamente la derecha de la socialdemocracia, revive con el reto de la Generalitat. En esa particularidad de la derecha española, su negación de la plurinacionalidad del Estado español, encuentran hoy la mejor palanca para desestabilizar el sistema democrático y retrotraerlo a los momentos preconstitucionales en los que aún no se había redactado el texto constitucional que reconocía a Cataluña, Euskadi y Galicia como nacionalidades históricas. No es casual que desde las áreas de Ciudadanos se hable hoy de borrar el concepto de nacionalidades. Así, calculan, muerto el perro de las naciones del Estado español se acaba la rabia de los derechos nacionales.

La preocupación e inquietud de los partidos de la oposición, que cierran filas con el PP en lo que se refiere a la defensa de la legalidad, crece en la misma medida que Rajoy se inclina por la única alternativa de la represión que le propone la caverna. La incomodidad en el PSOE, por los ataques a la libertad de expresión en Madrid y Asturias, o en el PNV, ante el anticatalanismo cerril de la Moncloa, crece por momentos. No es lo mismo defender el Estado de Derecho que defender un Estado de Derecha. Ante la oleada represiva que se viene encima no cabe pensar siquiera que estos partidos puedan asistir con los brazos cruzados a la nueva persecución de separatistas  y moradosque se prepara desde la Moncloa. A este paso las calles y plazas españolas se van a llenar de manifestantes, gritando en favor de la amnistía de los que ya figuran en las listas negras de Soraya. Nada más lógico, a tiempos preconstitucionales, reivindicaciones preconstitucionales.

En este clima tenso y encanallado se perfila hoy la sombra del pacto de San Sebastián, firmado en 1930 por los partidos democráticos contra el gobierno Berenguer, sobre el palacio de la Moncloa. Si Rajoy continúa encerrado en el búnker, sin más compañía que la de Rivera, no tardará en abrirse un espacio de diálogo que, con o sin moción de censura previa, lo desaloje de la Moncloa. No cabe pensar que Rajoy siga de presidente de Gobierno a costa de los intereses del Estado. No es ya una cuestión política sino social.

Las palabras de Juan Rosell, presidente de la CEOE, reflejan la muy honda desazón de los empresarios ante una crisis eminentemente política que los políticos del PP se empeñan en no resolver. Igual sucede con los inversores europeos e internacionales, bastante bien reflejadas en los diarios Le Monde o Financial Times o en las sugerencias políticas de las agencias de calificaciones, en orden a la necesidad de un diálogo político de la Moncloa con la Generalitat. Por no hablar del presidente de la Comisión Europa, Jean Claude Juncker, que acaba de declarar que la Unión Europea reconocería la independencia de Cataluña surgida de un referéndum legal.

No cabe descartar que Rajoy trate de empeorar aún más la situación convocando elecciones generales anticipadas para continuar con su enfrentamiento con la Generalitat. Así, envuelto en la demagogia rojigualda, alentado por la caverna madrileña, trataría de arrastrar a los españoles hacia una guerra de banderas harto peligrosa para el sistema democrático, las instituciones estatales y la propia Corona. Porque mientras la oposición se lo hace mirar, se equivoca de enemigo, duda sobre la mejor fecha de la moción de censura aplazada o de la urgente comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados y se la coge con papel de fumar, la involución avanza con botas de siete leguas. Es bastante difícil la supervivencia de la democracia española si las libertades son suspendidas en una parte del territorio. Bien sabe lo que hacen los herederos de los que sostenían que “el más noble destino de las urnas, es romperlas”. Los hijos de quienes, efectivamente, las rompieron entonces,  se afanan hoy por romperlas también.


(*) Periodista


El secesionismo en democracias avanzadas: Cataluña entre Escocia y Padania / Ignacio Molina *

Desde que hace tres años se desencadenara el llamado proceso soberanista, la atención exterior sobre la situación política catalana ha ido en aumento. Es verdad que, en el plano oficial, la internacionalización sigue teniendo –como era de esperar– un desarrollo escasísimo más allá de las frustradas apelaciones del actual gobierno de Cataluña a una implicación europea en la cuestión y de la consiguiente reacción de la diplomacia española para que Bruselas y las otras capitales nacionales se pronuncien desanimando la idea de la secesión. 

Sin embargo, cuando se mira al recorrido mediático del procés o a los análisis que lo conectan con otros territorios donde también existen importantes movimientos secesionistas, sí que se constata un interés creciente que, por ejemplo, se reflejó en la cobertura relativamente destacada del resultado electoral que dieron ayer los grandes medios internacionales (o la prensa regional en los lugares más concernidos).

Por otro lado, y más importante que la proyección que se hace del independentismo desde dentro afuera, también debe tenerse en cuenta otra dimensión internacional que va en la dirección contraria; esto es, el efecto que ha tenido o tiene en el debate interno catalán los desarrollos externos y comparativos acerca de la secesión. Es decir, no es sólo que el soberanismo haya sido capaz de captar cierta atención exterior sino también, y sobre todo, que ha sabido transmitir a sus seguidores que el entorno internacional es favorable a la aventura. 

Para conseguir ambos objetivos se ha beneficiado de una excepcional ayuda: Escocia. Contar con ese referente ha sido una de las circunstancias más afortunadas para el procés y es muy posible que, sin ese acompañamiento, la apuesta por la ruptura no habría tenido tanto desarrollo.

Para entender hasta qué punto los acontecimientos escoceses han sido importantes hay que tener en cuenta que los movimientos secesionistas, pese a no ser un fenómeno extraño en el escenario contemporáneo, suelen merecer un juicio cuanto menos dudoso en la opinión pública mundial y la oposición casi unánime de los gobiernos estatales. De hecho, desde que hace más de 20 años se liquidara definitivamente la Guerra Fría –precipitándose la desintegración de las tres federaciones existentes en el espacio postsocialista– sólo han nacido cuatro nuevos Estados: tres de ellos en contextos postcoloniales bélicos (Eritrea, Timor Oriental y Sudán del Sur) y uno más (Montenegro) como penúltimo estertor del drama que vivieron los Balcanes Occidentales en los 90.

Ninguno de esos casos resultaba envidiable para un proyecto político en un país avanzado y mucho menos lo parecía el puñado de separaciones fácticas que, por haberse realizado unilateralmente, no han alcanzado la estatalidad (Somalilandia, Abjazia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj y Transnistria). Incluso Kosovo, pese a poder apelar a una remedial secession y contar con amplio reconocimiento Occidental, sigue hoy fuera de la comunidad internacional. 

Ni siquiera aquellos pocos movimientos anti-ocupación que gozan de título jurídico o cierto prestigio (Palestina, Sáhara Occidental, Tíbet y Kurdistán) podían presentarse como un modelo a seguir para un territorio de la UE. Si el objetivo de la independencia quería resultar convincente dentro y fuera parecía muy conveniente contar con algún ejemplo plausible en un entorno homologable al catalán.

Pero tampoco el panorama en Europa Occidental resultaba alentador. Desde 1945, sólo han podido nacer nuevos Estados en contextos convulsos –a menudo muy violentos– marcados bien por el colapso de regímenes autoritarios y la posterior transición (Yugoslavia, URSS y Checoslovaquia), bien por la descolonización británica (Chipre y Malta). Lo cierto es que no existe un solo precedente de secesión pacífica en el mundo desarrollado de las democracias consolidadas. Y, por otro lado, los separatismos activos que quedaban a mano eran poco atractivos por su vinculación con conflictos terroristas (Irlanda del Norte y el País Vasco), su reducido tamaño (Córcega, Tirol del Sur y Cerdeña) o su carácter antipático e insolidario (Flandes y Padania). 

Es más, la política exterior de la Unión incorporaba como doctrina propia –y aún lo hace– la defensa de la integridad territorial y la convivencia entre comunidades diversas de modo que su instinto es reaccionar en aquellos casos (Bosnia-Herzegovina o Ucrania por poner dos ejemplos dentro del continente o Chipre, dentro de la mismísima UE) donde se ponen en cuestión. En definitiva, hace tan solo cinco años el ser independentista significaba situarse claramente en el lado equivocado o incluso denigrado de la política europea.

Pero entonces el SNP ganó las elecciones escocesas de mayo de 2011 (un 44% de los votos y la mayoría absoluta de escaños) con un programa de ruptura y, lo que resultaba aún más espectacular, en poco más de un año conseguía arrancar de Londres –que no quería negociar más autonomía– la celebración maximalista de un referéndum de independencia.

El regalo de David Cameron y Alex Salmond no podía resultar más oportuno. En octubre de 2012, apenas unas semanas después de la gran manifestación de Barcelona que marca la radicalización del nacionalismo moderado catalán, se firmaba el acuerdo de Edimburgo. Un territorio mundialmente célebre y que formaba parte de una gran potencia democrática iba a someter a votación legal si se convertía en un nuevo Estado europeo. Ni siquiera la lejana Quebec, cuyo movimiento soberanista pasa además por horas bajas, había llegado a tanto pues nunca había conseguido acordar con Ottawa un procedimiento para llevar a cabo la secesión.

Se entiende bien el afán del procés por poner el énfasis en sus similitudes con Escocia y resultar así más atractivo. Y, en efecto, varios son los elementos de fondo donde existen semejanzas. Primero, una eficaz narrativa democrática que enfrenta transversalmente al pueblo con unas elites lejanas y centralistas (a lo que contribuye sobremanera el hecho de que el gobierno central lo ejerzan los Conservadores o el PP, dos partidos minoritarios en los dos territorios). 

En segundo lugar, y con inestimable ayuda de la austeridad impuesta por la crisis, la idea de que el independentismo puede también adoptar mensajes de izquierda y ganar así adeptos o reputación en ambientes urbanos e intelectuales habitualmente reacios a los mensajes identitarios del nacionalismo tradicional. 

Y finalmente, el haber impugnado que merezca la pena el seguir perteneciendo a democracias plurales y descentralizadas que están bien conectadas con lo europeo y lo global bajo el argumento de que son precisamente la UE y la globalización las que convierte en innecesarios para las naciones pequeñas el seguir formando parte de Estados más grandes como el Reino Unido o España.

No obstante, y por mucho que el independentismo catalán haya querido obviarlas, hay también importantes diferencias que marcan límites innegables para la fase que se ha abierto tras el 27-S. Sin duda, y al margen de que el secesionismo no ha llegado al 50% de los votos, la divergencia más evidente es que Cataluña se haya embarcado en una apuesta unilateral (expresamente rechazada por el nacionalismo escocés) que fía el éxito del proceso soberanista a que sus supuestos elementos atractivos movilicen a actores externos para que fuercen a un Madrid inflexible a aceptar la secesión. 

Se trata de un desarrollo ciertamente inverosímil desde una perspectiva mínimamente realista de la política exterior y de la integración europea. Pero incluso si aceptásemos como hipótesis momentánea un enfoque idealista en las relaciones internacionales, no son pocos los problemas que presenta el dossier catalán de forma que, a ojos del observador externo, le alejan del modelo escocés y le acercan a los antes mencionados secesionismos europeos menos atractivos. Así, cabe mencionar:
  1. La difícil determinación del Demos que funda el “derecho a decidir” al existir dos realidades nacionales que aquí se solapan (la española y catalana) en vez de simplemente superponerse (la británica sobre la escocesa). Y aun cuando el desgarro será siempre menor en el segundo de los casos, Alex Salmond tuvo además la habilidad de aliviar su posible impacto prometiendo mantener algunos elementos importantes de unión como la libra esterlina, la Reina o la cooperación en defensa. En el discurso catalán apenas se ha producido una mención parecida en relación con la Liga de fútbol.

  2. La potencial fractura interna de Cataluña en grupos enfrentados de acuerdo a su lengua materna e identidad nacional; un peligro prácticamente imposible en Escocia, por las razones explicadas en el punto anterior, pero sí en otros territorios con movimientos secesionistas en los que existe conflicto entre comunidades lingüísticas, religiosas o étnicas. Mientras existen casos donde un referéndum de independencia se podría resolver sobre todo por argumentos (Escocia), hay otros donde las identidades bloquean esa deliberación (Irlanda del Norte) de modo que resultan muy desaconsejables las alternativas agónicas. Cataluña está a medio camino, aunque el procés le ha alejado del primer modelo, tal y como se refleja en los resultados electorales del domingo entre castellanoparlantes y catalanoparlantes.

  3. Los límites del argumento de defensa de los más débiles cuando, en claro contraste con Escocia, son las clases socioeconómicas medias y altas de Cataluña las que apoyan con mayor nitidez el independentismo. Un tipo de apoyo que es más propio de los ejemplos véneto o flamenco.

  4. La propia relación con el Estado matriz, que los independentismos escocés y catalán presentan como insensible a la plurinacionalidad y reacio a la descentralización (aun cuando no existan en Europa muchas democracias que mejoren al Reino Unido y España en esas dimensiones), pero que en Escocia no va acompañada del antipático recurso adicional a la excesiva solidaridad fiscal o a una presunta superioridad colectiva de la nación pequeña sobre la que es mayoritaria en el Estado.
Es obvio que ninguno de estos cuatro elementos (y, sobre todo, la unilateralidad) ayudará al independentismo catalán a concitar apoyos exteriores que se animen a realizar una insólita injerencia en la política española. Por supuesto, el hecho de que sea imposible una internacionalización del proceso en la línea deseada por el soberanismo tampoco significa que éste, capaz de presentarse con un mensaje muy atractivo para casi la mitad de los catalanes, vaya necesariamente abocado a la derrota. Eso sí, cuando el secesionismo catalán se proyecte al resto de España y al mundo debe tener en cuenta que sus interlocutores escrutarán los elementos que le hacen más presentable y le acercan a Escocia pero también los que no lo son tanto y le conectan con Padania.


(*)Investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano y profesor en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.


Así ve Europa el desafío independentista en Cataluña / Ana Alonso *

Europa nos está mirando. Y lo hace con preocupación, con una inquietud que va creciendo a medida que avanza el calendario hacia el 1-O, cuando los independentistas catalanes planean celebrar un referéndum secesionista ilegal, según la Constitución española. Las instituciones desde Bruselas y Estrasburgo apoyan la legalidad al igual que los países europeos que defienden claramente la integridad territorial de España frente al desafío independentista en Cataluña.

Los separatistas saben que la independencia, en los términos de ilegalidad que plantean, es inviable sin el reconocimiento exterior y un masivo apoyo interno, por ello su objetivo es que cale el mensaje de que su demanda es a favor de más democracia, traducida en el voto en las urnas. Entre los europeos las opiniones son diversas pero coinciden en la complejidad de la cuestión y muchos, en los medios y desde centros académicos, reclaman mayor voluntad de consenso por ambas partes.

Desde Madrid y desde Barcelona se mira a Europa también con suma atención. Las declaraciones de la Comisión y el Parlamento europeo son cruciales en este pulso, que mantiene a las cancillerías de la UE muy atentas. El mensaje oficial de la Comisión Europea, expresado por su presidente Jean-Claude Juncker, es de “apoyo al Constitucional y a las Cortes españolas”.

Los dirigentes catalanes saben que no hay fisuras en ese planteamiento y que si se independizaran, no serían reconocidos por los miembros de la UE y saldrían de la UE y de la eurozona. Pero se aferran a las hipótesis (si hubiera referéndum y ganara el sí, la UE lo respetaría) para presumir del supuesto respaldo de Juncker. Su oficina hubo de enviar el jueves varios comunicados dejando claro que la Comisión no está dando su visto bueno a la consulta.

Lo cierto es que la posición de la Comisión y del Parlamento, según confirmó en una carta reciente el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, a la eurodiputada Beatriz Becerra se mantiene desde 2004 y es clara: “Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de formar parte de ese Estado para convertirse en un nuevo Estado independiente, los tratados ya no se aplicarían en ese territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente se convertiría en un tercer Estado”. Y Tajani ha puntualizado: “Cualquier acción contra la Constitución de un país va contra la UE”.

En esta línea, Jean-Claude Piris, ex director general de servicios jurídicos de la UE, ha apuntado recientemente en La Voz de Galicia: “Si no respetas los Tratados de la UE, porque no respetas el Estado de derecho, porque violas la Constitución española, los países miembros tienen la obligación de no reconocerte y no examinar tu candidatura”.
La ley está de parte del gobierno español, pero en este singular pulso también juegan un gran papel el apoyo político y el mediático. “La posición de Tajani es la más clara porque es un posicionamiento político y no sólo jurídico. Dice que un evento político ilegal en España es también un ataque a los valores de la UE. Políticamente Europa ha mantenido cierta neutralidad, lo que en teoría ayudaba a España a encontrar una solución sin injerencias, aunque el gobierno catalán lo ha aprovechado para decir que ‘todo seguía siendo posible’”, señala Didac Gutiérrez-Peris, director de estudios e investigación en el instituto Viavoice en París.

Según Gutiérrez-Peris, en los medios de comunicación europeos se está tratando el referéndum como un hecho inevitable, lo que favorece a los separatistas. “Ya sea por atraer al espectador, o porque es difícil explicar por qué el referéndum es ilegal a un público profano que no tiene mucha idea sobre la cuestión territorial española. Están comprando la idea de que habrá un referéndum importante y dejan de lado el debate sobre su legalidad, que fuera de España no tiene tanta resonancia”, añade el politólogo.

Las embajadas en Madrid siguen con mucho interés la cuestión catalana, y en las legaciones consultadas reconocen que es el asunto que ahora más les absorbe. Lo abordan con sumo cuidado, y ni siquiera los embajadores más tuiteros se hacen eco de informaciones o comentarios sobre el asunto.

“Es un asunto de política interna española y por ello no nos inmiscuimos. Tanto el presidente Emmanuel Macron como el Ministerio de Exteriores se han manifestado, sólo tras haber sido interpelados por los medios. Nos interesa una España fuerte y unida, dada nuestra estrecha cooperación, especialmente en cuestiones de seguridad”, afirma Marjorie Vanbaelinghem, consejera de prensa de la embajada francesa en Madrid.

Las oficinas de Acción Exterior, conocidas como embajadas catalanas, han sido uno de los pilares de la diplomacia del Gobierno de Carles Puigdemont, que ha dedicado decenas de millones de euros a la causa. La última apertura de más de una decena en Europa y cerca de unas 20 en todo el mundo fue la de Copenhague, a finales de agosto, pero las autoridades catalanas no lograron apoyos institucionales en la inauguración en Dinamarca, como pretendían. La diplomacia española, la única reconocida según insisten los socios europeos, vigila atentamente los movimientos de estas agencias.

Sin embargo, también desde Dinamarca, el viernes se ha dado a conocer una carta abierta de 17 diputados del Folkentinget, encabezados por Nikolaj Villumsen de la Alianza RojiVerde, en la que piden al gobierno español que “desempeñe un papel constructivo y promueva el diálogo político” para resolver la situación en Cataluña, según ha informado The Spain Report.

Invocan la fuerza del millón de asistentes a la Diada como argumento en favor del referéndum y critican que “se responda con amenazas y respuestas judiciales y legales” en lugar de buscar salidas políticas a la crisis. Son 17 de un total de 179 diputados del Parlamento danés los que dan su respaldo a los independentistas catalanes, que seguro que buscan más adhesiones en Europa por esta vía.

Desde Alemania, uno de los países de Europa, junto con Italia, donde sus tribunales se han pronunciado contra la celebración de un referéndum de autodeterminación (Baviera, 2017), el economista Juergen B. Donges, catedrático emérito del Institute for Economic Policy de Colonia, considera el desafío separatista como “una fuente de inestabilidad e incertidumbre para la UE absolutamente innecesaria”.

Donges, que ha sido presidente del Consejo de Expertos Económicos del gobierno federal, explica que no se entiende la euforia de los secesionistas. “Sus argumentos históricos son falsos y los económico-financieros también. Cataluña es una región atractiva para la inversión extranjera, incluida la alemana, una de las regiones más desarrollada de la UE, lo que no casa con el mensaje independentista de que es una región oprimida por el Estado español”.

Sobre la ilegalidad de la consulta, subraya Donges, profundo conocedor de la realidad española, que en Alemania sería impensable una actuación como la del gobierno catalán. “Es el mayor desafío al Estado de derecho jamás visto en la UE y supone una versión inusitada de golpe de Estado. El Parlament con las leyes de desconexión da por hecha su victoria en el referéndum. ¿Y si saliera el no? Los diputados de Junts pel Sí y de la CUP se han olvidado de las normas más elementales de la democracia… En Alemania no se concibe que el gobierno de un Land haga oídos sordos a las sentencia del Constitucional y de los tribunales nacionales”, señala el experto, quien subraya la diferencia con las consultas de Escocia y Quebec.

Desde Italia, donde también se han pronunciado los tribunales contra la autodeterminación de la Padania en 2015, el profesor Gianfranco Pasquino, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de Bolonia, reconoce su preocupación “por las consecuencias inmediatas y futuras de todas las secesiones” y no le parece deseable ni positivo para los catalanes, o para los padanos, o los valones su escisión. “¿Va a mejorar la vida de los catalanes? ¿Y de los que viven en Cataluña sin ser catalanes?”, se plantea sobre el sentido del referéndum separatista.
“La cuestión catalana plantea el desafío de la identidad y el desafío de la diversidad. Y yo soy de los que sigo creyendo que es posible ser y definirse europeo nacido en Cataluña sin dejar de ser español. O europeo nacido en Turín, sin sentir la necesidad de un Piamonte independiente”, añade Pasquino, quien reconoce que de momento el interés en Italia no es grande, si bien “si los catalanes que quieren dejar España ganaran el referéndum, los padanos se sentirán exultantes de alegría”.

En Francia, Alemania e Italia, la opinión dominante, según el último barómetro sobre la imagen de España del Real Instituto Elcano, es que una eventual independencia de Cataluña sería perjudicial para los propios catalanes, aunque también para los españoles. El economista Juergen B. Donges lo tiene claro: “El potencial de crecimiento económico en Cataluña disminuiría considerablemente y el paro laboral aumentaría bastante. Cataluña necesitaría años para recuperarse”.

La Unión Europea teme que se abra la caja de Pandora del secesionismo, ahora que está inmersa en otra separación dolorosa, el Brexit, proceso con el que también se ha comparado el desafío independentista en Cataluña. El manejo del componente emocional, algo que parece imponerse en política, es quizá el componente común más significativo.  “Nadie está interesado en dar alas a fuerzas centrífugas en su país, ya sea en Francia (Córcega, País Vasco), Italia (Padania) o Bélgica (Flandes). Por ello nadie hará promesas halagüeñas a los catalanes separatistas, al contrario”, señala el ex asesor del gobierno alemán.

Resulta llamativo que hasta que se intensificaron las demandas escocesas, que han servido de claro referente en Cataluña, en más de 20 años desde el fin de la Guerra Fría sólo han nacido cuatro nuevos Estados y tres de ellos en contexto bélico (Eritrea, Timor Oriental, Sudán del Sur) y Montenegro. Como señala Ignacio Molina, investigador en el Real Instituto Elcano en el artículo El secesionismo en democracias avanzadas: Cataluña, entre Escocia y Padania, “ninguno de estos casos resultaba envidiable… Incluso Kosovo, pese a poder apelar a una remedial secession y contar con amplio reconocimiento (no de España) sigue hoy fuera de la comunidad internacional”.

Coincide, según Molina, el proceso en Cataluña con la cuestión escocesa en “una eficaz narrativa democrática, que enfrenta al pueblo con unas élites centralistas… la idea del independentismo adoptando mensajes de izquierdas y la demanda de perfeccionamiento de las democracias plurales y descentralizadas”.

Esos mensajes son los que trasladan los independentistas catalanes al público europeo. Y se deja de lado que sin reconocimiento no hay independencia, que la salida de la UE es un hecho o que esa Cataluña independiente quedaría fuera de la eurozona y muchas empresas se trasladarían, como ya están haciendo algunas, dada la incertidumbre.

Precisamente el gobierno autónomo escocés se ha referido este sábado al Acuerdo de Edimburgo de 2012 como ejemplo para una posible solución para la cuestión de Cataluña, según ha informado Europa Press.  La ministra de Asuntos Exteriores del gobierno escocés, Fiona Hyslop, ha recordado en un comunicado que “los dos gobiernos tenían un punto de vista diametralmente opuesto sobre si Escocia debía ser independiente”, pero “fueron capaces de unirse para acordar un proceso para que la gente pudiera decidir”.

Desde Bélgica, uno de los países donde el separatismo cala más hondo, el politólogo Bruno Coppieters, de la Universidad Vrjie de Bruselas, cree que a la población europea le preocupa “la falta de negociaciones e incluso de diálogo entre las partes, algo que sorprende en el contexto de la Unión Europea, dado que la integración europea se construye en base a los compromisos, y este conflicto parece obedecer a una lógica diferente”.

Según Coppieters, experto en federalismo y secesionismo en Europa, en la UE el desafío separatista ha creado “inseguridad, incluso ansiedad” porque no sabe cómo ayudar a resolverlo. “La UE tiene muy poca capacidad de maniobra en un conflicto de soberanía entre uno de sus Estados miembros y una entidad no reconocida localizada en el territorio de su Estado miembro”, señala el politólogo.

La singularidad del caso catalán llama la atención del experto. “Hay varios movimientos nacionalistas en Europa que reclaman la independencia, incluso en Flandes, pero no defienden el derecho a la independencia, con contadísimas excepciones. Un paso así lleva a la confrontación. En general, se tienen en cuenta las consecuencias y se trata de evitar el choque, como hicieron los nacionalistas escoceses al llegar a un acuerdo con el gobierno británico para celebrar un referéndum. En Flandes la mayoría defiende la idea de una confederación que se logrará con una reforma constitucional”, añade Coppieters.

Tras el enfrentamiento abierto con Madrid, excepcional en el contexto europeo, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, a los que se ha sumado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han lanzado un llamamiento al diálogo al Rey y al presidente del gobierno a través de una carta en la que piden una salida a la situación catalana, basada en la celebración del referéndum.

Hasta ahora han respaldado la apuesta independentista el ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. “Lo que me gustaría es que en cualquier país, si una región desea hacer un referéndum, la Constitución se cambie para que no sea ilegal poder hacerlo”, decía Varoufakis en una entrevista reciente en Huffington Post.

Assange lleva unas semanas esgrimiendo las tesis del gobierno catalán y llegó a tuitear una foto de los tanques en Tiananmen en alusión a que la represión no funcionaría en Cataluña. Hay quienes ven la mano negra del Kremlin tras este apoyo de Assange, que suele respaldar las mismas causas desestabilizadoras que el presidente ruso, Vladimir Putin.

Según Gutiérrez-Peris, “intervenciones como la de Assange muestran que hay un interés probablemente turbio en utilizar el referéndum y la causa independentista para otros fines políticos. En este sentido, la internacionalización no es tanto el éxito del gobierno catalán, sino de quienes ven un interés en utilizar el conflicto para su propia agenda”.

Sea como sea, difícil resulta aventurarse a hacer un pronóstico sobre qué pasará el 1-O y mucho menos los días después, pero habrá que buscar vías de reconciliación y acercamiento. Gianfranco Pasquino, que se presenta como europeo nacido en Turín, tiene la esperanza de que no ganen los favorables a la secesión. “Si lo hacen, confío en que pueda seguir yendo a Barcelona a disfrutar de los partidos del Barça sin visado”. El fútbol y el sentido del humor es lo que queda para tender puentes entre Madrid y Barcelona.


(*) Periodista


sábado, 16 de septiembre de 2017

Cientos de vecinos claman sin violencia en el centro de Murcia por el soterramiento ferroviario de la línea del AVE


MURCIA.- Cientos de personas se concentraban este sábado desde las ocho de la tarde  en el paso a nivel de Santiago el Mayor para exigir, un día más, el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad. Los manifestantes clamaban consignas como «Ballesta, el muro en tu puerta» (en referencia al alcalde de Murcia), «que no, que no, que no queremos muro» y «nosotros por arriba, el tren por abajo».

Una vez más, se desplegaba en las vías un amplio dispositivo policial para garantizar que la concentración se desarrollaba sin incidentes. Tras llegar a la Glorieta los vecinos y de ahí a la Delegación del Gobierno (en obras), los miles de manifestantes optaban por seguir su protesta por la calle Correos. Lo hacían megáfono en mano y con un lema contundente: «Basta de promesas incumplidas». «Y luego diréis que somos cinco o seis», coreaban, según la crónica de La Opinión.
Los vecinos marcharon desde las 21.00 horas por varias calles de la ciudad hasta llegar a La Glorieta de España, frente al Ayuntamiento, para posteriormente continuar por la Avenida Teniente Flomesta y llegar a la Delegación del Gobierno donde la movilización, que se desarrolló sin ningún tipo de incidentes, culminó con una concentración multitudinaria y la lectura de un manifiesto. 
«Las familias, niños y ancianos que nos concentramos, lo hacemos para protestar contra una injusticia ya que si se levantan los muros y si el AVE llega en superficie, nuestros barrios quedarán marginados para siempre y nosostros con ellos», explicó el portavoz de los concentrados Joaquín Contreras a La Verdad.
El portavoz de la Plataforma dijo que no se había solicitado ningún permiso a la Delegación del Gobierno para la realización de la manifestación ya que lo que se convoca es “una marcha vecinal pacífica para protestar ante el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, por la actuación policial de los últimos días”.
Desde la Plataforma Pro Soterramiento mandaron un comunicado en el que denunciaban «la crispación» que, a su juicio, están creando en redes sociales los diputados del PP, Francisco Bernabé y Teodoro García Egea. Recuerdan en la nota que los vecinos «están hartos de manipulación».
Y es que el que fuera consejero y antes alcalde de La Unión hacía un llamamiento a la sociedad murciana para que «en nuestros corazones solo quede espacio para la celebración de unos hitos que en su día serán recordados como históricos». A su juicio, no hay razones ya para protestar.

La Plataforma de Garre hace un tráiler sobre López Miras, Arroyo y el soterramiento

TORRE-PACHECO.- La Plataforma Cívica Región de Murcia ha subido a su cuenta oficial de Twitter un vídeo en el que muestran las imágenes intercaladas del discurso del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante su pregón que abría las fiestas de Carthagineses y Romanos anoche en Cartagena, y las cargas policiales que se vivieron también anoche en el paso a nivel de Santiago el Mayor.

En la primera parte del vídeo, que se ha hecho viral a lo largo del día, la Plataforma muestra trozos del discurso de López Miras desde el balcón del Ayuntamiento de Cartagena, junto a miembros del Ejecutivo regional, entre ellos Noelia Arroyo, portavoz y consejera de Transparencia, añadiendo entre medias la frase: "Mientras Nerón y Mesalina tocaban la lira...", en referencia a López Miras y Noelia Arroyo.

A continuación, y añadiendo "en Murcia se libraba una batalla", las imágenes mostraban las cargas policiales que se dieron en la noche del viernes en el paso a nivel de Santiago el Mayor, junto con fragmentos de las protestas de los vecinos y de la plataforma Pro Soterramiento.

"Unos vecinos cansados de mentiras, una Región de Murcia harta de sus gobernantes" eran las citas con las que el vídeo intercalaba las declaraciones del presidente regional en su pregón y en momentos con su equipo de Gobierno anoche en Cartagena.


El vídeo finaliza con la Plataforma avisando: "Este otoño, los ciudadanos lo primero #HastaAquíHemosLlegado", junto a una frase final que hacía de resumen de todo el vídeo: "Nerón y las vías del tren".

El personaje de Nerón, al que la Plataforma Cívica asocia con López Miras, fue un emperador de la época del Imperio romano y a quien, según algunos históricos, se le atribuye el incendio que devastó la ciudad de Roma en el año 64 d. C.

Por otra parte, Mesalina, a quien atribuyen a Noelia Arroyo, fue la tercera esposa del emperador Claudio, a quien, según los teóricos, influyó políticamente en sus decisiones como dirigente del Imperio romano.

La UCAM va a titular a empresarios murcianos sin formación tras un acuerdo-marco con la CROEM


MURCIA.- La relación entre la UCAM y la CROEM se ha fortalecido con la firma de un convenio de colaboración, que ha tenido lugar en las instalaciones de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, y cuyo objetivo es fomentar el estudio de idiomas como parte del proceso de internacionalización del tejido empresarial de la Región de Murcia, así como ayudar a mejorar las perspectivas de empleo y las habilidades lingüísticas de sus trabajadores. 

El acuerdo lo han rubricado José María Albarracín, presidente de la CROEM, y José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, quien ha estado acompañado por María del Mar Sánchez, coordinadora académica de la Escuela Superior de Idiomas, y César Nicolás, director del Instituto Tecnológico de Murcia, de la UCAM.
En una primera fase, el acuerdo permitirá a los asociados a la CROEM disfrutar de descuentos preferentes en la preparación para los exámenes oficiales Trinity ISE I, ISE II, ISE III; los exámenes oficiales Cambridge PET, FIRST y CAE; así como una formación de inglés para farmacéuticos I y II, con una duración de 60 horas. 
Los alumnos que quieran preparar uno de estos títulos oficiales deberán someterse a una prueba de nivel o acreditar el nivel correspondiente para el acceso a dichos cursos, que contarán con grupos reducidos y un número ilimitado de plazas.
José Luis Mendoza ha anunciado además que la impartición de títulos propios y programas de formación en lenguas modernas son propuestas muy beneficiosas para las empresas, así como los títulos de Graduado Superior Universitario que se iniciarán durante este curso académico, dirigidos a empresarios y profesionales que no han podido formarse académicamente antes
Por su parte, José María Albarracín, tras asegurar que la UCAM es una gran empresa de la Región que merece el apoyo de todo el tejido empresarial murciano, expresó su deseo de que el acuerdo cale bien en el empresariado y se sume a esta iniciativa, que le permitirá obtener un formación universitaria que no han podido cursar en el pasado.

López Miras prefiere hacer el romano... a estar en las vías del AVE


CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que fue el encargado de pronunciar anoche el pregón con el que comenzaron las XXVIII Fiestas de Carthagineses y Romanos, en el primer año en el que están catalogadas de Interés Turístico Internacional, alentó a "vivir con pasión estas fiestas intensas; sin duda alguna, las mejores de la historia".

En el transcurso de su pregón, resaltó el trabajo realizado por los festeros, por las 25 tropas y las 25 legiones, "que hacéis de estos días de septiembre la gran fiesta del Mediterráneo y del mundo entero". 
También tuvo palabras de recuerdo para todos los que "hicieron grandes estas fiestas desde sus inicios, logrando que Cartagena mirase hacia atrás con orgullo" porque, dijo, "que seamos internacionales también se lo debemos a ellos".
"Cartagena es un tesoro, una ciudad con un enorme potencial con la que estamos comprometidos para que siga siendo cada día mejor", subrayó el presidente, quien recordó "aquellos tiempos en los que se iniciaba la excavación del teatro romano, que ya es el museo más visitado de la Región o cuando El Molinete comenzaba a ser desmontado para comprobar que en sus entrañas se conservaban las huellas de un foro, de un barrio entero plagado de maravillas", indicó.

VOX Murcia presenta a su nuevo coordinador de Cartagena

CARTAGENA.- Este fin de semana VOX Murcia ha presentado en Cartagena a su nuevo coordinador, Luis Armada, que sustituye al anterior responsable, Oscar Conesa, que por motivos laborales ha decidido pasar el relevo a Armada, siendo este último, elegido por el Comité Ejecutivo Provincial.

El acto se ha celebrado en la ciudad de Cartagena donde la asistencia ha desbordado la previsión de la organización, siendo un indicador del interés que ha suscitado el cambio y los temas que afloraron en la reunión, temas tan actuales como la corrupción, los agravios sociales, la convivencia con la comunidad musulmana y la situación económica y laboral de la zona de Cartagena.
Luis Armada, se comprometió a seguir con entusiasmo el trabajo iniciado por Oscar Conesa y hacer de VOX una alternativa concreta y definitiva para los cartageneros, siendo uno de sus objetivos, el aumento de afiliados, que en toda la provincia de Murcia ha tenido un incremente de algo más del 22% en los últimos ocho meses.

Fallece el sacerdote Pedro Ballester, ex capellán-rector de la Basílica Menor-Santuario de la Santísima y Vera Cruz


CARAVACA DE LA CRUZ.- Hoy, 16 de septiembre, ha fallecido en la ciudad de Caravaca de la Cruz, en pleno Año Jubilar y a los 80 años,  D. Pedro Ballester Lorca, sacerdote de la Diócesis de Cartagena, según informaron esta tarde desde el Obispado en un comunicado. Se encontraba hospitalizado desde hace unos días pero nadie pensaba que el fatal desenlace se produciría con tanta rapidez. El finado ejerció su ministerio en Caravaca durante 43 años, cuarenta de ellos dedicados a exaltar la Santísima Vera Cruz a diario. Durante todo este tiempo dió personalmente a besar la sagrada reliquia a miles de personas que acudieron a adorarla llenos de Fé.

Sus restos mortales están siendo velados por familiares y amigos en la sala de cabildos de la Basílica Menor-Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, donde mañana domingo, a las 10:30 horas, se celebrará la misa exequial, presidida por el Sr. Obispo.

D. Pedro nació en Totana el 12 de julio de 1937. El 22 de agosto de 1939 fue bautizado en la parroquia de Santiago el Mayor, de Totana. A los 15 años ingresó en el Seminario Menor de San José, pasando después al Seminario Mayor de San Fulgencio, donde realizó los estudios de Filosofía y Teología.

El 8 de junio de 1963, con 26 años, fue ordenado sacerdote en la iglesia parroquial de San Bartolomé-Santa María, de Murcia, por el entonces Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. Ramón Sanahuja y Marcé. Después de su ordenación desempeñó los siguientes cargos:
  • 1963-1965: Coadjutor de la parroquia de La Purísima, de Yecla.
  • 1965-1970: Coadjutor de la parroquia de San Cristóbal, de Lorca.
  • 1970-1973: Coadjutor de la parroquia de El Salvador, de Caravaca de la Cruz.
  • En 1973 fue nombrado capellán-rector de la Basílica Menor-Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, cargo que desempeñó hasta que se jubiló en el año 2013.
A la vez que ejerció de capellán de la Basílica Menor-Santuario atendió diferentes parroquias de los campos de Caravaca.

Asimismo, ha ejercido otros cargos:
  • Fue nombrado Comisario para los Jubileos de Caravaca de la Cruz de los años 2003 y 2010.
  • 2002-2013: Director del Secretariado de la Pastoral de Santuarios.
  • 1970-2002: Profesor del Instituto San Juan de la Cruz, de Caravaca de la Cruz.
Durante su larga estancia en la ciudad de Caravaca de la Cruz mostró un profundo amor a la Basílica Menor-Santuario y un profundo enraizamiento en la ciudad, de la que publicó algunos libros y artículos sobre la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, la Basílica Menor-Santuario y el festejo de los Caballos del Vino; al igual que trabajó por dar a conocer la cultura y tradiciones de Caravaca.

El Ayuntamiento de este municipio reconoció esta dedicación y amor de D. Pedro Ballester Lorca por la ciudad que le acogió durante tantos años, por lo que en 1995 lo proclamó Hijo Adoptivo de Caravaca de la Cruz.

Su producción literaria está dedicada casi íntegramente a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Y entre sus libros están La Cruz de Caravaca; La Vera Cruz de Caravaca: una historia, un símbolo, una fe; La ciudad de la Cruz: cuna y marco de los Caballos del Vino; La Cruz de Caravaca, historia, rito y tradición; La Santa y Vera Cruz: libro del peregrino; Los Caballos del Vino. Festejo insólito y pasional e incluso se atrevió a escribir un libro taurino: Como un ciprés: Manolete, reflexiones antropológicas y estéticas.

Poco antes de enfermar gravemente adelantaba que en los próximos meses iba a publicar un libro sobre los moros y cristianos en las Fiestas de la Vera Cruz, en el que llevaba trabajando varios años para completar lo que él llamó su trilogía festera: la Santísima Cruz, los Caballos del Vino y los Moros y Cristianos.

El obispo Lorca Planes celebra la Exaltación de la Cruz junto a los caravaqueños


CARAVACA DE LA CRUZ.- El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, clausuró el Quinario en la fiesta de la Exaltación de la Santísima Cruz, invitando a los caravaqueños a cuidar a los peregrinos que llegan hasta este lugar; y a poner el centro de la mirada en Cristo, “el único que puede sanar al hombre”. 

“Cuando Dios nos regala la cruz es para completar la pasión sanadora de Cristo, para sanar las heridas ocasionadas por mis pecados, en mí y en los demás”, explicó Mons. Lorca, animando a los presentes a vivir con coherencia la fe: “Lo que llega al corazón no son las palabras, sino el testimonio de vida de una persona”.
Recordó, además, que la relación del hombre con Dios no esclaviza sino que es de libertad, “porque Cristo ha pagado con su sangre nuestra libertad… Vengamos a Caravaca, peregrinemos a la Cruz de Cristo, para poder encontrar el regalo de saber amar como Cristo nos amó”.
Al finalizar la celebración, se realizó la procesión de la Vera Cruz alrededor de la muralla del alcázar-santuario.
El Obispo de Cartagena y el párroco de El Salvador, Jesús Aguilar, portaron la Sagrada Reliquia, acompañados por la Compañía de Armaos de la Vera Cruz (la guardia de honor que custodia el Lignum Crucis en sus salidas del santuario) y cientos de fieles.
A su regreso, una vez dentro del recinto amurallado, la patrona bendijo los campos, la ciudad y a cuantos moran en ella desde los cuatro puntos cardinales.
El Custodio de Tierra Santa, el franciscano P. Francesco Patton, abrió el pasado domingo el Quinario de la Vera Cruz. Su antecesor en el cargo, Pierbattista Pizzaballa, regaló a la Cofradía de la Vera Cruz, en 2006, una astilla del Lignum Crucis, que se sumó entonces a las que ya estaban dentro del relicario.
El día 11, presidió el Quinario Jesús Aguilar Mondéjar, párroco de El Salvador, vicario episcopal para la Zona de Caravaca-Río Mula y Comisario del Año Jubilar 2017. En la fiesta del Santísimo Nombre de María, el día 12, fue el propio rector de la Basílica Menor Santuario, Emilio Andrés Sánchez Espín, quien presidió la celebración. 
El día 13 fue el Arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio, quien recordó que la cruz no es signo de muerte sino de vida, “no de infamia y de derrota sino de salvación y victoria, no de masoquismo sino de amor. Recordamos cómo donde tuvo origen la muerte, allí resurgió la vida”.
La fiesta de la Exaltación de la Vera Cruz, que se celebra cada 14 de septiembre, recuerda el descubrimiento de la Cruz de Cristo por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino ‘El Grande’, en el año 320. Una fiesta que se celebra con júbilo en Caravaca y a la que precede un quinario, cinco días en los que diferentes sacerdotes predican en la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz.

UPyD Región de Murcia condena la gestión del Delegado del Gobierno

MURCIA.- "Ayer se vivió el enésimo capítulo de una deriva en la gestión de las infraestructuras en la Región. La planificación arbitraria, con disparidad de criterios y continuas modificaciones en virtud de los calendarios electorales que se han sucedido en los últimos años, han provocado una retahíla de promesas de políticos regionales y estatales incumplidas. No es nuevo el déficit de inversión en infraestructuras que sufre nuestra región, y esta vez la paciencia de los vecinos la colmó el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna", dice UPyD en un comunicado.

"Las declaraciones en comparecencia del ministro en la mañana del jueves dejaron a las claras que no importa el sentir de los vecinos, ni el lógico escepticismo frente a los nuevos plazos que jamás han cumplido anteriormente en la planificación de infraestructuras. El alcalde Ballesta tuvo una oportunidad única e irrepetible para erigirse en el alcalde de todos los murcianos, apoyando a los vecinos que recibieron anoche la violencia de los cuerpos de seguridad del estado. La Policía Nacional, simplemente, obedeció la orden dadas por el Ministro y el Delegado del Gobierno, y tuvieron que desalojar por la fuerza a sus vecinos".
El coordinador regional de UPYD de la Región de Murcia, Diego García, ha expresado a través de redes sociales "todo el apoyo y respeto a los vecinos que fueron agredidos por la policía en una protesta pacífica". 
Diego García, ha venido asistiendo como representante de UPYD en la Región a distintos actos realizados por la Plataforma Pro Soterramiento y muchos afiliados del partido secundan las concentraciones que se vienen realizando todos los martes por la tarde. Hasta la fecha, nunca se habían producido semejante actuación policial.
"Nadie nos puede contar lo que pasaba allí, porque estuvimos con los vecinos", declaraba Diego García, "conocemos sus reivindicaciones y apoyamos su protesta pacífica sin lugar a dudas". 
Añadía que "el alcalde Ballesta debe tomar cartas en el asunto, no dejar que los ministros vengan cada cierto tiempo a proponer una nueva hoja de ruta, que no se consensua con sus vecinos". 
Concluía exhortando al alcalde, "no se conforme con otro muletazo y embista al Ministerio de Fomento, ponga sobre la mesa el historial de promesas sin cumplir con su ciudad".
"Desde UPYD Región de Murcia solicitaremos al equipo de gobierno que informe acerca del estado de las obras del soterramiento del AVE en la ciudad, contratos en vigor, modificaciones del mismo, certificaciones y pagos realizados, así como los plazos contractuales y el grado de cumplimiento.
UPYD Región de Murcia volverá a concentrarse cada vez que los vecinos lo hagan, quedando a su disposición para apoyar nuevas medidas frente a la mentira y los excesos del gobierno en sus atribuciones".

Ciudadanos pide explicaciones en el Congreso por la actuación policial en la manifestación prosoterramiento

MURCIA.- Ciudadanos ha elevado hasta el Congreso los incidentes registrados anoche durante la manifestación de la Plataforma Pro Soterramiento, al registrar una pregunta al Gobierno en la que pide saber quién ordenó la actuación policial y si el delegado del Gobierno tenía conocimiento en ese momento de que entre los manifestantes se encontraban numerosos niños y ancianos. 

El diputado Miguel Garaulet, que firma la pregunta escrita, considera que “nos encontramos ante una reacción desproporcionada y desmesurada que afectó a personas mayores y niños mientras ejercitaban su derecho constitucional de manifestación” y señala además que el hecho de que la actuación fuera desarrollada por unidades antidisturbios de la Policía Nacional desplazadas desde otras provincias “es una prueba de la predisposición por parte de las autoridades a que la reunión ciudadana acabase como finalmente acabó”.
A juicio del diputado naranja, el delegado del Gobierno debería haber previsto la situación en vez de fiarlo todo a la carta de la actuación policial. 
“Tampoco ayudó la actitud del ministro al suspender un encuentro con los vecinos. Consideramos que lo ocurrido en Murcia anoche fue que un grupo de ciudadanos que pedía el soterramiento del AVE a su llegada a la capital y que se evite dividir la ciudad con un muro que en algunos casos dista de los hogares de los vecinos apenas 80 centímetros, recibió lo que consideramos una reacción desproporcionada y desmesurada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y queremos conocer a los responsables de esta actuación”, ha añadido Garaulet.

La CARM solicita al Ministerio de Justicia firmar un convenio para luchar contra los desahucios


MURCIA.- El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, le trasladó ayer a la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, la importancia de incrementar los esfuerzos para frenar los casos de desahucios y le mostró el interés del Gobierno regional en firmar un convenio con el Ministerio de Justicia para acelerar la detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social relacionadas con el lanzamiento de la vivienda en la Región de Murcia.

El consejero Pedro Rivera explicó que el convenio pretende "fijar los compromisos y protocolos de actuación y comunicación entre la Administración de Justicia y la Comunidad para que se constate la situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social de las personas afectadas por un lanzamiento de su vivienda".
Para ello se recomienda tener en cuenta el umbral de exclusión y el de la especial vulnerabilidad, incluidos en el Real Decreto Ley 6/2012 o la Ley 1/2013 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, o en cualesquiera otros que la evidencien.
Rivera recordó que el Ejecutivo autonómico "mantiene en la actualidad iniciativas muy activas y, además, pone todos los servicios regionales a disposición de las familias en riesgo de exclusión y con dificultades económicas para garantizar el acceso y la permanencia de los murcianos con dificultades económicas en su vivienda habitual".
En concreto, a través del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, dependiente del Gobierno regional, se realiza una labor de mediación para llegar a soluciones consensuadas que permitan evitar sus desahucios y el lanzamiento de sus viviendas.
En esta tarea, la Comunidad trabaja de forma coordinada con el Tribunal Superior de Justicia, la Federación de Municipios, los Servicios de Mediación de los diferentes ayuntamientos de la Región, los Colegios de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca, los Colegios de Procuradores de Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla, el Colegio de Economistas de la Región, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y entidades financieras. En todo momento se da al ciudadano un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio.
Además, el Gobierno regional y las asociaciones Cáritas y Columbares colaboran en la concesión de subvenciones para el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de exclusión social y/o situación de especial vulnerabilidad.


Nuevas unidades judiciales en la Región
Durante la reunión de trabajo, el consejero Pedro Rivera también le transmitió a la secretaria de Estado de Justicia una serie de demandas para mejorar la Administración de Justicia.
Por un lado, el responsable autonómico solicitó, a petición del Tribunal Superior de Justicia, la necesidad de incorporar nuevas unidades judiciales en la Región y la importancia de agilizar los trámites que hagan ya realidad la construcción de dos sedes judiciales prioritarias para la Región, como son la Ciudad de la Justicia de Cartagena y el Palacio de Justicia de Lorca, para dotar de la infraestructura adecuada y necesaria a los correspondientes partidos judiciales.
Sobre este tema, la secretaria de Estado de Justicia informó al consejero que el incremento del Presupuesto del Ministerio para 2018 permitirá reducir los plazos de construcción del Palacio de Justicia de Lorca, que será de 24 meses y finalizará en los últimos meses de 2019.
Igualmente, el consejero pidió aumentar el número de fiscales y del personal funcionario de la Fiscalía de la Región de Murcia y mejorar sus dependencias, al tiempo que informó de las demandas de los colegios profesionales de abogados y procuradores de la Región para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en relación a la Oficina Judicial y el sistema electrónico LexNET.