Alertan del envejecimiento de las plantillas de investigadores en la Región

MURCIA.- El Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia ha advertido del "deterioro" en materia de I+D en los últimos años principalmente por el descenso del personal dedicado a investigación, acentuado sobre todo de investigadores, cuyo empeoramiento es "notorio".

Así se recoge en la Memoria anual de la situación socioeconómica y laboral correspondiente al ejercicio 2016 en la Región, en la que se realiza un análisis sobre cómo ha evolucionado la situación en materia de I+D+i en el primer quinquenio de esta década.
En este sentido, advierte de que, aunque el retroceso es "muy grave" en la administración pública, dado que el número de estos ha disminuido en la Región casi un 40% entre los años 2010 y 2015, también sucede en la enseñanza superior y en la empresa, con casi 9 y 6 puntos porcentuales, respectivamente.
Como consecuencia de esta evolución ha habido un "significante envejecimiento" de las plantillas de los centros de investigación, además de "la imposibilidad de que cualificados jóvenes investigadores hayan podido acceder al sistema y se hayan visto obligados a emigrar".
Todo ello conlleva un "retroceso" en las políticas de apoyo a la investigación y la innovación y dificulta que la recuperación económica y social "se sustente, como sería deseable, en la innovación, el conocimiento y la mejora estructural de la competitividad".
En este sentido, el CESRM comparte la recomendación del CES estatal y demanda la apuesta por un patrón de crecimiento de la actividad y el empleo diferente, "basado en la innovación, con visión de largo plazo y la realización de inversiones sostenidas en el tiempo".
Para ello, considera crucial que "se dé mayor prioridad a esta política en los presupuestos públicos, se planifique plurianualmente la inversión en I+D y se dote de estabilidad a los fondos, evitando que la financiación del sistema dependa, como ha sucedido, de las circunstancias del ciclo económico".
Hay que tener en cuenta que la Región de Murcia "mantiene una importante desigualdad respecto a España en lo que concierne a esfuerzo financiero en I+D, pero muy leve, en cambio, en recursos humanos (personal investigador o estrictamente investigadores)".
A juicio del CESRM, "reforzar las estructuras disponibles de tipo clúster en el diseño de las políticas de fomento de la innovación puede ser una estrategia adecuada para ello, y también potenciar y mejorar los mecanismos de colaboración público-privada y de transferencia de conocimientos".
Las disminuciones del gasto público aplicadas generalizadamente durante la crisis económica "interrumpieron en esta materia la vigorosa senda alcista emprendida al principio de la pasada década y han ocasionado un relevante descenso, aún no recuperado con su leve repunte durante el bienio 2014-2015".
Este órgano echa en falta que tras la finalización en 2014 del último Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación "hayan desaparecido los instrumentos de planificación en materia de investigación y desarrollo".
En opinión del CESRM, en el marco de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS3Mur), la realización de un nuevo plan de ese tipo en concertación con los agentes del sector "debiera de ser una prioridad de tal forma que su puesta en marcha sea una realidad al principio del próximo año".
También echa en falta la evaluación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014 al igual que las memorias anuales del mismo requeridas por la Ley 8/2007.
Demanda, por ello, una mejora de la comunicación y difusión de la información relativa a las actividades de I+D+i, que "contribuiría a facilitar la coordinación de las políticas y también a mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos".

Robo en casa de Luzón: ¿Un aviso para navegantes?

MADRID.- El robo sucedido en el domicilio madrileño del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a la misma hora que tomaba posesión de su cargo en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, el pasado miércoles, a las 13 horas, ha disparado todo tipo de especulaciones, revela hoy https://confilegal.com.

“No existe la casualidad sino la causalidad. Un robo al mediodía, cuando los vecinos suben y bajan, cuando cualquier cosa puede salir mal, es, cuanto menos, muy  extraño”, explican fuentes de la seguridad. “Los robos suelen suceder en fin de semana o por la noche. Este robo es, sobre todo, muy osado y oscuro”.

De acuerdo con la Policía, le fue sustraida una veintena de relojes de gran valor, un número de joyas y 900 euros en efectivo de su domicilio de Chamberí, en pleno centro de la capital de España. Así se lo explicó el fiscal jefe Anticorrupción poco después de las siete de la tarde, cuando regresó a su casa con su familia.

La mujer de servicio que trabaja en el piso, al parecer, abandonó el piso poco después del mediodía y no echó la llave.

La puerta, además, no parecía forzada, por lo que, en apariencia, parece que entraron por el método del resbalón, consistente en introducir una fina lámina de plástico entre el marco y la puerta.

¿Quién o quiénes lo hicieron y por qué?

Esa es la principal incógnita.

En la zona de Chamberí y el Barrio de Salamanca operan en la actualidad dos bandas de albano-kosovares que sólo actúan por la noche o en fin de semana, cuando saben que no hay nadie en los domicilios, según fuentes policiales. No pueden ser ellos. El modus operandi no encaja.

Falta por ver si la Brigada de Policía Cientifica ha podido encontrar algún tipo de huella, tras la inspección ocular realizada, que  pueda conducir a algún sospechoso.

“La primera reflexión que emerge de lo sucedido es que puede ser un ‘aviso para navegantes’, una advertencia a Luzón de que es vulnerable, de que han podido entrar en su casa, donde vive con su familia, a plena luz del día. La segunda, que se puede deducir es que, de alguna forma, se trata de incomodarlo”, añaden las mismas fuentes de seguridad.

“También puede suceder que el objetivo principal era sustraer algún tipo de información de importancia que el fiscal jefe Anticorrupción pudiera tener en su casa. Información que se pudiera utilizar después para otros fines. Muchos fiscales se llevan documentos a casa, donde siguen trabajando. Habría sido de lo más normal que hubiera tenido ‘papeles’ de valor en casa. O un ordenador, con información”, señalan.

Se desconoce si Luzón tenía ordenador o documentos oficiales en su casa.

No es la primera vez que a un fiscal Anticorrupción le entran en su hogar. A Juan Pablo Lozano, fiscal Anticorrupción de Murcia, quien investiga los principales casos judicalies de corrupción, como el “caso Auditorio, “Novo Cartago” o “Umbra”, le han robado dos veces.

La primera fue en julio del año pasado. Se llevaron su ordenador perosnal en el que guardaba documentos muy importantes. El segundo tuvo lugar el pasado 6 de enero. En esa ocasion no se llevaron nada de valor, pero sí dejaron revuelto todo; buscaron algo que no encontraron.

Hubo, incluso, una tercera vez. Pero esa sucedió en los juzgados. Una persona supuestamente relacionada con la delincuencia, le sustrajo el ordenador portátil en un descuido, cuando se encontraba en el juzgado de Guardia.

Por otra parte, también el que fuera presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sufrió un asalto similar al de Luzón en los primeros meses de su mandato, allá por 2009. Un robo que, hasta ahora, se ha mantenido en la mayor de las discrecciones y que se parece mucho al del fiscal jefe Anticorrupción; también se llevaron objetos de valor y se revolvió todo. ¿También fue un aviso para navegantes?

“Los ladrones, evidentemente, estaban al tanto del acto del miércoles, de la toma de posesión de Luzón y que no regresaría hasta la tarde con su familia, que la mujer dejaría la casa al mediodía. Era una ‘operación segura'”, avanzan las citadas fuentes de seguridad.

“Todo induce a pensar, por los datos que se conocen, que son profesionales. ¿Para quién trabajan? A estas alturas lo desconocemos, pero lo más prudente es rodear al fiscal jefe Anticorrupción y a su familia de un operativo de seguridad, 24 horas al día, siete días a la semana, que impida que esto vuelva a repetirse. Por el bien de todos”, concluyen.

PAS se acantona y luego se enroca / Apunte de Argárico *

https://murciaconfidencial.blogspot.com.es/2017/07/la-cospedal-anda-que-echa-fuego-con-las.html

Maíllo se perdió en Barrio Sésamo / Rosa Roda *

Barrio Sésamo se estrenó el 10 de noviembre de 1969 en la televisión estadounidense. Desde entonces, esta producción de Jim Henson nos ha enseñado a muchos a contar, a diferenciar entre arriba y abajo y a cómo no comer galletas, entre otros conocimientos básicos. He llegado a la terrible conclusión de que Fernando Martínez Maillo se perdió las lecciones de Coco porque SEIS es más que UNO.

Sí, señor Maillo, sí. SEIS y no UNO son los delitos que dos jueces (cuatro si contamos a Consuelo Andreo y Eloy Velasco) nada sospechosos de simpatizar con la izquierda atribuyen a Pedro Antonio Sánchez: cohecho, fraude a ente público, revelación de información reservada, prevaricación, fraude de subvenciones y fraude de contratos por las causas Púnica y Auditorio; y los seis, castigados con penas de cárcel o inhabilitación; y los seis, según el Consejo General del Poder Judicial, delitos de corrupción política. Una lección de Derecho básico que también debió perderse el coordinador general del PP que, a estas alturas de la película, vuelve con la cantinela de que la prevaricación no es corrupción política sino una irregularidad administrativa. 

Exactamente la misma e impresentable cantinela que sostiene la ex jueza y alcaldesa de Podemos Manuela Carmena, que tampoco considera delito la prevaricación y no cesará a dos de sus concejales imputados; o la alcaldesa socialista de Cartagena, Ana Belén Castejón, que por el bastón de mando municipal se ha cargado el discurso anticorrupción del PSRM-PSOE al mantener de vicealcalde y concejal de Urbanismo a un bravucón, maleducado y pendenciero José López que, tras declarar ante el juez, sigue imputado por cuatro delitos de corrupción en relación a la compra del hotel Peninsular. Ciudadanos también tiene lo suyo con un concejal imputado en Calasparra.

Coco, que ha enseñado a contar a varias generaciones de españoles, diría que la situación es grave y preocupante para los populares murcianos que sí desean pasar página después de que Maillo haya descartado proceder contra Pedro Antonio Sánchez al entender que no se le juzga por un delito de corrupción y porque, según dice, ya asumió responsabilidades políticas al dimitir como presidente de la Comunidad de Murcia, aunque en realidad fue obligado a dimitir ante el riesgo cierto de que prosperara una moción de censura.

Génova, por ahora, decide cerrar los ojos y dejar el asunto en manos de la dirección regional del PP de la Región de Murcia, lo que significa que PAS decidirá lo que suceda con PAS cuando PAS estime conveniente, que será cuando haya sentencia firme (no se sabe si en Estrasburgo) como ya ha anunciado la secretaria general del partido, Maruja Pelegrín, aunque el propio Maillo aseguró en su día que si se le abría juicio oral se le aplicarían los estatutos del PP y tendría que dejar la presidencia del partido y su escaño en la Asamblea Regional. Pues ha hecho con sus palabras como el monstruo Triki con las galletas: triturarlas, como ha triturado los estatutos. 

Da la impresión de que algunos dirigentes nacionales del PP se han implicado tanto en la defensa del exalcalde de Puerto Lumbreras que ahora les cuesta dar su brazo a torcer. Recuerden que Maillo avaló con su presencia la elección de Sánchez como presidente regional del PP en un congreso que se celebró a los pocos días de que declarara como imputado en el caso Auditorio. En ese congreso Maillo le dijo: «¡Aguanta, aguanta y aguanta, que el PP es un partido a prueba de golpes!». Lo que nadie parece haber calibrado es hasta qué punto el partido está preparado para aguantar los golpes de ver a su presidente sentado en el banquillo a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales. Lo fían todo al efecto indulto que creen que tendrá la llegada del AVE a Murcia en superficie y la apertura del aeropuerto. 

Injustamente perseguido. «Es un hombre injustamente perseguido que solo quería hacer un auditorio para su pueblo y se quedó sin dinero porque hizo otras cosas. De eso le acusan: de querer mejorar su pueblo, y eso no es corrupción», dice un destacado pedroantoniano que no cree que la situación sea tan grave. Ese es el relato resumido (más bien historieta) que llega a Génova desde Murcia después de que el juez Pérez Templado haya desmontado el 'efecto sanador' de la sentencia del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de 30 de mayo de 2012 que avaló la tramitación administrativa del concurso de ideas que finalmente ganó el arquitecto Martín Lejárraga (también procesado) y que en su día sirvió a Sánchez para convencer a la dirección nacional de su partido de que todo se acabaría archivando. 

Un relato, el de un alcalde que solo quería un auditorio de 900 butacas para su pueblo pero se quedó sin dinero por la crisis, con el que cualquiera podría empatizar si no fuese por dos demoledores autos judiciales de procesamiento que, entre otras cosas, muestran una manera de gestionar lo público por parte de Pedro Antonio Sánchez inaceptable en un Estado de Derecho en el que no se puede retorcer o incumplir la legalidad vigente por muy loable que sea el fin, a no ser que queramos convertirnos en una especie de Barrio Sésamo europeo. Que un juez emplee los términos 'designio criminal' para referirse a la actuación de un dirigente político, sea quien sea, debería bastar en cualquier democracia avanzada, pero vivimos en el sur de Europa, donde nos estudiamos las leyes para ver la manera de incumplirlas y seguimos instalados en el «para que roben los tuyos, que roben los míos». 

«Al alcalde de Puerto de Puerto Lumbreras le dan seis millones de euros de dinero público para construir un auditorio y menos cumplir esa finalidad hace lo que le place, con grave daños a todos los españoles que de una y otra forma venimos años pagando estos desvaríos». Así resume el juez lo sucedido en Puerto Lumbreras: un desvarío, como el que parece estar sufriendo el PP donde «nadie va a mover un dedo contra PAS porque casi todos tienen pesebre», dice un histórico militante que sigue esperando que Ramón Luis Valcárcel le coja el teléfono o, al menos, responda a los SMS que le ha mandado al considerar que es el único con fuerza moral para poner orden. 

Todavía recuerdo el desmedido empeño con el que dirigentes populares intentaron convencernos a todos de que el auditorio sí estaba terminado. Se lanzaron a difundir imágenes de uno de los edificios del complejo cultural donde se podía ver a gente contemplando una exposición. Aquello duró lo que duró porque las mentiras tienen las patas muy cortas y pronto se vio que el edificio del auditorio es un esqueleto en obras al que le faltan dos millones de euros para su finalización. El ayuntamiento de Puerto Lumbreras llegó incluso a organizar fiestas infantiles a sus puertas con el riesgo que aquello tenía para los niños. Han tenido que ser dos jueces los que desmonten una mentira absurda, como absurdo resulta mantener que todo fue un error administrativo, que es como los dirigentes políticos edulcoran ahora el delito continuado de prevaricación. 

Dentro y arriba. Desmontado el mantra del error administrativo, llega a sus pantallas el capítulo «todo el dinero está metido en la obra», que repiten populares y algunos miembros del Gobierno regional alentados por el juez Templado, que en varios pasajes de su auto repite que «todo el dinero está invertido (mejor o peor) en la obra», como queriendo sentenciar antes de tiempo sobre un aspecto que está investigando la juez de Lorca que abrió una pieza separada para averiguar el destino final que se le dio a los seis millones de euros de la subvención y cuyas diligencias ha declarado secretas. A priori resulta arriesgado por parte del magistrado aventurarse a tal aseveración cuando hay un informe técnico que habla de un sobrecoste de 1.240.000 euros en lo que respecta exclusivamente al movimiento de tierras, cimentación y estructura, es decir, desde el principio mismo de la obra. 

Los populares contaban con el archivo de la 'causa Auditorio' (nunca sabremos en qué se basaban) o, como mucho, que el juez lo hubiese reducido todo a un delito de prevaricación. Y contaban con el archivo de la causa Púnica por parte del juez Quiñonero tras las maniobras del fiscal general Maza. Tampoco sabremos nunca hasta qué punto ha influido la presión mediática en la decisión final de los dos magistrados que han sorprendido a propios y extraños con su decisión final de procesarles, aunque en el caso Auditorio, Templado ha hecho una poda de acusados más drástica que la del ficus de Santo Domingo.

Pedro Antonio Sánchez está dentro y arriba que diría Coco, que es lo opuesto a estar fuera y abajo del partido porque Génova, por lo que sea, así lo ha decidido. Y como él, están dentro y arriba sus más fieles seguidores aunque apenas se prodigan ya en redes sociales con el hashtag #yoconpedroantonio, mientras López Miras sigue representando el papel que le encomendaron rodeado y vigilado de los más fieles escuderos de su mentor político, como David Conesa, que, de facto, está ejerciendo como su jefe de gabinete en San Esteban aunque está procesado por la Púnica. 

Conesa ha recurrido el auto de procesamiento advirtiendo al juez de que «en este asunto se está juzgando a un representante de los tres poderes del Estado» en referencia a Pedro Antonio Sánchez y que «la sola sospecha que el mantenimiento del proceso judicial produce conlleva un alto perjuicio no solo para las personas investigadas, sino para el propio sistema democrático». 

Bien mirado, Rajoy tiene mucho de Coco de Barrio Sésamo con sus obviedades. Lo último que ha dicho a unos niños en Moncloa a los que sí ha tenido tiempo de recibir es que «lo importante es caerle bien a más que a menos». Los populares murcianos deberían tomar nota, no vaya a ser que en mayo de 2019 descubran que no caen bien a más sino a muchos menos que en 2015 y entonces se acuerden del «¡aguanta, aguanta que el partido está hecho a prueba de golpes!».

(*) Periodista y jefa de Informativos de Onda Cero en Murcia

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/07/15/maillo-perdio-barrio-sesamo/845464.html

Por una respuesta penal europea contra el fraude y la corrupción / Juan Fernando López Aguilar *

La mañana del pasado martes, 4 de julio, durante el Pleno de Estrasburgo, los eurodiputados rendimos obligado homenaje a Simone Veil (1928-2017), símbolo del primer Parlamento  Europeo (PE) directamente elegido por la ciudadanía europea (que es la de los ciudadanos de los Estados miembros) hace 38 años.

Desde entonces -lo que va desde 1979 hasta 2017- este Parlamento ha crecido, se ha fortalecido, ensanchado, y -subrayo- ha madurado. Por fin nuestro Europarlamento es un Parlamento legislativo: ya no se trata meramente -como lo fue en sus orígenes- de una Asamblea deliberativa ni un ágora discutidora: el PE legisla ahora sobre más amplias competencias que nunca antes en su historia; legisla sobre derechos fundamentales de la ciudadanía y legisla nada menos que sobre el Derecho penal, una competencia tradicionalmente atribuida con carácter exclusivo a la soberanía de los Estados miembros.

 

Hace ya tiempo que llegó el momento de que digamos -cada vez que resulte necesario, y con toda claridad- que el PE importa a la ciudadanía; e impacta sobre sus derechos; que no es un Parlamento de segundo grado; ni afectado por ningún “déficit de representatividad” que no resulte predicable por idéntica razón de los Legislativos de los EE.MM.

Y es especialmente importante que se lo expliquemos así a los 500 millones de ciudadanos europeos a los que el PE representa en primerísimo grado. Y que lo reafirmemos, además, con especial coraje, en una sesión plenaria como la de primeros de julio en que hemos aprobado en votación definitiva una legislación penal de alcance paneuropeo de la que he tenido el honor de ser ponente y responsable de las negociaciones con el Consejo (trílogos). 

Una legislación que suministra, por medio del Derecho penal, instrumentos y recursos coercitivos y sancionadores (tipos penales comunes para los delitos de corrupción, fraude, malversación y apropiación indebida, y penas armonizadas) para la mejor protección de los intereses financieros de la UE. 

Y lo hace ahora, justamente, cuando tan necesarios son los recursos financieros de la UE para subvenir a los destrozos causados por la malhadada política de austeridad, para proveer los activos presupuestarios precisos para restaurar el malherido modelo social europeo; y para que pueda de nuevo cobrar sentido y vigor la arquitectura de ese modelo social que hizo la mejor Europa.

Creo que es también el momento de que este PE reivindique su carácter legislativo, su potestad de adoptar actos legislativos revestidos de carácter normativo y vinculante. Porque su legislación encuadra el Derecho penal y la legislación (en materias tan importantes como los derechos fundamentales de la privacidad y la protección de datos) de los Parlamentos nacionales de los, todavía hoy, veintiocho EE.MM.

Este es un Parlamento desde el que puede mejorarse la vida de la ciudadanía suministrando recursos en ámbitos tan importantes como la lucha contra el fraude del IVA transfronterizo y el fraude en los concursos públicos de escala transnacional, que importa miles de millones, siendo como es el IVA un recurso fundamental para el Presupuesto de la UE. Y todo ello lo está haciendo el PE, en medio de las dificultades políticas impuestas por el auge rampante de los repliegues nacionales y del populismo antieuropeo, un PE en tensión estructural respecto de la Comisión y del Consejo.

La Directiva de Protección de los Intereses Financieros de la UE por medio del Derecho penal (aprobada en la sesión plenaria del pasado 5 de julio) es, como indica su nombre, legislación penal europea y condición imprescindible para la puesta en marcha de la Fiscalía Europea.

Se trata ahora, por fin, de que el Consejo saque adelante la cooperación reforzada de la Fiscalía Europea (art.86 TFUE) y se complete así la arquitectura institucional delineada en el Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad en Europa (art. 67 a 89 del TFUE).

(*) Eurodiputado

http://www.republica.com/europa-europa/2017/07/12/por-una-respuesta-penal-europea-contra-el-fraude-y-la-corrupcion/ 

España y algunos efectos del Brexit / Inocencio Arias *

Nuestros Reyes llegaron a Gran Bretaña en visita oficial en un momento delicado para la Primera Ministra May. Su popularidad ha bajado, se ha llevado un mandoble electoral considerable, varios medios de información importantes la critican y una buena parte de los votantes, 55%, creen que las negociaciones de salida de Europa producirán un mal resultado para el país. Hay columnistas de prestigio que apuntan a que Gran Bretaña saldrá de alguna forma humillada.

Puede que la señora May se haya arrepentido de haber proferido aquello de que el Brexit quiere decir Brexit, es decir salir de Europa.

El Gobierno de España no parece estar entre los halcones europeos a la hora de exigir que Londres pague cara su decisión de marcharse. Van emergiendo, con todo, alguna de las consecuencias de la ruptura. Varias capitales europeas batallan ansiosamente por conseguir que las numerosas empresas financieras y de otro tipo que abandonarán la City se instalen en ellas. 

No deberíamos abrigar excesivas esperanzas en esta lotería. Las ciudades mejor colocadas son Frankfort-un par de grandes firmas japoneses ya han manifestado que desembarcarán allí-, Dublín-que es la que sale aventajada en una encuesta entre ejecutivos-Paris, Luxemburgo…No dudo de que alguna acabará recalando en España, también tenemos atractivos, pero  hay que ser realistas sobre el número.

Luego está el tema de los expatriados tanto de los comunitarios que viven en Gran Bretaña como de los británicos que residen en uno de los países de la Comunidad .España es, con diferencia, el país que acoge a un mayor número de estos. Del millón escaso de británicos que viven en la Comunidad un tercio está en España (hay abundantes jubilados, más de cien mil perciben una pensión procedente de Gran Bretaña), el doble que en Francia que es el país que nos sigue. 

Por el contrario, es Polonia la nación con más emigrantes en el Reino Unido, unos 918.000- la imagen del fontanero polaco que suplanta laboralmente a un británico hizo mella en el votante partidario del Brexit- de un total de 3.100.000 comunitarios. Le sigue Irlanda con 360.000 lo que constituye un porcentaje importante de la población irlandesa. España ocupa el quinto lugar con unos 140.000. Esta cifra no coincide con la existente en nuestros consulados dado que no son pocos los españoles que se “olvidan” de inscribirse en nuestras representaciones. Tienen cosas más importantes que hacer.

La situación de estos extranjeros, sin problemas a corto plazo, tendrá que ser totalmente aclarada por la señora May. Su cerrazón inicial en otros campos comienza a dulcificarse. Acaba de admitir que La Corte Suprema Europea tendrá algunas competencias en casos británicos varios años después de la ruptura.

Todo es no le va a resultar el camino de rosas que prometió a sus ciudadanos.

(*) Diplomático

http://www.republica.com/relatos-diplomaticos/2017/07/11/espana-y-algunos-efectos-del-brexit/ 

Monotema Cataluña / Ramón Cotarelo *

El tono trágico de El País condena a la oscuridad las propuestas novedosas de la Ejecutiva del PSOE, que tampoco son tan novedosas y, además, creo entender, han de pasar a consulta de las bases, siendo así que el tiempo apremia.

El debate se centra en el significado de la abrupta remodelación del Govern. Las interpretaciones son muy variadas. Rajoy, los partidos nacionalistas españoles en Cataluña y, obviamente, El País, coinciden en entonar un gori-gori de difuntos. “A la desesperada” suena un poco como Los últimos de Filipinas o, para no acudir a un ejemplo incómodo, Murieron con las botas puestas. La crisis de gobierno prueba que este está en las últimas.

Del lado independentista la interpretación es la inversa: racionalización del gobierno de la Generalitat, cohesión y reafirmación personal y colectiva de ir hasta el final suceda lo que suceda. Hay aquí un tono solemne que recuerda lejanamente el episodio de los burgueses de Calais, durante la Guerra de los Cien Años y vuelto a inmortalizar después por Rodin. Y aunque no precisamente por la dureza de rasgos rodiniana, Junqueras personifica ejemplarmente la imagen popular del burgués. El burgués de Calais, presto a inmolarse por la libertad de los suyos.

El clima actual en España muestra un grado de conflictividad muy alto. El gobierno y sus instancias adyacentes, lejos de buscar soluciones negociadas a los conflictos, parecen más interesados en encenderlos e ir a una confrontación directa, utilizando todos los medios, incluso los excepcionales. El poder solo se dirige a la Generalitat para amenazar. A veces con resonancias castrenses, cuando toma la palabra la ministra de Defensa, otras con consecuencias económicas personalizadas, como esa intención de ir contra el patrimonio de los responsables independentistas, una verdadera pena de confiscación (tras la proscripción) tanto más odiosa cuanto que quiere castigar a las generaciones venideras.

Las amenazas se materializan de forma creciente. Esa visita de la Guardia Civil al Teatro Nacional de Catalunya es un paso más en el acoso al ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Se crea así un estado de tensión muy grande por cuanto se pretende coartar el ejercicio de un derecho que reclama el 80% de la población a base de criminalizarlo. La cuestión es cuánto se puede criminalizar y perseguir un movimiento antes de que haya un estallido social.

Una huelga general en Cataluña, por ejemplo.

O, por seguir la vía parlamentaria, una decisión final. Si el gobierno de la Generalitat es inhabilitado, es probable que el Parlament apruebe una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por mayoría absoluta.

Para hacer frente a todo eso, las amenazas, las persecuciones judiciales, las policiales, los hostigamientos, parece razonable fortalecer el Govern, tanto si se hace “a la desesperada” como si no. Cualquiera lo haría. La cuestión es si se cumple o no el vaticinio del bloque nacionalista español de la muerte del proyecto independentista.

Desde el punto de vista de los indepes es claro que no y para eso precisamente están preparándose, para no morir. Desde una perspectiva desapasionada, uno diría que la posibilidad de la muerte no es descartable en el humano quehacer. Pero añadiría que, de morir, estos morirán matando.

 

 

 

 (*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El PSOE exige al Ayuntamiento de Murcia que haga cumplir a la UCAM la obligación de disponer de licencias de actividad de sus edificios

MURCIA.- El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia Enrique Ayuso ha exigido al Ayuntamiento de Murcia que haga cumplir a la UCAM la obligación de disponer de licencias de actividad y puesta en funcionamiento de los edificios de la zona sur del Campus de Guadalupe que carecen de las mismas.

"La Concejalía de Urbanismo ha comunicado al Grupo Socialista que solo dos edificios de la zona sur tienen solicitada licencia de actividad, mientras otros diez están abiertos y sin licencia", ha indicado Ayuso.

Así, el Grupo Municipal Socialista va a presentar una petición formal al Ayuntamiento de Murcia, para que de forma inmediata, se regularice esta situación, exija al titular de la actividad, que es la Fundación San Antonio, el cumplimiento de la ley, se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad en sus instalaciones, o se aplique la legislación en el caso de que no se esté haciendo.

En este sentido, ha recordado que la mayor parte de los 12 edificios de la zona sur del campus están construidos sin autorización municipal, sobre suelo de huerta protegido y no urbanizable, y sobre los que la Fundación San Antonio, que dirige la UCAM, ha solicitado para parte de ellos la autorización excepcional por interés público a la Comunidad Autónoma.

"Se está poniendo en un riesgo la seguridad personal, tanto de los estudiantes, como de los docentes y otros trabajadores, sin que hasta el momento la Administración haya regularizado esta situación que se prolonga desde hace años", ha añadido.

Por su parte, el secretario de Comunicación del PSRM y diputado regional, Emilio Ivars, ha recordado que en 2011 la UCAM solicitó a la Comunidad Autónoma una autorización para la construcción de un aulario, que se concedió con la condición de que se retiraran las construcciones modulares que estaban puestas mientras se construía ese aulario.

Según Ivars, a fecha de hoy, esas construcciones modulares siguen estando en el mismo sitio en el que estaban, por lo que se han incumplido las condiciones por las que se autorizó la construcción de aquel aulario, "y la Administración regional no ha hecho nada al respecto".

"Queremos saber, en virtud del interés público, qué actuaciones ha llevado a cabo la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de la legalidad, ya que aquella autorización está vigente al 100 por cien", ha comentado.

Además, ha indicado que había más condiciones que no se han cumplido, el 90 por ciento del suelo de las nuevas construcciones estuviera sin enlosar y respetar la distancia con los linderos de las acequias que cruzan el entorno.

El diputado socialista ha dicho que en 2016 la UCAM solicitó a la Comunidad Autónoma la autorización excepcional por interés público para dejar sin efecto esas condiciones que se habían puesto en 2011. "Es decir, pidiendo legalizar lo ilegalizable".

"El PSOE quiere saber qué está pasando con esta autorización, hemos pedido el expediente completo, pero aun así, indicamos que, según la Ley del Suelo regional, cuando se pide una autorización excepcional, si a los 4 meses no ha habido respuesta, es desestimatoria", ha remarcado.

"No cabe más decisión de la Administración Regional que poner en marcha los mecanismos que están en su mano para que se cumplan las condiciones que se pusieron en 2011", ha añadido Ivars.

"No cabe tener a alguien en la ilegalidad, no cabe tener un edificio por el que transitan miles de estudiantes, cientos de docentes, personal de Administración y Servicios, sin licencia. Ninguna compañía de seguros ni nadie se va a hacer cargo de un edificio que no tenga licencia ni ningún papel en regla, y eso es importantísimo para la seguridad del personal", ha concluido.

Finalmente, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha respondido al PSOE respecto a la situación de los inmuebles de la UCAM que el Ayuntamiento se encuentra a la espera de que se produzca la resolución de la Comunidad Autónoma sobre la declaración de interés público de las edificaciones.
Mientras no se conozca el pronunciamiento expreso por parte de la administración regional, que es la competente en la materia, Ley de Protección Ambiental posibilita que hasta que se produzca esa resolución del expediente, no se decrete el cierre de la actividad, estando tramitándose la legalización.
Obviamente añade Navarro- la licencia de actividad es posterior a la legalización de la obra.

La Intersindical RM apoya al personal de la CARM querellado por José Luis Mendoza

MURCIA.- Intersindical Región Murciana, ante la querella interpuesta por el Sr. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, al personal técnico de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente en el ejercicio de sus funciones, siendo conocedores del riguroso trabajo que han estado desarrollando este personal empleado público de la CARM en defensa del patrimonio cultural de esta Región, y teniendo conocimiento de que la defensa jurídica de estas personas no está siendo atendida por los servicios jurídicos de la CARM sino que recae en sus propios medios personales, y teniendo en cuenta que el demandante exige una fianza de quince millones de euros a las y los interesados, exige:

El respaldo y reconocimiento público, por parte del consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, así como de la Secretaría General y de la Dirección General de Bienes Culturales al trabajo elaborado por el personal empleado público dependiente de ellas y afectado por esta querella.

La puesta a disposición del personal empleado público denunciado de los Servicios Jurídicos de la CARM para su defensa jurídica ante la demanda.

Que la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente asuma su responsabilidad patrimonial y económica de las actuaciones derivadas del proceso de denuncia.
También la CSIF muestra su apoyo a los empleados públicos de la Dirección General de Bienes Culturales querellados por la Universidad Católica San Antonio (Ucam).

El presidente de la Unión Autonómica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Región de Murcia, Juan Miguel López Blanco, que participó esta mañana en la concentración de apoyo a estos trabajadores, a las puertas de la sede de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, ha puesto a disposición de estos empleados públicos los servicios jurídicos del sindicato, al no poder contar éstos con los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
CSIF viene reclamando a la Administración regional desde hace años un seguro de responsabilidad civil-patrimonial que cubra las responsabilidades exigidas en procedimientos penales del personal a su servicio, y su propia responsabilidad subsidiaria.
López Blanco alertó de las posibles repercusiones que puede tener este referente creado con esta querella, ya que "podría ser un ejemplo para nuevos casos, de ir directamente contra los empleados públicos en vez de contra la Administración regional", que les impide seguir ejerciendo su labor con normalidad.

Ciudadanos lamenta que el PP regional haya elegido seguir amparando y protegiendo la corrupción

MURCIA.- El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha lamentado profundamente hoy “que el PP regional haya elegido seguir amparando y protegiendo la corrupción política y no haya optado por el camino de la regeneración por la que clama la sociedad murciana y muchos de sus militantes”. 

Sánchez ha respondido así a las declaraciones de la secretaria general de los populares, Maruja Pelegrín, descartando tomar decisión alguna sobre el expresidente Pedro Antonio Sánchez, sobre el que pesan ya dos autos de procesamiento por media docena de delitos relacionados con los casos ‘Auditorio’ y ‘Púnica’.

“El PP murciano sigue enrocado y empeñado en mantener como su presidente y como diputado regional a PAS, pasando por encima de sus propios estatutos, sus compromisos y la palabra dada a todos los murcianos”, ha añadido el portavoz de C's, que considera que los argumentos esgrimidos por los populares para tratar de justificar este nuevo retraso de la ‘línea roja’ que marcaría la apertura de expediente y la posible expulsión del expresidente “son extremadamente endebles y van en contra incluso de las afirmaciones que durante meses han realizado tanto el propio PAS como representantes nacionales de su partido, como el propio ministro de Justicia. El PP regional está empeñado en que los murcianos pasemos por la vergüenza de pagarle un sueldo a una persona que va a pasar de sentarse en el escaño a sentarse en el banquillo”.

A juicio de Sánchez, “por mucho que traten de disfrazar los cargos imputados a PAS como ‘irregularidades administrativas’, lo cierto es que se trata de corrupción política, y no lo dice cualquiera, sino el propio Consejo General del Poder Judicial”. 

El portavoz naranja añade que “esta estrategia del PP regional no es nueva, ya tuvimos un ejemplo claro cuando mantuvo en el cargo al entonces alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, pese a estar condenado por compra de votos”. 

Considera que “a pesar del clamor de sus propios vecinos, el PP mantuvo en el cargo a Carrillo, y solo la confirmación por parte del Tribunal Supremo de su condena de cinco años de inhabilitación lo forzó a dejar el cargo y el sueldo público. Es decir, hasta que -según la doctrina que ya anuncia la secretaria general del PP- exista lo que consideran una ‘condena firme’, lo que podría resultar en que los murcianos sufriríamos la vergüenza de tener que pagarle durante años el sueldo a un diputado regional condenado por prevaricación, cohecho o fraude”.

CTSSP pide al Gobierno local de Cartagena una reunión con la Plataforma por el nuevo PGMO

CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ha solicitado mediante un comunicado y una petición formal a través del Registro del Ayuntamiento que el Gobierno de MC y PSOE convoquen de manera urgente, y en su caso, antes de la próxima Comisión de Urbanismo, a la Plataforma por un Nuevo Plan General. 

Desde la formación afín a Podemos se considera que el proceso no puede desarrollarse a espaldas de la ciudadanía y, sobre todo, de los colectivos más activos e interesados en la reelaboración de un nuevo Plan General.

Pilar Marcos, la portavoz del grupo municipal, ha declarado: “No podemos reiterar los errores que se vienen cometiendo desde hace dos años. El Plan General afecta a los vecinos y el Gobierno se ha comprometido a rehacerlo democráticamente, tanto con nuestro grupo como con la propia Plataforma. 

Por estas razones exigimos que a la mayor brevedad se convoque una reunión donde se informe a sus representantes del contenido concreto y el alcance que tienen estas disposiciones transitorias pactadas con la CARM”.

Para el grupo municipal de Podemos resulta inconcebible que el Gobierno y la CARM presenten de la noche a la mañana un documento de este calado, sin ningún grado de concreción, sin planos ni catálogos y con un alcance de dos años. 

La formación morada esperará a la celebración del encuentro para trasladar su posición respecto de las disposiciones transitorias que, presumiblemente, se llevarán al próximo Pleno del mes de julio para su aprobación.

El PSOE considera que la reducción de la espera quirúrgica en la Región no es suficiente

CARTAGENA.- La diputada Consuelo Cano denuncia que el Plan de gestión de listas de espera 2015 no ha dado los frutos esperados y carece de criterios objetivos, no optimiza los recursos del área quirúrgica en jornada ordinaria ni tiene indicadores de seguimiento bien definidos.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano ha manifestado a propósito del descenso en 8 días en la media de las listas de espera quirúrgicas, que aunque cualquier mejora que se produzca en la atención a los pacientes es buena, "no es para mucha celebración", si se tiene en cuenta que después de dos años de la puesta en marcha del Plan de gestión de las listas de espera las cifras siguen siendo "tremendas e intolerables a todas luces, pues 4.356 pacientes superan el plazo legal para una intervención quirúrgica. Esto significa un fracaso de la gestión y de la seguridad del paciente".

Cano aseguró que dicha reducción se traduce en que los pacientes esperarán 56 días menos para someterse a una intervención quirúrgica desde que se inició el Plan de Gestión de Listas de Espera, en septiembre de 2015, "lo que es bienvenido pero sigue siendo insuficiente".

En cuanto a las pruebas diagnósticas, la diputada socialista manifestó que las esperas en numerosas especialidades "es desmesurada", ya que superan el plazo legal de espera un total de 4.077 pacientes. 

Como ejemplos por especialidades señaló que 6.257 pacientes permanecen sin fecha asignada para las endoscopias digestivas, de un total de 6.654 personas en espera, a lo que se suma el cierre este verano de las consultas de digestivo. 

Las ecografías llegan a un total de 16.227 de pacientes en espera, 13.389 de ellos sin fecha asignada.

En cuanto a las consultas externas también arrojan datos desalentadores, con un registro de 43.993 de 67.036 pacientes superando el plazo legal de espera y 9.359 sin fecha asignada.

Consuelo Cano indicó que "en esta Región sabemos que este Plan que mencionan de 2015 no ha dado los frutos prometidos y esperados". 

En opinión de la diputada socialista dicho Plan carece de criterios objetivos, no optimiza los recursos del área quirúrgica en jornada ordinaria, no tiene indicadores de seguimiento bien definidos y tampoco contiene un sistema de información bien integrado, tal y como manda la Ley y como anuncian ahora; además, no cuenta con una descripción clara del procedimiento por el que cada paciente es identificado y seguido en el circuito asistencial ni tampoco existe un adecuado funcionamiento de la Comisión quirúrgica de cada área de Salud.

Se echan de menos, asimismo, aspectos como criterios para la realización de jornadas de tarde o autoconciertos en función de la disponibilidad de recursos propios, así como un registro ágil y adecuado de los pacientes pendientes de ser intervenidos en función de la prioridad clínica. El SMS tampoco cuenta con protocolos transparentes y generales para todas la áreas de salud.

"Así las cosas en la organización de la casa, podemos afirmar que compartimos las palabras del consejero cuando afirma que tienen capacidad de hacerlo mejor y esto es precisamente lo que le exigimos desde el Grupo Parlamentario Socialista".

'Cambiemos Murcia' denuncia que solo el 3,7% del presupuesto para 2017 será gestionado por los barrios y pedanías

MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha denunciado hoy que el proyecto de presupuestos municipales para 2017 propuesto por el PP, que contará con el apoyo del PSOE, solo prevé destinar, sin un criterio claro de reparto, el 3,7 por ciento del total a los barrios y las pedanías, lo que está muy lejos del 8% que contempla el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento para la gestión directa de los recursos presupuestarios de la Corporación por parte de las juntas municipales.

Ramos ha llamado la atención sobre el hecho de que el Grupo Municipal Socialista respalde este incumplimiento, ya que en varios Plenos municipales ha presentado mociones en sentido contrario, es decir, para que el Consistorio acate lo dispuesto en el Reglamento, e incluso un pedáneo de su partido presentó un recurso contensioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que concluyó que el Ayuntamiento de Murcia debía aplicar el 8 por ciento.

El edil ha criticado también que el proyecto de presupuestos permite a los presidentes y las presidentas de las juntas municipales de barrios y pedanías contratar de forma unilateral cualquier gasto de hasta 5.000 euros, cuando hasta ahora el máximo era de 3.000, y sin la obligación de contar con tres presupuestos. 

"Esto supone una falta de transparencia importante ya que la decisión no es de la junta ni de los vecinos y las vecinas, como debería ser, sino exclusivamente del pedáneo de turno".

"Se trata de restar al Pleno de la Junta la capacidad de control y participación en la gestión económica" que, ha explicado Ramos, se suma a otros muchos puntos negativos del proyecto presupuestario como el estancamiento de la cuantía que gestionarán directamente las pedanías, cuyo montante total es de 15 millones de euros. 

"Insuficiente para las necesidades de las pedanías, y un margen de tiempo muy escaso para invertirlo", pues el presupuesto no estará operativo hasta septiembre y solo habrá apenas tres meses para ejecutarlo.

En cuanto a los barrios, el presupuesto que recibirán este año es inferior en 1,6 millones de euros respecto al de 2016, un "nuevo recorte" que limitará la capacidad de maniobra y de poner en marcha iniciativas que favorezcan la interculturalidad, la integración y la convivencia.

Vuelta al 'Plan E' del ladrillo

Ramos ha hecho referencia a la partida de inversión extraordinaria de 15 millones que el PP ha acordado con el PSOE para destinar a las juntas. La distribución de estos fondos, en lugar de recaer en las juntas municipales, será labor de una Comisión del Ayuntamiento, en la que a juicio de la formación municipalista deberían estar representados los barrios y pedanías.

El objetivo del PP y PSOE con esta partida es realizar obras que no generen mantenimiento, lo que imposibilita la inversión en la construcción de, por ejemplo, escuelas infantiles, bibliotecas o centros culturales, repitiendo así los errores del 'PlanE' que el Gobierno socialista puso en marcha a nivel nacional hace varios años.

"Hablamos de una apuesta por la vuelta al modelo del ladrillo, de las grandes obras faraónicas que sumieron a Murcia en el urbanismo depredador sin consultar, de nuevo, con la ciudadanía murciana".

C's Cartagena denuncia que varios edificios municipales siguen sin exponer la obligada etiqueta de eficiencia energética

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha vuelto a exigir hoy al Gobierno local que inicie los trámites pertinentes para la obtención de la calificación de eficiencia energética de aquellos edificios públicos que carezcan de la misma y que se coloquen las etiquetas correspondientes en un lugar destacado y visible, siguiendo los preceptos de la normativa vigente.

Según el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, "a pesar de que en el Pleno del mes de marzo alertamos, a través de un ruego, al Gobierno de Cartagena de que estábamos incumpliendo la normativa, tras más de cuatro meses este Grupo Municipal no ha encontrado la etiqueta de calificación energética en varios edificios municipales". 

"Si el nivel de ejecución de los acuerdos plenarios ya deja mucho que desear, lo que pasa con los ruegos en este Ayuntamiento es un completo disparate", ha lamentado Padín.

La formación naranja quiere recordar que el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, obliga, desde el año 2013 a aquellos edificios públicos de más de 500m2, y desde 2015 a aquellos de más de 250m2, a la redacción de este certificado y a la exhibición de la etiqueta correspondiente en un lugar visible. En la normativa también se prevé que las certificaciones puedan realizarse por los propios técnicos de la Administración. 

 "En Ciudadanos somos plenamente conscientes de la carga de trabajo de nuestros técnicos municipales, pero son ya demasiados años desde que entrara en vigor esta norma, y eso sólo demuestra la dejadez y desinterés por parte de la anterior administración y de la actual en cuestiones de ahorro energético", ha señalado el portavoz de la formación naranja que señala que "el Gobierno tiene que valorar cómo afrontar esta cuestión, si recurre a los trabajadores municipales o a una empresa especializada, en cualquier caso, la calificación del estado de los inmuebles municipales con respecto a su eficiencia energética es sólo la primera fase del plan que tenemos previsto: el establecimiento de un paquete de medidas para reducir los costes relativos al consumo de energía para favorecer una interacción más respetuosa con el medio ambiente".

C's solicita al Gobierno regional “las acciones necesarias” para evitar que la plaga 'Xylella Fastidiosa' afecte a árboles, plantas y cultivos

CARTAGENA.- Miguel A. López-Morell, diputado regional de Ciudadanos, ha mostrado su preocupación por el avance de esta bacteria que es transmitida a las plantas por los insectos que se alimentan de la savia y que afecta a más de 200 tipos de árboles y plantas, entre ellas los olivos, cítricos y almendros y que produce la muerte de la planta. 

“Esta bacteria ha arrasado con más de un millón de olivos en Italia y los datos que manejamos son preocupantes porque ya se ha asentado en Baleares y recientemente se ha conocido un caso en la provincia de Alicante. La enfermedad es letal, de ahí que sea necesario actuar de manera urgente”.

López-Morell ha incidido en que la Comunidad Autónoma dispone de un servicio de sanidad vegetal que está integrado por unos excelentes profesionales, pero ha mostrado su preocupación porque no disponen de los medios adecuados para desarrollar su trabajo en las condiciones que serían deseables, “cuando realizan una función fundamental dado el carácter agrario de nuestra región, los enormes valores ambientales a proteger y la creciente globalización de las plagas y las especies invasoras. Estamos en muy buenas manos, pero es necesario que los técnicos dispongan de los recursos necesarios”, ha apuntado López-Morell.

El diputado de la formación naranja ha lamentado que el Gobierno regional aún no haya ejecutado la partida de 400.000 euros, fruto de una enmienda presentada por Ciudadanos a los presupuestos y que fue aprobada por la Asamblea Regional a finales del año pasado. “Cuando tuvimos conocimiento de que esta plaga se había asentado en las Islas Baleares consideramos que era muy importante dedicar esta partida para mejorar los medios del servicio de sanidad vegetal, con el fin de que pudiera evitarse que se extendiera a nuestra región. Desafortunadamente, a día de hoy, el dinero disponible no se ha destinado al fin previsto”.

Exigen que técnicos de la CARM se reúnan para estudiar y ofrecer una solución "caso por caso" a los damnificados por los terremotos de Lorca en 2011

LORCA.- El concejal del PSOE, Antonio Navarro ha suscrito la petición que el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos hizo ayer, con la que exigían a la Comunidad Autónoma"flexibilidad" en los plazos que la Administración Regional ha dado a los afectados por los terremotos de Lorca para que justifiquen documentalmente que gastaron las subvenciones recibidas para la reparación de sus casas.

De igual modo, Navarro ha pedido que se reúnan de urgencia técnicos de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Lorca para frenar la "alarma social" que se está generando, y estudiar "caso por caso" la justificación que los damnificados tienen que hacer ahora de los gastos de reparación de sus viviendas.

En relación al tema de lascartas que se están mandando a los damnificadosdesde la Comunidad Autónoma para que justifiquen que la subvención se ha destinado a la reparación de sus viviendas, Navarro pide "prudencia" ya que, asegura "ni todo es blanco, ni todo es negro" por lo que insiste en la necesidad de que se valore "cada caso individualmente y en su justa medida cada uno de los escenarios a los que nos enfrentamos".

Navarro ha diferenciado las tres situaciones que se están planteando a raíz del envío de estas cartas. El responsable socialista ha diferenciado entre aquellos damnificados que han gastado el dinero de las ayudas en reparar su casa y lo tiene perfectamente justificado con sus facturas; aquellos que han gastado el dinero en la reparación de su vivienda y no lo pueden justificar porque, seis años después, no tienen las facturas; y por último una "minoría" que no gastó el dinero recibido a la reparación de sus viviendas.

Navarro asegura que el primer caso planteado "está fuera de todo polémica". Sin embargo, advierte de la importancia de diferenciar "muy bien" entre el segundo y el tercer caso, ya que "de la misma manera que no es justo que el que destinó el dinero de las subvenciones para otras cosas se quede con él, y debería devolverlo, el que destinó el dinero a reparar su casa y no encuentra o no dispone de las facturas no debería devolverlo.

Por eso el concejal del PSOE insiste en la necesidad de que sean técnicos de la CARM quienes se centren "de inmediato" en estudiar y solucionar "caso por caso", de la misma forma que pide "responsabilidad" al resto de fuerzas políticas "para no caer en populismos que generen más alarma social de la que ya, de por sí, han generado el PP y la CARM por la falta de información y la mala gestión de las ayudas hecha desde el principio".

En Lorca el hospital 'Rafael Méndez' sigue "a la cola" con los mayores tiempos de espera para cirugía y consultas de especialidades

LORCA.- La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha denunciado que el Hospital Rafael Méndez sigue "a la cola" de los hospitales regionales, con los "peores indicadores" que obligan a los lorquinos a "padecer los mayores tiempos de espera de la Región" para poder ser atendidos tanto en cirugía como en consultas externas de especialidades.

Desde el PSOE exigen a Sanidad que ponga en marcha medidas "extraordinarias e inminentes" con las que dotar al Rafael Méndez de los medios humanos y técnicos necesarios para equipararlo con el resto de hospitales de referencia e igualar los tiempos de espera a la media regional. Medidas que, desde luego "no pasan por el cierre de plantas que de nuevo, el PP ha impuesto en el Rafael Méndez durante los meses de verano".

Según los datos que ha hecho públicos la Consejería de Sanidad relativos a los tiempos de espera registrados durante el segundo trimestre de 2017, Sánchez Jódar ha advertido que en el área III hay en la actualidad 3.483 pacientes que esperan para operaciones programadas, de los cuales, son ya "más de 750" los pacientes que "esperan más de 150 días para ser intervenidos". 

De media, los lorquinos esperan casi 100 días para una operación programada, 12 días más que cualquier ciudadano de la Región de Murcia.

Sánchez Jódar advierte que este dato confirma que Sanidad "sigue incumpliendo" los plazos que marca el Decreto 25/2006, según el cual se establece como plazo máximo de espera hasta 150 días naturales para las intervenciones quirúrgica. 

Por ello, la concejal del PSOE anima a los pacientes a reclamar al Servicio Murciano de Salud la atención digna que "por Ley" tienen derecho a recibir y, por tanto, les anima a que se acojan a las garantías que el Decreto establece en caso de que se superen los plazos máximos de demora establecidos, como insiste "está pasando".

En cuanto a los tiempos de espera en consulta de especialista, Sanchez Jódar afirma que pese a la "leve mejoría experimentada" los indicadores en Lorca siguen siendo "muy negativos" ya que la situación de inicio "era y sigue siendo alarmante". 

Los datos de junio revelan que los lorquinos tienen que esperar de media para ser atendidos en primera consulta de especialista 85 días, 32 días más que lo que espera de media cualquier ciudadano residente en otra parte de la Región de Murcia.

Marisol Sánchez vincula la leve reducción de los tiempos de espera a las derivaciones que Sanidad está haciendo a otros centros, y no al plan de choque solicitado por los socialistas para dotar al Rafael Méndez con los medios humanos y técnicos necesarios que "sigue sin llegar". 

Por ello, desde el PSOE recomiendan al heredero de la Alcaldía que no herede también la complacencia del anterior Alcalde y no permita "ni un segundo más" la discriminación que los dirigentes regionales de su partido mantiene hacia Lorca y hacia el área III de salud.

Podemos denuncia el desmantelamiento de los ciclos de FP públicos en beneficio de la privatización

MURCIA.- La Secretaría de Políticas Públicas de Podemos Región de Murcia, alerta de que "en las últimas fechas se están produciendo movimientos por parte la Consejería de Educación, en Educación Infantil y en FP para suprimir unidades sin tener en cuenta la reducción de ratios anunciada por la propia Consejera o con el argumento de la bajada de natalidad.

El Secretario de Políticas Pubicas de Podemos Región de Murcia, Juan Ángel Sanchez Naharro, ha explicado que desde Podemos en Cieza, ya se ha dado la ha dado la voz de alarma sobre la inminente supresión del ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería en turno vespertino, el cual, según ha asegurado "para el curso próximo este ciclo tenía una demanda de más de 50 alumnos/as, si a este además le sumamos la supresión en Caravaca de ciclos de iguales características, y además observamos como prolifera la concertación en esas mismas modalidades, el gobierno Regional no tiene argumentos para suprimir esta formación en centros públicos"

Así, Sánchez Naharro ha denunciado que "es inadmisible pretender cerrar unidades estas unidades de formación pública con un criterio que no se aplica a la concertada".

En este sentido ha explicado que nos encontramos ante política de privatización de lo público y desmantelamiento de la educación universal e igualitaria , por lo que " desde Podemos Región de Murcia exigimos a la consejera de Educación, Adela Martínez Cachá , que realice una apuesta decidida para mejorar y aumentar la oferta de Formación Profesional en todos los IES " así como rentabilizar las instalaciones y equipamientos ya existentes para aumentar las ofertas vespertinas y nocturnas de estas enseñanzas.

Desde Podemos Región de Murcia, queremos hacer un llamamiento para que desde la Comunidad Educativa en los diferentes municipios de la Región de Murcia se denuncie este tipo de actuaciones y se participe activamente en las movilizaciones que sean convocadas contra esas prácticas privatizadoras.

Valcárcel denuncia ante Bruselas el ataque contra fruta española en Perpiñán y pide medidas urgentes

BRUSELAS.- Ramón Luis Valcárcel, eurodiputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo, lideró hoy una iniciativa mediante la cual los eurodiputados del PP denunciaron ante la Comisión Europea el sabotaje de un cargamento de fruta española perpetrado el pasado miércoles por agricultores franceses frente al Consulado General de España en Perpiñán.

Ante este nuevo suceso, los populares remitieron al Ejecutivo comunitario una petición formal para que tome medidas de urgencia que frenen este tipo de ataques contra los intereses comerciales españoles, que además se han intensificado desde 2016.

En particular, Valcárcel pidió conocer qué "medidas concretas" está adoptando la Comisión para pararlos. También, si "está dispuesta a examinar la posibilidad de emprender procedimientos legales si se demuestra la pasividad de las autoridades francesas frente a esos actos", como agregó en la pregunta parlamentaria remitida en nombre de la Delegación Española del Grupo Popular.

El político murciano declaró asimismo que los eurodiputados del PP "no vamos a tolerar un solo ataque más a exportaciones españolas", argumentando que "cada ataque contra un camión que transporta fruta, hortalizas o barricas De ino lo es contra cada agricultor español, y por tanto contra cada uno de nosotros".

En este sentido, Valcárcel afirmó que "no pararemos hasta que las autoridades francesas hagan efectiva la obligatoriedad de protección a los productos españoles que transitan por su territorio, tal y como establecen las normas comunitarias".

En su pregunta, los europarlamentarios recordaron que "los constantes ataques que sufren los productos agrícolas españoles en suelo francés constituyen graves infracciones del principio de la libre circulación de mercancías que rige el Mercado Único".

Estos ataques "siguen aumentando", según reconocieron, pese a que "el Partido Popular ha pedido ya en reiteradas ocasiones y a través de distintas vías a la Comisión Europea que interceda ante las autoridades galas para que actúen con firmeza".

Valcárcel añadió que este último ataque llevado a cabo frente el Consulado General de España en Perpiñán "no sólo contraviene los principios más básicos del Mercado Único, sino también del Convenio de Viena, que rige las Relaciones Consulares desde 1963".

El Ayuntamiento de Bullas solicita a la Dirección General de Medio Natural ayuda para gestionar el control de acceso al Salto del Usero

BULLAS.- La alcaldesa, María Dolores Muñoz, y el concejal de Medio Ambiente, Juan Valera, mantuvieron un encuentro con la Directora General de Medio Natural de la Región de Murcia, Consuelo Rosauro, para demandar, una vez más, el cuidado del entorno del Salto del Usero.

  La primera edil puso de manifiesto en la reunión que la competencia de la cuenca es de la Confederación Hidrográfica del Segura y que del resto del entorno se debe de encargar la Dirección General. 

"Esta es la teoría porque en la práctica en los últimos dos años el Ayuntamiento se ha encargado de gestionar el control al Salto, lo que nos supone un enorme esfuerzo económico además de la presión social que esto significa", señala Muñoz, que insiste a la Dirección para que hagan lo que les compete.  

  Desde la Dirección General de Medio Natural, se comprometieron a prestar algún tipo de ayuda para controlar el acceso a este paraje natural de gran belleza paisajista que a lo largo de la época estival recibe centenares de visitantes. 

La revisión de los ficus del Jardín de Floridablanca permite detectar una rama de dos toneladas que presentaba riesgo de caída

MURCIA.- Los trabajos de revisión exhaustiva que se están llevando a cabo en los ficus del Jardín de Floridablanca han permitido detectar esta mañana una rama, de cerca de dos toneladas de peso, que presentaba riesgo de caída, por lo que ha sido retirada de forma inmediata.

Los técnicos estiman que las intensas temperaturas de los últimos días han podido influir en ello. Esta ola de calor, junto con la escasez de lluvias, fue determinante en el  accidente en el ficus de Santo Domingo hace un mes, y aconsejó en ese momento el cierre del Jardín de Floridablanca, que ha permanecido así desde entonces.

Ha sido un tiempo dedicado a reiterar las inspecciones sobre su arbolado, recurriendo a. especialistas externos de dentro y fuera de la región para determinar, junto con los técnicos municipales, el modo de proceder más adecuado con estos ejemplares.

Precisamente cuando se ha registrado un nuevo episodio de altas temperaturas ha sido cuando se ha detectado el problema en la rama que se ha eliminado hoy.

Estos trabajos se suman a los realizados a principios de junio en los ficus del jardín, dentro de la programación habitual de mantenimiento de estos ejemplares, incluyendo la poda, que supuso la retirada de 3.500 kilos de ramas. Esta labor técnica en altura de realiza cada seis meses –aunque el año pasado se hicieron tres-, pero hay personal diario en el jardín para efectuar revisiones visuales.

La inspección se ha efectuado árbol a árbol, rama a rama, con una cesta en altura, para eliminar cualquier parte dañada o susceptible de provocar algún problema.

La labor, sin embargo, no ha concluido aún, razón por la cual el jardín no podrá abrir al público antes de mañana sábado y no se llevará a cabo hasta que los técnicos certifiquen que se han controlado los factores de riesgo.

Fallece en Cabo Palos Eloísa Martínez-Conde, viuda del ex alcalde de Cartagena Trillo Figueroa

CARTAGENA.- La nazarena mayor de la Semana Santa de Cartagena, Eloísa Martínez-Conde Muñoz, viuda del ex alcalde de la ciudad, el ministro togado de la Armada y ferrolano, Federico Trillo Figueroa, y madre, entre otros, del ex presidente de las Cortes Españolas, falleció el pasado miércoles por la noche en su casa de Cabo Palos a los 90 años, según fuentes de la familia.

Hoy se ha celebrado un funeral por el eterno descanso de su alma a las 20:30 horas en la parroquia de Santa María del Mar de la citada pedanía marinera, al que han asistido numerosas personas entre familiares, amigos, vecinos y residentes durante el verano.
Estaban en los primeros bancos del templo sus hijos Laura, Federico, Eloísa, Jesús, Pablo, Pedro y María Trillo-Figueroa Martínez-Conde; así como sus hijos políticos, Casto Pérez de Arévalo López, María José Molinuevo y Gil de Vergara, Sebastián Contín Pellicer, Delia Ávila Palet, Isabel Goñi Monforte y Tomás Escribano Escamilla, aparte de nietos y bisnietos.

Veinticinco equipos competirán por rehabilitar la Cárcel Vieja provincial

MURCIA.- Un total de 25 equipos multidisciplinares tienen un plazo de dos meses para elaborar los anteproyectos para la rehabilitación de la Cárcel Vieja de Murcia, y competirán en un concurso del que se seleccionará al equipo que finalmente elaborará el proyecto para acondicionar el histórico edificio.

La Junta de Gobierno local seleccionó este viernes esos 25 equipos que reúnen las condiciones necesarias para participar en este concurso, en el que se repartirán además 21.000 euros en premios.

Así, los equipos seleccionados tendrán ahora un plazo de dos meses para redactar los anteproyectos de reforma de la primera fase de la Cárcel Vieja, que debe incluir zonas para usos sociales y culturales y un espacio dedicado a la memoria de las víctimas del franquismo que pasaron por el penal.

Según detalló la portavoz municipal, Rebeca Pérez, un jurado que también fue designado este viernes elegirá los tres anteproyectos que consideren más adecuados, que recibirán premios económicos de 12.000, 6.000 y 3.000 euros respectivamente, y el equipo ganador será además el encargado de redactar el proyecto definitivo, que supondrá una inversión de algo más de 200.000 euros.

El jurado estará presidido por el alcalde de Murcia, José Ballesta, y formado por el concejal de Fomento, Roque Ortiz, y representantes de los colegios oficiales de arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de Murcia, entre otras instituciones.

Los equipos seleccionados visitarán este mes la Cárcel Vieja para poder conocer en primera persona las instalaciones y el estado de ese edificio, construido a principios del siglo XX en pleno centro de Murcia y que cerró sus puertas en 1981.

La primera fase de la rehabilitación, que corresponde al edificio principal, el mejor conservado, tiene un presupuesto de 2,1 millones de euros que se financiará con remanentes de tesorería y la previsión es que esas obras salgan a licitación a comienzos de 2018.

Por otra parte, la Junta de Gobierno municipal aprobó la contratación de obras de mantenimiento por valor de unos 18.500 euros en la Casa Torre Falcón de Espinardo, un edificio del siglo XVIII que está pendiente de otros trabajos más amplios de rehabilitación que se encuentran en fase de redacción del proyecto técnico.

Por ello, y para garantizar su correcta conservación hasta el momento de la rehabilitación, se pondrán en marcha estos trabajos, orientados a la limpieza, cierre de huecos, fijación de cubiertas, escaleras y muros y reparación de la cubierta, entre otros.

Asimismo, la Junta de Gobierno dio luz verde a la compra de un dron autónomo, no tripulado y manejado de forma remota para actualizar la cartografía del municipio, que supondrá una inversión de 36.000 euros.

También se ha prorrogado el convenio con la Asociación Empresarial Ferias de Murcia para permitirles instalar atracciones y zonas gastronómicas en el recinto de la Fica durante la Feria de Septiembre.

La asociación pagará al Ayuntamiento un canon cercano a los 156.000 euros y se encargará del alumbrado extraordinario, la vigilancia y seguridad del recinto, los seguros y los protocolos para la inauguración y el Día del Niño, mientras que el Consistorio proporcionará el alumbrado general, los aseos y la limpieza del recinto.

Por último, y entre otros asuntos, la Junta de Gobierno prorrogó también el convenio suscrito con Cruz Roja por el que la entidad recibirá 50.000 euros para atender servicios de emergencia y socorro en el municipio en actos públicos, festejos y actos deportivos.

Urralburu: «La imputación de PAS fue clave para conocer qué ofrece cada partido»

MURCIA.- El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, señaló este viernes que este año político ha sido en el que “claramente hemos visto cómo al Partido Popular tan solo le queda el pasado en la Región de Murcia. El Gobierno de López Miras es incapaz y está paralizado por el miedo a perder el poder". 

Para Urralburu los 40 días que pasaron desde la imputación del ex presidente regional, Pedro Antonio Sánchez hasta su dimisión el pasado 4 de abril, han sido “clave para conocer qué ofrece cada formación para recuperar la Región de Murcia”.

Óscar Urralburu subrayó que mientras que Podemos fue “coherente, honesto, serio y desde el primer momento, había que echar al PP de la mafia y la corrupción fuera de San Esteban, el resto de grupos de la oposición no estuvo a la altura”. El secretario general de la formación morada recordó que el partido socialista tardó “más de un mes” en presentar la moción de censura, algo que “nadie de esta Región entendía. Y ya no sólo eso, el PSOE se mostró incapaz a la hora de liderar la opción de cambio al dar por buena la dimisión de Pedro Antonio y no seguir hacia delante con la moción de censura. Hubiéramos podido tener la oportunidad, la esperanza de un gobierno diferente al de la corrupción del PP. Fueron cobardes”.

Mientras, Ciudadanos, según Óscar Urralburu, confirmó su papel de “mascota del Partido Popular. Ahora se dedican a cubrir las espaldas a un PP infectado por la corrupción. Su nivel de sumisión y servilismo solo está a la altura de la incapacidad política y legislativa que demuestran”.

Por su parte, Urralburu afirmó que el Partido Popular se ha “bunkerizado para tapar las vergüenzas de Pedro Antonio Sánchez, que de una forma totalmente descarada sigue cobrando un sueldo público sin pegar palo al agua en la Asamblea Regional”. 

El futuro del PP, dijo el portavoz parlamentario de Podemos, está plagado de “problemas con la Justicia. La pieza separada del 'caso Auditorio' puede desvelar la financiación ilegal del PP en Murcia. Situación que va a ser la puntilla para perder el gobierno en 2019, aunque mientras siguen insultando a la inteligencia y la dignidad de la Región. Y más, al nombrar a López Miras presidente, una persona que no está a la altura de la gente a la que representa”.

Por tanto, añadió Óscar Urralburu, tenemos a un gobierno “sin proyecto. Debemos asumir desde la oposición la responsabilidad de dirigir esta Región. Vamos a plantear sentar las bases del cambio para 2019 a través de un gobierno legislativo”. 

Esto implica, incidió Urralburu, “trabajar un marco normativo para frenar al PP hasta que lleguen las elecciones autonómicas. Para ello, trabajaremos con el resto de la oposición en el diálogo, en el consenso, en la negociación y el debate para lograr sacar adelante acuerdos tan importantes como una ley de buen gobierno del Mar Menor, salvar la educación pública, investigar el Servicio Murciano de Salud, buscar fórmulas de financiación para paliar el déficit de la Comunidad o aportar ideas eficaces para los problemas que tenemos con las infraestructuras. En este sentido, el gobierno legislativo va a ser clave para el próximo curso”.

'Ecologistas en Acción' denuncia el regadío 'ilegal' de 63 hectáreas en Calblanque

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha denunciado ante las administraciones competentes la roturación «ilegal» y puesta en regadío de unas 63 hectáreas dentro del perímetro del Lugar de Importancia Comunitaria y parque regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en el paraje cartagenero conocido como Casas de Cabezo Negro y Casas de García Pérez. 

En un comunicado, la organización ecologista ha apuntado que estas parcelas están clasificadas como Zona de Uso Intensivo, Sección 1. Paisajes Agrarios en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de espacio protegido, por lo que sólo se considera compatible con su protección la «actividad agropecuaria adaptada al paisaje y el entorno».
Esto implica, según Ecologistas en Acción, que no está permitido el cambio de uso del suelo sin autorización, además de respetar las pedrizas, setos vegetales y ejemplares arbóreos y arbustivos situados en los bordes de los terrenos de cultivo.
Además de incumplir el PORN, la asociación ecologista denuncia que la roturación y puesta en regadío ha supuesto la ocupación no autorizada de la vía pecuaria denominada Colada de la Fuente Jordana, clasificada con una anchura legal de unos 17 metros y que discurre por las parcelas roturadas.
Por su parte, la Comunidad Autónoma defiende la legalidad de los cultivos y señala que «una vez analizada la evolución histórica de las parcelas denunciadas, se desprende que en las mismas se han desarrollado cultivos desde antaño, al menos desde 1956, que se han mantenido hasta la actualidad».
Por lo tanto, esgrime la Administración, «las actuaciones desarrolladas en estas parcelas para llevar a cabo labores agrícolas no deben ser clasificadas como roturaciones, sino como un arado o labrado de un terreno que ya tenía características propias de cultivo agrícola, al menos desde el año 1956». 

Asimismo, concluyen que los terrenos se llevan cultivando desde hace tres décadas.

CC OO presiona para que se desbloquee la expansión de Escombreras

CARTAGENA.-La delegación comarcal de CC OO en Cartagena insta a las administraciones local y regional para que desbloqueen el embrollo jurídico que dificulta la expansión industrial en el Valle de Escombreras. 

Una de las consecuencias de la paralización del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena de 2012, según el sindicato, «es la dificultad de uso en el suelo industrial del Valle de Escombreras».
Ante las negociaciones que se están teniendo entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena en este mes de julio, la delegación comarcal de CCOO en Cartagena insiste en que es vital que se desbloquee esta situación, ya que una de nuestras reivindicaciones es la atracción de nuevas inversiones industriales en nuestra ciudad.
Para ello, «es vital el desarrollo continuo del polo industrial del Valle de Escombreras, que no se debe ver perjudicado por una serie de dificultades de carácter administrativo», ha destacado CC OO.
El sindicato ha manifestado que «las administraciones deben poner en marcha un factor de localización industrial tan perentorio como es el suelo», y ha añadido que «hace mucho tiempo que no se recibe en la ciudad ninguna nueva inversión industrial y están en estos momentos en el aire varios proyectos fabriles importantes que esperan de las administraciones que se despeje esta incógnita referente al suelo industrial».

La Región registró ayer su máximo histórico en consumo de electricidad

MURCIA.-La Región de Murcia superó ayer sus registros máximos de consumo de energía diaria de electricidad y de potencia horaria demandada, según comunica Iberdrola.

Los datos registrados por Iberdrola Distribución en la autonomía reflejaron una demanda diaria de energía histórica al alcanzar los 33.412 megavatios hora (MWh), por lo que se superó en un 3,1 por ciento el anterior máximo registrado el 28 de julio de 2015.
En cuanto a la punta de potencia requerida en la Región, el máximo histórico se alcanzó también este jueves a las 17.00 horas, con 1.656 megavatios de potencia, rebasando en más de un 2% la cifra que hasta ahora era la mayor punta de demanda horaria del pasado 27 de julio de 2015, a las 14.00 horas.
A pesar de ello, Iberdrola destaca que no ha registrado incidencias destacables en el suministro eléctrico de la Región de Murcia.