Cuando Rajoy “da por cerrada la vía de
diálogo con la Generalitat” está haciendo un ejercicio de posverdad.
Algo inherente a su partido y que consiste en negar la evidencia con
todo aplomo o directamente inventarse la realidad. “El PP es el partido
de los trabajadores”, decía Cospedal. Posverdad. “El PP es el partido
que más ha luchado contra la corrupción”, según Rajoy. Posverdad. “No he
cumplido mi palabra, pero he cumplido mi deber”. Posverdad de la que se
sigue que el deber de este hombre es no cumplir su palabra.
¿Hay
algo más posverdadero que dar por cerrada una vía de diálogo que no
existe? Ciertamente, hace unos meses, el presidente del gobierno, en un
gesto de magnanimidad unilateral decidió adoptar una política de diálogo
con la Generalitat. Despachó a la vicepresidenta a Barcelona, le puso
allí un despacho desde el cual aquella empezó a ejercer a modo de
virreina. Y ahí acabó la política del diálogo, en un único encuentro
entre Sáenz de Santamaría y Junqueras para comprobar que no tenían nada
de qué dialogar. El referéndum no lo permite. El diálogo no arrancó,
pero el gobierno ya lo da por cerrado.
Es
un momento de suspense, los dos contendientes en mitad de la calle
desierta, mirándose a los ojos bajo un sol cegador, a ver quién hace el
primer movimiento. De ambos lados llegan voces. Del lado del gobierno se
lanzan admoniciones y amenazas y la inevitable Cospedal, ministra de
Defensa, habla ya en términos castrenses de intervención militar.
Califican de intento de golpe de Estado el referéndum. Del lado de la
Generalitat se escucha a la CUP y la ANC, así como otras asociaciones de
la sociedad civil, reclamando fecha para la celebración del referéndum.
El
escenario es de confrontación. Y de mala perspectiva porque ninguna de
las partes puede echarse para atrás. Sin embargo, una cosa está clara:
la represión no es una solución. Un Estado de derecho no puede
sobrevivir sojuzgando a una minoría nacional. La traslación de la
experiencia del País Vasco a Cataluña, esto es, la idea de que es
posible domeñar una reivindicación independentista tratándola como una
cuestión de orden y seguridad pública, es un grave error. En el PV había
un problema de terrorismo. En Cataluña hay una amplia movilización
social democrática y pacífica.
La
represión no solo no es justa; tampoco práctica. El Estado puede
suspender la autonomía catalana pero en algún momento tendrá que
restablecerla; puede inhabilitar a la actual clase política
independentista, pero no impedir que se reproduzca mediante elecciones.
El gobierno sostiene que va a dar la batalla a la Generalitat en defensa
de la mayoría de los catalanes a la que se está engañando. ¿Cómo saber
si esto es así? Por supuesto, haciendo un referéndum. Justo lo que,
encuesta tras encuesta, reclama entre el 70 y el 80 por ciento del
electorado catalán: hacer un referéndum para ver qué quieren los
catalanes. El gobierno no tiene más que investigar. Lo que quiere la
mayoría de los catalanes es un referéndum.
Si
la represión no es la solución, ¿cuál es? Sentarse y negociar.
Negociar, ¿qué? Por supuesto, todo. Eso de que hay algo innegociable (la
soberanía del pueblo español) que va repitiendo por ahí Rajoy como una
carraca es otra posverdad. ¿Por qué es innegociable? Porque lo dice la
Constitución. Y la Constitución, ¿qué es? Una ley (y muy reciente, por
cierto) que, como todas las leyes se puede cambiar. En realidad, las
leyes no hacen más que cambiar y no solo las humanas, también las
naturales y hasta las divinas. Porque todas las leyes se hicieron para
los seres humanos y no al revés.
Que
en un Estado democrático de derecho haya algo de lo que no se puede
hablar es inadmisible. Porque quien impide que se hable, impone su
opinión como infalible, la fija como verdad incuestionable. Si alguien
la cuestiona, se le reprime pues estamos en la época de la posverdad, de
la represión.
Es
una perspectiva poco halagüeña y resulta comprensible que todos hagan
cuanto puedan para evitarla. Todos quizá no. La negativa del gobierno a
dialogar apunta a una intención de empeorar la previsión en virtud,
quizá, de aquel viejo adagio que suele atribuirse al espíritu
revolucionario leninista de “cuanto peor, mejor”.
La
cuestión es si los otros partidos españoles aceptan o no uncirse al
carro de guerra de la derecha. C’s parece casi destinado pues nació hace
una docena de años como partido anticatalanista. Podemos, por el
contrario, respalda la celebración de un referéndum pactado y, por
tanto, legal y vinculante. Si hay prohibición, legitima un referéndum
unilateral, pero solo le da un valor político, no jurídico. La incógnita
es el PSOE, que ha cambiado las tornas desde las primarias y cuyo SG,
acabado de aterrizar, se encuentra con una línea de apoyo parlamentario
al PP sobre la que tendrá que tomar una decisión.
En
asuntos tan graves, las decisiones no se improvisan y necesitan tiempo.
Por eso Sánchez hará bien en no pronunciarse en uno u otro sentido
hasta tener todos los datos, valorar sus posibilidades y formular una
propuesta que habrá de someter a consulta a la militancia. Con la
marca socialdemócrata. Por eso, así como no ajusta su criterio a las
orientaciones de Podemos, tampoco tiene por qué responder a los desafíos
gubernativos de que aclare el concepto de “nación de naciones”. Todo a
su tiempo.
Para
ir haciendo tiempo y entretener a los impacientes, el PSOE puede
declarar en el Parlamento que no acepta el cierre de la “vía de
diálogo”. Esa decisión es contraria a la función esencial del gobierno
que, como toda autoridad pública, debe velar por la paz y el
entendimiento entre los ciudadanos y no por la confrontación. Además, es
ilegal, pues no media una previa decisión parlamentaria que le inste a
hacerlo. No tiene más respaldo que una acción ejecutiva. Pero si el
Parlamento rechaza el cierre del diálogo y obliga al gobierno a seguir
intentándolo, este tendrá que hacerlo.
Al
final, el problema es qué se lleva en concreto a una mesa de
negociación, mediando entre dos posiciones antagónicas. Algo en lo que
ambas partes estén de acuerdo, habiendo ambas cedido en algo. Como base
podría servir la siguiente propuesta: el Estado permite la celebración
del referéndum llamándolo “consulta”, “sondeo” o como se quiera,
desprovisto de eficacia jurídica pero con una eficacia informativa que
conlleva una obligación: el Estado se compromete a abrir un proceso de
reforma constitucional en un órgano ad hoc, una Convención, por ejemplo,
con una composición que haga justicia a la reivindicación
independentista. Sea cual sea el resultado de la Convención, se someterá
a referéndum por comunidades autónomas, una de cuyas opciones habrá de
ser la independencia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
