El Pacto de las Lentejas / Ángel Montiel *

Lo ha dicho Maíllo, la nueva autoridad del PP que suplanta sutilmente a Cospedal: «Eran lentejas». Respondía así, supongo, a la pregunta: ¿Por qué no están dispuestos a cumplir en su literalidad el pacto que firmaron con Ciudadanos? Tal vez las nuevas generaciones del siglo XXI sufran algún desconcierto ante esa respuesta. Pertenece a la sociología de la remota posguerra española, cuando las madres, apuradas por la escasez de las despensas, insistían en ofrecer como plato único a sus hijos ese menú barato, y ante las protestas al modo de Mafalda frente a la sopa, exponían a sus retoños la dura realidad: «Son lentejas; si quieres las tomas y si no, las dejas». Cada vez que pido lentejas en algún restaurante y disfruto de su extraordinario sabor pienso, porque aprendí ese recitado de mi madre después de que ella lo aprendiera de la suya, que hay dos mundos: uno, en el que te está permitido pedir lentejas en el menú, y otro, en el que las lentejas te vienen dadas porque no hay otra cosa y te toca tomarlas cada día. 

Maíllo ha recitado el viejo lema, adaptado a la situación de hambre de poder en que se vio su partido tras el 26J: eran los más votados, pero no tenían algo que echarse a la boca. Y ahí apareció Ciudadanos, perdidos en una esquina del Parlamento, dispuestos a tomar la iniciativa, adelantándose a que la izquierda (Podemos/PSOE) suspendiera su relación de celos y les diera por ir a lo práctico. Cuando nadie se movía, en pleno verano, salió Rivera y pronunció un decálogo de ´medidas previas´ anticorrupción para proponer al PP: si éste las firmaba, entrarían en una segunda fase de diálogo para concertar otras iniciativas que ya serían de política gubernamental. El PP vio el cielo abierto, y firmó. Es verdad que racaneando y tratando de repelar matices de la decena de enunciados demasiado taxativos, pero acabó firmando. Uno de aquellos epígrafes, para que ahora nos hagamos una idea, rezaba que el PP se comprometía a promover en el Congreso una comisión de investigación sobre su propia corrupción interna. Firmaron. Con un par. 

Ahora, Maíllo nos desvela la razón de tanto desprendimiento en favor de la política autorregenerativa: «Eran lentejas». O sea, el único menú que se les ofrecía, pero con el que aun habiendo ganado las elecciones en minoría, les permitía tomar aliento para convertir esa insuficiente victoria en un escalón para acceder al poder. Y mantuvieron el poder, después de que también el PSOE, tras un ´golpe de estado´ interno, se sumara a lo irremediable. Sin embargo, una vez reinstalado, el PP le hizo ascos a las lentejas y empezó a catar las patas de cabrito convenientemente doradas. A ver quién es capaz ahora de sacarlo de la ´carta abierta´ para devolverlo al monótono menú del día.

En Murcia, lo mismo, y adelantados y pioneros. El pacto PP/Ciudadanos eran lentejas, y el primero firmó todo lo que el segundo le puso por delante. Pero tras la firma, un enviado del PP, el diputado Jódar, dio la clave para tranquilizar a su clientela. Vino a decir que el primer punto de aquel pacto de investidura, que obligaba al presidente popular a dimitir en caso de ser imputado, contenía un matiz en su literalidad: ´imputado por corrupción política´ y sugería ya entonces que las circunstancias del caso Auditorio no contenían ese concepto; en todo caso, tal vez admitirían ´errores administrativos´. 

Esto alertó a Ciudadanos, que no querían verse tratados de primos, y el líder autonómico del partido, Miguel Sánchez, quien había estampado su firma junto a la de PAS, llamó a éste y lo conminó a que aclarara públicamente que ´una imputación sería una imputación´, sin mayores matices; le advirtió, además, sobre que, si no precisaba esta cuestión, Ciudadanos retiraría la firma recién dispuesta en el pacto de investidura. Lentejas. Por tanto, PAS lo tranquilizó y le aseguró que en el próximo acto público al que asistiera expondría negro sobre blanco que una simple imputación bastaría para que presentara su renuncia. Y así lo hizo. En un acto en la sede de CROEM pronunció las palabras que esperaba escuchar Ciudadanos, y el vídeo que las registra es el que ahora se reproduce en programas de televisión y redes sociales. Es el vídeo de las lentejas. 

Hoy mismo, Ciudadanos se entrevista con PAS para reclamarle el tributo de su cabeza. Pero aquella firma eran lentejas, les dirá el propietario de esa cabeza en plena comunión con Maíllo. ¿Y qué hará Ciudadanos? Ya se ve lo que ha hecho Rivera cuando el PP ha matizado de manera sustantiva los epígrafes de aquel pacto original para la gobernabilidad tras el 29J: ha aceptado crear una comisión o similar para estudiar a partir de cuándo cuenta la limitación de mandatos, si los aforamientos han de persistir aun cuando los políticos no sean acusados de delitos comunes o si la investigación sobre la corrupción no debe limitarse sólo a la que afecta al PP... Van a entrar en matices. Si esto es lo que hacen en Madrid ¿qué les obliga a ser más radicales en Murcia cuando la única salida efectiva de Ciudadanos sería concertar una indeseada para ellos moción de censura que entregue la presidencia de la Comunidad al PSOE? Esto son lentejas, pero lentejas para todos.

 (*) Columnista

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/03/02/pacto-lentejas/810067.html 

El Fiscal General no despeja dudas sobre su imparcialidad / Editorial de 'El Mundo'

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, defraudó ayer en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar algunas de sus polémicas decisiones de las últimas semanas. Entre ellas se encontraban, sobre todo, los importantes relevos en puestos clave de la Fiscalía y las sospechas sobre injerencias políticas en la petición de exculpación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, acusado en el caso Púnica, y el posterior cambio del fiscal jefe de esa comunidad autónoma.

Maza perdió, pues, una oportunidad de eliminar incertidumbres sobre su trabajo y así se lo hicieron saber, con razón, los grupos de la oposición. La comparencia de Maza fue solicitada por el PSOE y Ciudadanos después de que este periódico revelara supuestas presiones del Gobierno a la Fiscalía para que frenara la imputación de Sánchez, a pesar del criterio de las dos fiscales que han llevado el caso Púnica. Se trataba, además, de averiguar por qué el propio presidente murciano conoció la decisión del Ministerio Público de no solicitar su imputación antes de que se difundiera la noticia. Son todos temas de trascendencia porque hablan de la imparcialidad del trabajo de los fiscales y de su independencia de criterio a la hora de enfocar asuntos clave para la vida política. 

En su decepcionante intervención inicial, el fiscal se dedicó prácticamente a ofrecer una especie de clase magistral sobre las funciones y cometidos de la Fiscalía General del Estado. Maza defendió la "independencia" y la "imparcialidad" y aseguró que el criterio básico del Ministerio Público es "perseguir la corrupción y aplicar la ley sea quien sea la persona investigada". Negó que haya hecho "seguidismo" del Gobierno: "A mí no me han impuesto nada", señaló. Maza defendió su capacidad para intervenir en procesos que afectan a aforados o que tienen una especial trascendencia dando órdenes y relevando a los fiscales, siempre con los informes pertinentes.

Luego, y tras los requerimientos de los representantes de la oposición, negó "el más mínimo atisbo" de interferencia política en el caso del presidente murciano, y justificó su decisión de pedir su exoneración en los informes que le presentaron la Secretaría General Técnica de la Fiscalía y cuatro fiscales del Supremo, personas que destacan por su "competencia técnica y su prestigio". 

Tampoco ofreció explicaciones convincentes sobre el relevo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional -junto con otra treintena de puestos-, que justificó por la necesidad de dar un «impulso nuevo» y para evitar que los profesionales "se perpetúen en los cargos".

El sentir de la intervención de Maza fue resumido por el socialista Juan Carlos Campo: "Hay preguntas que quedan en el aire y alimentan las sospechas". Y eso es lo peor que se puede decir de una comparecencia de un alto cargo, en la que debería haber disipado las dudas generadas previamente. Por eso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, debe acudir al Parlamento para tratar de eliminar esas sospechas que todavía persisten en la actuación de la Fiscalía.

Y lo que tras los últimos acontecimientos queda fuera de toda duda es que con la actual estructura jurisdiccional los fiscales no pueden convertirse en los instructores de los procesos judiciales, tal y como pretende Catalá. Haría falta un cambio en profundidad del Estatuto de la Fiscalía para dotar al Ministerio Público de una total autonomía del Gobierno. Y para ello hay que modificar la Constitución. Mientras tanto, el Fiscal General del Estado debe esforzarse para actuar con independencia de criterio e imparcialidad.

También volvimos a comprobar ayer que la independencia judicial es una de las asignaturas pendientes de la democracia. Tras semanas de teatro político, PP y PSOE han vuelto a pactar la renovación del Tribunal Constitucional reservándose las cuotas pertinentes. Hasta los socialistas han admitido que no tienen inconveniente en que alguien que ha sido diputado del PP durante 17 años pueda presidir el Alto Tribunal. La regeneración sigue sin llegar a la administración de Justicia.

http://www.elmundo.es/opinion/2017/03/02/58b7193cca47411a048b4594.html 

PP-Cs: ruptura en Murcia y guerra por las lentejas con chorizo / José Oneto *

La estabilidad y el futuro de la legislatura, tal como están planteados en estos momentos, dependen de las lentejas, esas lentejas que, según el dicho popular, si quieres las comes o, si no, las dejas. Fernando Martinez Maíllo, vicesecretario de organización del Partido Popular dice que no están dispuestas a comérselas (normalmente el PP no está acostumbrado a ese tipo de plato), y Ciudadanos, la otra parte implicada en el debate de las lentejas, dice que se las comerán, aunque puede que toda la clave esté en los chorizos. 

Hay muchas formas de comerse las lentejas: estofadas, a la jardinera, con arroz, a la riojana, con verduras e, incluso en ensalada. Pero el problema del Pacto de las Lentejas, el que firma el PP con Ciudadanos para que Rajoy pueda ser investido Presidente del Gobierno, está precisamente en las lentejas con chorizos que, por lo visto, diga lo que diga Ciudadanos, el PP no está dispuesta a comérselas.

Pero es que, además, el malestar existente entre los dos partidos, a nivel nacional por esas lentejas (el Pacto de las Lentejas), la ruptura del pacto que Ciudadanos tenía con el PP por el que fue nombrado Presidente de Murcia, Pedro a Antonio Sánchez, imputado la semana pasada por falsedad en documento oficial, prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública y malversación de caudales públicos, ha enrarecido aún más ese Pacto Nacional que permitió la investidura de Rajoy. Un Pacto Nacional que se debía haber cumplido a los tres meses de Gobierno, cosa que no ha sucedido, ni parece que vaya a suceder. Mientras en Madrid se hablaba del enfrentamiento PP-C's por las tan repetidas lentejas, Ciudadanos rompía en Murcia con los populares y pensaba en una posible moción de censura con el PSOE, algo que puede terminar incluso en unas nuevas elecciones en la Autonomía marciana.

Probablemente en el caso nacional los de Ciudadanos ignoraban que las lentejas con chorizo están íntimamente relacionadas con uno de los puntos importantes de ese pacto de regeneración que firmaron en Agosto de 2016, PP y Cs, para la investidura de Rajoy y que consiste en la formación de una Comisión de investigación para estudiar las finanzas del PP y la caja B, sobre lo que el juez de la Audiencia Nacional, De la Mata, acaba de reactivar la investigación del llamado “Caso Bárcenas”, unas pesquisas que estaban pendientes, y que han sido puestas en marcha tras la declaración de Francisco Correa en uno de los juicios de la Gürtel en el sentido de que, el entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, recibía comisiones de grandes constructoras que obtenían contratos del Estado y que estas comisiones iban a las arcas del partido o quién sabe si… a Suiza.

El Pacto de las Lentejas, como lo ha definido Martínez Maíllo, hubo que firmarlo porque, versión popular, no tuvieron más remedio: eran lentejas y o las comían o las dejaban, poniendo en juego la estabilidad del país y la posibilidad de unas nuevas elecciones. Era, sobre todo un pacto de regeneración política presentado por el propio Albert Rivera que puso seis condiciones de regeneración democrática al PP como paso previo a negociar la investidura de Mariano Rajoy. Además, fijó un plazo temporal para su cumplimiento: los tres primeros meses de la legislatura.

Las medidas eran apartar a los cargos públicos imputados, la supresión de los aforamientos, una nueva ley electoral (listas desbloqueadas), acabar con los indultos por corrupción política, limitación a dos mandatos con un máximo de ocho año y que afectaba al propio Rajoy y, la investigación del caso Bárcenas en el Parlamento… y aquí aparecieron las lentejas con chorizo cuando los populares pensaban en simples lentejas estofadas. Condiciones, como paso previo a negociar la investidura de Mariano Rajoy. Esas medidas se debían cumplir en los tres primeros meses de legislatura, y era el propio Rajoy el que se ha encargado de ralentizarlas con el argumento de que para los aforamientos y la limitación de los mandatos, hay que ir a una reforma constitucional.

En esto, tanto Rivera como Ciudadanos se juegan mucho y ante la negativa del PP a que se investigue sus finanzas han iniciado conversaciones con PSOE y Podemos para pactar una nueva mayoría para que esa investigación por la que tanto han luchado los de Rivera, salga adelante como gesto hacia la ciudadanía de que algo había cambiado, para que ellos apoyasen a Rajoy. Ante esta nueva estrategia que coloca al PP en una difícil situación, los populares ya han anunciado que, como tienen mayoría absoluta en el Senado tienen previsto pedir la formación de una comisión de Investigación para estudiar la financiación de todos los partidos, convencidos de que el PSOE no tiene el menor interés en entrar en esa batalla.

Pero la realidad es que el PP se va a resistir hasta el final a comerse esas lentejas con chorizo que le producirán inevitables ardores de estómago, a pesar de las dosis de Omeprazol, que están tomando desde la firma del Pacto. Además, para más recochineo, el Presidente de Murcia no está dispuesto a dimitir ni con la imputación, ni con la apertura oral del Juicio, sino solamente cuando haya sentencia condenatoria. No ha aclarado si la sentencia es del tribunal que le juzgue, del recurso al Supremo, o, incluso, de lo que decida el Tribunal de Estrasburgo… Todo un desafío para Ciudadanos que corre el riesgo de que se le quemen las lentejas o, que se les pegue en la cazuela, por lo que no ha tenido más remedio que romper el Pacto en Murcia.

(*) Periodista y economista

http://www.republica.com/viva-la-pepa/2017/03/02/pp-cs-ruptura-en-murcia-y-guerra-por-las-lentejas-con-chorizo/ 

La destrucción de España / Ramón Cotarelo *

Al final tendrá razón el procesado Homs en su vaticinio del fin del Estado español. A estas alturas, las mentes más lúcidas dan el referéndum por inevitable y, con ellas, mucha otra gente, aunque no lo diga. No está mal para un problema que hace dos o tres años no existía o era una mera algarabía, según el muy previsible Rajoy. Pero ya es poco. La cuestión es si, a fuerza de no transigir, no negociar, no dialogar, no proponer nada, el nacionalismo español, carente de toda iniciativa, ha hecho inevitable también la independencia de Cataluña.

Voluntad catalana no falta y la hoja de ruta de JxS con el apoyo de la CUP propone un escenario de confrontación total de aquí a breves meses. Se asume que el Estado intervendrá la autonomía catalana y que en Cataluña habrá una reacción. A partir de aquí, el territorio no está cartografiado.

El problema de fondo es la falta de proyecto del nacionalismo español, incapaz de proponer nada salvo la continuidad de una situación que disgusta a todos. Falta el proyecto porque falta el nacionalismo que ha de empujarlo. El franquismo, al apropiarse durante 40 años de dictadura los significados nacionales, deslegitimó de tal modo el nacionalismo español que este debe de ser el único en el mundo cuyos seguidores afirman siempre no ser nacionalistas de nada.

Franco murió, cierto. Pero el franquismo sigue, los franquistas siguen. Los gobernantes del PP, un partido fundado por seis ministros de Franco, nunca han repudiado de modo solemne y convincente la dictadura de la que provienen. Les van en ello intereses ideológicos y materiales considerables. Los últimos, sobre todo, unen mucho. Para formar esta clase gobernante que, como dice García Montero tiene como único negocio el Estado. Así ha sido siempre con la oligarquía española ya desde el Siglo de Oro, una clase de parásitos que vive a costa del Estado hasta que lo arruina. 

No solamente no condenan el franquismo sino que lo conservan, amparan y protegen. El Tribunal Supremo acaba de rechazar la petición del juez Garzón y otros de remover los huesos del tirano del Valle de los Caídos. Léase el atinado artículo de Carlos Hernández ¿Democracia franquista? El franquismo sigue vivo. Entre nosotros. A tiro de piedra del otro monumento imperial español, el Escorial, este innoble memorial fascista es una especie de símbolo del arco vital español, el alfa y el omega de España: del Escorial al Valle de los Caídos, construido con mano de obra esclava de presos políticos.

Es poca la legitimidad de que puede tirar el nacionalismo español a la hora de proponerse frente al catalán. Y queda reducida a la nada cuando coincide con las peripecias procesales de un verdadero laberinto judicial de casos de corrupción que muestran cómo los franquistas herederos de los franquistas siguen considerando que el Estado es suyo y sirve para enriquecerse por todas las vías, legales e ilegales. Y, con la corrupción, los privilegios de los corruptos que todavía hieren más a la opinión pública. La sentencia del caso Noos muestra una justicia sometida al poder político.

Los privilegios de la Casa Real escandalizan (seguimos sin saber nada del origen de la fortuna de Juan Carlos, de 2.000 millones de dólares) en verdad porque es la Casa Real. Pero privilegios hay continuamente a lo largo de esta aventura. El mismo presidente que está hablando siempre del cumplimiento de la ley tiene el privilegio de haber estado cobrando presuntamente jugosos sobresueldos de un caja B; el mismo que habla de la igualdad de todos los españoles tiene a su padre gran dependiente a cuenta de los dineros públicos, esos que dice el hijo que no dan para los demás dependientes.

Y de privilegios va la Iglesia católica, verdadero Estado dentro del Estado, infiltrada en todos los poderes públicos, especialmente el judicial, así como en una densa red de instituciones sociales de todo tipo. Además de franquista y, por ende, corrupto, el gobierno es también clerical con puntos de nacionalcatolicismo

Añádase a todo ello el aparente recurso del Estado a la guerra sucia, que se evidencia en la Operación Cataluña y ya se habrá llegado a la conclusión de por qué el marasmo actual de España propicia la independencia del Principado. En ese marasmo, nadie se atreve a poner coto a los desmanes de esta oligarquía corrupta, expoliadora, clerical y franquista excepto el independentismo catalán. Casi como si la oposición a la oligarquía se hubiera territorializado en Cataluña. Y como la reacción acabará siendo la fuerza bruta, terminarán votando por la independencia hasta los catalanes no independentistas.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales

Jueves con los tribunales a tope por el 9-N, el 3%, el Caso Palau que ya es el 4%, la reapertura del caso de la caja B de Bárcenas con los sobresueldos y la financiación ilegal del PP, los ERE andaluces y otros, y con el caldero catalán en ebullición, aunque la apertura a toda pantalla de El Confidencial pone las cosas en perspectiva: 'Homs se sincera con las multinacionales y augura el fracaso del ‘procés’: el diputado del PDeCAT y mano derecha del 'expresident' Artur Mas ha revelado en una reunión privada con un grupo de empresas, como Google y Nissan, que España se mantendrá unida' (Agustín Marco). Es el mismo Homs que horas antes proclamaba que 'yo no quiero ser de este Estado'.

Otros ejes informativos en portadas y grandes titulares: el Libro Blanco para la UE post Brexit y las cinco opciones que plantea, entre ellas dar marcha atrás y quedarse en Mercado Único y ya está; la subida de las Bolsas aquí y acullá tras los buenos resultados empresariales y el discurso de Trump más moderado de lo que se temía; el acuerdo del bipartidismo PP-PSOE para repartirse los cuatro magistrados vacantes en el TC, con entrada de Conde-Pumpido y la presidencia para Andrés Ollero; el Premio Pritzker de Arquitectura al estudio RCR de Olot; el desplome en Bolsa de Deoleo Bolsa tras sus pérdidas y entrar en causa de disolución.

Trump está en el mejor de los mundos tras su discurso moderado y optimista, pero The Washington Post le chafa un tanto la celebración este jueves: revela que el Fiscal General Jeff Sessions se entrevistó dos veces el año pasado con el embajador ruso y no lo ha reconocido en todo el proceso para su nombramiento. Una situación similar llevó al general Michael Flynn hace semanas a desistir de ser asesor de Seguridad Nacional.

INFORMACIÓN NACIONAL

La Vanguardia: El juez reabre el caso sobre la financiación del PP. Otro titular: PP y PSOE consuman el pacto para el nuevo TC: los aspirantes anuncian sus líneas rojas al soberanismo. El Periódico: Reabierta la investigación judicial de la caja B del PP (Ángeles Vázquez). El Mundo: PP y PSOE se aferran a sus cuotas en el Constitucional (Luis Ángel Sanz y Raúl Piña). Otro titular: El juez De la Mata reabre la causa de la presunta financiación ilegal del PP (Marisa Recuero). Otro titular: La oposición reprocha a Maza que deje dudas sobre su imparcialidad (Manuel Marraco). Otro titular: Cs amenaza al PP con aliarse con PSOE y Podemos: los populares reiteran que no habrá comisión sobre la financiación de su partido (Raúl Piña y Marisol Hernández).

ABC: PP y PSOE apoyan la entrada de Conde-Pumpido en el TC. Otro titular: Maza reivindica su independencia y niega presiones del Gobierno. Esdiario: Un sondeo secreto del PSOE da una victoria cómoda a Susana sobre Sánchez (Juan de Dios Colmenero). Vozpopuli: Susana y Patxi se reúnen en secreto para hacer un frente ante Sánchez (Federico Castaño). OKdiario: Iglesias despide a 25 trabajadores de la sede central de Podemos por ser errejonistas (Sandra Fernández). Otro titular: La réplica del PP a la ‘comisión Bárcenas’ del Congreso: una en el Senado sobre la corrupción de todos (Luz Sala). Confidencial Digital: El PP reduce su plantilla en Génova con la salida de medio centenar de trabajadores: el partido habla de 'reestructuración' y algunos están siendo reubicados en el Senado.

CATALUÑA

La Razón: Puigdemont se va a EEUU para vender el procés acosado por la corrupción: prepara un viaje oficial del 26 de marzo al1 de abril; sólo ha cerrado una charla en Harvard. Otro titular: CDC montó una ‘caja única’ para mover a ‘capricho’ las mordidas (J.M. Zuloaga). La Vanguardia: La Mesa teme que Forcadell sea inhabilitada en breve: JxSí espera 'reacción social' (Quico Sallés). Otro titular: JxSí defiende que la ley de desconexión se pueda aprobar por urgencia: los independentistas corrigen la solicitud para cambiar el reglamento del Parlament. Otro titular: Montull señalará al ex tesorero de CDC en el cobro de comisiones del Palau: Convergència renuncia a llamar como testigos a ex concelleres ante la confesión del ex directivo (Santiago Tarín).

Capital Madrid: El Palau de la Música desafina a Convergència: el juicio del 'caso Palau' promete nuevas revelaciones vinculadas al 3% (Ramon Vilaró). El Periódico: Primer día del juicio del saqueo del Palau: ‘Será muy divertido’; Montull sugiere que el pacto para salvar a su hija a cambio de incriminar a CDC está hecho (J.G. Albalat). El País: Montull altera la estrategia de Convergéncia: esconde a sus testigos por temor a que confiese (Jesús García). Otro titular: Artur Mas vende en la Universidad de Oxford una Cataluña ‘como Dinamarca’ (Pablo Guimón). Otro titular: Iglesias ve 'viable' una consulta en toda España pero dando la decisión final a los catalanes (José Marcos, Anabel Díez y J.J. Mateo). ABC: Convergència cobró comisiones por adjudicar una obra financiada por el Plan E (Javier Chicote). Otro titular: El fiscal, a Homs: ‘La democracia es la sumisión del poder a la ley’.

ECONOMÍA

El País: La UE reconoce su fracaso ante la peor crisis de la posguerra: el Libro Blanco advierte de que la recuperación es desigual y anticipa un difícil futuro a los jóvenes (Claudi Pérez). Otro titular: Empleo barato en el Ministerio de Empleo: contrata a empresas de vigilancia low cost (M.V. Gómez y E.G. Sevillano). La Razón: La UE alerta de su desintegración ante la ola nacionalista. El Periódico: Juncker abre la puerta a dar marcha atrás en la integración europea y retornar al Mercado Común (Silvia Martínez). El Mundo: Los municipios deben devolver la plusvalía cobrada de más sobre 550.000 inmuebles. Vozpopuli: El as en la manga de Montoro: uno de los últimos cambios de Sociedades no será permanent;: la limitación de compensación de bases imponibles negativas podría desaparecer (Teresa Lázaro). El Confidencial: CEOE alerta: 'destopar' las cotizaciones provocará una avalancha de autónomos (Carlos Sánchez).

Expansión: Los grupos españoles invertirán y crearán empleo en 2017. ABC: El empleo público en Educación y Sanidad es mayor que antes de la crisis: han ganado 50.000 puestos desde 2008. Cinco Días: El 45% de las empresas prevé ampliar plantilla este año: una encuesta de KPMG y CEOE a 2.900 directivos constata la mejora de la confianza. Otro titular: El Gobierno escinde la CNMC en dos y crea más reguladores (Á. Bayón y P.M. Simón). Otro titular: Bruselas esboza en un Libro Blanco la refundación de la UE (Bernardo de Miguel). Otro titular: La hostelería crece un 6,9% en España. Otro titular: Las ventas de coches en España se estancan en febrero. Otro titular: Las exportaciones suman cuatro años por encima del 33% del PIB. Otro titular: Tinsa calcula que 550.000 casas han pagado de más por plusvalía (Raquel Díaz Guijarro).

EMPRESAS

Cinco Días: El megaproyecto en México abre una fuga en Abengoa: el grupo suma pérdidas de cerca de 9.000 millones en dos años; los hedge funds fijan septiembre como límite para zanjar el conflicto. El Español: Deoleo se convierte en la primera 'víctima' de la reforma del Impuesto de Sociedades (Cristina G. Bolinches). Expansión: Iberostar ultima la venta de su paquete del 5% en ACS (M.Á. Patiño y C. Morán). Otro titular: Abertis prevé invertir más de 6.000 millones fuera de España. Otro titular: Leroy Merlin abrirá 31 tiendas y creará 5.500 empleos en España hasta 2021. La Vanguardia: Weimei, el móvil con sello español que batalla con los gigantes (Luis Federico Florio). Confidencial Digital: Samsung, Huawei y LG abroncan al Gobierno por tolerar la venta masiva de móviles falsos: en el Mobile World Congress, los fabricantes han reclamado a Nadal y Lasalle que tomen medidas.

El Economista: El consejo de Prisa se rebela por el bonus de 692.000 euros de Cebrián: Amber, el primer accionista, vota en contra (Javier Romera y Eva Díaz). Otro titular: Moody’s abre la puerta a una mejora de la calificación de OHL (Javier Mesones) Otro titular: Los fondos venden Cortefiel con un agujero de 528 millones. Otro titular: Colombia, conciliadora con Gas Natural, espera 'avanzar y llegar a un acuerdo' (Tomás Díaz). OKdiario: El director de Marketing de El Corte Inglés estudia su salida tras el golpe de mano de Marta Álvarez (Borja Jiménez).

SECTOR FINANCIERO

Vozpopuli: El Gobierno fusionará Bankia y BMN y privatizará parte después de verano (Jorge Zuloaga). Otro titular: El BdE recompone su cúpula tras las imputaciones en el caso Bankia. El Confidencial: El Banco de España confía la supervisión a la mano derecha de Mariano Rubio (Eduardo Segovia). El País: Linde elige a un colaborador cercano para llevar la Supervisión del Banco de España (Íñigo de Barrón). Cinco Días: Linde opta por el continuismo y pone a Durán a dirigir la supervisión. Otro titular: La CNMV declara la guerra a los chiringuitos financieros. Otro titular: Macroemisión de Telefónica en dólares: 2.000 millones a 30 años y 1.500 a 10 años (Santiago Millán Alonso).

Capital Madrid: BBVA compensará el impacto de las cláusulas suelo con una fuerte subida de comisiones: las transferencias por orden física ya se encarecieron en un 17% a final de 2016, y FG sigue a lo ‘digital’ mientras la red se desconcierta por incidencias informáticas (José Luis Marco). Otro titular: La crisis de la vivienda parece resuelta pero no es oro todo lo que se firma: sube la concesión de hipotecas por tercer año consecutivo y crece en 2016 un 14%, pero el tipo fijo empieza a acercarse al variable (Héctor Chamizo). Expansión: Santander y BBVA sobrevuelan Popular: está en juego el liderazgo del mercado español, que hoy tiene CaixaBank. Otro titular: Las Socimis multiplican por cinco sus beneficios en 2016 (R. Ruiz y R. Arroyo).

OTROS TITULARES DESTACADOS

ABC: España conquista su segundo ‘Nobel de Arquitectura’: dos décadas después de Moneo, los catalanes Ramón Vilalta, Carme Pigem y Rafael Aranda logran el Pritzker. La Vanguardia: RCR, el primer Pritzker catalán (Làtzer Moix). Vopopuli: Carmena prepara la reforma de un punto clave de la operación Chamartín al margen de las negociaciones (Raúl Pozo). El Confidencial con algo que parece nuevo pero que se conoce hace tiempo: Justicia negocia un sueldo de 128.000€ para sacar al incómodo juez Velasco de Púnica: Justicia quiere que el actual instructor del caso Púnica sea el representante español en un proyecto europeo (Ignacio Cembrero y David Fernández). El Economista: España lleva dos años sin las vacunas infantiles más comunes: meningitis B, varicela, tosferina, tétanos y difteria (Alberto Vigario).

OPINIONES

Editorial en La Razón: ‘Pantomima viajera de Puigdemont’. Otro editorial: ‘El Brexit, acicate para la refinanciación de la UE’. Javier Pérez Andújar en El Periódico: ‘La oligarquía canta en el Palau’. Antonio Sánchez-Gijón en Capital Madrid: 'La UDI catalana se producirá de un día para otro: maniobra de Junts pel Sí y la CUP para atribuirse una facultad que sólo el Govern tenía atribuida'. Editorial en La Vanguardia: 'Una maniobra impropia: los malos métodos de la política española pretenden ser copiados ahora en Catalunya por quienes tanto critican la democracia de baja calidad'. Enric Juliana en el mismo diario: 'El Directorio: el soberanismo catalán, cívico, pacífico y democrático, cae en la tentación dirigista'. Otro editorial: 'Raíces y alas: Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta'.

Editorial en El País: ‘Trump, en su línea’. Javier Solana en el mismo diario: ‘Europa primero: la máxima del presidente Trump, ‘America first’, esconde una amenaza a la estabilidad global. Es el momento de que una UE fuerte defienda los valores democráticos y actúe de freno ante nacionalismos y populismos excluyentes’. Editorial en El Mundo: ‘El fiscal general no despeja dudas sobre su imparcialidad’. Vicente Lozano en el mismo diario: ‘Las penurias de las pensiones públicas’. Editorial en ABC: ‘EEUU empieza a ver el camino’. Otro editorial: ‘Gibraltar reacciona al Brexit’. Carlos Lospitao en Estrella Digital: 'Las grietas de Ahora Madrid: luchas de poder y egos'.

Samuel Bentolila, J. Ignacio García-Pérez y Marcel Jansen en Nada Es Gratis: '¿Son reempleables los parados de larga duración en España?'. Editorial en Cinco Días: Una presencia internacional bien pensada: la banca española’. Otro editorial: ‘Segregar sólo para ser más eficaces: propuesta de reforma de los organismos de competencia’. Diego Larrouy en el mismo diario: ‘Deoleo, en el alambre en busca de una salida’. Editorial en Libertad Digital: 'Conde Pumpido, Rajoy, Tribunal Constitucional: este ominoso acuerdo satisface intereses partidistas de PP y PSOE, no los intereses de la Nación'. Pablo Planas en el mismo medio: 'El masajista de Soraya y la legalidad catalana: ni los más timoratos se abstienen ya de calificar el proceso separatista de golpe de Estado; Mas, Homs y Puigdemont ni siquiera disimulan'.

A. R. Mendizabal

https://www.capitalmadrid.com/news_links/2267 

Manifestación el domingo a mediodía en Murcia, bajo el lema "Contra la corrupción, decencia"

Las Torres de Cotillas, primer ayuntamiento de la Región en suspender el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

LAS TORRES DE COTILLAS.-El pleno municipal del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha aprobado suspender la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la conocida plusvalía, siendo así el primero que lo hace entre los 45 de la Región de Murcia. 

"Será hasta que se adapte a la reciente jurisprudencia judicial, para lo que se iniciará el correspondiente expediente de modificación de la ordenanza fiscal en vigor", explica el alcalde torreño, Domingo Coronado (PP), también diputado autonómico en la Asamblea Regional.

Y es que tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional -que ha estimado parcialmente la inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Guipúzcoa- las dudas han crecido en torno a esta medida impositiva. 

"Lo declarado inconstitucional no es el tributo, sino la fórmula para su cálculo, y no lo vamos a aplicar hasta que no se aclare definitivamente su situación", afirma Coronado, que recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha solicitado al Gobierno central modificar este impuesto porque tiene una situación de liquidación sobre precios que no responden a mercado.

"Creemos que este impuesto es injusto y vamos a trabajar para que se adecúe a la realidad actual", manifiesta el primer edil, que recalca que "el Ayuntamiento siempre estará del lado del ciudadano y ésta es una situación que se debe resolver de forma justa para los contribuyentes".

El PP dice que el alcalde de Cartagena retrasa la bajada del agua por falta de respaldo técnico

CARTAGENA.- El portavoz municipal del PP de Cartagena, Francisco Espejo, explicó este miércoles que los nuevos retrasos en la bajada de la tarifa municipal del agua responden a que el alcalde, José López, no encuentra ningún técnico municipal que respalde su anuncio de reducir el recibo un 7%.

En un comunicado, Espejo acusó a López de usar "todas las artimañas administrativas" para ganar tiempo en su "engaño" a Ciudadanos, que apoyó los presupuestos de 2017 a cambio de un compromiso para reducir la tarifa en un mes, y de escudarse en un informe pedido al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para "tapar su incapacidad de bajar el agua", añadió.

A su juicio, el "empecinamiento" del regidor en no poner en marcha este descenso en la tarifa cuesta a los cartageneros una media de 7.000 euros diarios. Recordó que el anterior equipo de Gobierno tenía pactada con Hidrogea una bajada del agua del 7%, "pero como era un acuerdo del PP, López se negó a llevarlo a cabo". Para Espejo, "la política de la improvisación de López ha llevado a perder más de 5 millones de euros de todos los ciudadanos".

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A Espejo le contestó en otro comunicado el portavoz de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Calderón, en el equipo de Gobierno, quien le censuró por ocultar que el precio del agua no se rebajó durante más de tres años de anterior Gobierno local del PP porque "los técnicos se negaban a firmar sus números".

El edil de MC contrapuso esa situación con la actual, en la que "los técnicos son respetados" y se les permite fiscalizar "aunque deban sufrir la obstrucción de Hidrogea y del PP".

En relación al nuevo precio del agua, señaló que "se están elaborando los informes y se han descubierto sobrecostes" y anunció que es "inminente" la aprobación de la rebaja y su remisión a la Comisión de Precios del Gobierno autonómico, que debe validar el trabajo municipal.

Vuelven a poner en cuestión la imparcialidad del magistrado Pérez Templado en relación a PAS

ELCHE.- El abogado alicantino Marcos Sánchez Adsuar, funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Elche, y abogado que representa como acusación particular a un ex concejal socialista del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, ha vuelto a poner en cuestión, en un escrito dirigido al TSJRM, la imparcialidad del magistrado instructor del 'caso Auditorio', Julián Pérez- Templado Jordán, en relación al actual presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez López, según fuentes de su bufete.

El letrado Marcos Adsuar entiende que Pérez-Templado, de 69 años, debe abstenerse de seguir instruyendo este procedimiento desde el TSJ a la vez que denuncia que este magistrado carece de las mínimas condiciones procesales para seguir adoptando resoluciones en las actuales diligencias previas.

Marcos Adsuar pone de relieve en su escrito que no haya trasladado a las partes, "sin motivar su decisión y arbitrariamente", haber oficiado al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para que aporte el expediente de liquidación del gasto del Auditorio, por ser prueba expresamente denegada por la jueza instructora nº 1 de Lorca, Consuelo Andreo, tras considerarla 'abiertamente improcedente', motivando y justificando aquella las razones de su decisión.

El letrado alicantino ya anuncia en su escrito que si el magistrado no se abstiene de seguir instruyendo esta causa, eso le obligará a presentar un incidente de recusación de Pérez Templado.

En ese caso, la última palabra sobre la recusación la tienen los tres magistrados que componen la Sala Civil y Penal del TSJ, pero antes de decidir es necesario conocer la opinión del propio recusado.

Ya en el año 2014, en otro procedimiento contra Pedro Antonio Sánchez, instruido igualmente por Pérez Templado, el letrado Sánchez Adsuar, que venía ejercitando la acusación particular desde 2007 en la investigación judicial contra el ex alcalde de Puerto Lumbreras, presentó un primer incidente de recusación contra el mismo magistrado.

En otro escrito, muy similar al de ahora, el mismo letrado ya se mostraba convencido de que el magistrado «ha perdido la imparcialidad objetiva» que debía presidir la instrucción de las diligencias por presunto cohecho contra Sánchez.

El letrado aseguraba entónces que Pérez-Templado había «exteriorizado una predisposición a favor del imputado, ponía en duda su imparcialidad objetiva» y justificaba, en su opinión, que fuese apartado del caso.

En aquella ocasión, Pérez-Templado acordó «no abstenerse ni darse por recusado» en el presente Incidente de Recusación planteado contra él por la parte acusadora, tras defender su labor instructora.

El magistrado defendía igualmente su imparcialidad y decía que esta recusación es la primera que recibía en cerca de cuarenta años de servicio.

Aunque el Ministerio Fiscal no dudó en aquella fecha de que Pérez-Templado podía seguir manteniendo la imparcialidad en la causa, sí llegó en su informe a la conclusión de que lo prudente hubiese sido que el magistrado se abstuviera de seguir coordinando la investigación contra Pedro Antonio Sánchez. 

La Comunidad Autonoma de Murcia bajará las tasas en los trámites electrónicos

MURCIA.- La Comunidad Autónoma de Murcia bajará las tasas a los ciudadanos que se relacionen electrónicamente con la Administración, con el objetivo de que repercuta en ellos la reducción de costes que supone la digitalización de los procesos administrativos.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, anunció hoy esta medida durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se ha aprobado la transformación de la actual Administración para adaptarla a la plataforma electrónica de la Comunidad Autónoma, en la que se invertirán un total de 7.543.622 euros. Esto supondrá reestructurar el actual sistema para hacerlo compatible con el modelo digital y el desarrollo de los formularios electrónicos de la guía de servicios de la Comunidad.

Cuando finalice el proceso, previsto para 2019, la Administración regional será totalmente digital y no se recibirá ningún documento en papel. Así, los murcianos dejaran de utilizar más de seis millones de folios que actualmente usaban en sus trámites con la administración porque todo estará digitalizado. Además, la Comunidad dejará de gastar 18 millones de folios anualmente, lo que supone unos 1.538 árboles cada año.

Se trata de "un gran cambio hacia una administración más accesible, eficaz, transparente, ágil y basada en el principio de 'una sola vez', es decir, no se solicitará documentación que ya obre en poder de la Administración ya sea local, regional o estatal", explicó el consejero.

La digitalización de todos los documentos supondrá la inmediata entrega al departamento responsable, evitando tiempos de traslado y pérdidas. Además, el ciudadano podrá ver en cada momento en qué estado del procedimiento se encuentra su solicitud.

La puesta en marcha de los servicios supondrá la contratación de unos 60 puestos de trabajo cualificado. Durante el proceso se modificarán más de 200 aplicaciones de las consejerías y organismos autónomos, así como las que dan servicio a los procedimientos comunes. Esta actuación, cofinanciada con Fondos FEDER, está recogida en el Plan Estratégico de Administración Electrónica de la Comunidad autónoma.

La Audiencia Nacional reabre la causa por la presunta financiación ilegal del Partido Popular

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado reabrir el caso de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP y ha citado el 23 de marzo como investigados al cabecilla de Gürtel Francisco Correa y al expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo, y el 24 al empresario Plácido Vázquez. 

Las explosivas declaraciones de Francisco Correa en el juicio de la Gürtel hicieron saltar las alarmas: "No sé la cantidad de dinero exacta que he llevado al PP de haber gestionado obras".

Correa explicó como supuestamente Bárcenas gestionaba con los ministerios las adjudicaciones de obra pública. Ahora estos nuevos elementos, a petición de las acusaciones de IU y ADADE, han llevado al juez de la Mata a la reapertura del caso de los papeles de Bárcenas. "Las comisiones eran en efectivo, en sobres. Los apuntes son reales", señalaba Bárcenas.

Apuntes que "constituyen el soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales obtenidas por el PP a cambio de adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

En su declaración, Correa explicó como parte de esas comisiones ilícitas llegaban presuntamente a manos del tesorero del Partido Popular. De la Mata valora en su auto los elementos aportados por la declaración de Correa como "relevantes y útiles, ofreciendo además un relato consistente sobre la metodología".

Además del reconocimiento del constructor Alfonso García Pozuelo del pago de estas comisiones. Desde la acusación popular confían en que ahora se pueda profundizar sobre la presunta financiación ilegal del PP. Correa y García Pozuelo tendrán que declarar como investigados el 23 de marzo y al día siguiente lo hará el presunto intermediario.

El PP ve avances en la negociación de la estiba

MADRID.- El Partido Popular ha asegurado que el encuentro que mantuvieron este martes patronal y sindicatos de la estiba tuvo "avances muy importantes" y ha acusado al PSOE de "obstaculizar" el diálogo por avanzar su rechazo a convalidar el decreto ley si no hay un acuerdo entre ambas partes.

"Solo cabe pensar que el bloqueo obedece a un intento de obstaculizar el proceso de negociación abierto con éxito entre la patronal y los sindicatos", ha dicho el portavoz adjunto de los 'populares' en el Congreso Carlos Floriano.

Floriano ha asegurado que "hay elementos suficientes para pensar que se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo", y que este martes fue "la primera vez" que se habló de ello "explícitamente".

De hecho, según ha aseverado el diputado 'popular', el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, ha asegurado que "la voluntad de negociar y concretar un acuerdo entre patronal y sindicatos serviría para mantener los puestos de trabajo". Todo ello hace, a juicio de Floriano, "inexplicable" la postura del PSOE.

"Es volver a negar por negar, sin dar ninguna razón, porque del contenido no quieren ni siquiera hablar", ha apostillado, al tiempo que ha pedido al principal partido de la oposición "sentido de Estado".

"Les pedimos que, como han hecho otras veces, pasen del negar por negar a pensar en el interés de los ciudadanos. Les pedimos que actúen con responsabilidad, como ellos harían si estuviesen gobernando España", ha manifestado.

Floriano ha llegado a decir que el decreto ley por el que el Gobierno liberaliza el sector de la estiba "está condicionado por el cumplimiento de la sentencia y por lo que permite la Comisión Europea", y que en caso de convalidarse en el Congreso, "España se librará de la sanción".

El incumplimiento de la sentencia, ha recordado Floriano, tendría "consecuencias muy graves", pues supondría una multa de unos 134.000 euros diarios cada día que no se cumpliera la sentencia. La multa que la Comisión Europea impuso a España por no haber dado cumplimiento a la normativa europea es de 21,5 millones de euros.

Floriano ha valorado positivamente la posición del PSOE respecto a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su llamada a desconvocar los paros. "Lo que no se entiende entonces, ni resulta coherente de ninguna manera, es que no se comprometa con la convalidación del decreto que defiende exactamente su misma posición", ha dicho.

Se buscan 50 familias murcianas que quieran acoger niños saharauis en verano

MURCIA.- La delegación del Frente Polisario en Murcia ha hecho hoy un llamamiento para lograr que 50 familias se sumen a la acogida de niños de los campos de refugiados de ese pueblo en el desierto de Tinduf (Argelia) con el fin de que la cifra de los que pasen en la Región sus vacaciones alcance los 120.

Tras relatar las dificultades para el apoyo presupuestario que antes del inicio de la crisis económica en España recibían de Gobiernos locales y el autonómico para el programa Vacaciones en Paz, que se ha visto recortado en más del 60 por ciento, pide que se incremente el número de familias de acogida para compensar esta falta de dinero para financiar el viaje y la estancia en Murcia.

Pese a estos problemas económicos, el voluntarismo ciudadano logró que el año pasado pasaran los meses de julio y agosto en distintas localidades murcianas 92 pequeños con la colaboración de la asociación Sonrisa Saharaui.

En el tiempo que están en Murcia, a estos niños, de entre 8 y 12 años, se les realiza una revisión médica general, oftalmológica y bucodental, se les enseña español y se les lleva a la playa y a la piscina, entre otras muchas actividades culturales y de ocio para ellos inalcanzables durante el resto del año en el que viven en duras condiciones.

El Polisario hace extensivo su llamamiento para recabar todo el apoyo posible a los consistorios y al Ejecutivo regional, así como a todas las entidades públicas y privadas que deseen colaborar económicamente con la causa.

Protestas en institutos de toda la Región contra los conciertos hasta el Bachillerato

MURCIA.- Profesores de institutos de Educación Secundaria de toda la Región han protestado esta mañana contra el cambio en la normativa regional que permitirá a los centros privados concertar los estudios hasta el Bachillerato y la Formación Profesional.

Los profesores estaban convocados por todas las organizaciones sindicales, que se oponen a esta medida porque, aseguran, supondrá la pérdida de puestos de trabajo en la enseñanza pública. Actualmente la educación es concertada en los centros privados hasta la etapa obligatoria.
Algunos de los centros que ha protestado son el IES Mediterráneo de Cartagena, el IES Luis Manzanares de Torre Pacheco, el IES Sanje de Alcantarilla, el Domingo Hellín de Mazarrón, o el IES Miguel Espinosa de Murcia son algunos de los institutos que han sacado hoy sus pancartas a las calles, según han informado fuentes de Comisiones Obreras.

El juez del 'caso Auditorio' deniega retrasar la declaración de PAS solicitada por la acusación particular al instructor

MURCIA.- El juez instructor del 'caso Auditorio', Julián Pérez-Templado, denegó este miércoles retrasar la citación a Pedro Antonio Sánchez López del próximo lunes 6 de marzo para recabar nuevas pruebas. Un recurso al respecto había sido interpuesto por el abogado ilicitano Marcos Sánchez Adsuar (en la imagen), que ejerce la acusación particular en este caso, representando a un ex concejal socialista de Puerto Lumbreras. 

El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal instituye, a juicio del magistrado instructor, el más elemental derecho de defensa: la declaración de la persona a quien se atribuya un hecho punible.

El magistrado Pérez-Templado sí ha ordenado por medio de un auto notificado hoy al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que remita al juzgado el expediente administrativo completo del Auditorio, o bien la certificación de su inexistencia, que le había solicitado el letrado ilicitano, y todos los documentos relacionados para aprobar el proyecto básico.

Por último, Pérez-Templado también rechaza interrogar de momento a los miembros de la Junta de Gobierno Local, al concejal de Educación, a la secretaria general y al aparejador municipal, a quienes nadie les preguntó previamente en su día acerca de una decisión que adoptaron el 26 de diciembre de 2006 sobre el proyecto básico del Auditorio sin incoar expediente de contratación ni abrir un proceso de licitación.

Irene Montero pregunta al Fiscal General del Estado por las implicaciones de Pedro Antonio Sánchez en la 'Púnica'

MADRID.- La portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos ha lamentado que el fiscal general del Estado haya eludido contestar a preguntas sobre "las filtraciones de las órdenes que se les dio a las fiscales y hemos constatado que la defensa de Pedro Antonio Sánchez coincide con la del Ministro de Justicia y la del Fiscal General del Estado".

Montero ha preguntado en el Congreso al Fiscal General del Estado, Juan Manuel Maza, acerca de la decisión por la que se ignoró el criterio de las fiscales que llevaban desde el principio el caso, y que apuntaban a una posible responsabilidad penal del presidente, Antonio Sánchez, pese a que dicho criterio se asentaba no sólo en su conocimiento directo y detallado del caso, sino también en jurisprudencia del Supremo que apunta a la posible comisión por éste de los delitos señalados por el juez Velasco.

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos también se ha dirigido a Maza para conocer cómo pudo Pedro Antonio Sánchez conocer la existencia de estos informes de la Fiscalía "antes incluso de que estos fueran presentados en el Juzgado". 

Y no sólo eso, ha dicho Irene Montero, ya que "no entendemos por qué la Fiscalía Anticorrupción, haciendo algo totalmente inaudito, emite una nota de prensa comunicando que se opone a la elevación de la exposición razonada respecto al presidente de Murcia".

Asimismo, Irene Montero ha hablado ante el Fiscal General del Estado de la sustitución del fiscal López Bernal, "polémica sustitución puesto que está abierto el caso Auditorio, por el que han imputado a Pedro Antonio Sánchez". Es llamativo, ha añadido Irene Montero, "que su no renovación llegue tras unas declaraciones del propio presidente en las que afirmó que López Bernal se había esforzado mucho para imputarle. Un fiscal, que ha liderado una de las etapas más activas en la lucha contra la corrupción a nivel estatal".

Por último, Montero ha asegurado que "nuestros compatriotas tienen la sensación de que el Gobierno, una parte de la cúpula judicial y una parte del gran empresariado del país, están más preocupados por tejer redes de complacencia entre los poderosos, que de dotar de medios a jueces y fiscales valientes que persiguen a los corruptos". 

La portavoz de Unidos Podemos ha calificado este sistema de actuar como "la mafia del canapé, porque se establecen en los actos de canapé, donde se toman decisiones muy importantes para la vida de nuestros compatriotas".

Más de 550.000 propietarios podrán recuperar el pago de la plusvalía municipal

 
LA CORUÑA.- Los propietarios de unos 550.000 inmuebles en toda España podrían reclamar la devolución del pago de la plusvalía municipal al no haber logrado beneficio alguno con la operación si finalmente la sentencia del del Tribunal Constitucional, que declara nulo el tributo en Guipúzcoa, se traslada al resto del país. La estimación ha sido realizada por Tinsa a partir de estadísticas de evolución del precio de la vivienda y de datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad.

El Constitucional respalda que no puede exigirse al vendedor de un inmueble el pago de un impuesto que grava un incremento del valor que, en realidad, no se ha producido, ya que también se paga cuando el inmueble se ha vendido con pérdidas. Según Tinsa, es cuestión de tiempo que se resuelvan en este mismo sentido las numerosas cuestiones planteadas por otros juzgados relativos a este mismo impuesto.

Si la sentencia se aplicara finalmente al ámbito estatal, el número de viviendas sobre las que se podría reclamar la devolución del pago de la plusvalía, por haberse transmitido por un valor inferior al de adquisición, estaría en torno a 550.000 inmueble

En esta bolsa de viviendas se incluyen tanto operaciones de compraventa, como donaciones, permutas y herencias, que también están gravadas con el pago de este impuesto. La estimación tiene en cuenta el número de transmisiones de viviendas realizadas en España entre 2013 y 2016 (los últimos cuatro años no prescritos), así como el periodo medio que los inmuebles han estado en manos de sus propietarios.
Del cruce de esta información con la evolución del valor medio en cada una de las provincias españolas se obtiene el número aproximado de viviendas que se han transmitido desde 2013 con un valor de mercado inferior al del momento de la compra.
La plusvalía municipal grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble, hasta un periodo máximo de tenencia de 20 años. Sin embargo, para calcular el importe a liquidar por este impuesto se tiene en cuenta únicamente el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años que haya estado en manos del propietario. Una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, independientemente de que el valor real del terreno no se haya incrementado.

La directora de Consultoría Técnica de Tinsa, Marta García, pone el ejemplo de una vivienda situada en el distrito de Carabanchel (Madrid capital) con un valor de mercado a fecha actual de 180.000 euros y cuyo valor catastral del suelo es de aproximadamente 52.000 euros. "Según los cálculos de la Administración, si se vendiera hoy esa vivienda tras el periodo medio de tenencia en España (12 años), la plusvalía municipal a liquidar serían 5.000 euros. La realidad es que esos 180.000 euros suponen una significativa pérdida respecto a los 245.000 euros de valor de mercado que tenía en la fecha de su adquisición, en el año 2005", explica García.
El importe de la plusvalía aumenta a medida que se incrementa el valor de mercado del inmueble transmitido, como se ve en el caso de una vivienda situada en el distrito de Tetuán, que se adquirió en 2005 por 420.000 euros y que actualmente tiene un valor de mercado de 350.000. Si se vendiera ahora este inmueble, el impuesto se elevaría a prácticamente 10.000 euros (9.890 euros), pese a que el propietario ha sufrido un deterioro patrimonial de 70.000 euros.

Documentación a presentar

La tasadora subraya que dado que la plusvalía grava el valor del terreno, cualquier reclamación requerirá presentar informes específicos que acrediten el valor del componente suelo en ese inmueble en concreto. Por ello, advierte de que las escrituras de la última y penúltima compraventa del inmueble, que especifican el precio de transmisión, no serían referencias suficientes.
Tampoco lo sería una estadística de variación media del valor de la zona o código postal donde se ubica el inmueble, ya que es necesario referenciar la evolución al inmueble en concreto, y añade que el Tribunal Constitucional ratifica la necesidad de presentar un informe técnico acreditativo y "menciona de forma literal la valoración pericial contradictoria como ejemplo de prueba válida para demostrar la pérdida patrimonial".
Por último, Tinsa explica que para reclamar es necesario que se haya pagado el impuesto de plusvalía en la transmisión de un inmueble y no se haya producido incremento alguno del valor del terreno en el periodo de tenencia gravado, es decir entre la fecha en la que se adquirió y su última transmisión, circunstancia que se cumple en la gran mayoría de transmisiones en las que los inmuebles se han vendido a pérdidas, y que la venta se haya producido con posterioridad a febrero de 2013.

Podemos logra el respaldo de la Asamblea para pedir la expropiación del Castillo de Mula

CARTAGENA.- La diputada regional por Podemos, María López Montalbán, ha explicado que la moción aprobada hoy en la comisión de Educación y Cultura es el primer paso para que el Gobierno regional "inicie de una vez los procesos legales para la expropiación del Castillo de Mula a los propietarios de sus derechos reales, en virtud de la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma".

López Montalbán ha recordado que el Partido Popular "ha dejado abandonada" la resolución que se alcanzó en Pleno para abordar de forma inmediata "cuantas acciones legales fueran necesarias para terminar con la situación de abandono y deterioro del Castillo y aledaños. Se pidió que se aplicara la ley de Patrimonio Cultural de la región en todos sus apartados, hablando expresamente de un plazo improrrogable de un año".

Ha pasado más de un año, ha dicho la parlamentaria de Podemos, y el gobierno regional "no ha movido ficha. Por eso hemos presentado de nuevo esta iniciativa, porque tenemos muy claro que los propietarios han incumplido la ley y pedimos la expropiación".

Asimismo, María López Montalbán ha incidido en que hablamos de "un bien de interés cultural patrimonio simbólico de la ciudad de Mula y de nuestra Región. Nuestra responsabilidad es su defensa, la de todos los murcianos y murcianas, y toda la cámara de la Asamblea y sus grupos políticos. Pedimos la inversión económica necesaria para lograr su recuperación y mantenimiento en el momento en el que sea de propiedad pública".

Urralburu: "En un mes podemos eliminar los privilegios de los políticos regionales frente a la Justicia"

CARTAGENA.- El portavoz parlamentario de Podemos ha señalado que "volveremos a pedir al Partido Popular que explique ante la Región de Murcia por qué quiere mantener los privilegios de los diputados y el consejo de gobierno frente a los tribunales. Algo que nos ha llevado a la actual crisis institucional que vivimos, con un presidente cuyo proceso judicial se ha alargado artificialmente en el tiempo y ha provocado el deterioro de la imagen de Murcia".

Óscar Urralburu ha apuntado que hay dos miembros del Consejo de Gobierno imputados, el propio presidente, Pedro Antonio Sánchez y la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá. 

"Una situación insólita, que es testimonio de la falta de respeto hacia los ciudadanos y ciudadanas de esta Región por parte del PP" ha dicho el portavoz parlamentario de Podemos, quien ha añadido son ya "demasiados años en los que la gente de esta Región desayuna todas las mañanas con nuevos escándalos de corrupción".

Urralburu ha explicado que tanto los diputados de Podemos como los del PSRM pueden registrar esta iniciativa "mañana mismo. Tardaría un mes en tramitarse para llevarla a Pleno. Vamos a darle otra oportunidad al Partido Popular pues es una iniciativa que nos pide la propia sociedad y creemos que acerca de esto, nadie tiene dudas".

Sobre la reunión de mañana entre Pedro Antonio Sánchez y Miguel Sánchez, el portavoz parlamentario de Podemos ha afirmado que "nada se puede esperar de dos partidos que juegan al ratón y al gato. Por tanto, lo volvemos a decir alto y claro. Parece que somos los únicos que estamos pensando en un gobierno alternativo. No vemos a nadie con la decisión necesaria y con la actitud de avanzar juntos hacia una solución definitiva. Volvemos a insistir, debemos iniciar las conversaciones para una moción de censura. Es la única opción que tenemos para sacar a la corrupción y las prácticas mafiosas del gobierno regional y devolverle la dignidad a la gente de nuestra Región".

MC denuncia el escándalo del PP con el agua en Cartagena durante años

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo municipal MC, Francisco Calderón, ha denunciado que el concejal del PP en Cartagena, Francisco Espejo, "oculta a los ciudadanos que el precio del agua no se rebajó durante más de tres años de gobierno popular ya que los técnicos se negaban a firmar sus números".

El edil ha contrapuesto la situación actual, en la que "los técnicos son respetados y se les permite fiscalizar aunque deban sufrir la obstrucción de Hidrogea y el PP, y otros, como su brazo político".

En relación al nuevo precio del agua, Calderón ha señalado que "se están elaborando los informes y se han descubierto sobrecostes. Por eso, Espejo, concejal del ramo cuando MC descubrió más de 10 millones de euros de superávit oculto, sale ahora a decir que se está perdiendo dinero por no rebajar el precio del recibo".

El portavoz del Grupo municipal cartagenerista ha afirmado que "los trabajos están hechos y es inminente la aprobación de la rebaja y su remisión a la Comisión de Precios de la CARM, que debe validar el trabajo municipal".

"En MC celebramos el buen trabajo de los técnicos y su profesionalidad y dedicación para rebajar un recibo a pesar de Francisco Espejo, el PP y demás 'amiguetes' en la operación 'salvar a la concesionaria Hidrogea'", ha aseverado Calderón.

Por último, Francisco Calderón ha subrayado que, como ya hizo el alcalde, "retamos a todos los partidos con representación en el consistorio a que informen a la ciudadanía de si han recibido dinero o viajado con cargo al grupo Agbar, como Convergencia Ciudadana de Cataluña".

C's pedirá explicaciones al Gobierno regional por la suspensión del plan para eliminar los pasos a nivel en Cartagena

CARTAGENA.- Ante la información publicada en los últimos días, en diferentes medios de comunicación, en que se afirma que la entidad pública Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no prevé eliminar ningún paso a nivel en Cartagena, el Grupo Municipal de Ciudadanos en la ciudad portuaria ha contactado con su Grupo Parlamentario para trasladar esta información y la indignación de los vecinos ya que el propio Ministerio de Fomento anunció el pasado verano un plan para suprimir algunos de esos puntos negros en Cartagena, en concreto, los situados en los puntos kilométricos 4,105 y 4,365 en la línea Cartagena-Los Nietos.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha informado que está preparando ya una interpelación al Gobierno regional para que dé explicaciones sobre las gestiones realizadas tras la moción aprobada en febrero de 2016 en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional por la cual se instaba al Gobierno de España a la eliminación urgente de la totalidad de los pasos a nivel sin barreras en las líneas de ferrocarril existentes en la Comunidad. 

"Por lo que estamos leyendo, poco o ningún efecto ha producido esta propuesta y este trabajo del Gobierno regional y se hace necesario dar un golpe en la mesa, pedir explicaciones, y presionar, porque a veces, sólo de esta manera, logramos que los pesados mecanismos de la burocracia regional y nacional se pongan en marcha", ha explicado el portavoz local de Ciudadanos.

"No puede ser que se estén realizando estas obras en otras comunidades y nosotros seamos siempre los últimos, los ignorados, los ninguneados, no puede ser que nos prometan una cosa en verano, que ni siquiera es suficiente, y hoy la incumplan; con este escenario entiendo y comparto la frustración y la rabia de los vecinos", ha señalado Manuel Padín.

El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, señala que "el Ministerio de Fomento lleva años prometiendo la supresión paulatina de estos pasos a nivel en Cartagena y en la Región, intersecciones que conllevan un grave riesgo de atropello o accidente; en cualquier intersección a nivel existe esta situación de riesgo, en Cartagena hemos tenido la desgracia de vivir recientemente alguno de estos siniestros, sin ir más lejos, hace unos días un turismo fue arrollado por el tren en el paso a nivel entre La Palma y Pozo Estrecho".

"En Ciudadanos creemos que la seguridad de esta intersecciones no puede retrasarse más, y debe priorizarse en las agendas económicas y políticas, por eso hemos solicitado a nuestros compañeros en la Asamblea, que apremien a la Comunidad para que exija al Ministerio que la sobre la mesa ponga ya fechas y presupuesto", ha afirmado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena.

'Huermur' denuncia al ayuntamiento de Murcia por plagar de cables el protegido jardín de Floridablanca

MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR) ha denunciado al Ayuntamiento de Murcia en la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM por la colocación de innumerables postes, cables aéreos y cajas eléctricas que dañan gravemente al Jardín de Floridablanca. Jardín incoado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de jardín histórico tras la solicitud de HUERMUR en 2013.

Para la asociación conservacionista y promotora del BIC, el Consistorio murciano se ha pasado de la raya permitiendo la instalación de centenares de metros de cables, decenas de postes y cajas eléctricas en el histórico jardín carmelitano. Instalaciones dañinas que se suman a una larga lista de amenazas que sobrevuelan este conocido jardín de la capital, como la construcción de la línea del tranvía Circular-Barrio del Carmen, que perturbará gravemente a este BIC y a su paisaje urbano.

Según HUERMUR esta instalación de elementos distorsionantes en el BIC de Floridablanca puede suponer una vulneración del artículo 38 de la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que estipula que “En los bienes inmuebles de interés cultural no podrá instalarse publicidad fija mediante vallas o carteles, cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien.”

Según las investigaciones llevadas a cabo por HUERMUR esta instalación de numerosos elementos eléctricos en el BIC, puede deberse a la realización de un próximo evento dentro del Jardín de Floridablanca, promovido por una empresa y por el Ayuntamiento de Murcia. Igualmente HUERMUR ha solicitado a Cultura todos los permisos necesarios para la celebración de estos eventos dentro del BIC del jardín, y se ha personado en todos los expedientes relacionados con ello.

“Esto es un atentado más contra el patrimonio cultural de Murcia y de sus murcianos, esta vez le ha tocado al histórico Jardín de Floridablanca verse cosido a cables, postes y a innumerables cajas eléctricas”, ha señalado Sergio Pacheco, Presidente de HUERMUR. De la misma forma ha añadido también que “llegaremos al fondo de este asunto, nos personaremos en todos los expedientes que sean necesarios y solicitaremos de inmediato la retirada de todos los cables, cajas y postes clavados en este jardín protegido”.

Desde HUERMUR no entendemos que el Ayuntamiento de Murcia promueva y la Consejería de Cultura consienta una nueva agresión visual y estética a un monumento protegido, en vez de promover su conservación y puesta en valor de una vez por todas.

El PSOE pide que las ayudas por las consecuencias del temporal sean retroactivas en Lorca, Totana y Puerto Lumbreras

LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha pedido que la línea de ayudas recientemente anunciadas por del Gobierno regional de la Comunidad Autónoma, se amplíe y tenga carácter retroactivo para que también puedan acogerse a ella los damnificados por la riada que asoló en septiembre de 2012 buena parte del término municipal de Lorca así como de los vecinos municipios de Puerto Lumbreras y Totana.

Mateos ha recordado que aquel temporal de fuertes lluvias torrenciales dejó hasta 177 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Lorca, ocasionando importantes inundaciones y lo más grave, cobrándose la vida de ocho vidas humanas. En cuanto a las pérdidas materiales, el responsable socialista destaca que esta catástrofe provocó, en muchos casos, la pérdida de la totalidad de la producción agrícola, así como de infraestructuras de riego. Además, entre 8.000 y 10.000 cabezas de ganado porcino, ovino, caprino y bovino murieron ahogadas en las explotaciones ganaderas de la comarca.

Sin embargo, denuncia Diego José Mateos que las pérdidas millonarias que ocasionó aquel temporal de 2012 en Lorca y Puerto Lumbreras “parece que no fueron suficientes para que los Gobiernos del PP tanto en la Comunidad Autónoma como en el Gobierno de España destinaran las ayudas que, justamente, sí destinaron –recuerda- para los damnificados por las graves inundaciones que provocaron, por ejemplo, el desbordamiento del Ebro en 2015, o como ahora, para los afectados por los últimos temporales en la Región.

Como el propio presidente Sánchez ha reconocido,  “nunca antes se habían puesto en marcha este tipo de ayudas en nuestra Región”, por lo que insiste, “se hace necesario hacer justicia con los damnificados por las inundaciones de 2012”. Es una buena iniciativa, reconoce el edil, pero “por razones de justicia debe hacerse extensiva a los agricultores y ganaderos del valle del Guadalentín, quienes apenas recibieron ayudas”.

Mateos denuncia que en 2012 las ayudas que los Gobiernos de Valcárcel y de Rajoy destinaron para paliar los graves daños de esta catástrofe natural en Lorca y Puerto Lumbreras “fueron muy escasas y llegaron tarde”. De hecho, recuerda que son muchas las familias que entonces lo perdieron todo y nunca recibieron ni un euro en ayudas para paliar estas consecuencias. 

Es por ello por lo que el responsable socialista reprocha al Ejecutivo regional y nacional del Partido Popular el “agravio comparativo” para los afectados lorquinos respecto a los damnificados de otras zonas del país o de la misma Región de Murcia “para los que el trato y la disponibilidad de las Administraciones ha sido muy diferente”.

En este sentido, Diego José Mateos apela a la sensibilidad del actual Gobierno Regional, y en concreto, del por aquel entonces alcalde de Puerto Lumbreras, ahora presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez para que haga justicia con los damnificados por las consecuencias del temporal de 2012 en Lorca y Puerto Lumbreras, y facilite que puedan acogerse en estas últimas líneas de ayudas regionales.

Podemos denuncia que las tarifas del agua forman parte de una "maquinaria de saqueo" de dinero público

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha señalado que mientras que los ciudadanos pagan "con mucho esfuerzo" el recibo del agua, las empresas que gestionan el servicio podrían estar destinando "gran parte" de esos recibos a "actuar como 'verdadera asociación ilícita' y a pagar sobrecostes, contrataciones fraudulentas e incluso campañas electorales de algunos partidos políticos".

El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha anunciado que los concejales de los ayuntamientos de Cieza y Murcia, que pertenecen a candidaturas de unidad popular y que están en los consejos de administración de Aguas de Cieza y Emuasa, han renunciado a permanecer en dichos puestos y se nombrarán como sustitutos a técnicos "cualificados para detectar este tipo de casos de corrupción y pasar toda la información posible a las autoridades judiciales competentes". 

Urralburu ha pedido al resto de fuerzas políticas que tienen concejales en los consejos de las empresas que gestionan el suministro de agua y cuya matriz regional es Hidrogea, que sigan el mismo camino.

Tanto en Murcia como en Cieza, Óscar Urralburu ha asegurado que Podemos va a demandar responsabilidades a ambos ayuntamientos por "permitir que la empresa suministradora de agua, cuyo capital mayoritario es público, sea gestionada únicamente por criterios mercantiles y siguiendo los intereses de una gran corporación".

Por su parte, la diputada regional, María Giménez ha explicado que Podemos se ha personado en la trama Pokemon porque "ha llegado a Murcia. Los hechos investigados en Aquagest, una empresa de tratamiento y abastecimiento de aguas con presencia en 10 comunidades autónomas y que a raíz del escándalo Pokémon cambió su nombre por el de Hidrogea en la Región, giran en torno a la supuesta obtención de contratos por medio de sobornos, entregas de dinero, enchufes de allegados, regalos y viajes a personas con poder de decisión en las Administraciones.".

Según el auto por el que se inhibe De Lara a favor de la Audiencia Nacional, podría "considerarse a Aquagest como una verdadera asociación ilícita", cuyas supuestas maniobras afectarían "a la seguridad del tráfico mercantil" y supondrían una "grave repercusión en la economía nacional", ya que lo que está en juego es el dinero público.

Concretamente en la Región de Murcia, se investigan los municipios de Lorca y Murcia, aunque son varios los consistorios que tienen contratos con empresas del grupo Aguas de Barcelona, Agbar. Lo que tratamos es de arrojar luz sobre todo lo que han venido haciendo estas empresas con la connivencia de nuestros gobernantes. 

Giménez ha incidido en la "opacidad y falta de transparencia con la que funciona la gestión privada de un recurso que es considerado desde 2010 como un derecho humano. Sólo un 5% de la población regional es abastecida por un sistema de gestión 100% público".

Por otro lado, el diputado regional, Andrés Pedreño, ha abundado en la idea de que los recibos del agua que pagan los ciudadanos y ciudadanas de esta Región están "en el núcleo duro de las actuaciones presuntamente delictivas de las empresas del grupo Agbar, como Hidrogea, ya que han conseguido superbeneficios económicos a costa de todos nosotros".

Pedreño ha recordado que tenemos las tarifas de agua más caras de toda España y que "hay laxitud en el control público de sus cuentas y tarifas. Esto ha permitido que las empresas del grupo Agbar, como Aquagest (ahora denominada Hidrogea), presente en empresas mixtas como Emuasa o Aguas de Lorca, se hayan convertido en maquinarias de llevarse dinero público".

'Cambiemos Murcia' pide al Ayuntamiento que se tome en serio la protección de la Huerta

MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha dicho hoy que espera que la Semana de la Huerta sirva para que el Ayuntamiento "se tome en serio" los problemas fundamentales de la Huerta y su protección con la puesta en marcha de medidas como la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y la protección de la red de acequias.

Para Ramos, es "contradictorio" que el Gobierno municipal organice actividades en nombre de la defensa de la Huerta mientras muchos espacios naturales del municipio están sufriendo las consecuencias de la "dejadez y el desinterés del PP".

Como ejemplos, ha mencionado la construcción en estos días de dos puentes de hormigón sobre la acequia mayor de Aljufía, de los siglos IX-X. Unas obras que contravienen las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta en su artículo 28, al no haber sido aprobadas por el correspondiente Juntamento como obliga la normativa municipal, según ha explicado el edil.

Otro espacio de la Huerta afectado que ha destacado la formación municipalista es la casa de Antonete Gálvez en Torreaguëra, un edificio de los siglos XVIII-XIX protegido por el Catálogo del Plan General que sufre un deterioro importante ante la falta de protección y la construcción de un supermercado en el entorno.

Además, el edil ha llamado la atención sobre uno de los paseos organizados en el marco de la Semana de la Huerta, en concreto una visita guiada por el Molino Viejo de la Pólvora, porque allí también se están llevando a cabo obras en el entorno que ponen en peligro este espacio de gran valor paisajístico.