La reforma de la financiación autonómica que el Gobierno quiere acometer este año, y queConferencia de Presidentes del pasado 17 de enero, pone el punto de mira en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sobre el que se está librando una tremenda batalla política,
principalmente entre uno de los Gobiernos que establece el impuesto más
alto, el andaluz, y el que lo fija en su nivel más bajo, el de Madrid.
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, exige que ese tributo se armonice y que se obligue a Madrid, que lo bonifica al 99%, a subirlo.
centró la
Naturalmente, los contribuyentes andaluces, y los de las demás
autonomías que lo mantienen en unos niveles disparatados, como Aragón,
Extremadura o Asturias, lo que quieren es reducirlo sustancialmente o
directamente suprimirlo, al punto de que muchos empiezan a salir a la
calle en señal de protesta. Tal es el caso de los integrantes de la
plataforma Stop Impuesto de Sucesiones,
que ha surgido en Andalucía y que se presenta como un "movimiento
social, sin colores políticos", que aboga por la supresión del referido
tributo en esa comunidad autónoma. Su web ya cuenta con cerca de 30.000
apoyos de particulares y afectados, y este martes ha organizado una marcha por las calles de Sevilla en la que cientos de manifestantes han exigido a Díaz que ponga fin a la injustificable exacción.
Es inaudito y enormemente positivo que desde la sociedad civil surjan
movimientos en contra de la excesiva presión fiscal, más aun cuando van
dirigidos contra un impuesto tan injusto e inmoral
como el que grava las herencias y donaciones. Y lo es por varias
razones: sin ir más lejos, porque –al igual que el de Patrimonio–
penaliza el ahorro y los esfuerzos realizados por los particulares en
pro de su descendencia y porque vulnera un principio general del Derecho
como es el de non bis in idem, que, trasladado al ámbito
fiscal, y tal y como se refleja en la propia Ley General Tributaria, no
permite gravar dos veces el mismo hecho imponible.
Es dramático e indignante que la voracidad del Fisco fuerce a tanta
gente a tener que renunciar a los bienes que les legaron sus mayores. En Andalucía se registran 19 renuncias al día,
y se cuentan por millares los andaluces que cada año deciden
empadronarse en Madrid para evitar que la Junta se embolse el patrimonio
de sus herederos.
Por otra parte, la propuesta de establecer un mismo Impuesto de Sucesiones en todas las comunidades –la cacareada armonización fiscal–
implica violar el escaso margen de autonomía realmente positivo que
tienen los Gobiernos regionales a la hora de establecer su propia
presión fiscal. Lejos de erradicar el problema que este impuesto
ocasionaría en algunas autonomías, lo que haría la armonización sería
extenderlo al conjunto del territorio nacional.
Así mismo, la llamada armonización a la baja
que están estudiando el PP y Ciudadanos, mientras no implique la simple
erradicación de dicho impuesto en toda España, no resultará más que una
atractiva engañifa destinada a lograr que todos los Gobiernos puedan
establecer una misma presión fiscal sin miedo a la competencia de
quienes son partidarios de erradicar o dejar bajo mínimos tan injusto
gravamen.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta que los partidarios de reducir la bárbara presión fiscal que
padece el contribuyente patrio no tienen representación parlamentaria,
bienvenidas sean estas manifestaciones y movimientos de la sociedad
civil. En la defensa del contribuyente tuvo su origen el sistema
democrático moderno, y en ella debe basarse su desarrollo y
perfeccionamiento.
(*) Editorial
